(+) Protestas en Honduras, sublevación policial y el arribo de marines estadounidenses: ¿qué está pasando?

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha recibido duras críticas por ordenar una fuerte represión contra las protestas sociales que hasta el momento han generado tres fallecidos y centenares de heridos.

Hernández ordenó el pasado 20 de junio la incorporación de efectivos militares a las tares que venía cumpliendo la Policía Nacional, quien se había sumado a la huelga general iniciada por maestros, médicos y secundada por los transportistas, reseñó Prensa Latina.

Al respecto, el analista internacional Roberto Quesada, recomendó a Hernández evitar el uso excesivo de la fuerza y garantizar los derechos humanos de quienes participan las protestas sociales, que han sido reprimidas con gases lacrimógenos, armas de fuego, por los cuerpos de seguridad.

En artículos publicados por la prensa nacional, como el diario El Heraldo, se exhortó a garantizar los derechos de libertad de expresión y asamblea pacifica, limitando el uso de la fuerza al mínimo necesario y proporcional, para evitar más lesiones y muertes.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) reportó que, aparte del Ejército, la Policía Preventiva y las Fuerzas Policiales, «empleados gubernamentales de asistencia social apoyan a los militares en calidad de grupos civiles de choque, a veces armados, contra las manifestaciones populares».

Asimismo el Cofadeh denunció la muerte violenta de tres personas, dos de ellas con arma de fuego, cuyo calibre correspondería al arma oficial que utiliza la Policía Militar, así como 29 heridos de gravedad y la detención ilegal de 41 ciudadanos.

«Hernández usa las Fuerzas Armadas para cerrar por la fuerza los espacios de expresión pacífica de la oposición social y política, los únicos existentes, en tanto el régimen controla el sistema tradicional de medios, induce noticias falsas y propaganda de culto la personalidad a través de redes», agregó Cofadeh en un comunicado.

Las movilizaciones contra Hernández comenzaron en mayo pasado, en reclamo por la derogación de los decretos ejecutivos PCM-026 y PCM-027, considerados la base para una futura privatización de la educación y la salud pública en Honduras, con una consiguiente ola de despidos.

 

Protestas en Honduras, sublevación policial y el arribo de marines estadounidenses: ¿qué está pasando?

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Honduras vive intensas jornadas de protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández, que dejaron un saldo de al menos dos muertes el pasado miércoles y que, por ahora, no parecen llegar a su fin. 

La tensión de las últimas semanas se desató a fines de abril cuando el Congreso aprobó dos decretos impulsados por el Ejecutivo, que planteaban cambios en las áreas de salud y educación. Ambas disposiciones fueron publicadas en agosto y septiembre del año pasado, respectivamente, y establecían modificaciones similares para los dos casos. Las principales propuestas eran: declarar el estado de emergencia, hacer una intensa revisión económica, evaluar al personal y crear comisiones especiales para lograr la reestructuración de dichos sectores. 

¿El Gobierno quería privatizar la salud y la educación?

Por su parte, organizaciones de aquellos rubros interpretaron que el trasfondo de la medida era privatizar esos servicios, perjudicando a la ciudadanía y también avanzando sobre las conquistas laborales de médicos y docentes. Así, las manifestaciones fueron cobrando fuerza y el mandatario se vio obligado a derogar sus decretos, pero invitó a sus detractores a conformar un diálogo para superar la crisis educativa y sanitaria de ese país centroamericano. 

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, da una conferencia de prensa en la Casa Presidencial el 30 de mayo de 2019. / Jorge Cabrera / Reuters

No obstante, las asociaciones nucleadas en la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación Pública se negaron a asistir al encuentro ofrecido por el Gobierno, ya que desconfiaban de sus intenciones, aunque algunos grupos paralelos sí concurrieron. En contrapartida, el último martes se desarrolló el Diálogo Ciudadano impulsado por este colectivo no gubernamental, pero también contó con las presencias de los viceministros de Educación y Gobernación, Javier Menocal y Nery Cerrato, en representación del Ejecutivo. Sin embargo, las movilizaciones continuaron.

Este viernes, Hernández publicó un video donde se resaltan los avances en la gestión educativa durante su Administración: "Hoy trabajamos para llevar la educación hondureña a otro nivel, remodelando los centros educativos", escribió. 

Una de las principales detractoras de las políticas oficiales es la coordinadora de la Plataforma, Suyapa Figueroa, quien a su vez dirige el Colegio Médico de Honduras (CMH). Sobre ella, el mandatario expresó: "Hay que escucharla y ver en qué nos puede colaborar en salud". No obstante, más allá de estos comentarios que parecen apuntar al diálogo, el conflicto social se agudiza.

  1. Otros grupos que protestan

Además de agrupaciones de salud y educación, participaron de los reclamos colectivos campesinos y ciudadanos sin identificación partidaria o gremial. Asimismo, asociaciones de taxistas concretaron huelgas y los transportistas de carga frenaron sus actividades, afectando el normal desarrollo del comercio hondureño. 

Piden la salida del presidente

Luego de haberse suspendido los decretos, las protestas no cesaron. Ahora, los reclamos se centran en pedir directamente que Hernández abandone el Gobierno, como se exigió en ocasiones pasadas, mientras esa nación centroamericana afronta una dura situación social. En efecto, Honduras es el país más pobre de la región: según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 65,7 % de sus ciudadanos estaba en esa situación de precariedad en 2016, sobre una población total de 9 millones de personas. 

Al mismo tiempo, las denuncias por fraude que involucran al presidente vuelven a marcar la agenda política, siendo uno de los bastiones principales de las manifestaciones. El reclamo se originó en 2017, cuando Hernández logró la reelección con una diferencia muy estrecha, y la oposición tildó esos comicios como ilegítimos. A los pocos días, la Organización de Estados Americanos (OEA)—con sede en EE.UU.— expresó que "el proceso electoral estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias cuya entidad permite calificarlo como de muy baja calidad técnica y carente de integridad". En resumen, el organismo no podía identificar a un ganador y planteaba disputar nuevas elecciones.

No obstante, Washington reconoció al actual Gobierno y Hernández obtuvo respaldo para sostenerse en el cargo sin disputar otra votación. Antes, las autoridades locales realizaron un nuevo conteo de algunas actas dudosas.

Hernández militariza las calles

Con este panorama, el presidente anunció en redes sociales que intensificará el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio nacional para "garantizar el derecho a la libertad de locomoción, protección de propiedad privada/pública y desde luego la protección de integridad de la población". 

En contrapartida, Amnistía Internacional difundió una carta abierta para el político donde pide "evitar el uso excesivo de la fuerza y garantizar los derechos humanos en el marco de las protestas sociales". La organización también remarcó que, de acuerdo al derecho internacional, las Fuerzas Armadas no deben intervenir en manifestaciones. 

Así, el mandatario pidió a la ciudadanía que se comunique con el 911 para denunciar "actos vandálicos", luego de que registraran destrozos en algunas regiones durante los últimos días.

De hecho, circularon versiones de que dirigentes contrarios a Hernández habrían alentado esos disturbios. En medio de las acusaciones oficialistas, el dirigente opositor Salvador Nasralla, quien pide la dimisión del mandatario y se autodefine como "presidente electo", ya aclaró que no está detrás de los incidentes y aseguró que las protestas son legítimas.

Desde su visión, los actos delictivos en la vía pública habrían sido impulsados por el propio Hernández para justificar una avanzada mayor de las Fuerzas Armadas y la Policía, ante la mirada de organismos internacionales. 

  1. Presencia estadounidense

Además, este viernes ese mandatario les dio la bienvenida a los marines estadounidenses de la Fuerza de Tarea Marina Aeroterrestre de Propósito Especial del Comando Sur, que acaban de llegar a Honduras. 

Según afirma la propia Embajada norteamericana, se trata de un equipo "de respuesta rápida" compuesto por 300 efectivos, que también tiene previsto "trabajar en Belice, El Salvador y Guatemala". El argumento oficial es mejorar la asistencia humanitaria para los casos de desastres ambientales "a causa del cambio climático", informó Hernández.

Policías sublevados

Mientras las movilizaciones y enfrentamientos entre manifestantes y policías continúan, cientos de oficiales se declararon en huelga este miércoles para no contener a la ciudadanía: "Mantendremos la garantía de no represión hacia nuestro pueblo", afirmaron desde el sector disidente de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE). 

Se trata de uniformados que apoyan el reclamo general de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación Pública. "Nos manifestamos por las violaciones a los derechos humanos, no por problemas de sueldo", añadieron.

A su vez, en las últimas horas Nasralla compartió un video donde se observa un aparente enfrentamiento con disparos entre distintos sectores de las fuerzas de seguridad. 

Además, el dirigente entregó una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para pedir que se resguarde la integridad de los uniformados "que están acantonados en la Colonia 21 de Octubre [Tegucigalpa, capital del país] para no seguir reprimiendo al pueblo como les ordena Hernández". 

 

          

Fuente: AVN

 

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