A casi un mes y medio de la desaparición de Santiago Maldonado, que fue visto por última vez en la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, y tras el reclamo masivo por la aparición del joven, el Gobierno recalculó su estrategia y le soltó la mano a un grupo de gendarmes que ahora señala como los sospechosos de haber podido “herir a un manifestante”.

Según un nuevo "aporte" de la administración macrista a la Justicia, un gendarme habría herido a un manifestante con un piedrazo. Antes del cambio de estrategia que ahora apunta a responsabilizar a un efectivo "suelto", la versión oficial se había encargó de proteger a la fuerza, demonizar a los mapuches y desviar la atención con noticias falsas.

Una piedra y un gendarme de licencia, fue la nueva versión que acercó el Gobierno a la Justicia y que se suma a la trama de operaciones que se dan en el expediente sobre la desaparición de Maldonado. En la misma línea de involucrar a la Gendarmería, ayer había circulado el nombre del subalférez Emmanuel Echazú como posible atacante del joven desaparecido. Se trata de un gendarme que fue herido de un piedrazo en su mandíbula durante la represión a los mapuches y que por eso habría tenido "motivos" para atacar a los manifestantes.

Además del grupo de siete efectivos que desde el Ministerio de Seguridad señalaron como quienes estuvieron más cerca del Río Chubut, se sumó ahora en la nueva versión un octavo: un efectivo que habría participado del operativo, habría golpeado a un manifestante con una piedra, y justo al día siguiente del operativo del 1º de agosto habría pedido licencia por un problema personal.

El nuevo gendarme señalado ahora por el Gobierno se llama Neri Armando Robledo, tiene 27 años e integra el Batallón 35 El Bolsón. Según reconoció el propio efectivo –tal como sostiene la información que difundió La Nación-, Robledo “le dio un piedrazo a uno de los encapuchados que cruzaron el río Chubut”.

La declaración al efectivo la habría tomado el comandante general de la Gendarmería, Luis Lagger, quien le preguntó al gendarme por su versión de los hechos. Robledo sostuvo que "uno de los individuos encapuchados le arrojó una piedra que impactó en su rodilla" y que "en defensa personal" él tomó una piedra y se la tiró a los integrantes de la comunidad que intentaban cruzar el río. El gendarme dijo que la piedra dio en la "espalda" de un manifestante. Robledo insistió con que otro de los efectivos que estaba presente en ese momento, el sargento Pelozo, le confirmó que el piedrazo efectivamente golpeó a un hombre. "Sí, le pegaste, Robledo", recordó el efectivo que, según la nueva versión en línea con lo que ahora pretende el Gobierno, se autoinculpó.      

Robledo, sin embargo, dio pocos detalles sobre el hombre al que golpeó. Dijo que estaba a 30 metros de distancia, que cruzó a la otra orilla del rio y que “era una persona robusta y de casi dos metros de altura". También dijo que sólo recordaba que el hombre “vestía pantalón largo” y que “la capucha” se le salió cuando cruzó el río. Sin embargo, el gendarme no dijo nada sobre si pudo reconocer, una vez con la cara destapada, si se trataba de Santiago.

Aunque plagado de sospechas e inconsistencias, con este testimonio que el Ministerio de Seguridad le acercó al juez Guido Otranto el Gobierno reconoció por primera una agresión de parte de la Gendarmería hacia los manifestantes en el marco de la represión. Algo que los testimonios ya había declarado desde el primer momento. Con esta nueva versión, que el juez deberá analizar cómo incorporar a la causa, el Gobierno mantiene su intención de exculpar a la Gendarmería y su actuación en el marco de la represión. La movida oficial busca alejar la figura de desaparición forzada, que implica el actuar de toda la fuerza, y sembrar el hipotético homicidio culposo bajo la jerga policial del “se le fue la mano”.

Para la querella, las nuevas versiones que apuntan al hecho aislado como “exceso individual” de un uniformado, se acercan a lo declarado por los testigos. “Al menos este nuevo relato se acerca al río y a la Gendarmería, que es lo que vienen diciendo los mapuches desde el primer día”, dijeron desde el entorno de la familia de Santiago y señalaron también que “alguna versión tienen que empezar a construir ante la evidencia de que fue Gendarmería".

El juez Otranto deberá decidir si interroga o no a este grupo de gendarmes como testigos. Si lo hace bajo juramento de decir verdad, luego sería más complicado convocarlos a indagatoria porque podrían haberse autoinculpado. Sin embargo, desde la Justicia indicaron que no avanzarán hacia el grupo que “entrega” el Gobierno hasta no contar con los estudios de ADN de las muestras recogidas durante los peritajes y rastrillajes realizados el mes pasado. 

Fuente: Página12

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Correos del Sur Nº46