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EE UU no cambia: usa a Guyana para hostigar a Venezuela

Por Andrés Gaudin

El petróleo es siempre el gran anhelo y las empresas le marcan el terreno a Biden. Descartada la opción militar directa meten cuña en un viejo litigio fronterizo y persisten las acciones desestabilizadoras.

Desde que la nueva Asamblea Legislativa de Venezuela asumió pacíficamente (5 de enero) y Joe Biden tomó posesión de la Casa Blanca (20 de enero) en medio de una tumultuosa intentona golpista, hubo movimientos de piezas en el tablero global. La diplomacia ya no cuenta. La flota de Estados Unidos realizó nuevas maniobras con Guyana sobre aguas de soberanía en litigio con Venezuela (9 de enero) y el USCGC Stone, la nueva vedette de la IV Flota, hizo su navegación inaugural por la jurisdicción marítima de varios países del Atlántico sur, en ambos casos con el recién estrenado pretexto de reprimir la pesca ilegal.

En ese contexto, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de las Naciones Unidas se declaró competente para intervenir en el centenario diferendo territorial entre Guyana y Venezuela en el que no tiene nada que hacer, y Guyana se prestó al juego de Estados Unidos y sus grandes petroleras para “fabricar” un conflicto. El blanco siempre es Venezuela, territorio en el que Biden tiene una historia que se remonta a 2015, cuando siendo vicepresidente de Barack Obama redactó el insólito decreto que definió al gobierno de Nicolás Maduro como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad” de Estados Unidos.

Ahora quizás esté descartada la opción militar para derrocar al gobierno de Caracas, pero persisten las acciones desestabilizadoras, las sanciones económicas, el hostigamiento diplomático, el bloqueo y la confiscación de los bienes venezolanos en el exterior. Con este trasfondo, Venezuela retuvo dos pesqueros guyaneses cuando operaban en sus aguas. La desconfianza de Caracas tiene sus razones. Después de que la CIJ decidiera actuar en el conflicto entre los vecinos por el Esequibo –un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados en una zona mineral y forestal–, Guyana recibió el apoyo explícito de Estados Unidos y de la petrolera Exxon Mobil, que puso a disposición su bufete de abogados. 

La jugada de los pesqueros fue muy grotesca y el oleaje amainó apenas Venezuela liberó a los trabajadores que operaban el Lady Nayera y el Sea Wolf, las embarcaciones guyanesas. Por ahora, las presiones siguen apuntando al ahogo económico, pero tanto en Europa como en EEUU surgen sectores que imaginan un diálogo entre el gobierno y la oposición venezolanos. Cada vez son más los países que ya no reconocen el status de Juan Guaidó como presidente interino y la oposición sigue desflecándose. Hasta Henrique Capriles, dos veces presidenciable, descalificó a Guaidó y elogió “a los países democráticos que insisten en buscar una salida política pacífica y negociada”.

Pero las petroleras norteamericanas –básicamente Exxon Mobil– juegan a otra cosa. La razón es muy simple: tras el hallazgo de un prometedor yacimiento en aguas del área en disputa, la empresa continuó las prospecciones y sólo le queda entrar de lleno en jurisdicción venezolana. EE UU ve en la radicalización de la disputa de soberanía un mecanismo más de presión contra el gobierno de Maduro, tras el fracaso del torpe intento de Trump de entronizar a Guaidó. Biden, con su reiterado apoyo a Guyana en la instancia abierta en la CIJ, parece apostar por un enfrentamiento prolongado que sirva para reforzar el cerco económico y diplomático impuesto a Caracas.

En diálogo con la agencia Sputnik el politólogo venezolano William Serafino señaló que ningún análisis “puede perder de vista que Estados Unidos tiene un definido interés geopolítico en la zona, con el objetivo de reforzar su presencia en el Caribe para, desde allí, limitar los movimientos de China, la potencia oriental que ha ganado terreno en términos de inversiones e intercambio comercial”.

El experto cree que Estados Unidos se definió por una estrategia de  provocación constante y creciente. Y dijo que esto quedó ratificado con la reciente visita a Guyana del jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller, con el propósito de viabilizar acuerdos militares y de suministro de armas y entrenamiento a las fuerzas guyanesas. El portal español infodefensa reveló que aquellos ejercicios militares se cerraron con la firma de un acta de cooperación que incluye, justamente, la entrega de equipos y armamentos que multipliquen la capacidad bélica del país ante una emergencia. Que se sepa, más allá del diferendo con Venezuela, que éste insiste en saldar por vía del diálogo, Guyana no tiene enemigos a la vista.

Libre autodeterminación

Si fuera cierto que Joe Biden se instaló en la Casa Blanca imbuido de un nuevo espíritu, y quisiera llevar al olvido el discurso de odio implantado por Donald Trump en cuatro años de mandato –y aprobado por 70 millones de norteamericanos y comandos paramilitares como el que atacó el Congreso el 6 de enero– tendría que adoptar una agenda que no está en sus planes. Ningún presidente de Estados Unidos sería capaz, por ejemplo, de proclamar que la gran potencia respetará la libre autodeterminación de los pueblos o dejará de intervenir en la vida de los países latinoamericanos.

El Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas, una entidad con raíces en Estados Unidos y extendida a Sudamérica, planteó una agenda mínima, pero no básica, que Biden debería impulsar si realmente quisiera operar un cambio en las relaciones con la región. Entre otros puntos propone:

Fin del entrenamiento militar y policial a tropas latinoamericanas en la célebre y siniestra Escuela de las Américas o cualquier otra academia que promueva la violencia y la guerra;  cierre de las bases instaladas en América Latina, incluyendo Guantánamo, y devolución a Cuba de este territorio usurpado desde 1903; cierre de toda institución donde puedan desarrollarse armas biológicas, entre ellos el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la marina en Perú y su filial en la base militar Soto Cano de Honduras; fin de la política de bloqueos, amenazas e intervenciones en asuntos de otros países, en especial Venezuela, donde las sanciones económicas son un verdadero crimen de guerra.

 

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Fuente: Tiempo Argentino

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