Las separaciones de casi 2 mil niños en la frontera con México durante un lapso de seis semanas se han convertido en noticia mundial. La Administración Trump es acusada de serias violaciones de los derechos humanos en la frontera sur de los Estados Unidos como si fuera un hecho inédito.

De acuerdo con información ofrecida por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, 1 mil 995 menores de edad han sido enviados a centros de detención entre el 19 de abril y el 31 de mayo, mientras que sus padres fueron enviados a prisiones federales y juicios en cinco estados. Según la agencia Reuters, se realizaron 1 mil 800 separaciones entre octubre de 2016 y febrero de 2018, por lo que este último movimiento de "tolerancia cero", política anunciada el mes pasado por el fiscal general Jeff Sessions, no pareciera tener precedentes.

La llamada Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos ha argumentado que dividir familias en la frontera viola sus derechos al debido proceso y ha demandado a la Administración Trump por ello. Al respecto, la Casa Blanca ha pedido desestimar tal petición a la jueza federal de distrito Dana Sabraw de San Diego (California); dicha moción fue desestimada.

Se sabe de críticas desde varios ámbitos del espectro político como Hillary Clinton y las ex primeras damas Michelle Obama y Laura Bush, que condenaron la práctica por "cruel" e "inmoral", hasta partidarios de Trump como el ex director de comunicaciones de la Casa Blanca Anthony Scaramucci y el evangélico Franklin Graham, quienes han expresado inquietud y rechazo al respecto.

El gobierno estadounidense argumenta que las separaciones son necesarias para procesar adecuadamente a los adultos que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos, mientras que los activistas dicen que los niños están siendo utilizados como peones en una política informal destinada a disuadir a los migrantes. Abiertamente ha acusado al Congreso porque los legisladores "han eludido su responsabilidad de cerrar las lagunas en la ley de inmigración actual", argumentó Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional.

Hasta ahora varios tribunales han bloqueado la iniciativa gubernamental de deportar a unos 800 mil jóvenes conocidos como "dreamers", que fueron llevados ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y desde entonces han establecido sus vidas allá.

¿Es nueva la separación de niños?

Cabe destacar que los demócratas describen esta práctica como una grave violación de los derechos humanos, ex funcionarios de la Administración Obama compartieron fotos que mostraban a niños inmigrantes durmiendo en condiciones precarias en un centro de detención administrado por el gobierno en Arizona.

Creyeron erróneamente que mostraban el tratamiento de la Administración Trump a los niños inmigrantes que fueron separados por la fuerza de sus padres, pero las fotos fueron tomadas en 2014, cuando el gobierno de Obama enfrentó "una afluencia de menores no acompañados que se presentaron en la frontera, huyendo de la violencia de Centroamérica", explicó, vía Twitter, Jon Favreau, quien trabajó como redactor de discursos para el ex presidente Barack Obama.

Obama entregó su puesto en la Casa Blanca con un aproximado de 2.8 millones de deportaciones, de las cuales el 40% fueron personas regresadas a su país de origen sin tener antecedentes penales ni judiciales con la ley o algún ente de control estadounidense.

En 2016, la Administracion Obama realizó, a través del Servicio de Migración y Aduanas (ICE), una campaña a nivel nacional de redadas para ejecutar órdenes de deportación a un estimado de 100 mil familias con madres y niños.

Dichos inmigrantes huyeron de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, y su deportación fue ordenada por jueces de migración, en muchos casos no tuvieron representación legal adecuada y fueron confundidos por los procedimientos de asilo en la corte.

Lo cierto es que las separaciones de niños de las familias inmigrantes no son nuevas, siguen siendo vigentes, defendidas por Trump y su gabinete, pero también fueron aplicadas por Obama. Las imágenes de los niños en los centros de detención circulan en las redes sociales y han despertado cierta "indignación pública" que, según analistas, recuerda el mal manejo de la respuesta del huracán Katrina por parte de George W. Bush.

El pulso entre élites, mirando hacia el impeachment

Los demócratas, adversarios a Trump, tratan de forzar un cambio de política y obtener rédito electoral entre los "hispanos" cinco meses antes de las elecciones legislativas de medio término (6 de noviembre). Para ello inspeccionan instalaciones donde los niños han sido detenidos en Texas y Nueva York.

Por su parte, Trump tuiteó que deberían trabajar con los republicanos en una legislación migratoria antes de las elecciones "¡porque ustedes van a perder!". En otra alocución les culpó de haber creado "escapatorias flagrantes" que dejaban entrar a los jóvenes miembros de la pandilla internacional MS-13 (o Mara Salvatrucha), esto luego de contar crímenes supuestamente cometidos por inmigrantes ilegales y decir que estaba defendiendo a "cada niño estadounidense".

Los republicanos coinciden en medidas como la construcción de un muro fronterizo, fuertes restricciones a la inmigración legal y otros mecanismos de seguridad, aunque llevan mucho tiempo divididos sobre cómo tratar con los inmigrantes en el país o que buscan entrar.

Los demócratas, aprovechando esa fisura en la formación conservadora, denuncian activamente la política de "tolerancia cero" e impulsan un proyecto de ley de la senadora Dianne Feinstein de California para bloquear de inmediato las separaciones familiares. Ningún republicano ha apoyado públicamente esa opción.

Desde antes de que Trump fuera elegido presidente, ya Estados Unidos era el único país del mundo que no había firmado la Convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Niños, que, entre otros artículos, contempla que ningún niño debería ser separado de sus padres contra su voluntad. Esta posición la han acompañado por igual republicanos y demócratas desde 1989.

Sectores académicos han acusado a Trump de "abuso infantil" y han sumado este hecho al expediente para un eventual juicio político (impeachment) que se llevaría a cabo si el Partido Demócrata obtuviera los curules necesarios. La iniciativa cuenta con toda la batería mediática que poseen los demócratas, incluída Hollywood, además, 40 miembros de la Cámara de Representantes no buscarán la reelección en noviembre, en comparación con solo 20 demócratas.

Sin tener que arrasar, una mayoría simple de un miembro demócrata en la Cámara le costaría al Partido Republicano todas las presidencias de comités, los portavoces y el control de la agenda legislativa. Con ello, la acusación a Trump es más probable. Al Green, senador de Texas, no ha dejado de afirmar este escenario y ha planteado la política de inmigración como una de las razones para su destitución.

De salida

Este 18 de junio, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, hizo un llamado a Estados Unidos para que acabe con la práctica de separación forzada describiéndola como "abuso intolerable a los niños" que les puede causar "daños irreparables para toda la vida".

En respuesta, la Casa Blanca se retiró del Consejo de Derechos Humanos. Su representante ante la ONU, Nikki Haley, ha dicho que el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos "no nos permite seguir formando parte de una organización hipócrita que se preocupa solo por sus propios intereses y se burla de los DDHH". En la misma conferencia de prensa el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que ese Consejo socava los intereses nacionales estadounidenses.

Los derechos humanos son piezas descartables o reciclables según los deseos de quienes dominan el juego de poder y las tensiones externas en las que se va reacomodando Washington en su pérdida de liderazgo global.

 

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Pese a que el discurso oficial de Washington promueve la figura de la "ayuda humanitaria" alrededor del mundo, la Administración Trump apoya en Yemen una ofensiva militar contra el único puerto que abastece de alimentos y medicinas a 22,2 millones de personas. De esta forma, lo que la ONU califica como "la crisis humanitaria más grande del mundo", podría mutar a uno de los genocidios más importantes de la historia.

De dobles discursos y crisis humanitarias

Según una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del 24 de mayo de 2018, la generación de hambrunas como arma política y económica en medio de un conflicto representa un crimen de guerra. Lo que acontece en Yemen en este momento entra perfectamente dentro de esa categoría, pero también en los de crímenes de lesa humanidad, según lo estipulado en el Estatuto de Roma.

Esto hay que verlo desde la propia crudeza del conflicto transnacional contra el país árabe. En Yemen, el área capital de Sanaa y sus alrededores, controlada por el Movimiento Popular Ansorala, se encuentra bajo un bloqueo marítimo por parte de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, apoyado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, principalmente, que restringe a la región el suministro de bienes básicos para la supervivencia de la población yemení.

Situación que ha llevado a que, de acuerdo a la ONU, existan 22,2 millones de personas necesitadas de algún tipo de ayuda (para 11,3 millones de ellas ésta es considerada vital para su sobrevivencia). Además, de este total, hay 8,4 millones de personas en grave situación alimentaria y al borde de la hambruna, un poco menos de la mitad de la población afectada por el conflicto.

Según la UNICEF, por otro lado, 1 niño muere cada 10 minutos por enfermedades curables y el colapso de los servicios públicos, dando un total de 144 menores fallecidos por día a consecuencia de este desastre humanitario que ha derivado en una epidemia de cólera y graves afectaciones al acceso al agua para los 18,8 millones de personas que viven en las zonas asediadas por la coalición internacional respaldada por Estados Unidos.

De acuerdo al portal Moon of Alabama, los únicos suministros que llegan a esta zona son entregas comerciales y de la ONU que ingresan a través del puerto de Al Hudeida, el único controlado por el Movimiento Popular Ansarola, identificado con los hutíes practicantes de la rama chií del Islam que representa a cerca del 30% de los pobladores de este país.

Justamente, este puerto es el que pretende tomar la coalición internacional que apoya Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos para cortarle los suministros a las zonas hutíes, desconocidas por las monarquías del Golfo, que pretenden matar de hambre a millones de personas para ganar una guerra totalmente desproporcionada.

Un genocidio por etapas y el papel de Estados Unidos

Desde que inició la guerra, en innumerables oportunidades se realizaron bombardeos y ataques militares contra la población civil que reside en las zonas atacadas por la coalición internacional. Lo que representa un crimen de lesa humanidad, según la legislación internacional.

En todo este tiempo, los aviones estadounidenses reaprovisionaron de combustible a los bombarderos de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, realizados con suministros militares y orientación de inteligencia de Washington. Además de esto, las fuerzas especiales de Estados Unidos operan activamente en Yemen y los barcos de este país son en gran parte culpables del bloqueo marítimo contra la región atacada.

Sin embargo, aparte de ser responsable del drama humanitario en Yemen, Estados Unidos, junto a Gran Bretaña, bloquearon la semana pasada en el Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta de Suecia para promover un alto al fuego. Con el objetivo de lograr, al menos, un compromiso entre las partes para darle a la ONU el control del puerto de Al Hudeida con el fin de asegurar el suministro de alimentos y medicinas a la región afectada por el conflicto.

Por lo que en gran parte Estados Unidos es responsable de promover un crimen de guerra por parte de sus socios árabes. Aún y cuando al día de hoy se registran enfrentamientos en las zonas que parecieran no ser del agrado de la coalición liderada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, interesados en asegurarse del control total sobre Yemen y de los flujos de gas y petróleo que atraviesan el neurálgico puerto de Adén, ubicado en el Estrecho de Manden, considerado uno de los pasos estratégicos más importantes del mundo.

Esto desmitifica el discurso oficial de Estados Unidos acerca de su papel bondadoso y desinteresado con la "ayuda humanitaria", prometida por ejemplo a Venezuela, cuando en Yemen apoya una de las crisis más grandes de este tipo que pone en riesgo la vida de más de 18 millones de personas, un potencial genocidio solo comparable con los crímenes más horrendos cometidos por el nazismo.

 

 

        

Fuente: Misión Verdad

Frases

“No es entonces mera retórica nuestra bolivarianidad. No. Es una necesidad imperiosa para todos los venezolanos, para todos los latinoamericanos y los caribeños fundamentalmente, buscar atrás, buscar en las llaves o en las raíces de nuestra propia existencia, la fórmula para salir de este laberinto”.

Hugo Chávez Frias

ATLAS HISTÓRICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

 

Correos del Sur Nº85

 

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 Cuadernos para la Emancipación  Número Especial  1. Junio 2018.

 

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