"¿No ha pasado demasiado tiempo sin operaciones?", preguntó el juez Sergio Moro al jefe de los fiscales del Lava Jato, Deltan Dallagnol, el 21 de agosto de 2016, unos meses después de que en mayo fuera destituida la ex presidenta Dilma Rousseff por haber usado una maniobra contable, realizada también por sus antecesores, para administrar dinero del Estado.

"Lo ha hecho. El problema es que estas operaciones involucran a las mismas personas (fiscales y jueces) que tienen a su cargo la acusación contra el ex presidente Lula Da Silva. Decidimos posponer todo hasta que esa acusación sea pública, excepto la operación que involucra a Tacla Durán (ex abogado de Odebrecht que reveló la existencia de una red de delaciones a la carta), pero todo depende de nuestra articulación con los estadounidenses", contestó diligentemente Dallagnol.

Su respuesta por el sistema de mensajería de Telegram sucedió casi un año antes de que el Procurador General Adjunto de Estados Unidos, Keneth Blanco, admitiera la colaboración de Estados Unidos en la condena a Lula en un foro del Consejo del Atlántico, considerado la Organización del Atlántico Norte de los tanques de pensamiento por su relación con las principales corporaciones estadounidenses y organismos de seguridad dirigidos por Washington.

El resto de conversaciones, filtradas por The Intercept, revelan cómo Sergio Moro dirigía la tarea de los equipos de fiscales al punto que hasta ordenaba emitir comunicados de prensa respondiendo a la defensa de Lula.

En esta misma línea, en el clímax del Lava Jato, Dallagnol recomendó a Moro promover una plan de 10 reformas anti-corrupción porque si "no se cambia el sistema, sabemos lo que sucederá", lo que refuerza la tesis de que el Ministerio de Justicia, otorgado a Moro, tiene como principal objetivo blindar la estructura que permitió que el Lava Jato se convirtiera en una cabeza de playa de Estados Unidos en Brasil.

La colaboración con Estados Unidos y la regionalización de la "lucha contra la corrupción"

El Lava Jato investigó al principio el esquema de sobornos en la estatal Petrobras, luego de que en 2013 el analista de la NSA, Edward Snowden, revelara que las agencias de seguridad habían espiado a la petrolera y a la ex presidenta Dilma Rousseff. Respaldado por los medios corporativos más importantes de Brasil y el mundo, el Lava Jato fue de menor a mayor al encarcelar ejecutivos de la empresa hasta que se acogieran a la figura de delaciones premiadas, utilizadas para ampliar la investigación a otros políticos, principalmente del Partido de los Trabajadores (PT), y empresarios asociados a la construcción.

La revista Veja fue uno de los principales medios en respaldar el Lava Jato. (Foto: Revista Veja)
 

Según Brasil Wire, el Lava Jato "contribuyó a destruir la cadena productiva de petróleo y gas natural de Brasil, llevó a la venta (a tasas inferiores a las del mercado) de las reservas de petróleo Pre-sal, socavó la industria de construcción civil competitiva y comprometió proyectos estratégicos de defensa nacional como la construcción de submarinos nucleares. De acuerdo con un estudio realizado por la consultora GO Associados, la economía brasileña experimentó una caída de 2.5% en el PIB solo en 2015, lo que causó pérdidas de empleos para cientos de miles de brasileños".

Valiéndose de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Estados Unidos judicializó a varias de las compañías brasileñas investigadas en el Lava Jato como Odebrecht, JBS, Embraer, Petrobras y OAS, pilares de la globalización del proyecto Brasil Potencia ideado por los militares en la última dictadura del país. Algunas de las corporaciones estadounidenses beneficiadas con esto fueron Boeing, Chevron, ExxonMobil, Monsanto y Microsoft.

Según Brasil Wire, esto tuvo un correlato en la proyección de figuras como Moro en foros del Consejo de las Américas, fundado por David Rockefeller y financiado por las empresas beneficiadas por el Lava Jato.

En este contexto, durante la última parte del gobierno de Dilma Rousseff se comprobó la presencia de abogados y fiscales de Estados Unidos en Brasil. "Se solicitó la presencia de agentes públicos estadounidenses en el territorio brasileño en la ejecución de procedimientos relacionados con las investigaciones secretas, llevadas a cabo respecto a los actos de corrupción de Odebrecht, considerados transnacionales por la justicia de Estados Unidos", afirmó Raquel Dodges, procuradora general de Brasil en 2018, ante un pedido de informes del diputado Paulo Pimienta del PT.

Paradójicamente, la segunda temporada de O Mecanismo, dedicada a popularizar el Lava Jato en Netflix, se enfoca en cómo los fiscales y la Policía Federal, junto con el juez del caso, consiguieron alcanzar a Marcelo Odebrecht.

La elección es de todo menos casual porque, luego de cambiar casa por cárcel, el dueño de la constructora brasileña firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia en enero de 2017 para entregar toda la red de sobornos a políticos y empresarios latinoamericanos. Ese episodio, seguido del desfile de ejecutivos de Odebrecht por la justicia, implicó, sin lugar a dudas, la regionalización del Lava Jato y la lucha contra la corrupción en América Latina.

Presidentes, empresarios y lo performativo de una operación transnacional

Brian Mier señala que lo que sucedió en Brasil fue parte de una política del "Estado integral" de Washington, donde se reemplaza la amenaza de violencia con la fabricación de "un consenso popular a través de aliados institucionales burgueses como partidos políticos, corporaciones, instituciones educativas y medios de comunicación", de acuerdo al concepto de Antonio Gramsci sobre "Estado integral" que ha evolucionado hacia "Estado expandido".

"Odebrecht revela la corrupción sistémica en América Latina", tituló el diario español El País el 4 de enero de 2017, cuando la compañía brasileña aceptó pagar una multa de 3 mil 500 millones de dólares tras ser acusada de entregar 439 millones de dólares a políticos, partidos y funcionarios en al menos 12 países para garantizarse la adjudicación de obras públicas. Así, el Lava Jato, finalmente, pasó de ser un asunto brasileño a uno regional donde toda la clase política y empresarial del continente se vio inmersa.

Uno de los primeros en caer en un proceso similar al de Brasil, caracterizado por las delaciones premiadas y la prisión preventiva, fue el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, pero no fue el único. Las investigaciones tuvieron impacto, especialmente en Perú, donde los últimos presidentes fueron encarcelados por el escándalo Odebrecht, entre ellos Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

En Colombia y México también políticos de todos los partidos se vieron implicados de la misma manera.

El vicepresidente Jorge Glas fue uno de los primeros políticos progresistas en ser condenados por delaciones de los ejecutivos de Odebrecht (Foto: CNN en español)
 

Mientras que, entre los grandes empresarios, el Departamento de Justicia abrió una investigación contra el grupo Sarmiento Ángulo, propietario del CorfiColombia, considerado uno de los grupos financieros más grandes de Centroamérica.

Basándose en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Estados Unidos afirma que el hijo de Luis Sarmiento Ángulo, dueño del conglomerado, puede ser acusado por haber participado en los sobornos otorgados por Odebrecht para quedarse con la construcción de la Ruta del Sol II, realizada en conjunto con el Grupo Aval de los Sarmiento Ángulo.

En ese mismo lapso de tiempo, en los 12 países de la región, involucrados en la trama, se publicaron importantes investigaciones y libros sobre los sobornos de Odebrecht como una operación cultural de masas para promover la "lucha contra la corrupción" como un problema local.

En República Dominicana hasta se creó el Movimiento Verde, dedicado a presionar para que se investiguen los sobornos dados al gobierno de este país, mientras que en junio de este año se conoció que el conglomerado Odebrecht decidió declarar su quiebra para reestructurar la empresa después del escándalo.

El objetivo de quebrar las transnacionales latinoamericanas e imponer nuevos sistemas de gobierno

En su libro The American Trap, Frederic Pierucci, ex ejecutivo de la compañía francesa Alstom, cuenta cómo Estados Unidos utiliza el "sistema de cooperación legal internacional como un arma económica para eliminar a los competidores de las corporaciones estadounidenses".

Pierucci fundamenta su posición en su experiencia como ejecutivo de Alstom, investigado por la justicia estadounidense por pagar sobornos en Indonesia en un proceso que terminó con la adquisición de la corporación francesa por parte de General Electric.

Un breve repaso por algunos de los casos judializados a compañías latinoamericanas arroja que los sectores más investigados son el del petróleo, petroquímica, financiero, minería e industrias varias. Mientras eso sucede, a lo largo del continente se han replicado operaciones similares al Lava Jato.

Una de ellas es la causa de los Cuadernos en Argentina, donde recientemente se abrió una investigación judicial luego de que un empresario grabara a un presunto agente de la DEA extorsionándolo para que pagara al fiscal Carlos Stornelli, a cambio de beneficios procesales.

Después de acceder a la computadora del presunto agente conocido Marcelo D'Alessio, el juez Alejo Ramos Padilla concluyó que alrededor del caso orbita una red de fiscales, jueces, periodistas y servicios de inteligencia extranjeros, dedicados a "operaciones psicológicas dirigidas a quebrar políticos y empresarios", con el objetivo de forzar declaraciones amañadas que permitan alcanzar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y empresas como PDVSA.

El caso ilustra cómo en los últimos años, los empresarios locales se han articulado junto con políticos y medios locales para enfrentar las ofensivas en su contra, como también sucedió, por ejemplo, en Guatemala, donde la símil de Sergio Moro, la ex fiscal Thelma Aldana, fue proscripta por la justicia para presentarse a las elecciones presidenciales.

Mucho antes de eso un grupo de empresarios guatemaltecos cabildeó en el Congreso de los Estados Unidos para conseguir aislar los apoyos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que en los últimos años metió en la cárcel a los ex presidentes Otto Pérez Molina y Álvaro Colom.

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La fiscal de Guatemala, Thelma Aldana, lideró la "lucha contra la corrupción" junto al jefe de la CICIG, Iván Velázquez, hasta que se terminó su mandato y se le prohibió ser candidata presidencial.. (Foto: ONU)
 

Cuando la CICIG cae en desgracia por la ofensiva del actual presidente Jimmy Morales, impulsado como un outsider insospechado de recibir sobornos, justamente se prestaba a sancionar una serie de reformas anti-corrupción que le dieran al poder Judicial de Guatemala la misma autonomía que pretende darle Moro al brasileño para consolidar la estructura enquistada del Lava Jato.

En cierta manera, la trayectoria de las carreras de Aldana, como la de Moro, parecen ir desde paladines de la lucha contra la corrupción a políticos con la perspectiva tecnocrática de impulsar las reformas necesarias para terminar con la clase política local de sus país. El problema es que en medio de todo eso también pareciera que se interponen sectores de peso de la política local y estadounidense, hoy inmersa en una guerra de baja intensidad entre sus distintos sectores por la presidencia de Estados Unidos.

El hecho de que las filtraciones contra el Lava Jato provengan de un medio como The Intercept, propiedad de Pierre Omidyar, dueño de eBay cercano a la Administración Obama, es por demás demostrativo que en esta operación informativa también se enconde una enorme subtrama de las que somos bastantes ajenos en América Latina.

 

          

Fuente: Bruno Sgarzini/Misión Verdad

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