Esta semana fueron detenidos ocho gerentes de la División Occidente de Pdvsa por actos de corrupción en la gestión de la empresa mixta Petrozamora, formada por la petrolera venezolana con la entidad financiera rusa Gazprombank.

El caso llevado por el Ministerio Público, en conjunto con la Dgcim (Dirección de Contrainteligencia Militar), muestra la voluntad política de blindar la gestión de la principal fuente de ingresos del país, luego de la aplicación de sanciones en su contra por parte de la Administración Trump.

El caso

Según reseña el medio digital La Tabla, la investigación del Ministerio Público encontró presuntas irregularidades en la adquisición de insumos químicos para el procesamiento de crudo, actos de sabotaje como el retraso en mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para los procesos de producción y el desvío de importantes cantidades de crudo y gas que afectaron la producción de Petrozamora.

Por esto han sido detenidos ocho de los nueve gerentes involucrados, entre ellos Gustavo Malavé, director ejecutivo de Exploración y Producción de Pdvsa Occidente, y Juan Carlos Romero, presidente de Petrozamora. El fiscal general de la República Tarek William Saab informó que se emitió una orden de aprehensión contra Bernardo Atencio, ex director adjunto de Producción Occidente de Pdvsa.

Saab, además, declaró en rueda de prensa que los daños patrimoniales por estos hechos son "de millones de dólares y se registraron desde hace casi dos años". También informó que el Ministerio Público se encuentra desarrollando diversas mesas de trabajo con Pdvsa en el marco de las investigaciones sobre actos de corrupción en esta empresa.

En ese contexto, consideró este caso "como ejemplarizante" e hizo un alerta contra quienes quieran ocultar los hechos de corrupción, después de que la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz los utilizara como una forma de extorsión contra los involucrados.

Extorsión a los acuerdos con empresas rusas

El Fiscal General destacó, por otro lado, que los actos de sabotaje y corrupción en Petrozamora estaban destinados a extorsionar a los socios rusos de Gazprombank, quienes son propietarios del 40% de la empresa mixta y en 2015 presentaron una denuncia sobre estos delitos en Pdvsa.

Precisamente en esta denuncia presentada por los socios rusos se ejemplificó la grave situación de robos y hurtos en las diversas instalaciones de Petrozamora, entre ellas la de conectores y otros componentes eléctricos en los campos Lagunillas Tierra y Bachaquero Tierra, que provocó una caída en la producción de 3 mil barriles diarios, según lo reseñado por La Tabla.

Sin embargo, esta acción no fue la más dañina contra la producción de la compañía. En el mismo año 2015 se produjo un ataque contra el suministro eléctrico de las estaciones de flujo, que causó la pérdida de producción de 21 mil barriles por día, de acuerdo a lo revelado por el portal web.

Este medio digital, además, recogió la conclusión preliminar de la investigación del Ministerio Público y la Dgcim, que apunta a la existencia de un prolongado proceso destinado a reducir el suministro de gas requerido para la extracción de crudo. Un objetivo dirigido a "dañar la relación con Rusia y desestabilizar la economía venezolana a través de una eventual ruptura del convenio con Moscú".

Incluso, según esta investigación, "no se descarta la participación de actores de la oposición en el sabotaje, y que los gerentes involucrados hayan recibido ofertas de Estados Unidos para legalizar los activos obtenidos, a cambio de suministrar informaciones que perjudiquen al Gobierno".

En este marco, el fiscal general Saab informó que el caso será radicado ante el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, lo que le da un carácter de importancia a la lucha contra la corrupción en Pdvsa por parte de la justicia venezolana en un contexto de sanciones contra el país. La estatal petrolera es la principal fuente de ingresos, por ello blinda los acuerdos con socios extranjeros, vitales para la construcción de alianzas estratégicas que le permitan a Venezuela afrontar el asedio geopolítico impuesto por grandes corporaciones.

 

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En el caso del Caribe algunas iniciativas regionales basadas en la solidaridad y reciprocidad como las impulsadas por Venezuela, permiten que la autodeterminación y la soberanía se impongan ante el relato "humanitario" del control geopolítico y militar promovido por Washington.

Los hechos

El huracán Irma, de categoría 5, transita por el Caribe, y ha impactado sobre las islas de San Martín, San Bartolomé y Antigua y Barbuda. El primer ministro Gaston Browne, de esta última nación, ha referido que la devastación ha sido del 90% y que Barbuda pudiera ser evacuada completamente. Las rachas de viento han alcanzado máximos de 297 Km/h.

Por su parte, el presidente del territorio de San Martín, Daniel Gibbs, dijo a medios locales que "nunca antes se había vivido algo parecido" y el ministro francés Gérard Collomb, confirmó que el huracán había destruido los cuatro edificios más sólidos de la isla francesa de San Martín. Ya se conocen sus estragos también en Puerto Rico y República Dominicana.

Hace pocos días Harvey, un huracán de categoría 4, afectó gran parte de EEUU y dejó al menos unos 50 muertos. Se habla de la formación de dos huracanes más: Katia y José.

El capitalismo del desastre

Tal como lo ha señalado la periodista canadiense Naomi Klein en su libro La doctrina del shock, durante el último medio siglo las crisis se han explotado sistemáticamente para promover una agenda pro-corporativa radical.

En una relectura de esta obra alude al papel del ahora vicepresidente de EEUU, Mike Pence, poco después de los desastres producidos por el huracán Katrina sobre Nueva Orleans. Era presidente del poderoso Comité de Estudio Republicano (RSC) e impulsó la toma de medidas como suspender las leyes salariales en las áreas de desastre, en particular la "Davis-Bacon" que exigía que los contratistas federales pagaran un salario digno.

Además propuso hacer de toda la zona afectada una zona libre de impuestos y de competitividad económica (muchos incentivos fiscales y pocas regulaciones). Luego de que el entonces presidente George W. Bush anunciara estas y otras medidas fue obligado a restablecer los estándares laborales, aunque fueron ignorados por los contratistas, por ejemplo, la educación pública fue privatizada y reemplazada por "escuelas charter" con los respectivos despidos masivos.

Como en las "guerras humanitarias", los aportes jugosos de los "desastres naturales" a las grandes empresas estadounidenses son los contratos de reconstrucción. Luego de Katrina, una serie de contratistas bien conectados convirtieron a la Costa del Golfo de México en un laboratorio para la respuesta de desastres.

Según Klein, las compañías con los mayores contratos fueron las mismas que se han lucrado con la guerra de Irak: Halliburton, Blackwater, Parsons, Fluor, Shaw, Bechtel, CH2M Hill, fueron contratadas por el gobierno de Bush por un total de 3,4 mil millones de dólares, sin licitación abierta y hasta Kenyon, una división del mega conglomerado fúnebre Service Corporation International (importante donante de campaña de Bush), fue contratado para recuperar a los muertos de hogares y calles. Posteriormente los programas instrumentados en los que prevaleció el derroche y la falta de control fueron recortados por el Congreso de mayoría republicana.

De todo este despliegue de fraudes y contratos mal ejecutados, comenta Klein que "la gente más pobre de EEUU subvencionó dos veces la bonanza contratista: primero, cuando el alivio de Katrina se transformó en documentos corporativos no regulados, no proporcionando ni empleos decentes ni servicios públicos funcionales y, en segundo lugar, cuando los pocos programas que ayudan directamente a los desempleados y a los trabajadores pobres de todo el país fueron eviscerados para pagar esas cuentas hinchadas".

Más intervención, deuda y cash: el Caribe y los desastres naturales

La mayoría de los llamados "desastres naturales" como los huracanes Harvey o Irma son atribuidos al cambio climático, etapa a la que el modelo de desarrollo liderado por las grandes potencias y corporaciones globales ha llevado al resto del planeta. Su impacto social está vinculado a la exclusión y densidad poblacional en el territorio donde ocurren. Esto mismo sucede con los terremotos, cuyas causas son naturales pero lo desastroso de sus consecuencias sociales es directamente proporcional a la exclusión existente. Para verificar esto sólo queda comparar las diferencias entre las consecuencias de los sismos ocurridos casi simultáneamente en Chile y Haití.

Afirma el investigador británico Nick Buxton, uno de los autores del libro Cambio Climático S.A. junto a su compatriota Ben Hayes, que el objetivo de las transnacionales "no es reducir ni evitar el cambio climático, sino minimizar los riesgos en sus operaciones y buscar opciones de negocios para aumentar sus ganancias, aprovechando la crisis causada por ese desastre ambiental". En dicho texto documentan cómo ejércitos, corporaciones y grupos políticos buscan hacer del cambio climático un negocio, mientras profundizan la exclusión de los más pobres, que son los que sufren las peores consecuencias con la grave crisis ambiental.

Detrás de cada evento de este tipo se generan dinámicas de aprovechamiento estratégico para aumentar el control económico y geopolítico, y así los niveles de intervención y dependencia ya existentes. En el caso de Haití, la deuda externa ya era insoportable para su población antes del terremoto de 2010 (7,3 en la escala de Richter) que causó 222 mil 570 muertos y pérdidas materiales calculadas en 7 mil 900 millones de dólares. Tanto la ONU como otras organizaciones internacionales exhortaron a los acreedores (EEUU, Canadá, Francia, Reino Unido, Taiwán, Banco Interamericano de Desarrollo y el Club de París, entre otros) a que cancelaran la deuda para que el país pudiera recuperarse.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio un préstamo de 114 millones de dólares, que debía comenzar a ser reembolsado después de un período de gracia de cinco años y medio, aun cuando el país requería más recibir donaciones que incrementar su deuda. La mayoría de la ayuda internacional inicial se gastó durante las primeras semanas y meses después del terremoto para responder a necesidades urgentes, pero luego el interés del mundo disminuyó y la recuperación del país a largo plazo quedó estancada.

El terremoto de Haití en enero de 2010 fue causa de una nueva invasión por parte de EEUU, país que ocupó el control de operaciones del país e instaló sus tropas con una excusa "humanitaria". 7 mil soldados y policías terminaron como fuerzas de choque dentro de una crisis política y una epidemia de cólera, que se supone fue introducida por "cascos azules" de Nepal enviados a ayudar tras el sismo, ocasionando más muertes.

Hasta el año 2014 sólo el 1% de la ayuda de emergencia y el 16% de la ayuda para la reconstrucción habían sido canalizados a través de administraciones haitianas. El 76,7% del valor de los contratos concedidos por la Unión Europea (UE) en sus proyectos de reconstrucción en Haití durante 2010 y 2011 fueron entregados a empresas europeas. EEUU cedió el 1,3% del valor contractual de sus proyectos a empresas haitianas.

Posterior a la tormenta Erika de 2015, el mismo FMI veló celosamente que el gobierno de Dominica implementara un paquete de consolidación fiscal que incluía "limitar el aumento de la masa salarial y preparar planes específicos para el gradual desenlace de los gastos relacionados con la recuperación y la reconstrucción en el período posterior a Erika".

La tormenta Erika, así como Katrina, golpearon duramente la economía caribeña en su conjunto, afectando la infraestructura de servicios públicos en Cuba, Haití, República Dominicana y otras naciones. Estos desastres naturales fueron aprovechados por instituciones financieras y empresas que orbitan alrededor de Washington para imponerle condiciones políticas y financieras draconianas con el objetivo de cobrar políticamente la reconstrucción, bajo el fin de que el bloque caribeño apoyara ciegamente a EEUU.

Venezuela en niveles efectivos de cooperación

Hasta la fecha el gobierno de Donald Trump no ha anunciado una política hacia la región caribeña más allá de anuncios de políticas globales que inciden en el Caribe y algunas señales respecto a Cuba y Haití. Sólo en cuanto a la seguridad, tema tan mencionado por su administración, existen evidencias de que en los primeros seis meses de este año, el número de criminales deportados al Caribe que se formaron y desarrollaron en EEUU casi igualó al total de 2016. Unas 70 mil personas han sido deportadas han sido deportadas en los últimos 10 años al Caribe desde EEUU, Reino Unido y Canadá, número importante en relación con el tamaño de la población caribeña.

La solidez de las relaciones de Venezuela con los países caribeños aumenta al tiempo que se profundiza la cooperación y la reciprocidad visualizada por Hugo Chávez. En Haití el mecanismo de integración regional Petrocaribe ayudó en la alfabetización de 133 mil personas, la reconstrucción de más de 800 kilómetros de calles, la edificación de 3 mil de viviendas, la reubicación de muchas personas que habitaban en carpas y la renovación de más de 6 mil casas.

La Ley de Compromiso Estratégico Estados Unidos-Caribe de 2016 (HR 4939) aprobada por el Congreso estadounidense, fue realizada en medio del intento de la administración Obama de contraponer la influencia de Venezuela y generar un clima de inseguridad y zozobra en los países de la región con respecto a Petrocaribe. Es un documento que no está respaldado por recursos financieros o de otro tipo que ayuden a implementar medidas para el progreso económico, el progreso social y la seguridad.

Washington está preocupado por cualquier influencia "indebida" en el Caribe por parte de países como Irán, Rusia, China o Venezuela, pero no iguala el nivel de sus inversiones bilaterales en los mismos términos de cooperación y sin condiciones de carácter no económico como comprometer la soberanía y autodeterminación política de las naciones.

Las corporaciones petroleras mantienen el tema climático y geopolítico en la órbita de sus intereses, buscan ontrolar a los países del Caribe con otro estilo de intervención militar, explotación económica y expoliación sistemática de su fuerza de trabajo. Petrocaribe cubre el 32% de petróleo del Caribe, ha incidido positivamente en el 25% del PIB de cada uno de sus países, las refinerías y empresas mixtas dirigidas por PDV Caribe, facilitan el acceso a los hidrocarburos y las modalidades solidarias de pago, y evita que la deuda limite el crecimiento económico de estas naciones. Esta sólida relación sirve de base para el apoyo ante eventuales desastres como el huracán Irma, en contraposición al chantaje propuesto por EEUU.

Venezuela ha afirmado, así como en años anteriores, que ayudará en el marco del convenio de Petrocaribe a las islas afectadas por Irma para facilitar la reconstrucción y la superación de las calamidades generadas.

Junto a ALBA-TCP, Celac y la AEC, Petrocaribe se perfila como un bloque de poder con peso en la región latinocaribeña cuya ubicación geográfica, importancia comercial y poder decisivo en organismos multilaterales protege del intervencionismo y establece niveles de cooperación y apoyo mutuo que trascienden la extorsión financiera y política de EEUU y la hipocresía del relato "humanitario".

Venezuela juega un rol clave en el apoyo a los países que están sufriendo los embates del cambio climático globalizado por el capital.

Fuente: Misión Verdad

Frases


"Nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre generaría tanto odio de una élite que se harta de tirar comida a la basura todos los dias"

Lula Da Silva

Correos del Sur Nº46