Aunque la VIII Cumbre de las Américas fue controvertida por los múltiples casos de corrupción que apuntan a un sector de la clase política latinoamericana y francamente disminuida en su impacto internacional dada la ausencia del presidente Donald Trump y otra decena de jefes de Estado, sirvió de plataforma para intentar moldear un conjunto de agresiones contra Venezuela en el corto plazo con el objetivo de perturbar las elecciones presidenciales del 20 de mayo.

De Siria a Venezuela: Mike Pence y Antonio Ledezma en el medio

Horas antes de que el presidente Donald Trump anunciara públicamente un bombardeo extensivo sobre Siria, utilizando como excusa un ataque químico que nunca fue verificado y expuesto a la opinión pública mediante fuentes ligadas a los grupos terroristas, cuatro dirigentes opositores, entre ellos Antonio Ledezma, David Smolasnky, Julio Borges y Carlos Vecchio, se reunieron con el vicepresidente estadounidense Mike Pence.

El mensaje inmediato del encuentro, mientras al otro lado del Atlántico el Pentágono realizaba los preparativos de la agresión militar contra la nación árabe, es estremecedor por lo que sigue dejando en evidencia: la dirigencia opositora venezolana no oculta su respaldo a una potencia que, violando la legislación internacional, bombardea un país soberano falsificando pruebas.

Un oscuro precedente, ya que para Venezuela no sólo aplicarían la misma solidaridad automática en caso de una intervención militar, sino que la promueven de forma permanente contra su propio país.

Durante la reunión Pence se comprometió a entregar 16 millones de dólares en "ayuda humanitaria" para "refugiados venezolanos" ubicados en Colombia y Brasil, omitiendo de forma interesada que dicha categoría del derecho internacional no aplica para la migración venezolana.

El vicepresidente comentó luego del encuentro: "Traemos un llamado a (imponer) más sanciones, más aislamiento y más presión diplomática, empezando en nuestro continente, pero también en el resto del mundo, para reconocer que Venezuela es una dictadura".

La vocería opositora pidió no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, un plan de "ayuda humanitaria" para la migración y reforzar las sanciones financieras, según informó la agencia EFE.

Sin embargo, fue el prófugo de la justicia venezolana Antonio Ledezma quien llevó esta oportunidad al extremo para desmarcarse de los presentes. Exigió una intervención militar contra Venezuela frente a Pence, quizás tratando de aprovechar para su agenda personal la agresividad con la que viene actuando la Administración Trump en todos los frentes geopolíticos.

Las gestiones de Marco Rubio

La dirigencia opositora también se reunió con Marco Rubio, figura que desde el año 2014 mediante su incluyente puesto en el Senado ha ganado un peso cada vez más determinante como voz autorizada de la política exterior estadounidense hacia Venezuela.

Las sanciones contra Venezuela han tenido en este representante del Sur de Florida, estrechamente ligado al lobby armamentístico e israelí en el Congreso estadounidense, un factor de enorme influencia.

En el encuentro no estuvo presente el dirigente Julio Borges, aunque sí varios de los diputados opositores que viajaron a la Cumbre de las Américas. La ausencia del ex presidente de la Asamblea Nacional probablemente indica las diferencias existentes con Rubio (quien respalda a la coalición de extrema derecha Soy Venezuela) y la intención de no subordinarse al político estadounidense.

La reunión como tal, según informó Diario de las Américas, fue una extensión de la sostenida con Pence horas antes en lo que corresponde a la entrega de financiamiento bajo la cobertura de "ayuda humanitaria".

También fue tema de agenda el apoyo diplomático de Estados Unidos a la Asamblea Nacional como instrumento de desestabilización política, hecho que coincide con la maniobra del autonombrado "Tribunal Supremo de Justicia en el exilio" de abrir un juicio político violatorio de la Constitución al presidente Nicolás Maduro para forzar su destitución. Para certificar este simulacro de enjuiciamiento, sin embargo, hace falta la aceptación de la Asamblea Nacional, por lo que el respaldo de Marco Rubio a la instancia legislativa actualmente en desacato viene a clarificar su rol dentro de la maniobra.

Aunque esta reunión se proyectó como exitosa, en cuanto a la región el senador estadounidense expresó que no existe consenso con respecto a la política de cerco y asfixia comandada por Washington contra Venezuela. Aseveró sin especificar que en mayo sería convocada una reunión en la OEA para poner a prueba la autoridad de EEUU en la región a los fines de lograr un desconocimiento general a las elecciones presidenciales del 20 de mayo.

"Matices" del Grupo de Lima y algunas consideraciones geopolíticas

Por su parte el Grupo de Lima emitió un comunicado donde exigió al Gobierno venezolano "garantías electorales" para las presidenciales del 20 de mayo, además de respaldar las acciones que desde la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Asamblea Nacional contribuyan al boicot de los comicios y a la instauración de un clima de confrontación política e institucional en Venezuela.

Aunque el canciller de Brasil, Aloysio Nunes, se reunió con dirigentes opositores y firmó el comunicado del Grupo de Lima, ratificó que no se adherirá a las sanciones contra Venezuela. Un comentario disonante que complica la unidad de criterio que busca proyectar al Grupo de Lima.

Sin embargo, las omisiones del comunicado también hablan con voz propia. Las sanciones no aparecen como una medida a tomar en lo inmediato, pero tampoco se asoma una medida coercitiva en el campo diplomático como la ruptura de relaciones luego del evento presidencial, independientemente de su resultado.

Es probable que el Grupo de Lima intente matizar el agresivo tono de la Administración Trump para mostrar un cierto grado de independencia, a sabiendas de que no existe un consenso definitivo en la región para estrangular Venezuela.

Dato clave: desde marzo de este año Julio Borges viene anunciando que el Grupo de Lima sancionará a Venezuela luego de las elecciones presidenciales, una acción que no se ve del todo clara en el comunicado emitido por esta instancia ad hoc.

Muestra de la falta de consenso regional con respecto a la agenda de asedio de Washington contra Venezuela han sido los múltiples Consejos Permanentes extraordinarios convocados en los últimos dos años para institucionalizar el cerco financiero y diplomático, los cuales no han servido para arrastrar un apoyo aplastante.

El frente internacional contra Venezuela se mueve en distintas direcciones, cada pieza sobre el tablero intenta imponer su agenda como la definitiva mientras el reloj corre con velocidad hacia las elecciones presidenciales.

En ese sentido las reuniones de la dirigencia opositora en la Cumbre de las Américas con funcionarios estadounidenses de alto rango y embajadores de países de la región no muestran mayor novedad en cuanto a la exigencia de mayores presiones contra el Gobierno venezolano.

Los gobiernos con mayor peso económico y político en la región entienden que un acompañamiento ciego de la estrategia de cerco absoluto contra Venezuela -"made in USA"- puede ser contraproducente para los intereses económicos de sus respectivos países, además de quedar en una posición intransigente y obcecada de poca utilidad política frente a un país clave (Venezuela) para el posicionamiento político, diplomático y estratégico de China: el socio emergente con el que ningún país de la región desea tener malas relaciones.

Los intereses chinos y rusos (financieros, energéticos y geopolíticos) en Venezuela ejercen una importante disuasión que delimita las líneas rojas de la presión foránea contra Venezuela.

Por otro lado, no acompañar a EEUU en su agenda contra el país significa exponerse a un conjunto de retaliaciones políticas y financieras con las que tampoco quieren lidiar. Por esa razón es probable que el Grupo de Lima intente guardar las formas mientras busca guardar cierta distancia de las intenciones de Washington de embargar económicamente a Venezuela con apoyo regional.

Esta contradicción es la que buscan explotar con alta precisión exponentes de la política estadounidense como Marco Rubio, y a su modo Mike Pence, junto a sus vasallos en el terreno (Antonio Ledezma, la coalición Soy Venezuela, el extinto partido Voluntad Popular, facciones de Primero Justica y el resto de etcéteras del antichavismo).

Al fabricar un escenario de conflicto suma cero, donde se simula una disputa épica entre "todo y nada", buscan forzar a toda la región a plegarse a los ritmos de Washington luego de las elecciones del 20 de mayo. Y allí parece que la realpolitk es la última columna a derribar. Ya no parece bastar con un simple comunicado donde no se reconozca las elecciones presidenciales sin ningún efecto práctico posterior.

 

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La VIII Cumbre de las Américas finalizó con una resolución que establece 57 medidas para "luchar contra la corrupción". El compromiso de los 35 países miembros de este foro es el de cumplir con esta receta que no hace más que profundizar el tutelaje sobre la clase política regional a través de la justicia.

El contexto de la declaración: Controles y aplicaciones

En la antesala de la Cumbre, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó esperar que los países miembros adoptaran las "40 recomendaciones" (sic) previstas en lo que denominó como "El compromiso de Lima". Entre ellas, hizo especial énfasis en el fortalecimiento del Mecanismo Anti Corrupción de la OEA para mejores misiones y mayor seguimiento de lo que calificó "como una enfermedad que infecta a los sistemas políticos latinoamericanos".

Estas afirmaciones evidencian que la aplicación de las "57 recomendaciones" tienen como principales organismos de control a la institucionalidad del sistema panamericano dirigido por la OEA. Dado que de acuerdo al Compromiso de Lima, los lineamientos y compromisos a respetar giran alrededor de mecanismos y documentos firmados en el marco de este sistema institucional, dirigido por Washington.

A partir de este contexto es que se puede analizar a profundidad la sustancia del denominado "Compromiso de Lima", firmado en su gran mayoría por presidentes investigados por actos de corrupción. Sobre todo si se entiende que el núcleo central de esta declaración apunta en la misma dirección de fortalecer la autonomía del engranaje mediático-judicial y policial que impulsa la lucha contra la corrupción, e imponer un consenso regional que lo blinde ante la opinión pública y el sistema de poder puertas adentro de los países latinoamericanos.

Algunas de las 57 recomendaciones del "Compromiso de Lima"

Entre estas recomendaciones se encuentran las promesas de:

- Fortalecer la autonomía e independencia de la justicia en las investigaciones contra la corrupción.

- Desarrollar las capacidades de las policías, fiscalías, poderes judiciales y organismos de control de cada país para la lucha contra la corrupción.

- Impulsar la tipificación penal de los actos de corrupción para aumentar las penas.

- Considerar medidas que restrinjan la función pública a personas condenadas por actos de corrupción.

- Promover cláusulas anti corrupción en todos los contratos del Estado y las asociaciones públicas-privadas.

- La promoción de Códigos de Conductas en los funcionarios públicos para prevenir la corrupción.

- Mayor relacionamiento entre los organismos regionales y nacionales para combatir el lavado de activos y el dinero proveniente de la corrupción.

- Protección de los delatores de actos de corrupción y periodistas que investiguen estos hechos.

- Realización de campañas educativas y publicitarias con el fin de establecer a la corrupción como "un flagelo para la sociedad".

Estas medidas, por otro lado, en el documento se enmarcan dentro de las Convenciones de las Naciones Unidas e Interamericanas firmadas por los países de la región. Mientras, que se establece al Mecanismo Anti Corrupción de la OEA y el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres como los principales formatos para impulsar la aplicación de estas recomendaciones. Ambos forman parte del sistema panamericano ideado por EEUU para institucionalizar su poder en América Latina.

Un breve análisis de las recomendaciones

Estas recomendaciones, en apariencia pertinentes y bien intencionadas, esconden que en realidad son unas nuevas reglas de juego para la clase política latinoamericana. Como esta tribuna anticipó, la corrupción es el elemento ordenador de la política estadounidense para controlar geopolíticamente a los Estados latinoamericanos.

El tratamiento de la corrupción como "una enfermedad" guarda estrecha relación con la intención de sobreexponerlo como la causa principal de los problemas que atraviesa la mayoría de los países. De la misma forma que se utiliza al narcotráfico para mantener la influencia del aparato militar estadounidense en el área de seguridad de los países de nuestro continente.

Sin embargo, a diferencia de éste, el "Compromiso de Lima" apunta claramente a aumentar el poder del sistema jurídico-mediático y policial que opera en las investigaciones contra la corrupción. Bajo la intención de disociar este entramado del poder ejecutivo y el poder parlamentario, las dos instituciones políticas de los Estados a cargo de áreas sensibles como el comercio, la economía y la seguridad.

Dicho así suena engorroso, pero imagínese usted un país donde su presidente se encuentre bajo investigación, al igual que el grueso de los parlamentarios del Congreso, por un expediente de sobornos entregado a la Fiscalía del país por el Departamento de Justicia de otro país. ¿Ese presidente estaría en capacidades de delinear una política más allá de lo que le permita su imagen pública? ¿Esos parlamentarios se animarían a tomar una decisión sensible que acelere las investigaciones en su contra? ¿Con qué margen de maniobra podrían hacerlo en medio de investigaciones por corrupción en su contra?

Eso es lo que está sucediendo en este momento en Perú, el país anfitrión de la Cumbre, con el expediente Odebrecht. Por lo que las recomendaciones son un manual de reglas de juego que impulsa EEUU para que organismos e instituciones, financiados con su dinero, se erijan como los nuevos árbitros de la política interna de estos países. Por ese motivo, la reforma judicial forma parte estratégica de la Doctrina de Seguridad Nacional de Donald Trump y el "Compromiso de Lima" es una forma de promoverlo.

Por eso es más que elocuente la imagen de los presidentes de la región, investigados por corrupción, firmando una declaración que, en el mediano plazo, puede derivar en sus propios suicidios políticos. Un dato político más que ejemplar del nivel de sumisión que hoy existe en América Latina respecto a un país como EEUU, que lo único que tiene para ofrecer es cada vez más palos y menos zanahorias.

 

       

Fuente: Misión Verdad

Frases

“La integración caribeña latinoamericana es la única manera de salvar a nuestros pueblos de la hegemonía imperialista”

Hugo Rafael Chávez Frías

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