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Una puerta a la justicia se abre en el caso Ayotzinapa

Por Eliana Gilet

Nuevas órdenes para detener a funcionarios del Gobierno mexicano acusados de cometer graves violaciones a derechos humanos en pos de construir la llamada "Verdad Histórica" sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, renueva la esperanza de consolidar avances en este caso mundialmente reconocido. Sputnik te explica de qué se trata.

Antes de que la pandemia del nuevo coronavirus llegara a México, las madres y padres de los 43 futuros maestros rurales del estado sureño de Guerrero, mantuvieron una serie de reuniones con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de México, Rafael Guerra Álvarez, así como la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Las reuniones fueron catalogadas como una muestra de "clara voluntad política" —según expresaron entonces los familiares de los desaparecidos— reconociendo un cambio en este esfuerzo gubernamental por dar avance a la investigación del caso para dilucidar responsabilidades y por supuesto, dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos, algo que no habían logrado con la administración anterior.

La primera señal del cambio de signo para el caso fue dada en marzo de 2020, cuando fueron libradas seis órdenes de aprehensión contra funcionarios del Gobierno mexicano a los que se señaló como partícipes y presuntos responsables en la construcción de la llamada Verdad Histórica, que implicó la difusión pública y judicial de una versión falsa sobre el paradero de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en la noche del 26 de septiembre de 2014.

A mitad de marzo de 2020 fueron detenidos dos agentes del extinto cuerpo de la Policía Federal mexicana —que dio paso a la creación de la Guardia Nacional— acusados de haber cometido tortura en contra de los detenidos vinculados al caso, con el fin de extraer de ellos confesiones que permitieran montar la Verdad Histórica que sostenía que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, una localidad próxima a Iguala, dónde ocurrió el secuestro de los jóvenes por parte de funcionarios policiales de distintas corporaciones del estado de Guerrero.

Esta versión fue descartada por las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) designado por la Corte interamericana de derechos humanos (CIDH), así como por el Equipo argentino de antropología forense (EAAF) quien aportó valiosa información científica y pericial que descartó la posibilidad de que esa versión tuviese asidero probatorio.

Los detenidos en esa fecha fueron Isidro Junco Barajas quien se desempeñaba en el actual Gobierno como Subdirector de control operativo de la Dirección de seguridad de la Cámara de diputados, que fue interceptado fuera de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México.

El otro detenido es Ezequiel Peña Cerda, otro expolicía federal que actualmente trabajaba como director de área de la Agencia de investigación criminal de la Fiscalía General de Justicia.

El tercer detenido de marzo de este año fue el Marino Ariel Agustín Castillo Reyes, quien continuaba en actividad dentro de la Secretaría de Marina (Semar) cuando fue sujeto al proceso judicial y privado de la libertad como consecuencia de ello.

Estos funcionarios están acusados de haber cometido actos de tortura y tratos crueles y degradantes en contra de Carlos Canto Salgado, una de las más de 60 personas que fueron detenidas en el anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto y acusados por su Procurador General, Jesús Murillo Karam, de haber sido los responsables del "secuestro" de los estudiantes. Muchas de ellas ya han sido liberadas dada las fallas al debido proceso que ahora son evidentes y que constituyen lo que las familias de los 43 han denominado "el pacto de impunidad".

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en México consideró en un comunicado público emitido el 19 de marzo que "las órdenes giradas en contra de cinco exfuncionarios de la Procuraduría General de la República y un elemento de la Secretaría de Marina por varios delitos, entre otros tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia así como la detención de al menos tres de estos es un avance de la Unidad especial de la Fiscalía para el caso Ayotzinapa".

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado tuvo un rol clave en la investigación de las graves violaciones cometidas contra los detenidos para construir una versión falsa de lo sucedido con los estudiantes hace casi seis años atrás, que presentó en un nutrido informe titulado Doble injusticia: informe sobre violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, que viene a sumarse a los dos informes previos del mencionado GIEI, así como al trabajo pericial del EAAF, que han sido fundamentales para alumbrar luz entre tanta oscuridad.

Luego, se sumó a estas detenciones el anuncio público de un pedido de captura internacional en colaboración con Interpol en contra de dos funcionarios claves del sexenio pasado, que jugaron su papel para inhibir a la acceso a la justicia que ha sido el signo de todo este tiempo para el caso: Tomás Zerón de Lucio y Carlos Gómez Arrieta.

Zerón de Lucio se desempeñó como el titular de la Agencia de investigación criminal que se encargó de la investigación del caso una vez que éste fue atraído por la entonces Procuraduría General de Justicia (la extinta PGR) que estaba a cargo de Jesús Murillo Karam.

Gómez Arrieta se desempeñaba como comandante de esa corporación, es decir, era uno de los policías ministeriales (judiciales) del nivel federal de Justicia mexicano.

Zerón presentó un amparo judicial en contra de la orden de aprehensión librada por la justicia mexicana, que fue admitido por el juez octavo de distrito en materia de amparo y juicios federales del estado de México. El matutino anunció que el próximo 17 de julio está fijada la audiencia judicial en la que el magistrado definirá si procede o no la medida cautelar.

A su vez, se conoció por medio de un reportaje del diario El País, escrito por su corresponsal en México, Pablo Ferri, que existe una investigación interna de la Fiscalía General de la República que pesquisa la extracción de casi 8 millones de dólares de las arcas de la Fiscalía durante 2013 y 2014, período en que ésta estuvo a cargo de Jesús Murillo Karam, de quien se sospecha fue una pieza clave en la fabricación de la Verdad Histórica del Caso Iguala —como se llama judicialmente a la investigación de la desaparición de los 43— sin que se haya confirmado aún si existe o no orden alguna de aprehensión en su contra.

Según anunció el actual Fiscal General de la República este 30 de junio, su dependencia solicitó ante un juez de distrito de procesos penales federales 46 nuevas órdenes de aprehensión contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero.

"A todos ellos, se les acusa por delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada. Es necesario que estos delitos no han sido investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República", sostuvo Fiscal Gertz Manero en la conferencia de prensa en la que afirmó que "se acabó la Verdad Histórica".

En esa misma conferencia, el Fiscal Gertz Manero anunció la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, señalado como uno de los autores materiales de la desaparición de los 43 estudiantes quien, a su vez, es hermano de Sidronio Casarrubias Salgado, uno de los detenidos y torturados para obtener de él una de las confesiones falsas que sostuvo la Verdad Histórica.

El abogado de las madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos, Vidulfo Rosales, mencionó en el programa de radio Tlajtoltlapalehuilistli La palabra que ayuda que emite el Centro de derechos humanos de la montaña de Guerrero Tlachinollan que él mismo integra que las familias de los normalistas no fueron avisadas de estos avances en la investigación previo a su anuncio público por el Fiscal General. Sin embargo, señaló que esperan que Casarrubias Salgado aporte información relevante sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

"Es un martirio muy grande que nos causa desvelo, desesperación y tristeza en nuestras casa, en nuestra comunidad nos falta un hijo, pero por el amor que le tenemos a cada uno de ellos, estamos de pie y vamos a seguir exigiendo su presentación con vida porque nuestro deseo es que nuestros hijos tienen que cumplir su deseo de ser alguien en la vida" dijo en el citado programa radial, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

 

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Fuente: Sputnik News

Frases

 

“Tenemos que unirnos porque el mundo lo acelera todo y sino aceleramos nuestra unidad, ese mundo se viene contra nosotros”

Hugo Chávez
 
 

ATLAS HISTÓRICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

 

Correos del Sur Nº125

 

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