La saturación informativa alrededor de los últimos movimientos (militares y diplomáticos) del frente externo contra Venezuela dibuja un panorama que, hasta los momentos, plantea más preguntas que respuestas inmediatas e inminentes.

Sin embargo algunos hitos políticos recientes, como la gira del secretario de Estado de EEUU Rex Tillerson por países líderes del Grupo de Lima y la implosión de la Mesa de Diálogo en República Dominicana, lo segundo consecuencia de lo primero, dan cuenta de un nuevo curso de acciones para elevar a Venezuela a la categoría de conflicto internacional; el tan ansiado punto de no retorno donde el acoso geopolítico disuelva las fronteras de la política (interna) y rebase el ya endeble derecho internacional.

Tenaza fronteriza, el triste papel de Borges y una "visita inesperada" en Colombia

No es hasta que los gobiernos de Brasil y Colombia mueven su agenda interna hacia la movilización de efectivos militares en la frontera con Venezuela, Marco Rubio incita abiertamente a un golpe militar y el secretario general de la OEA Luis Almagro y el Grupo de Lima preparan una nuevo capítulo de asedio diplomático y financiero, que la decisión de no firmar el acuerdo definitivo en República Dominicana adquiere su verdadero peso específico en la realidad.

La desvenezolanización de Julio Borges se confirma por la estridencia del acto, y el hombre que se ve a sí mismo como bisagra entre lo que puede significar la recuperación del país en todas sus dimensiones o la precipitación de un escenario letal, opta por lo último a conciencia de que la primera opción no arroja las comisiones prometidas ni mucho menos la glorificación de ser partícipe del asesinato de la nación bolivariana. "Venezuela es una enfermedad contagiosa”, esa expresión resumen bastante bien que las sanciones financieras y económicas coordinadas con EEUU están movidas por una esencia que supera la coyuntura: la higienización cultural del país, borra al chavismo, con Constitución, elecciones y todo su marco político, como último arraigo real de la historia venezolana que sobrevivió al oleaje de la globalización.

Lo que aguardaba detrás, o más bien lo que se ponía en riesgo si se daba un acuerdo de convivencia nacional, era el despliegue de agendas de alto voltaje que van desde la mutación del conflicto venezolano a uno internacional, donde la multiciplidad de intereses en el mediano plazo y los riesgos por asumir solo consigue sumar a la prolongación del caos, hasta la escenificación de una situación de emergencia (humanitaria) de tal tamaño que derivará, y de ahí la importancia del lenguaje y la propaganda como armas de guerra, en una salida militar inminente, interna o externa, o combinada.

En tal sentido, los llamados que incitan a un golpe militar en Venezuela, primero durante la gira de Rex Tillerson y luego secundado por el senador Marco Rubio, podría decirnos que no se trata de una invitación alegre y sin receptor, aunque tenga rasgos de desespero e incertidumbre.

Cuesta creer que Tillerson y Rubio se expongan al ridículo internacional de verse en el mediano plazo con una invitación que nadie a lo interno de la FANB atendió, y de ser así estarían certificando que la única opción viable para derrocar al chavismo es la intervención camuflada o directa. Es poco probable la inteligencia estadounidense no esté trabajando alrededor de la FANB, más aún luego de las confesiones del jefe de la CIA, Mike Pompeo, sobre el estudio que realizó a lo interno de los componentes del ejército venezolano previo a las sanciones del Departamento del Tesoro.

Sobre los movimientos militares en las fronteras con Colombia y Brasil parece cuestión de sentar un precedente y enviar un mensaje geopolítico, al menos en las primeras de cambio, toda vez que la gira de Rex Tillerson estuvo marcada por las "preocupaciones" hacia la creciente presencia de China y Rusia en la región, a lo que el secretario respondió con el retorno de la Doctrina Monroe. Colombia como extensión política y geográfica de EEUU es el escenario ideal para esto, y la visita del Almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, solo viene a atornillar esa noción de presencia que ven peligrar.

Hecho que tampoco deja por fuera que las maniobras en sí tengan atributos de provocación, pues si el marco semántico y narrativo global intenta amoldar a Venezuela como una "amenaza regional", que por descarte simple requiere una respuesta del mismo calado, el curso de acciones podría indicar que aguardan por una reacción desproporcionada de Venezuela, allí entra la franja peligrosa de las operaciones de bandera falsa y los falsos positivos para fabricar un hecho desencadenante, que justifique un enfrentamiento de tipo "defensivo", y por ende, el involucramiento del Comando Sur en respaldo de sus socios. 

Exacerbar el cuadro migratorio venezolano con las medidas tomadas por el Gobierno de Santos y las que posiblemente tomaría el de Temer, intenta potenciar la propaganda humanitaria contra Venezuela a modo de compensar el trágico vacío político que han dejado los actores del antichavismo. 

Pero también significa la creación de un entorno rentable si se le ve por lo político y por lo económico. Bajo un contexto en el que el país es víctima de un poderoso bloqueo financiero que extrema sus condiciones alimentarias y sanitarias, ahora se suma la amenaza de embargo para llevar la situación al límite, calentar la frontera prevé un punto de inflamación por el cual intentarían desestabilizarían la acción de Gobierno sobre el foco económico, a medida que se intensifica el caos interno y las institucionales multilaterales movilizan el tema a los estadios más altos y resolutivos. No es coincidencia que el Grupo de Lima y Luis Almagro desde la OEA intenten elevar su vocería como reacción a estos movimientos en el terreno.

El ciclo de violencia en 2017 también nos trae una lección para este 2018 que comienza con grandes turbulencias para la estabilidad del país: cuando asoman la cabeza los operadores internacionales de EEUU es porque a lo interno se preparan salidas violentas, aunque no sólo de esa condición depende su total o parcial efectividad.

El otro frente (el económico) no es menos perverso: restringir y reordenar el paso fronterizo es el subterfugio que transforma la canalización de la "ayuda humanitaria" (made in USA) en un atractivo negocio para gobiernos de naturaleza corrupta y voraz, así lo hace ver el ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas, cuando habló de un "plan de rescate financiero" para Venezuela (de 60 mil millones de dólares) cuando el chavismo caiga. Un pago por adelantado parece haberse fraguado durante la gira de Rex Tillerson, a los servicios de no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela y respaldar un mayor cerco político, financiero, diplomático (y ahora militar) contra Venezuela.

Las "amenazas" del Comando Sur, enfoque estratégico y Venezuela

El nuevo teatro de conflictos diseñado por el Comando Sur representa un agresivo cambio de enfoque bajo el cual intentan justificar una mayor militarización de América Latina, acorde a los dictámenes de la Estrategia de Seguridad Nacional y de Defensa Nacional lanzadas por la Administración Trump en 2018.

En términos geoestratégicos, el Comando Sur coloca su foco sobre un conjunto de "amenazas" que van desde "redes trasnacionales" dedicadas al narcotráfico y al contrabando, la penetración del "terrorismo de origen islámico" (haciendo referencia a Daesh y Hezbolá), la creciente presencia de Rusia, China e Irán y los desastres naturales y crisis humanitarias que potencian los flujos migratorios ilegales hacia EEUU. Según el documento "Estrategias del Teatro 2017-2027", estandarte de la gestión de Kurt Tidd, estas “amenazas” representan un peligro para la seguridad nacional de EEUU y de sus socios en el hemisferio occidental.

En términos geopolíticos, el enfoque del Comando Sur consiste en dibujar a trazos generales un Medio Oriente latinoamericano: una zona de caos, inestable, donde grupos irregulares modelan el comercio y la economía regional y son latentes las "amenazas terroristas" y las disputas internacionales por los recursos energéticos. Forma parte de un corolario que otorga razón de ser a un ciclo de mayor militarización estadounidense.

Cada una de estas "amenazas", dependiendo de su nivel de "peligrosidad" y "urgencia" posibilitan que el Comando Sur, bajo el disfraz de acciones multilaterales, actúen a lo interno de los países de la región con determinados niveles de fuerza y marcos operacionales. En lo absoluto destacan el papel de liderazgo en el narcotráfico global de Colombia, a quienes entronizan como socios esenciales e infantería de primer nivel. 

Desde que el conflicto venezolano ha adquirido grados más elevados de internacionalización, las narrativas y las operaciones simbólicas y discursivas empleadas van desde la consumación propagandista del país como un "Narcoestado", con amplias relaciones con Rusia, China e Irán (otorgándole una connotación negativa), el cual tiene nexos con Hezbolá y vive actualmente bajo una "crisis humanitaria". Razones también utilizadas para justificar las rondas de sanciones de la Casa Blanca. 

Las sanciones del Departamento del Tesoro en febrero del año pasado contra el vicepresidente Tareck El Aissami por tener  supuestas conexiones con Hezbolá y participar en el envío de drogas hacia EEUU mediante el Cartel de los Zetas de México, medida que fue tomada posterior a un "fake news" lanzado por CNN que intentó vincularlo –sin mostrar pruebas- con la entrega de pasaportes a personas afiliadas a este grupo que ha combatido contra el Estado Islámico y otros frentes terroristas financiados por EEUU, son muestra suficiente de que en lo propagandístico el Comando Sur busca un resquicio para acelerar los tiempos de una intervención. 

Venezuela encaja con exactitud en cada uno de las amenazas autorreferenciales descritas por el Comando Sur como peligrosas para el hemisferio occidental y la seguridad nacional de EEUU. El Almirante Kurt Tidd, ante una audiencia en el Comité de Servicios Armados del Senado el año pasado, afirmó que "Venezuela se enfrenta a una inestabilidad importante en el próximo año debido a una falta de alimentación generalizada, y la escasez de medicamentos; la incertidumbre política continuada; y un empeoramiento de la situación económica. La creciente crisis humanitaria en Venezuela podría eventualmente obligar a una respuesta regional".

Como parte de su enfoque operacional, según reseña el documento bandera "Estrategia del Teatro 2017-2027", el Comando Sur admite que trabaja junto a instituciones de la sociedad civil (Organizaciones No Gubernamentales, academias, etc.), agencias estadounidenses como la USAID, agencias multinacionales y el sector privado para llevar a cabo sus objetivos. Estos recursos asimétricos de la guerra no convencional contra Venezuela han preparado, en los últimos años, el escenario de la intervención militar, así que no parece descabellado asumir que quien los hizo entrar en operaciones es el mismo que hoy en su documento central de geoestrategia coloca a Venezuela como la principal amenaza hemisférica.

Julio Borges nunca estuvo tan cerca de Kurt Tidd como hasta hoy.  

Sincronías, banderas falsas y disuasión

Con los últimos movimientos militares en la frontera, las reuniones de Kurt Tidd con la plana mayor del Ministerio de Defensa colombiano y el presidente Juan Manuel Santos, sumado al posicionamiento en instancias diplomáticas de la "crisis humanitaria" en Venezuela, se anuncia una sincronía peligrosa de actores y agendas que no deben ser subestimadas.

Detrás de la asistencia técnica que ofrece el Comando Sur a Colombia y Brasil en cuanto a la "crisis humanitaria" de Venezuela, podría estar la preparación de determinados aspectos logísticos para armar una contingencia preventiva (sinónimo de intervención humanitaria) una vez que las consecuencias de una etapa más aguda del bloqueo financiero se hagan sentir. El año pasado el Congreso de EEUU instó a El Pentágono a estar listos para una intervención humanitaria, tiempo después aprobó un proyecto de ley en su cámara baja para destinar los recursos y configurar el camino diplomático que debe tomar la Casa Blanca para llevar a cabo el plan.

El documento del Comando Sur no sólo adapta para Latinoamérica el enfoque geoestratégico de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2018, enfocada en la pugna existencial contra Rusia y China y la preservación del acceso de los recursos naturales de la región para mantener la competitividad de su economía, también podría verse como el anuncio de próximas acciones con cierto carácter de exclusividad hacia Venezuela.

Detrás de su estrategia de una mayor militarización del continente, se encuentra el reconocimiento de Venezuela como centro de gravedad político del continente, necesario de ser derribado –y con rapidez- pues representa el puente geopolítico para la inserción del bloque emergente y multipolar en una región que consideran su retaguardia geopolítica exclusiva.

Y ese es el principal activo de disuasión con el que cuenta Venezuela hoy día. 

El caso de la invasión a Irak en 2003, en un contexto geopolítico distinto al actual pero que no por eso ha perdido peligrosidad, demostró que la confrontación bélica está a un paso de un falso positivo bien orquestado. Con estrategias multiformes de propaganda a Venezuela la han venido acosando como el caso emblema que concentra todas las "amenazas" a la seguridad nacional de EEUU. Un camino que comenzó con el Decreto Obama en 2015.

La velocidad en el curso de los acontecimientos podría indicar que un hecho aislado o preparado (un "atentado terrorista” en alguna urbe regional, el derribo de una "narcoavioneta" en Colombia o un hecho trágico en la frontera) sea utilizado para responsabilizar a Venezuela. El hecho desencadenante que les permita avanzar un paso más en la guerra frontal contra el país.

 

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Como sabemos, el contexto de la escalada violenta de abril a julio de 2017 consistió en una presentación, mediante la fachada de "protestas pacíficas", de acciones abierta y descarnadamente beligerantes contra la sociedad venezolana, las instituciones del Estado, la propiedad pública y privada y contra la vida de las personas, las cuales dejaron un lamentable saldo de más de 100 pérdidas humanas y más de 4 mil heridos y lesionados.

La presentación de la CPI a cargo de la fiscal Fatou Bensouda señaló que presuntamente "las fuerzas de seguridad del Estado usaron fuerza excesiva para reprimir manifestaciones y encarcelamiento a integrantes de la oposición". Insistió en que se iniciará un proceso para determinar si existen fundamentos para investigar al Estado venezolano.

Actores involucrados y la creación de un expediente contra Venezuela

Bensouda señaló que la decisión se tomó tras la "revisión independiente e imparcial de numerosos informes", sin aclarar de cuáles informes se trataban. Podemos inferir, y en este ítem aparece un actor notable, que uno de los referentes que aplica la CPI es precisamente el expediente que la Organización de Estados Americanos (OEA) viene fraguando desde la Secretaría General de Luis Almagro, y que constituye una posición claramente adversa a la postura del Gobierno venezolano en la contención de los hechos violentos de 2017.

La OEA y su Secretario General han sido más que diligentes en posicionar internacionalmente la matriz de crímenes de Estado en Venezuela, al mismo tiempo que fueron un factor que legitimó y aupó consistentemente el desarrollo de la escalada violenta de 2017. Luis Almagro, vale decirlo, fue uno de los primeros en celebrar el anuncio de la CPI.

Uno de los elementos más sobresalientes de las entregas del "Informe Almagro" sobre la violencia en Venezuela es el desconocimiento total de los elementos hallados en el terreno por las instancias policiales y judiciales venezolanas, la identificación de factores producentes y desencadenantes de la violencia y los ámbitos en los que se desarrolló, donde factores de la violencia paramilitarizada (en etapa germinal) uitilizaron barricadas, trancas y alcabalas que fueron claves en el saldo de muertos y heridos entre población civil y efectivos de seguridad.

Por su parte, Tamara Suju, proclamada "defensora de los derechos humanos" en Venezuela, quien siempre tuvo una posición favorable al impacto de las "guarimbas" en los derechos fundamentales de la población civil, celebró el anuncio aduciendo su consistente presentación de demandas contra el Estado venezolano desde antes de 2017.

En este periplo también se ha pronunciado la ex fiscal venezolana y prófuga de la justicia Luisa Ortega Díaz, quien en su momento fue pieza clave del intento de desmontaje de las instituciones venezolanas, concretamente del Ministerio Público, en circunstancias de claro asedio a la institucionalidad y la sociedad venezolana. Ortega intento capitalizar políticamente el examen preliminar, recordando que ella denunció al Estado venezolano ante la CPI consignando 1 mil 690 documentos el pasado 16 de noviembre.

Suju respondió a Ortega que la investigación preliminar de la CPI consta de una investigación a los supuestos "crímenes cometidos durante toda la gestión de Maduro", señalando a Ortega como parte de la línea de mando y amenazándola de "complicidad, acción e inacción" para la consumación de estos "crímenes". 

Tras bastidores, en la construcción de este expediente que, sin dudas, crea condiciones que legitiman acciones más severas e injerencistas contra Venezuela, vale la pena mencionar a María Corina Machado, Diego Arria y Antonio Ledezma, como patrocinantes y partícipes de denuncias manipuladas contra el Estado venezolano. Se han apersonado, al igual que Lilian Tintori, en diversas oportunidades a la sede de La Haya, acompañados de una desproporcionada atención mediática y generando opinión en medios y estrados de la política internacional, en una narrativa de criminalización del Estado venezolano y negación del impacto de la violencia y de las víctimas de ésta en los años recientes, concretamente, 2014 y 2017, cuando estos actos llegaron a su cenit.

Por otro lado, una de las vocerías más activas que han desembocado en este preámbulo de investigación viene desde la Casa Blanca: Nikki Haley, embajadora de EEUU ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha sido una consistente lobbista y promotora del asedio contra el Gobierno de Venezuela.

Otro referente para nada insignificante deviene del informe "Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017", redactado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siendo representado este despacho por Zeid Ra'ad Al Hussein, vinculado a Haley y a Diego Arria, y que en su momento prestó su puesto dentro de la ONU para exigir la liberación de Leopoldo López. 

Este informe, también enmarcado en la tendencia de desconocer la posición del Estado venezolano en los eventos de 2017, tiene como pocos un claro sesgo que redujo los eventos violentos a la acción casi exclusiva del Estado venezolano, los llamados "colectivos" chavistas y elementos de la institucionalidad venezolana, haciendo completa omisión a los reportes de innumerables víctimas que denunciaron las acciones de las células violentas opositoras en el terreno.

Posibilidades del caso y alcances

Hasta ahora la CPI no ha dado cuenta de la revisión de algún tipo de informe que dé cuenta de la contraparte, es decir, de la posición del Estado venezolano. En esencia, la apertura de este proceso preliminar se enmarca dentro de un plan claramente político y que acentúa una trama de asedio y criminalización del Estado venezolano y sus figuras representantes, específicamente, el presidente Nicolás Maduro, sobre cuyo gobierno pesan sanciones económicas a cargo de la Casa Blanca. Dentro de esa narrativa de supuesta violación de derechos humanos, varios altos funcionarios venezolanos han sido sancionados y sin derecho a la defensa mediante acciones coercitivas de la Administración Trump y la Unión Europea (UE).

De esta manera los articuladores de estos cercos políticos y económicos contra Venezuela parecen haber asumido una posición claramente más desbocada y desenfrenada en la creación de circunstancias "favorables" para una intervención en Venezuela.

Pero en términos estrictamente legales, la burocracia de Ginebra da cuenta de otros precedentes. En términos objetivos sólo la apertura de este proceso preliminar puede demorar años, si los referenciamos con otros casos que de hecho son proporcionalmente más graves que los referidos a Venezuela.

También vale decir que la aplicación definitiva de los dictámenes de la CPI han sido ambivalentes, y su ejecución más todavía.

Para nombrar casos ejemplares, tenemos el de Colombia, cuyo Estado está señalado de delitos cometidos durante la guerra en ese país y crímenes cometidos contra la población durante la gestión de Álvaro Uribe y el actual presidente colombiano Juan Manuel Santos (ex ministro de Defensa de Uribe). Estas investigaciones datan de 2004 y no tienen una resolución definitiva.

Al-Bashir fue reelecto presidente de Sudán en 2010 con una orden de captura de la CPI sobre sus hombros. Con una investigación iniciada en 2005, sobre este mandatario africano pesa la pena de haber cometido crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Por otra parte Thomas Lubunga, jefe militar de la República Democrática del Congo, luego de una investigación iniciada en 2004, fue sentenciado ocho años después. Se le condenó por la muerte de 60 mil personas y el reclutamiento de 3 mil niños para sumarlos a la guerra durante los años 2002 y 2003. Se le impuso una pena de 14 años de cárcel y aún no se ha hecho efectivo el dictamen por estar en proceso de apelación.

En esencia la burocracia de Ginebra, la cual funciona más como un foro político que como una verdadera instancia judicial, fue desnudada al producirse el retiro de Rusia de los preceptos del Estatuto de Roma en noviembre de 2016. Vale recordar que uno de los países que más ha empleado el Estatuto de Roma para criminalizar dirigentes políticos y países es EEUU, el cual nunca ha suscrito dicho documento y no se sabe hasta la fecha de altos elementos de la política y del mando militar estadounidense que hayan sido sentenciados en dicho tribunal, luego de décadas de denuncias contra los crímenes de guerra y atrocidades contra los derechos humanos cometidos por EEUU durante sucesivos y simultáneos frentes de guerra, invasiones, ocupaciones y golpes de Estado en todo el mundo.

Rusia declaró al momento de su retiro del Estatuto que, en 14 años de trabajo, este tribunal sólo ha efectuado cuatro veredictos y ha gastado más de mil millones de dólares.

En definitiva la postal política de dirigentes de la oposición fotografiándose frente a la sede de la CPI en La Haya ha tenido una réplica bastante acompasada al unísono de las acciones injerencistas contra Venezuela. Aunque, para efectos legales, esta preliminar de investigación es un preámbulo de acciones aún por definir, es claramente un paso al frente en pro de judicializar el escenario político venezolano. 

 

       

Fuente: William Serafino/Misión Verdad

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Hugo Chávez Frias

Correos del Sur Nº77

 

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