Luego del paso de los huracanes Irma y María en septiembre, Puerto Rico quedó simplemente arrasado. Estiman que recién para mayo se podrá recuperar la totalidad del servicio eléctrico y buena parte de la población aún no cuenta con agua potable. Mientras tanto, la isla atraviesa la crisis económica más grave en su historia.

Aunque el gobernador Ricardo Rosselló había prometido que para el 15 de diciembre el 95% de la infraestructura estaría recuperada, todavía la mitad de la población sigue sin electricidad y unas 70 mil viviendas destruidas. Según la Autoridad de Energía Eléctrica, Puerto Rico está generando el 70% de la energía necesaria, pero a 100 días del paso del último huracán, aún tiene graves fallas en la distribución.

Los daños producidos por los huracanes se estiman, de acuerdo a cifras oficiales portorriqueñas, en 94 mil millones de dólares. Eso se monta sobre la deuda pública de ese país que asciende a 70 mil millones de dólares -aproximadamente el 99% de su PBI- y que ha llevado, entre otras cosas, a que el gobierno decida en mayo cerrar 179 escuelas para intentar combatir el déficit, “ahorrando” aproximadamente 7,7 millones de dólares.

Puerto Rico cuenta con 3,5 millones de habitantes que, a pesar de ser ciudadanos estadounidenses, no tienen representación en el gobierno (no tienen derecho a voz y voto en el Congreso ni en las elecciones federales). Además, desde la sanción en el Congreso estadounidense de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (“Promesa”, por sus siglas en inglés) en 2016, tampoco posee control de su economía, dado que la normativa puso las finanzas en manos de una Junta de Control Fiscal, con siete miembros designados por el Parlamento de EE.UU.

En medio de un feroz plan de austeridad, además, su condición de “Estado Libre Asociado” le impide declararse en bancarrota como han hecho otros territorios estadounidenses, como la ciudad de Detroit, lo que le permitiría negociar una reestructuración de su deuda externa.

Del desastre al negocio

El periódico independentista Claridad, reveló que varias de las tradicionales empresas ligadas a los negocios bélicos ya fueron contactadas por Washington y se encontraban a la espera de la autorización puertorriqueña para desembarcar con sus servicios de seguridad -y militarización privada- mientras dure la reconstrucción.

Se trata por ejemplo de Academi, más conocida por su anterior nombre: Blackwater, una de las empresas más beneficiadas por el negocio de la invasión estadounidense a Irak en 2003 y del paso del huracán Katrina por Nueva Orleans. Desde su casa matriz, Constellis, confirmaron que estaban a la espera de la aprobación del gobierno de Puerto Rico para brindar servicios de seguridad en el transporte acuático. La empresa ya arribó a las caribeñas Dominica y San Martín luego de los huracanes.

¿Fin de los sueños anexionistas?

El rol de Estados Unidos ante una crisis económica y social de semejante magnitud no sólo no ha sido satisfactorio para la ciudadanía, sino que más bien todo lo contrario. El propio Donald Trump estuvo en la isla a los pocos días del paso del huracán María y, aunque prometió asistencia en un primer momento, luego declaró que la infraestructura de la isla “ya era un desastre” antes del impacto de los huracanes. Incluso Washington había amagado con condonar la deuda portorriqueña, pero pronto el director del presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, sostuvo que la isla tiene que arreglar la situación “por su cuenta”. “No vamos a pagar esas deudas. No vamos a rescatar a esos bonistas”, afirmó.

Analistas locales aseguran que, por otro lado, la crisis actual se convierte en una traba para los sueños anexionistas de buena parte de la dirigencia portorriqueña. El actual gobernador, Rosselló Nevares, es uno de los principales impulsores de que la isla se convierta en la estrella 51 de la bandera estadounidense, pero “el gran capital financiero estadounidense va a buscar el modo de cobrar la deuda, aunque le tenga que romper el espinazo a la debilitada economía de la colonia”, argumenta el abogado independentista Rafael Rodríguez Cruz.

La tragedia que causó al menos 62 muertes -las cifras no oficiales hablan de hasta un millar-, destrozó la infraestructura del país y terminó de detonar sus finanzas. Washington, la metrópoli, pretende ligar aún más los destinos de la isla a sus intereses, pero la resistencia al plan de ajuste también ha dado sobradas muestras de poder. Sin ir más lejos, las universidades del país sostuvieron a principio de año una huelga por 72 días. En el mismo sentido puede leerse el fracaso rotundo del referéndum que impulsó el gobernador Nevares, que intentaba promover la anexión completa a Estados Unidos.

En los últimos meses 20 mil habitantes migraron a Estados Unidos ante la crisis. Sin dudas el 2018 será un año clave para el futuro de Puerto Rico.

 

       

Fuente: Notas

Frases

“La integración caribeña latinoamericana es la única manera de salvar a nuestros pueblos de la hegemonía imperialista”

Hugo Rafael Chávez Frías

Correos del Sur Nº65