(+) Cristina Kirchner: "Es un nuevo acto de persecución"

(+) Una causa con un solo objetivo: Las claves de la manipulación del caso por el que se juzga a CFK

El expresidenta llegó a los tribunales de Comodoro Py en medio de un fuerte operativo de seguridad. Numerosos dirigentes y ex funcionarios están presentes en el lugar desde temprano para acompañarla y expresarle su apoyo.

Con fuerte presencia de dirigentes y ex funcionarios comenzó el juicio a Cristina Kirchner y otros doce imputados en la causa que investiga presuntas irregularidades en la obra pública de la provincia de Santa Cruz.

Jorge Taiana, Carlos Tomada, Axel Kicillof, Stella De Carlotto, Horacio Pietragala, Oscar Parrilli, Mayra Mendoza, Sergio Irribarri, Martín Sabatella, Cristina Álvarez Rodríguez, Rodolfo Tahilade, Marcelo Fuentes, Hector Recalde, Gabriela Cerutti; son algunos de los dirigentes que se alistaron a primera hora para ingresar a la Sala Amia, en el subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py.

Los abogados de las partes ya ingresaron a la sala. CFK ingresó por la puerta lateral del edificio de Retiro, hoy envuelto en un fuerte operativo de seguridad dispuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

El Tribunal Oral Federal 2 dará inicio a las audiencias a pesar de la advertencia de la Corte Suprema respecto de la posibilidad concreta de que el proceso se declare nulo o sea interrumpido. Los jueces del TOF2 no hicieron lugar a los nuevos pedidos de suspensión realizados por las distintas defensas.

En esta primera jornada tendrá lugar la extensa lectura del requerimiento de elevación a juicio y las imputaciones. En total, son más de 200 fojas de un expediente que lleva más de tres años y duros cuestionamientos. Es porque el Tribunal nunca hizo lugar a las medidas de prueba solicitadas por las defensas.

La Corte aún no estableció su posición de fondo sobre los nueve planteos pendientes, entre ellos el de la defensa de CFK que reclama medidas de prueba claves sobre las obras sospechadas. Las pericias sobre 5 de las 51 obras cuestionadas estarían listas recién en agosto y los jueces del máximo tribunal podrían incluso ordenar que se estudien algunas más o todas. En caso de que los especialistas determinen que no hubo sobreprecios y que las obras fueron hechas en tiempo y forma, se podría dar por tierra con toda la acusación y hacer caer el proceso.

Casi en simultáneo con el inicio del juicio conocido como Vialidad, el máximo tribunal tiene su reunión de acuerdos de cada martes, donde podrían tratarse los planteos pendientes.

En total son trece los imputados, entre ex funcionarios y empresarios: Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner (primo del ex presidente), Lázaro Báez, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Santibañez y Abel Fatala.

Está previsto que declaren aproximadamente 160 testigos, entre los que se encuentra el flamante precandidato a presidente Alberto Fernández, propuesto por la defensa de CFK.

En principio está pautado que se realicen audiencias todos los días lunes, aunque podrían extenderse luego de la feria de invierno y en plena campaña electoral a más días de la semana. Sin embargo, como se dijo, si la Corte define ordenar las medidas de prueba solicitadas por las defensas el proceso podría interrumpirse. De todos modos, Comodoro Py ya le habrá dado al Gobierno su foto más deseada: la de CFK sentada en el banquillo de los acusados a pocos meses de las elecciones presidenciales.

 

Cristina Kirchner: "Es un nuevo acto de persecución"

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A pesar de la advertencia de la Corte Suprema acerca de que es posible que el proceso sea interrumpido o se declare nulo o sea interrumpido, el Tribunal Oral Federal 2 dará comienzo al juicio por la causa conocida como Vialidad, que tiene a Cristina Kirchner como principal protagonista entre los acusados. A horas del arranque de las audiencias, Cristina Kirchner se refirió al respecto en un texto que difundió en las redes sociales.

La ex mandataria aseguró que se trata de "un nuevo acto de persecución", pero dijo que igualmente estará en el juicio "no como otros que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías".

El texto completo:

En unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial.

Igualmente, una vez más y como siempre lo he hecho, volveré a ir. Si… pese a todo volveré a ir. No como otros que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías.

La citación de hoy se trata de una denuncia efectuada por el gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz.

No se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008 armadas por diputados de la Coalición Civica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito.

Para que se entienda: se trata de licitaciones de obras públicas viales realizadas por un órgano provincial que depende del ministerio de economía y de la gobernación de la provincia.

Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras. Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial.

Las “pruebas” por las que fui acusada son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los Jefes de Gabinete.

Como frutilla del postre, también utilizan la “declaración” del “arrepentido” coucheado Fariña, quien se encuentra sujeto a una investigación criminal en el escandaloso caso D’Alessio por armado de causas truchas que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Dolores.

Los juicios deben buscar la verdad. Pero aquí no parece que esto vaya a ocurrir. Mientras a mi defensa le impiden contar con las pruebas más elementales, se incorpora la declaración de la Dip. Oliveto -alias Pau- y un libro de Daniel Santoro, ambos imputados en la causa D’Alessio

Claramente no se trata de hacer justicia. Sólo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas -cada vez con menos éxito- de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo.

 

Una causa con un solo objetivo: Las claves de la manipulación del caso por el que se juzga a CFK

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El juicio oral que arranca este martes es un punto alto de una causa que fue esencialmente una manipulación política desde el primer momento. Basta revisar el historial del expediente y mirar las supuestas pruebas.

  1. Javier Iguacel, frustrado candidato en 2015 a intendente de Capitán Sarmiento, Provincia de Buenos Aires, fue designado titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) el 12 de enero de 2016. Furibundo anti-K firmó al día siguiente, 13 de enero, su resolución número 1. Se ordenó una auditoría de las obras viales, no de los 24 distritos del país, sino de uno solo: Santa Cruz. De entrada nomás quiso ir contra el kirchnerismo. Por supuesto que no falto el Marcelo D’Alessio style: argumentaron que hubo una denuncia anónima. 
  2. A los dos ingenieros y al contador que actuaron como auditores se les dieron 15 días hábiles para investigar las 81 obras que se hicieron en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Los tres profesionales dijeron que era imposible analizar bien 81 obras en ese tiempo, porque eso requería una inspección ocular y el análisis de todos los datos. Eran muchas obras y a considerable distancia unas de otras.
  3. El 26 de marzo de 2016 presentaron el informe con la siguiente conclusión: “no se evidencias deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse…”. Es decir, no se pagó nada que no haya sido construido. 
  4. Pero, además, los tres ingenieros que hicieron el informe a pedido del gobierno de Cambiemos declararon en la causa como testigos. González Oría fue categórico: “lo que figuraba como pagado estaba hecho”. Romero coincidió: “no hubo ninguna falsa certificación de obra a consecuencia de la cual se haya autorizado indebidamente un pago”. Romero invocó también el trabajo de auditoria: “si nos ceñimos estrictamente a los aspectos técnicos que formaron parte de la encomienda que me fue asignada, y observamos que los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras, estamos hablando de desajustes del 0,1 por ciento”.
  5. Pese a la conclusión, Iguacel presentó la denuncia penal el 26 de abril de 2016. La instrucción quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano.
  6. Taiano pidió una prueba elemental: que se realice una pericia con la participación de todas las partes. Eso motivó que lo sacaran de la causa, aunque usaron otros argumentos para disimular su apartamiento. En su lugar entraron el fiscal Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, éste último de familia íntimamente ligada a la Casa Rosada. 
  7. En tres años no se hizo ninguna pericia, como la que se le reclamó en forma permanente al juez Julián Ercolini. Este verdadero fraude es el que explica que la causa tenga tres años y no exista pericia alguna. 
  8. Los fiscales realizaron un cálculo delirante para justificar la acusación de que hubo sobreprecios. Dijeron Pollicita y Mahiques que tres tramos de la realización de la Ruta 3 son el ejemplo de los sobreprecios. Sostuvieron que los presupuestos de las empresas de Báez totalizaban 2.800 millones de pesos y en cambio con las nuevas licitaciones, durante el macrismo, las empresas que ganaron con sus ofertas, presupuestaron 1.900 millones. De eso, los fiscales concluyeron que Báez tenía un sobreprecio de 928 millones de pesos, es decir un sobreprecio del 64 por ciento. 
  9. Las defensas, en especial la del ex titular de Vialidad, Nelson Periotti, demostraron que el cálculo fue burdo. Que los fiscales no tuvieron en cuenta que en la nueva licitación no se debía construir la totalidad de los tramos porque ya la empresa de Báez había construido buena parte. Lo que el santacruceño facturó por esas partes ya hechas sumó algo más de 803 millones de pesos y esas obras por supuesto que no entraron en la nueva licitación porque estaban construidas. Es decir que no existía el sobreprecio de 928 millones, sino que la diferencia era 125 millones. Pero las defensas no convalidaron para nada esa diferencia: sostuvieron que fue dibujada por el macrismo mediante actualizaciones y cálculos sin ningún control.
  10. Una acusación insólita del proceso fue que se hicieron demasiadas rutas en Santa Cruz, algo por lo que acusan a CFK. En total, se destinó a esa provincia el 11 por ciento del presupuesto de Vialidad, siendo que Santa Cruz ocupa el 12 por ciento del territorio nacional. Pero lo más serio es que las obras fueron votadas en el Congreso Nacional. O sea que se pretende acusar a la ex mandataria por las leyes de presupuesto aprobadas por diputados y senadores. 
  11. Otra acusación del expediente tiene que ver con que distintas empresas de Lázaro Báez ganaron 52 de las 81 obras de Santa Cruz. Periotti, ex titular de Vialidad, demostró que lo mismo ocurrió en todas las provincias. Las que son locales suelen ganar un alto porcentaje de las obras porque allí tienen el personal y las maquinarias. Y, además, a Santa Cruz son pocas empresas que quieren ir: hay que trasladar el personal y la maquinaria 1.800 kilómetros, trabajar en condiciones climáticas muy difíciles y los costos son mucho más altos que en la mayoría de las provincias. 
  12. Respecto a la concentración de las obras en pocas empresas, Periotti explicó que durante el kirchnerismo, en Provincia de Buenos Aires se hicieron 455 obras por 26.000 millones de pesos, pero cuatro empresas hicieron obras por 17.000 millones. En Tucumán se hicieron obras por 2.500 millones, pero tres empresas se quedaron con las licitaciones por 1.500 millones. Y así ocurre en todos los distritos.
  13. Una de las objeciones fue el atraso en las obras, aún cuando nunca se pagó nada que no estuviera terminado. Esto es lo que declaró el auditor González Oría, designado por el macrismo: “un atraso en una obra es algo totalmente normal, en cualquier lugar y con cualquier empresa. Hay motivos para una demora en una obra que son justificables, como puede ser un fenómeno climático, problemas con la provisión de materiales, es algo normal y, en Santa Cruz, es algo más normal todavía, por el tema de las distancias, a veces no hay asfalto”. Pero también resultó que los atrasos surgieron porque aparecieron caños de YPF, cables de alta tensión, tierras ocupadas que hubo expropiar. O sea atrasos no adjudicables a las empresas constructoras, la de Báez y las otras. 
  14. Este diario publicó un análisis hecho por el Sindicato de Vialidad de una obra vial realizada por el macrismo en la ruta 8. Se presupuestó en 285 millones a fines del gobierno de CFK. En la actualidad el monto a pagar por la obra es de 2.500 millones pesos, un 877 por ciento de aumento, por inflación, pero sobre todo por cambios en el recorrido. La obra tiene dos años de atraso, debió terminarse en junio de 2017. La constructora es la del Grupo Macri, Iecsa. 
  15. La orfandad de pruebas fue tan notoria que la Casa Rosada y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tuvieron que recurrir a Leonardo Fariña. Le guionaron lo que tenía que decir y lo tuvieron que entrenar. Los fiscales dijeron en off the record que los dichos de Fariña no fueron decisivos. Lo cierto es que está citado como testigo, o sea que parece que lo necesitan, aunque en la causa de Dolores se desnudó toda la maniobra. 
  16. A las apuradas, el Tribunal Oral Federal mandó a peritar cinco de las 52 obras cuestionadas. O sea que acusan por 52 y no se determina si hay delito en las 52, sólo en cinco. La semana pasada, viendo el naufragio del juicio, los magistrados le ordenaron a los peritos terminar el trabajo el 10 de junio. Los profesionales sostienen que es imposible culminar antes de julio o agosto. El escándalo alrededor de la resolución de la Corte Suprema y luego la marcha atrás motivó una feroz ofensiva sobre los peritos, que venían trabajando con tranquilidad. Ahora hay furia por los tiempos y por los contenidos del estudio.  

Cada paso que se dio en estos tres años se motivó en la política de persecución, no en la búsqueda de lo que pasó con las obras. Desde la denuncia de Iguacel en adelante se manipuló el expediente con el único objetivo de condenar a Cristina Fernández de Kirchner. Hubo tanta manipulación que ni siquiera se ocuparon de buscar en serio alguna prueba. 

 

          

Fuente: Página12

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