El bloque latinoamericano ALBA-TCP condenó, en una nota, la aplicación de sanciones unilaterales por EE.UU. contra Nicaragua, mediante una ley recién aprobada.

Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) tacharon el miércoles la aprobación de la Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua (NICA, por sus siglas en inglés) por Washington, de “un nuevo insulto a la soberanía” de los pueblos de América Latina.

“Esta nueva agresión del Gobierno de los Estados Unidos en contra de Nicaragua, tiene como único objetivo asfixiar la economía de ese hermano país; afectar directamente al pueblo nicaragüense; generar desestabilización y protestas, todo con el propósito de derrocar al Gobierno” de Managua, reza la nota de la ALBA-TCP.

La adopción de esta ley “coercitiva” demuestra, de manera inequívoca, la política de Washington respecto a los países latinoamericanos y constituye una “violación de las normas más elementales del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”, lamentaron los integrantes de la ALBA-TCP.

La llamada Ley NICA, firmada el pasado jueves por el presidente de EE.UU., Donald Trump, busca condicionar la aprobación de los préstamos de bancos internacionales a Nicaragua por parte de instituciones financieras internacionales.

Los diputados sandinistas y el Gobierno de Managua tildaron de injerencista la aprobación de la Ley NICA por el Congreso norteamericano y señalaron que dicha normativa atenta contra la libre determinación y la soberanía de Nicaragua.

Desde mediados del pasado mes de abril, Nicaragua enfrenta una crisis que ha incidido de forma severa en el país, como es el caso de la desaceleración de la economía. El Gobierno nicaragüense sostiene que la crisis sociopolítica que le aqueja fue provocada por organismos financiados por Estados Unidos, que promovieron la desestabilización nacional y buscaban propiciar un golpe de Estado contra la Administración del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

Asimismo, los más de ocho meses de disturbios han provocado daños por unos 1300 millones de dólares, de acuerdo con datos proporcionados por el Consejo Superior de la Empresa Privada del país centroamericano.

 

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Fuente: Correo de Orinoco

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