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Bolivia: Correlación de fuerzas, histórica victoria del pueblo y amenaza de violencia

Por Hugo Moldiz Mercado

La victoria político-electoral del MAS no ha terminado, como es obvio, con la ardua disputa de clases en Bolivia. El rostro antidemocrático de la derecha, consustancial con su careta democrática, sigue en la línea de resistirse a que “los de abajo” vuelvan a gobernar e insiste en el camino de la violencia, como los planteamientos de anular las elecciones, constituir un “gobierno militar de transición”, y proscribir al MAS, formuladas por activistas de ultraderecha en los últimos días en las puertas de los cuarteles.

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Una combinación de desgaste y desprestigio acelerado del gobierno de facto de Jeannine Añez y del bloque cívico-político que participó del golpe de Estado de noviembre de 2019, una profundización de la triple crisis (política, sanitaria y económica), así como el comportamiento amorfo y errático del candidato Carlos Mesa, de una parte, y una nueva emergencia indígena campesina y popular desde la mitad de año, que tuvo en el bloqueo nacional de caminos de agosto su más alta expresión, y la presentación de un binomio atractivo electoralmente, de otra parte, quizá sirvan para empezar a explicar el histórico triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) este domingo 18 de octubre.

Pero la victoria político-electoral del MAS no ha terminado, como es obvio, con la ardua disputa de clases en Bolivia. El rostro antidemocrático de la derecha, consustancial con su careta democrática, sigue en la línea de resistirse a que “los de abajo” vuelvan a gobernar e insiste en el camino de la violencia, como los planteamientos de anular las elecciones, constituir un “gobierno militar de transición”, y proscribir al MAS, formuladas por activistas de ultraderecha en los últimos días en las puertas de los cuarteles.

Esta parte de la historia todavía no ha concluido. No hay duda que apostar a una “democracia de excepción” -que es una combinación del viejo autoritarismo de los 70 y 80 con los nuevos tipos de golpe de Estado-, continúa en la agenda de la derecha boliviana.

Las posibilidades de interrumpir de nuevo la democracia en Bolivia son escasas, pero hay que tomar nota que el Comité Cívico de Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y la expresión política de ambos, CREEMOS, del ex dirigente cívico Luis Fernando Camacho, líder del golpe de Estado, siguen apostando por fuera de la democracia.

El peligro todavía acecha. Las elecciones se realizaron en medio de una amenaza real del uso de la fuerza y hasta este jueves de la semana pasada todavía no se había disipado del todo el desencadenamiento de una convulsión social alentada por los sectores más conservadores de la ultraderecha, nuevamente pergeñada desde el oriental departamento de Santa Cruz. Y es altamente probable que la posesión del nuevo gobierno también se realice en medios de algunos focos de violencia.

Empero, la legitimidad de la victoria de la izquierda el domingo 18 de octubre es tan grande que la OEA -coprotagonista del golpe de Estado del año pasado contra el gobierno de Evo Morales- y el propio Secretario de Estado de los Estados Unidos , Michael Pompeo, no han tenido más que reconocer el triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca, quienes a la culminación del computo oficial han recibido el respaldo del 55,10% de la población que hizo efectivo su voto, frente a un 28,83% de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana y 14% de Camacho.

No cabe duda que las elecciones reflejan en su resultado objetivo la relación de fuerzas sociales y políticas que se presenta en una determinada formación social. Pero, además, no hay que olvidar que en la política el manejo adecuado de los tiempos determina triunfos o derrotas. Y ambas formulaciones teóricas encuentran su constatación empírica de lo que sucedió en Bolivia hace pocos días.

En primer lugar, la relación de fuerzas se empezó a inclinar hacia el bloque indígena-campesino y popular desde mayo pasado por las siguientes razones: el gobierno asentó el peso principal de la gestión en el empleo, casi absoluto, del aparato de Estado (policial, militar y judicial), con lo que no solo dilapidó el respaldo social con el que se instaló ilegalmente en noviembre, sino que, por el contrario, dio lugar a un nuevo escenario de profunda crisis política. La persecución política, la represión física de los focos de resistencia popular, el desprecio por los valores y símbolos de los pueblos indígenas, la descalificación con términos penales de los dirigentes sociales (delincuentes) y la amenaza recurrente del uso las armas de fuego para “desbaratar la subversión terrorista con apoyo extranjero”, aceleraron el deterioro de la imagen política del régimen de excepción.

Con este comportamiento, el gobierno de facto incumplió enormemente la tarea (autoasignada) de marchar hacia la pacificación del país. Más de una treintena de asesinados y cientos de heridos en las masacres de Sacaba y Senkata, cerca de 150 presos políticos en las cárceles, siete asilados a los que se les amenazó con “cazar” como animales y centenares de refugiados políticos en México y la Argentina, demuestran contundentemente cuán lejos se estaba de alcanzar la pacificación. Y no hay pueblo que resista indefinidamente palo, más aún cuando en 14 años de Proceso de Cambio ha conocido que la construcción de otro tipo de sociedad es posible.

La expresión más alta de la modificación de la relación de fuerzas sociales y políticas se tradujo, de manera clara, en agosto, cuando el Pacto de Unidad (espacio de articulación de las organizaciones indígenas campesinas) y la Central Obrera Boliviana (COB) lanzaron, tras una masiva marcha y cabildo en la ciudad de El Alto, el bloqueo nacional de caminos y la huelga general en demanda de ¡elecciones ya¡

Arrancar el corte de rutas con 70 puntos en todo el país y llegar en una semana a más de 160, es algo que no se había visto siquiera en 1979, cuando el gobierno militar de Natusch Busch fue derrocado a diecisiete días de su instalación. Las medidas de presión no lograron que las elecciones se llevaran a cabo el 3 de septiembre como establecía la ley de convocatoria, pero sí garantizaron que el 18 de octubre sea la fecha inamovible. Pero el tema de fondo no consistía en la fecha, sino que mostraba el cuadro de situación de ese momento.

El bloque indígena campesino y popular demandó la renuncia de Añez ante la negativa del TSE de no hacer las elecciones en septiembre, pero la medida más que materializar la fecha de las elecciones estaba destinada a lanzar el mensaje inequívoco de que la iniciativa política estaba de nuevo de lado del pueblo. El gobierno pensó, en un desconocimiento de la historia de lucha de los movimientos sociales, que los había derrotado. Lo que no se percató es que los movimientos sociales le perdonaron la vida al régimen en agosto, pues la dimisión de Añez hubiera planteado más problemas que beneficios. El MAS hubiera tenido que asumir la presidencia a través de la senadora Eva Copa y al mismo tiempo ser partido en campaña; conflicto que la izquierda supo sortear con inteligencia.

En segundo lugar, una lectura lineal de la historia y el desconocimiento de la dinámica de la organización del pueblo empujó al régimen de excepción de subestimar el tema de los tiempos. La convocatoria a elecciones generales tenía que ser de inmediato y el régimen se demoró. Pero no solo eso, sino que con el uso grosero de la pandemia -al que por lo demás no enfrentaron con una estrategia adecuada y más bien lo usaron para incurrir en casos de corrupción-, presionaron sobre el TSE para postergar las elecciones tres veces consecutivas (3 de mayo, 2 de agosto y 6 de septiembre) y estuvo apostando a que las elecciones del 18 de octubre también se posterguen. La derecha, fragmentada electoralmente desde enero, cuando se lanza la convocatoria a elecciones, actuaba monolíticamente al momento de oponerse a su realización. El objetivo era, en el marco de su pensada “democracia de excepción”, proscribir al MAS y a los movimientos sociales de la participación política. Y ciertamente lo hubieran logrado de no ser los dos tercios del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y los recursos legales que se presentaron. El gobierno de facto se tomó el tiempo para vaciar los recursos del Estado y para dejar una economía con indicadores quizá peores de los que se tuvo en el gobierno de la UDP (1982-1985), tal como acaba de señalar el presidente electo Arce, quien fue el que condujo con eficiencia el modelo económico boliviano del Proceso de Cambio.

Si las elecciones se convocaban de inmediato y no se postergaban, la derecha hubiera triunfado en una casi segura segunda vuelta. El MAS y los movimientos sociales estaban débiles, desorientados y perplejos por la pérdida del gobierno y por los efectos de la implacable represión que contaba con el apoyo de las más amplias capas urbanas. Y eso recuerda una lección muy grande pero frecuentemente olvidada: en la política no hay vacíos. Entre 2015 y 2019, el gobierno de Evo Morales perdió el control de la calle y en noviembre no había pueblo que lo defienda, como ha ocurrido en otras experiencias revolucionarias. La fuerza electoral de la maquinaría del MAS no se convirtió en fuerza social para defender el proceso más profundo de la historia de Bolivia. Ahora, en la otra cara de la medalla está un gobierno de facto que priorizó la represión e ignoró las reglas de la política, y por contrapartida, el MAS y los movimientos sociales que se recuperaron de la derrota, le perdieron miedo a la dictadura y empezaron a coparon ese vacío político, para finalmente conquistar el histórico triunfo político-electoral el 18 de octubre.

 

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Fuente: Cuba Debate

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