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Fundalatin y Premio Nobel Pérez Esquivel abordan en videoconferencia sanciones a Venezuela y violación de DDHH de su pueblo (+Video)

Por MPPRE/International Week of Anti-Imperialist Struggle

Bajo el título “Venezuela: Sanciones, elecciones y derechos humanos”, el activista argentino Adolfo Pérez Esquivel y la presidenta de Fundalatin, María Eugenia Russián, compartieron este jueves en videoconferencia sus impresiones acerca de la imposición sistemática de medidas coercitivas unilaterales por parte del Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano y su impacto en el disfrute de los derechos humanos.

Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, contextualizó en principio que Estados Unidos no está dispuesto a perder su hegemonía sobre América Latina, que siempre ha considerado su patio trasero y donde aplica una política de apropiación de sus recursos y de recolonización continental.

Enumeró las agresiones, bloqueos y golpes de Estados que la administración estadounidense ha promovido en países como Cuba, Honduras, Haití, Paraguay, Brasil, Bolivia y Venezuela.

“El problema de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos, sin injerencia extranjera; por el contrario, con mucha solidaridad y apoyo”, planteó.

Para el activista en DDHH, ante el caso de Venezuela y demás países agredidos de la región, se hace necesario profundizar un trabajo de unidad y solidaridad de los pueblos del continente, y también un gran esfuerzo de trabajo dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual instó a democratizar su estructura, en la que cinco países mantienen el control desde su fundación en 1945, pese a que nació con 57 Estados miembros y hoy cuenta con 193.

Afirmó que si hay país que viola los derechos humanos es los Estados Unidos, que atenta contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, y lo hace en forma feroz, sin ningún límite, y ante el silencio de los países que se dicen democráticos, como los europeos.

Medidas absolutamente ilegales

En el inicio de su exposición, María Eugenia Russián, presidenta de Fundalatin, institución venezolana que promueve y defiende los derechos humanos, reconoció que a lo largo de los últimos 20 años, a partir de la Constitución de 1999, el Estado venezolano ha impulsado programas sociales, bajo la figura de misiones, en beneficio de los sectores más vulnerables, abarcando los derechos prioritarios como la educación, la salud, la alimentación y la vivienda.

Destacó que en 2015, luego del decreto del expresidente Obama que considera a Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, se ha venido generando una enorme presión sobre la población venezolana, a través de medidas coercitivas unilaterales que obstaculizan la puesta en marcha de las misiones sociales y no han permitido la compra de medicinas, alimentos e insumos esenciales para la población, especialmente durante la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19.

En este sentido, ejemplificó con la suspensión del beneficio para los pacientes con enfermedades crónicas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes, que recibían todos los gastos de su tratamiento mediante la Fundación “Simón Bolívar” de Citgo, filial de Pdvsa confiscada por el Gobierno de EEUU.

“Estas medidas son absolutamente ilegales, violan los derechos humanos de la población”, denunció.

Las medidas coercitivas estadounidenses se dirigen en particular a la industria petrolera nacional, de la que obtiene más del 80% de sus divisas, pero también a los medicamentos e insumos de salud vitales para combatir la pandemia del COVID-19, y a los alimentos. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en 2016, los Estados Unidos han aplicado más de 300 medidas de este tipo contra el pueblo venezolano.

 

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Fuente: MPPRE

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