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Proscribir la personería jurídica del MAS-IPSP es vulnerar derechos políticos de la mayoría (Parte 1 y 2)

Por Romina Guadalupe Pérez Ramos

Como parte de la estrategia post-golpe de Estado, el gobierno de facto, junto a sus aliados políticos han buscado proscribir la personería jurídica del MAS-IPSP, inhabilitar a su candidato presidencial Luis Arce Catacora, y perseguir políticamente a sus dirigentes.

Con este objetivo han interpuesto ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE),  y ante los tribunales competentes de justicia varias demandas,  e iniciado procesos penales  que  ya fueron  recepcionados  por la fiscalía.

La decisión política de inhabilitar la  personería jurídica del MAS-IPSP,  es parte de una estrategia que tiene el objetivo de eliminar  del  sistema político formal al instrumento político de los pueblos indígenas originarios y campesinos,  en torno al cual también se articularon intelectuales y profesionales de las capas medias urbanas,  sectores sociales  progresistas e interculturales de la sociedad  identificados con un proyecto  político  y programa  alternativo  al de las elites políticas  que gobernaron el país antes  del ano 20061.

Con la implementación  de esta estrategia,  se vulneraria los derechos políticos  de las mayorías nacionales  que tienen no solo una identificación  con el proyecto político y programa del MAS-IPSP, sino  se encuentran articulados orgánicamente a través de sus organizaciones sociales en torno a esta organización política,  denominada por  eso  mismo, “Instrumento Político por  la Soberanía de los Pueblos” (IPSP).  Esto también  explica por qué la mayoría de los candidatos a diputados uninominales de MAS-IPSP,  y  también  parte de los plurinominales,   son nominados por las  organizaciones sociales a través de la democracia directa, participativa y comunitaria,   que es la democracia interna que se ejerce en el MAS- IPSP,   la misma que  complementa y fortalece a  la democracia representativa.  En este sentido,   la representación política del MAS-IPSP  tiene una amplia  base social,  que contrasta con la  de los   candidatos del bloque político opositor que son nominados  “a dedo”  y que la jerga política denomina  “dedocracia”. 

Entonces,  si  se pretende eliminar   del juego electoral  al MAS-IPSP se atenta contra la democracia,  y el sistema político de partidos quedaría reducido a una gama de organizaciones políticas de centro derecha hasta la extrema  de derecha,   que no representan a la mayoría  nacional  que es diversa y pluricultural en Bolivia,  y   los  derechos políticos  conquistados y establecidos en la CPE serían vulnerados.

El  artículo 26,  parágrafo I de la CPE,  señala:  “Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva (…).  Interpretando este mandato,  se puede afirmar que al anular  la personería del MAS-IPSP,  no todos los ciudadanos podrían ejercer los derechos políticos en esta contienda electoral,  ya que el 40%  de los ciudadanos que -según las encuestas- se sienten representados por esta organización

política, se quedarían sin representación,  y su derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político  estaría totalmente vulnerado porque en el juego electoral solo quedaran  las opciones del bloque político opositor al MAS-IPSP. Es mas,  los sectores sociales  al no sentirse representados por las elites políticas conservadoras del anterior  ciclo político neoliberal (1985-2005)  optaron por organizar su propio instrumento político el   MAS-IPSP,  para ejercer su derecho al voto y  cumplir con los mandatos constitucionales establecidos en el parágrafo II,  del Art 26 de la CPE, que señala:  “el derecho a la participación comprende: 1.         La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución. 2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente”.  El ejercicio de los derechos políticos,  y el hecho de contar con su propio instrumento político,    permitió  a  los sectores sociales mayoritarios que  eran  marginados, visibilizados,  discriminados   llegar  a ser gobierno  estar  incluirlos  en el ejercicio del Poder del Estado por 14 años consecutivos  a la cabeza de Evo Morales Ayma.

Ahora bien, es importante mencionar que el bloque político opositor al MAS-IPSP,   después del golpe nunca tuvo la voluntad política   de  generar un proceso  electoral  libre transparente y democrático,  para   disputarse  en  este ámbito  el poder  del  Estado. Es más,    la estrategia post golpe  fue prorrogar  al gobierno  de la estólida   autoproclamada Jeanine Añez,  postergar las elecciones y  aniquilar  al  MAS-IPSP  por todas las vías posibles;   una de estas vías  es la de eliminarlo  como  contendiente en el juego electoral.  Por eso,  desde  noviembre de 2019  los golpistas apenas  se hicieron cargo del  gobierno tomaron la  decisión política  de proscribirlo junto a sus  candidatos. Esta decisión se  ha  ido materializando introduciendo demandas a los tribunales competentes para  inhabilitar al MAS-IPSP  que  por orden cronológico,  y  por  sus causales son las siguientes:

1. Inhabilitar la personería jurídica del MAS-IPSP por  instruir el fraude electoral  de octubre 2019 y por haber participado en un golpe de Estado institucional

En fecha 15 de noviembre  de 2019,  la  estólida  autoproclamada Presidenta del Estado Jeanine Añez,  en una entrevista con la  BBC de Londres,  declaró:  “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo Morales pierda su personería jurídica”2. Seguidamente a esta declaración el colectivo “Generación 21” presenta un  recurso al TSE solicitando la cancelación de la personería jurídica del MAS-IPSP debido a que “El gobierno de Evo Morales, el 20 de octubre, al instruir al TSE que cometa fraude electoral ha cometido un autogolpe de Estado, un golpe de Estado institucional, por ende tenemos todas las bases legales para demandar al MAS para que se cancele la personalidad jurídica del mismo"3.

Esta demanda carece de sentido y fundamentación, y muestra  el desconocimiento de las normas por parte de los  demandantes;  ya que  en la legislación boliviana, y menos en la  Ley 1096 que es la que rige para las organizaciones políticas,  existen causales para inhabilitar a los partidos políticos por fraude electoral.  Lo que  inhabilita a una organización política, - de acuerdo a la Ley antes mencionada-   es la “Comprobada participación institucional en golpes de Estado, sediciones y acciones de separatismo”4. En este sentido los que debían perder su personería jurídica  son  los que organizaron,  prepararon y ejecutaron el golpe de Estado  y  que  estaban presentes  en el juego electoral  en octubre de 2019, entre estos  Comunidad Ciudadana,  y  Bolivia Dijo NO (21F)  que se recicló junto a otros  como el MNR -por su baja votación- en nuevas alianzas para las elecciones del 2020.

En esta demanda,  se puede  observar que  la oposición acusa al MAS-IPSP de  cometer actos  que ellos cometieron, es decir  el fraude electoral y el golpe de Estado.  Asimismo hay que insistir,  que el MAS-IPSP no cometió fraude electoral como se constata en varios  de los análisis y publicaciones  de instituciones y organismos internacionales que contradicen  el informe de la OEA.  Mas al contrario, intelectuales  como Mark Weisbrot5 y politólogos como Jorge Richter6 entre otros,  denuncian  que  fue la OEA,  junto con los lideres políticos y sociales de oposición  al MAS- IPSP   los que planificaron la  estrategia del fraude electoral,   para  anular  las elecciones  del 2019  donde  Evo Morales gano la elección con mas del 10% de votos sobre el segundo.

Continuará...

 

 

 

Proscribir la personería jurídica del MAS-IPSP es vulnerar derechos políticos de la mayoría (Parte 2)

 

El bloque opositor al MAS-IPSP nunca tuvo la voluntad de generar un proceso electoral libre transparente y democrático en Bolivia tras el golpe contra Morales.

2. Inhabilitar la personería jurídica del MAS-IPSP por Sedición.

El 15 de enero del 2020, el ministro de Justicia, Álvaro  Coímbra, anuncio que junto al “Ministerio de Gobierno vamos a iniciar las acciones penales en contra de Evo Morales por sedición y terrorismo” y en aplicación al artículo 58 de la Ley 1096, se cancelará la personalidad de los partidos políticos ante “comprobada participación institucional en golpes de Estado, sediciones y acciones de separatismo”[7]. A esta acción penal se la denomino “Caso Audio”, que es resultado del contexto en que el pueblo se encontraba movilizado resistiendo al golpe de Estado, y ejerciendo presión para que la ALP sesione para tratar las renuncias de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera en un momento donde la represión policial no permitía el ingreso de los Asambleísta al recinto del Órgano Legislativo.  

El “Caso Audio”  como  acción penal por  “sedición y terrorismo”, es inconstitucional porque de acuerdo a las normas,  a un  Presidente de Estado  constitucional se lo procesa con un “Juicio de Responsabilidades”[8] y no con una acción penal. Tampoco este caso tiene sustento legal porque la Fiscalía pretendió imputar al ex mandatario por una supuesta conversación que mantuvo con el dirigente cocalero Faustino Yucra para resistir al golpe de Estado, utilizando prácticas propias de los pueblos indígenas originarios y campesinos, como la de cercar a la ciudad de La Paz para que no ingresen alimentos. Las pruebas de este “caso audio” fueron alteradas o “montadas” por instrucciones del Ministro de Gobierno Arturo Murillo, quien informaba que “las pericias, las declaraciones y recojo de pruebas que hizo el Ministerio Público, muestran que existen indicios de la comisión de ese grave delito”. En esta imputación, ni siquiera se notificó a Evo Morales cometiendo irregularidades de procedimiento que establecen el “debido proceso”.  

En fecha 11 de agosto,  y en pleno contexto de las movilizaciones que se desataron en el país a raíz de la decisión unilateral del TSE se suspender nuevamente las elecciones planificadas para el 6 de septiembre, el gobierno  -a través de los dos ministros antes mencionados-  interpuso otra denuncia, la misma que fue presentada ante la Fiscalía de La Paz  contra el expresidente Evo Morales Ayma, y los   candidatos a Presidente y Vicepresidente del MAS-IPSP,  Luis Arce  Catacora y David Choquehuanca, y el candidato a  senador por Cochabamba Andrónico Rodríguez En la denuncia también figuran dirigentes sindicales del MAS-IPSP, Leonardo Loza de la Federación del Trópico; Juan Carlos Huarachi secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB).  El Ministro de Justicia  Álvaro Coímbra,  los responsabilizo de las movilizaciones y los bloqueos que se efectuaban en todo el país  que ocasionaron “al menos una treintena de muertes por coronavirus de pacientes que no habrían recibido oxígeno y otros insumos médicos por los bloqueos”,  y se  los acuso “por delitos de genocidio, terrorismo, sedición, delitos contra la salud, medio ambiente, los servicios básicos, destrucción de lugares públicos e instigación pública a delinquir"[9]. Nuevamente acá, la acusación de “sedición” solo tiene el fin de anular la personería jurídica del MAS-IPSP e inhabilitar a sus candidatos.

Esta acción penal contra Evo Morales, tres candidatos y dos dirigentes, tampoco tiene fundamento, pues la  protesta popular  fue convocada por la COB junto a sus  organizaciones matrices y fue legitima y legal,  debido a que se sale a las calles para defender el cumplimiento de las normas y la CPE, porque   el TSE  pasaba por alto la Declaración Constitucional Plurinacional 0001/2020 (15-01-2020),  y todas las normas que a partir de enero se promulgaron para que se realicen las  elecciones del 2020,  -caracterizadas estas como excepcionales y de no periodo fijo-,  en los marcos que establece la CPE[10]-. En la elaboración de estas normas la ALP y el TSE coordinaron para aprobarlas y llevar adelante un proceso electoral de forma legal. Sin embargo, el TSE las suspendía de forma unilateral echando por la borda todo el proceso de coordinación anterior con la ALP cometiendo una acción ilegal e inconstitucional.  Es decir, fue la protesta popular la que permitió retornar a la institucionalidad del proceso electoral, y no el gobierno ni el TSE. Acá nuevamente se ve que son los actores opuestos al MAS-IPS, el gobierno y sus aliados políticos e institucionales los que incumplen las normas.  

Asimismo, la acción penal del gobierno también viola el fuero sindical porque el derecho a la huelga está establecido en el artículo 53 de la CPE; y la  protesta popular como las movilizaciones y otras expresiones de defensa de derechos son parte de la  labor sindical, como lo establece el Art. 51 de la CPE “Las dirigentes  y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical no (…) se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical.”  Consiguientemente, es el gobierno golpista el que desacata la CPE  porque persigue a los dirigentes sindicales,  -haya o no movilizaciones-, utilizando la justicia y a los aparatos represivos del Estado a su antojo  para encarcelar perseguir y reprimir a los dirigentes sindicales, ya  que dispuso la salida de  la institución policial  para  hacer frente a las movilizaciones,  junto a los grupos paramilitares como la “Resistencia Juvenil Cochala” organizados por el Ministro Arturo Murillo y la Juventud Cruceñista  que es la fuerza de choque del Comité Cívico pro Santa Cruz al mando Luis Fernando Camacho, candidato a Presidente por “Creemos”.

3. Inhabilitar la personería jurídica del MAS-IPSP por la difusión de una encuesta de intención de voto.

El 17 de julio, la senadora Carmen Eva Gonzales, de Unidad Demócrata, presentó una denuncia contra el MAS ante el TSE para que se cancele su personería jurídica, porque el candidato a presidente, Luis Arce Catacora difundió el resultado de una encuesta que vulnera -según ella- las disposiciones de la Ley 026. La senadora interpelo a  Salvador Romero, presidente del TSE para que tome decisiones al respecto, o será “sometido a un juicio de responsabilidades en la vía penal por incumplimiento de deberes”[11]. En la misma línea, en fecha 20 de Julio,  otros actores como  “Juntos” de Jeanine Añez; “Creemos” de Luis Fernando Camacho ; y “Libre 21” de Jorge Tuto Quiroga, también presentaron al TSE, demandas contra el candidato presidencial del MAS-IPSP, Luis Arce Catacora por el presunto “delito electoral de difusión de encuestas” [12], en cumplimiento de la Ley 026 del  Régimen Electoral  que en su artículo 135, parágrafo I, señala: empresas, instituciones, entidades publica o privadas o  “cualquier persona, serán sancionadas, en el marco de las faltas y delitos electorales, cuando difundan resultados de encuestas preelectorales”. El artículo 136, parágrafo III, señala: “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”. Para “Creemos”  la sanción para el MAS-IPSP por esta falta es “la cancelación inmediata de la personalidad jurídica”;  y al  igual que la senadora Carmen Eva Gonzales, interpelaron  al TSE,  para hacerle conocer que  si no se inhabilita al MAS, “incurrirán en faltas graves”, y “pueden ser objeto de responsabilidad disciplinaria, administrativa” y “de la responsabilidad penal por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”[13].

Hasta el 10 de septiembre, la senadora Carmen Eva Gonzáles, presento un memorial de “acción de cumplimiento” ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), en contra del TSE, para que procedan a la inhabilitación del candidato del MAS-IPSP,  y cancelación de la personería jurídica[14]. La Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz admitió la mencionada acción de cumplimiento y fijó audiencia para el 5 de octubre, donde se conocerá el fallo a favor o en contra de la denunciante.  

Esta demanda como las otras, no se corresponden con la realidad, no tienen bases legales solidas ni fundamentos jurídicos, porque Luis Arce Catacora, no difundió ninguna encuesta, tan solo respondió a una entrevista con los datos que presento el entrevistador Enrique Salazar. Tampoco en esa fecha se había reiniciado el calendario electoral para aplicar el cumplimiento de las normas. 

Consiguientemente las denuncias que están siendo procesadas son más bien decisiones políticas que tienen el objetivo de anular la personería jurídica, y por esta vía inhabilitar a todos los candidatos del MAS-IPSP para las elecciones nacionales: Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados a tan solo tres semanas de las elecciones. Por eso, el  gobierno de facto y sus aliados políticos,  así como sus operadores, buscan  que los fallos se resuelvan y se determinen antes del acto electoral,  para  evitar que el MAS-IPSP vuelva a ser gobierno una vez que las encuestas  lo favorecen -desde julio a la fecha[15]- en desmedro de sus contendientes que tienen  pocas probabilidades de  ganar en la primera vuelta.  Si estas demandas son rechazadas por los tribunales porque sus causales no tienen fundamento jurídico, y consiguientemente no se logra sacar del juego electoral al MAS-IPSP, varias voces del bloque político opositor ya han apostado por otras rutas. Una es la convocatoria a declinar candidaturas, y/o convocando a la ciudadanía a emitir un “voto útil” al que llaman “voto inteligente” en los marcos de su marketing político. Otra, es el mecanismo de depuración, TSE ha depurado 51.000 bolivianos del padrón electoral en el exterior, sobre todo en aquellos países donde el MAS-IPSP tiene preferencia electoral, pero también a nivel nacional, hay varias denuncias del ciudadano de a pie que se encuentra depurado sin motivo alguno, y si el ciudadano no está depurado, encuentran otras vías para evitar que el voto se emita, como por ejemplo, la autora de este artículo, está habilitada en el padrón  electoral para votar en Rusia, país que no he visitado en los últimos 35 anos.

Para concluir, si las demandas no tienen fundamento, también es posible sospechar que se busca desestabilizar el proceso electoral, generando incertidumbres para  provocar nuevamente  la violencia; en  pleno desacato a esta línea, el expresidente Evo Morales que es el Jefe nacional de campana del MAS-IPSP  y ejerce el cargo desde el exilio, se pronunció  afirmando que “no existen argumentos legales ni jurídicos para proscribir al MAS”; por eso, pidió  evitar “provocaciones que buscan crear convulsión y suspender las elecciones”. Esta alerta  del ex presidente,  se fundamenta  porque  circulan  varias voces en el ámbito político e ideológico boliviano que como último recurso el bloque político opuesto al MAS-IPSP  ha incluido en su estrategia hasta un autogolpe  a su estólida Presidenta; y para ello,  todavía cuentas con los factores de poder Policía y Fuerzas Armadas,  el asesoramiento internacional de EE.UU e Israel  para desatar  la inestabilidad política en pleno  acto electoral, y recurrir a  provocaciones para generar  nuevamente a la violencia con  los grupos paramilitares y mercenarios que organizaron para derrocar al Ex presidente Evo Morales, y que tienen su epicentro en la ciudad Santa Cruz y Cochabamba. A estos no les importaría llevar adelante nuevas masacres, solo que esta vez podrían superar a las masacres de Sacaba y Senkata.

Teherán, 28 de septiembre, 2020.


[7] Cf. https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/1/15/expertos-sedicion-es-causal-para-inhabilitar-un-partido-243477.html

[8] Artículos 161, numeral 7, y 184,  numeral 4  de la CPE. Ley 044 (8-10-2010) y Ley 612 (4-12-2014).

[9] https://www.pagina12.com.ar/284250-evo-morales-recibio-una-nueva-denuncia-en-medio-de-una-boliv

[10] Para la revisión de estas normas remito a mi articulo “CRISIS POLÍTICA Y EL PROCESO ELECTORAL EN BOLIVIA” escrito en 17 de agosto y publicado en la pagina web de Hispan TV los días 20-25 de agosto 2020.

[11] Cf.https://correodelsur.com/seguridad/20200717_senadora-presentara-denuncia-contra-el-mas-ante-el-tribunal-supremo-electoral.html

[12] Cf. https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/20/tres-frentes-presentan-denuncias-contra-el-mas-arce-ante-el-tse-261882.html

[13] Cf. https://www.nodal.am/2020/07/elecciones-en-bolivia-uno-de-los-promotores-del-golpe-de-estado-pide-la-inhabilitacion-del-mas/

[14] https://www.periodicobolivia.com.bo/senadora-carmen-eva-gonzales-denuncio-a-vocales-del-tse-por-no-inhabiltar-al-mas-ipsp/

[15] La ultima encuesta elaborada por Jubileo y realizada en Septiembre otorga al MAS-IPSP 40,3%, a CC 26.2%, a Creemos 14,4 y a Juntos 10,6%. https://tuvotocuenta.org.bo La encuesta  realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de geopolítica (CELAG) divulgada en Julio proyectó una victoria en primera  vuelta  al MAS-IPSP con el 41,9%  de intención de voto, le sigue CC con 26,8 %, y en tercer lugar JUNTOS, con 13,3%. En: https://www.elpais.cr/2020/07/07/encuesta-proyecta-victoria-en-primera-vuelta-de-candidato-del-mas-en-bolivia/ . La otra encuesta publicada en marzo proyecto para el MAS-IPSP el 36%,  para CC el 20%, para JUNTOS 20%. En: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=349605&SEO=analisis-de-encuestas-proyecta-nuevo-triunfo-del-mas-en-bolivia

 

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Fuente: HispanTv

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