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La encrucijada colombiana: avanzar por la paz o las fuerzas de la guerra impondrán nuevas tragedias

por Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

La sociedad colombiana ha salido masivamente a las calles a enfrentar un modelo que sólo trae miseria y sangre para sus hijos e hijas. El gobierno de Uribe vía Duque se alinea a los intereses dictados por Estados Unidos y avanza en contra de los deseos de una población que busca la paz y la prosperidad.

Las causas, las variables, los cambios en los números de la guerra antes y después de la firma de los acuerdos de paz, las perspectivas de los derechos humanos en Colombia, son algunos de los temas sobre los que Prensa Crbz conversó con Camilo Gonzalez Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), director de la Revista Punto de Encuentro e integrante del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos. 

¿Cómo describiría a grandes rasgos la situación de derechos humanos en Colombia? ¿Qué elementos caracterizan al país desde esta perspectiva?

Con la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016 la situación de derechos humanos y de infracciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario cambió a favor de la población, hay una disminución notable de los indicadores de violencia sociopolítica y armada. Sin embargo, las respuestas a los nuevos retos han sido lentas e insuficientes desde de los gobiernos y de resistencia a implementar los acuerdos de paz en la actual administración. Con la terminación de la guerra y dejación de armas por parte de las FARC- EP, en los años 2017 y 2018 vimos una disminución radical en homicidios políticos, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desaparición forzada y de muertes en combate. Pero en las regiones con historias recientes más críticas de violencia no llegó el Estado Social y llegaron más rápido las mafias de la parapolítica, los narcotraficantes, paramilitares y acaparadores de territorios. La transición al posconflicto ha sido difícil por la beligerancia de una ultraderecha que ha querido destruir los pactos de paz y que mantiene los discursos de guerra y odio. El ambiente de polarización y la capacidad política de los partidarios de continuar la guerra sin dar espacio a las soluciones negociadas está facilitando la recomposición de muchas violencias y la persistencia de una crisis humanitaria en muchas regiones del país. Colombia se encuentra en una etapa de transición traumática, con una mayoría de la población esperanzada en la paz, que sale por millones a exigir alto a la violencia y que choca con grupos poderosos que han tenido en la guerra su mejor estrategia para mantenerse en el poder y acumular riquezas.

¿Cuáles son las razones por las que existe un tan alto número de líderes y lideresas asesinadas? ¿Qué factores y actores entran en juego y de qué forma? ¿Cuáles son los métodos y modus operandi con los que se concreta la violencia política?

Con la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC EP emergió en el país y en las regiones críticas un multitudinario movimiento social y político de esperanza y de nuevas reivindicaciones. Se hizo visible el papel de centenares de miles de líderes y lideresas que desde las veredas y comunas emergieron como voceros en defensa de sus territorios y de demandas aplazadas. A nivel nacional se reconfiguraron movimientos y partidos hasta el punto de expresarse en una disputa sin antecedentes por la Presidencia de la República y de administraciones territoriales. Ese avance de nuevos liderazgos ha chocado con pequeños y grandes intereses de grupos legales e ilegales que responden con violencia. Y el gobierno actual en lugar de responder con ampliación de la democracia y políticas sociales, le da prioridad a una nueva estrategia de guerra y de persecución abandonando los acuerdos sobre reforma rural, concertación para la sustitución de economías cocaleras, restitución de tierras y derechos a las víctimas de la guerra que suman más de 10 millones de colombianos.

El principal determinante de la persistencia de violencias en el período posacuerdo es la falta de políticas y medidas desde el gobierno. En particular, la negativa a implementar integralmente los acuerdos de paz como estrategia central del Estado. Estas debilidades le han dejado margen a las mafias, narcoparamilitares, paramilitares, políticos y empresarios acostumbrados a los ambientes violentos para disputar territorios y esferas de poder. Se han reorganizado grupos armados con incidencia en cerca de 250 municipios de los 1100 que tiene Colombia, especialmente en zona de frontera. A esto se suma el fracaso de las negociaciones con el ELN y la imposibilidad en el actual período de retomar un escenario de diálogo y desescalamiento de la confrontación que sigue presentándose en cerca de 100 municipios y que genera escepticismo sobre la oportunidad de la paz. El cambio de administración en los Estados Unidos ha significado el retorno a la guerra antidrogas como cobertura de la geopolítica y control militar en la región. Esto se concreta en muchas dinámicas violentas, como la reanimación de operaciones militares contra cerca de 2 millones de colombianos que están en economías cocaleras, el fortalecimiento de controles militares en las fronteras y la activación de centenares de agentes de inteligencia y de operaciones encubiertas.

¿Se ha modificado de alguna manera esta situación de asesinatos de líderes y lideresas sociales desde los acuerdos de Paz? ¿Cómo incidieron dichos acuerdos en estos asesinatos?

Desde la firma de los acuerdos en noviembre de 2016 a enero de 2020 se han registrado 793 asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia. El promedio anual de homicidios políticos en tiempos de guerra intensa entre 1990 y 2010 fue de 10.000 personas y se puede decir que el 20% eran líderes y lideresas sociales. Con las negociaciones de paz, esa cifra se redujo, pero desafortunadamente el carácter fraccionado del proceso, con división en la cúpula del régimen y persistencia de disputas armadas por territorios, ha llevado a la persistencia de asesinatos, amenazas y retorno del desplazamiento forzado y de ejecuciones extrajudiciales. Según los registros que lleva Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz) con Marcha Patriótica se han tenido 208 asesinatos de líderes en 2017, 282 en 2018, 253 en 2019 y en 2020 van 41 en mes y medio, un líder/lideresa asesinado cada día. La mayoría son indígenas y campesinos defensores de derechos territoriales y entre ellos 85 pequeños cultivadores de coca que han sido asesinados por defender los programas de sustitución que se anunciaron con los acuerdos de paz. La persecución política es evidente en el número de asesinato de líderes y lideresas de la Marcha Patriótica y la masacre continuada de excombatientes de las FARC, que se eleva a 250 víctimas por asesinato y atentados. El gobierno niega la sistematicidad de esta ola de asesinatos y agresiones pero hay que decir que existe un patrón que parte del negacionismo y la estigmatización que se hace desde esferas del poder y del partido de gobierno para crear un ambiente de intolerancia, de rechazo a los mecanismos transicionales de justicia y complicidad abierta o silenciosa con las violencias que persisten. Las víctimas tienen en común ser defensoras de derechos territoriales y de los acuerdos de paz y la modalidad más frecuente de la agresión es la contratación de sicarios por parte de autores intelectuales interesados en mantener poder y riqueza a punta de dictaduras del miedo.

La lucha político social que se desarrolla en tan adverso contexto, ¿qué instrumentos, mecanismos, estrategias  y caminos ha construido para sostenerse, crecer y avanzar?

Este período de transición ha sido una oportunidad excepcional para la emergencia y visibilidad de nuevas alternativas sociales y políticas. Es la cara de la moneda. El sello es la violencia que persiste. La gran movilización que se dio el pasado 21N que se prolongó hasta el 14 de diciembre con millones de personas en la protesta, la marcha, la huelga y la «cacerola» ha sido la cima de olas cada vez mayores y sincronizadas de movilización democrática de la juventud y muchos otros sectores en contra de las políticas de retorno a la guerra generalizada y a nuevas medidas del portafolio neoliberal. Se han sintonizado movilizaciones ambientalistas, campesinas, étnicas, laborales, culturales y esa movilización seguirá marcando el escenario nacional en estos años. La situación política es de gran polarización y de equilibrios inestables entre fuerzas enfrentadas. El gobierno de Duque ha sido un gobierno de crisis desde el inicio y se ha debilitado al ritmo del descrédito del poder detrás del trono ejercido por el ex presidente Alvaro Uribe. En las pasadas elecciones para alcaldes y gobernadores el uribismo sufrió derrotas importantes incluso en zonas de tradicional predominio. En cambio se han fortalecido expresiones políticas de centro izquierda.

En el reciente contexto del paro nacional, ¿cómo ha reaccionado en concreto el gobierno? ¿qué acciones específicas ha implementado ante la movilización y protesta popular? ¿Puede señalarse un incremento de los asesinatos políticos?

El gobierno de Iván Duque ha respondido a la protesta y ante su debilitamiento reforzando sus estrategias de seguridad y defensa para otra guerra y no para avanzar hacia la paz. Cada vez se alinea más con la administración Trump y sus políticas hegemónicas en la región, han relanzado estrategias de guerra antidroga al estilo de lo que fue el Plan Colombia y en la respuesta en las regiones con más violencia es sobre el eje militar y la acción social que se le subordina. Ante la protesta urbana el gobierno se niega a hacer concesiones en su paquete de medidas y reformas legislativas y por el contrario anuncia el fortalecimiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

¿Qué perspectivas tiene el tema de los DDHH en Colombia en un corto y mediano plazo?

En los primeros días del 2020 la situación de los derechos humanos viene deteriorándose a velocidades alarmantes. Hay emergencia humanitaria en la frontera con Venezuela, región del Catatumbo, en el Putumayo, al sur en el límite con Ecuador, en la zona noroccidental de Antioquia, sur de Córdoba y Chocó, en el Norte del Cauca. Frente a esta situación y la falta de respuestas efectivas desde el gobierno se han activado los mecanismos de respuesta desde la base de la sociedad y los sectores defensores de la paz. Se ha fortalecido una gran alianza en Defensa de la Paz y se anuncian grandes movilizaciones en febrero marzo y abril que le dan continuidad a la agenda del Paro Nacional. En Colombia se mantiene en alerta el gran movimiento por la paz y por avances hacia la paz más completa. Desde estos espacios y un sentimiento mayoritario se están rechazando todo tipo de convocatorias a la guerra, incluidas las que se siguen haciendo desde el ELN o de disidencias del partido FARC como la que encabeza Iván Márquez. En estos años Colombia seguirá en la encrucijada: o se avanza en la implementación de los acuerdos de paz y en el gran frente por la democracia y la paz o las fuerzas de la guerra impondrán nuevas tragedias.

 

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Fuente: Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

Frases

 

“Tenemos que unirnos porque el mundo lo acelera todo y sino aceleramos nuestra unidad, ese mundo se viene contra nosotros”

Hugo Chávez
 
 

ATLAS HISTÓRICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

 

Correos del Sur Nº118

 

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