El nuevo año 2018 comenzó con una petición del economista venezolano, ex ministro de Cordiplan durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que millones de venezolanos y venezolanas rechazan (76% aproximadamente), según la encuestadora Hinterlaces: una intervención militar extranjera.

El 2 de enero Ricardo Hausmann publicó un artículo de opinión en el portal Project Syndicate que dio mucho sobre qué hablar en las redes sociales y medios de comunicación en Venezuela y algunos internacionales. En unos 8 mil caracteres intentó justificar una invasión militar que derrocaría finalmente al chavismo del poder ejecutivo y encaminaría a la nación entera a una prosperidad económica.

Llamado en inglés "D-Day Venezuela", en alusión a la terminología usada para denominar a la operación que se dio el 6 de junio de 1944: la invasión de Normandía (Francia) por parte de las fuerzas estadounidenses, británicas y compañía que combatían al ejército de Adolf Hitler, el economista que hace vida en la Universidad de Harvard comparó a la Venezuela de nuestros días con el Holodomor en Ucrania, una crisis de hambruna que mató, según la ONU, de 7 a 10 millones de campesinos, y de la cual la propaganda nazi se encargó de responsabilizar a la Unión Soviética y no a los ricos hacendados que respondieron a las medidas agrarias del gobierno de Iósif Stalin con la matanza masiva de ganado y quema de cosechas como medida de presión sobre los campesinos soviéticos.

Con una lógica similar a la de los nazis, Hausmann usa datos e imprecisiones para hablar de la situación del país que provienen de fuentes abiertamente antichavistas, como medios corporativos y ONGs financiados por instituciones públicas y privadas estadounidenses.

Además, usa estadísticas y números que no tienen soporte en estudio publicado o engavetado alguno. Aquellos datos los vuelve a enumerar en una entrevista que le hiciera CNN el 9 de enero, ya que según los principios de la propaganda de Joseph Goebbels, mano derecha de Hitler, "si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad".

Hausmann resumió su petición a CNN alegando, entre otras cosas, que "no hay proteínas y calorías suficientes para 30 millones de personas en Venezuela", lo cual representa una falacia: el mayor problema que encuentra el consumidor venezolano no es el del abastecimiento sino el alto costo de los productos, producto de una inflación inducida por mecanismos fraudulentos con origen en el exterior: tal es el caso de Dólar Today y las mafias cambiarias de la frontera colombo-venezolana.

También cita un fotorreportaje sensacionalista del New York Times sobre la muerte de niños por supuesta hambruna, y cita a médicos de una veintena de hospitales que aseguran la existencia de un Holodomor venezolano. La propaganda aunque lo intenta no logra sustituir la realidad: instituciones como la FAO reconocen que Venezuela tiene un índice de subalimentación "moderadamente baja" (entre 5% y 14,9% de la población), lo cual impide proyectar a Venezuela como un país en "crisis humanitaria". 

La referencia al New York Times es paradójica debido al prontuario mediático que carga encima: tanto los señalamientos de EEUU sobre las armas de destrucción masiva en Irak hace una década y media atrás como los ataques químicos en Siria bajo responsabilidad del gobierno de Bashar al-Assad, fueron noticias falsas (fake news) que sirvieron a los intereses invasores de Occidente y fueron apoyadas, sin derecho a réplica, por ese mismo medio estadounidense.

Comparaciones engañosas

Tanto en su artículo para Project Syndicate como en la entrevista a CNN pide que la Asamblea Nacional de mayoría opositora (aún en desacato) haga un impeachment al presidente Nicolás Maduro para destituirlo y nombre un nuevo gobierno con el fin de pedir ayuda militar-humanitaria a EEUU y otros países.

Según Hausmann, todas las otras vías posibles para salir de la crisis en Venezuela son inútiles debido a que "las Fuerzas Armadas (sic) no respetan la voluntad del pueblo".

Y puntualiza que, aunque por el momento geopolítico actual "las intervenciones militares son enteramente extrañas", un cinismo si tomamos en cuenta la situación en Medio Oriente y África en las últimas décadas, su propuesta tiene una urgencia insólita en la historia de la humanidad.

Ante esto, dice a CNN: "¿Qué pasó en Bosnia, en Kosovo? ¿Debió haber una intervención más temprana en Ruanda, antes de que muriera tanta gente? ¿Cuántos venezolanos tienen que morir de hambre, cuántos emigrados al exilio?".

Preguntas que no se corresponden con la realidad si se compara las situaciones de esos países con el actual venezolano. El difícil cuadro político por el que pasó la extinta Yugoslavia, fabricado por actores externos y determinado factores internos, culminó en un "bombardeo humanitario" de la OTAN que fue llamado la Guerra de Bosnia por la propaganda occidental, sin embargo fue una masacre de 100 mil personas de diferentes etnias, en su mayoría civiles y que generó más de 1 millón de desplazados, refugiados y exiliados.

Kosovo, por su parte, ahora es una región donde alberga la instalación militar de la OTAN más grande de Europa y mantiene en su seno una red de organizaciones criminales con tentáculos en toda la Unión Europea y otras zonas aledañas de los Balcanes, incluidos grupos yijadistas del Daesh y similares. 

La comparación con Ruanda es, por no decir menos, un insulto al lector, a quien se intenta convencer de que una situación de inflación como la que tiene Venezuela es equiparable a una hambruna generalizada, sumada a una guerra civil interna, que acabó con la vida de más de un 1 millón de personas. Es innegable los efectos que en la realidad material, en el acceso a medicinas y alimentos, ha tenido la estrategia de asfixia económica y bloqueo financiero contra el país, sin embargo, la misma no es homologable a los traumas sociales que genera una guerra civil ni mucho menos a la desaparición de hasta las más mínimas garantías sociales que permiten el acceso a alimentos, medicinas, seguridad y energía. 

Otros ejemplos que toma Hausmann para comparar con Venezuela: la Panamá de Manuel Noriega, que fue invadida por el ejército estadounidense en 1989 (cuyo saldo de muertes alcanzó las 4 mil personas según la Asociación de Familiares de los Caídos), y la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial mencionada anteriormente.

Todos los ejemplos son comparaciones imprecisas, engañosas y dirigidas a acumular el expediente mediático sobre Venezuela, con la criminalización del chavismo y el Gobierno de Nicolás Maduro de manera frontal.

Hausmann dice que "la única medida que ha tomado el Gobierno para solventar esta situación (económica y financiera) es quitarle los inventarios a los supermercados", un argumento no basado en los hechos, puesto que el único actor que ha buscado la protección de la población venezolano en cuanto a alimentos y la adquisición de bienes y servicios a precios fuera de los patrones privados.

No es extraño que agentes como Ricardo Hausmann, un operador que trabaja para esa fábrica intelectual de criminales de guerra y sicarios económicos como lo es Harvard, intenten vender como ciertas algunas falacias para acomodar en la discusión mediática un apoyo concreto a la idea de intervención militar con rostro humanitario en Venezuela. 

Seguramente veremos más peticiones de invasión a Venezuela de parte de otras luminarias de la oposición venezolana e internacional.

 

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Luego de dos derrotas electorales consecutivas en 2017 (precedida por una esencialmente política: el cese de las guarimbas con la Constituyente), la coalición de partidos opositores se vio obligada a sentarse en la Mesa de Diálogo en busca de evitar su colapso interno e intentando negociar, ahora en una posición de debilidad, algunos de los puntos de la agenda de cambio de régimen.

Efecto político y las cartas sobre la mesa

Las primeras reuniones tuvieron un efecto político de múltiples manifestaciones: 1) la fractura de la oposición se acentuó entre "moderados" y "radicales", aumentado su crisis de credibilidad generalizada; 2) EEUU como promotor de sanciones financieras perdió interlocución interna y capacidad de reordenar a la MUD en función de objetivos monolíticos; 3) Luis Almagro y otros operadores del cambio de régimen perdieron peso en su vocería internacional; 4) internacionalmente el chavismo ganó espacios de credibilidad y confianza, posibilitando que gobiernos como México o Chile, quienes desde la OEA enfrentaron al Gobierno durante 2016 y 2017, legitimaran la instancia de diálogo; 5) la debilidad, deslegitimación e inconsistencia de los liderazgos opositores es un factor transversal en la presencia del antichavismo dentro de la Mesa de Diálogo, en el espacio político del parlamento y en la escena política venezolana en general, con alcance incluso en la escena puertas afuera de Venezuela.

Los mediadores, así como los voceros de la oposición y el Gobierno, administraron con tacto la información sobre todos los puntos y detalles que estaban en medio de la negociación; sin embargo, en la opinión pública las apuestas e intereses de lado y lado se hicieron públicos.

El presidente Maduro recalcó a mediados de noviembre que "los emisarios del Gobierno pedirán que ellos se comprometan, Julio Borges y Luis Florido, que han negociado conmigo, se comprometan a hablar con el Gobierno de EEUU y exigir que levante la persecución financiera y económica, y las sanciones contra Venezuela, esa es la exigencia que lleva Venezuela a la mesa de diálogo". De esta forma el Gobierno del presidente Maduro puso su carta principal sobre la mesa.

Por su parte la oposición, dirigida en el diálogo por Julio Borges, mantiene como carta política el cambio de rectores del CNE, en parte por la desconfianza sembrada por la dirigencia en el ente electoral actual (un factor constitutivo de la abstención en sus filas), en parte por la postura de EEUU de buscar un choque institucional de poderes bajo la excusa de un CNE "parcializado".

Muestra de ello fue el desconocimiento de los resultados de las elecciones regionales del 15 de octubre por el Departamento de Estado de EEUU, que más que una declaración política representaba una orden para evitar que la dirigencia opositora participara en los comicios municipales del 10 de diciembre, debido a que, al igual que las regionales, las elecciones habían sido convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El no reconocimiento de la ANC es otro punto de honor de la Administración Trump, y por delegación de la oposición, toda vez que en su cálculo estratégico la Asamblea Nacional debe ser utilizada como mecanismo para doblegar al Gobierno, anidar el camino de mayores sanciones y erigirse como un gobierno paralelo, mas no para articular una mediación política con otro poder constitucional como lo es la ANC.

Por su parte han avanzado en un instrumento legal aprobado en la Cámara Baja del Congreso para posibilitar una intervención humanitaria, mediada por ONGs y otros dispositivos de poder blando, maniobra que a su vez supedita a la aceptación de ese plan su apoyo a la coalición opositora. La variable electoral entra en un segundo plano, o a lo sumo como acelerante de la operación de cambio de régimen que se va decantando por la variante humanitaria.

El factor Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y la reacción de EEUU

Días después de la alocución de Maduro el dirigente de AD Edgard Zambrano amagó con reconocer la ANC si así el trayecto del diálogo lo permitía. Esa insinuación no sólo crispó los ánimos opositores en las redes sociales, sino que también sembró dudas sobre si la juramentación de cuatro gobernadores de AD ante esta instancia había sido negociada (en contraposición a lo que dijera el líder del partido Henry Ramos Allup en su momento), y alrededor de si la decisión de UNT de participar y reconocer a la ANC, decisión frenada por Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) cuando fue convocada, volvería al ruedo en la Mesa de Diálogo.

Los sectores llamados "radicales", articulados en torno a María Corina Machado, Antonio Ledezma y Diego Arria, quienes reclaman para sí la vocería venezolana de la Administración Trump y su agenda de asfixia económica, criticaron fuertemente la elección de Omar Barboza como presidente de la AN a inicios de enero de 2018.

Ese mismo día sin hacer ninguna mención de respaldo o apoyo a la nueva junta directiva, el Departamento del Tesoro sancionó a cuatro funcionarios del Gobierno venezolano, en una muestra clara de que su agenda unilateral continúa y de que no confían en UNT o AD por entablar puentes con el chavismo. Y aquí no sólo se mezcla la urgencia geopolítica de derrocar al Gobierno venezolano, toda vez que las alianzas con Rusia y China aumentan a paso acelerado, sino la toma del frente interno por actores sobre los cuales no tienen un control absoluto, cuestión diametralmente distinta cuando se trata de PJ y VP: la vanguardia interna de las guarimbas y la exigencia de sanciones.

El asunto de la deuda y las presidenciales

En el filo de las negociaciones se encuentra el tema de la reestructuración y/o emisión de deuda nueva, hoy judicializadas por EEUU para evitar que el país obtenga financiamiento para reacomodar su economía interna, además del conjunto de sanciones más específicas que limitan las transacciones internacionales e importaciones del país. Es necesario destacar que a inicios de diciembre pasado el Departamento del Tesoro anunció que emitiría una licencia para emisión de deuda si ésta era aprobada por la AN. Este es su principal recurso de poder en las negociaciones, donde la debilidad política del antichavismo a lo interno ha sido compensada por el asedio financiero externo contra el país.

Las informaciones públicas sobre los temas clave del diálogo suponen que en el contexto actual EEUU intuye que factores como UNT y AD podrían negociar una reestructuración de la deuda y aprobarla por la AN (previa reincorporación al ruedo), además de brindar un reconocimiento tácito de convivencia con la ANC, a expensas de cambios poco sustanciales en el CNE y la superación del desacato de la AN. Para que esto sea efectivo, la oposición debe mostrar capacidad de lograr una flexibilización mayor de las sanciones. Y no parecieran tener la fuerza para ello.

Un retorno a cierto equilibrio institucional, requerido por la apremiante situación económica del país, impactaría negativamente en la capacidad de EEUU para marcar la pauta y los tiempos del conflicto.

En respuesta parece haber decidido avanzar en el bloqueo financiero y en la desestabilización económica como punto de honor, así intentarían vaciar el sentido de las presidenciales ante la presunción de que Maduro ganaría, pero también en lo que respecta al diálogo hacen saber que no levantarán las sanciones por exigencia de dirigentes opositores.

En tal sentido la responsabilidad de un eventual estancamiento del diálogo radica en los efectos contraproducentes que generaron las sanciones financieras, y la imposibilidad de quienes las solicitaron de revertir la situación. La debilidad interna e inercia política de la oposición es otro factor de peso que juega en contra para tratar de obtener sus puntos estratégicos en el diálogo.

Muy probablemente a raíz de estos movimientos los cancilleres de México y Chile aseguraron que reconsiderarían su participación como mediadores en el diálogo, al mismo tiempo algunos operadores como Felipe González y analistas de distinto nivel anuncian que es el Gobierno quien tiene una posición de dominio en el diálogo.

Otro aspecto importante es que la ANC podría adelantar las presidenciales, un factor que colocaría en aprietos a la oposición en busca de nuevas condiciones de unidad política y electoral. Ya AD decidió que se relegitimaría ante la ANC, en busca de posicionar a su líder principal como candidato presidencial, hecho que no sólo reduce los incentivos para una negociación del CNE, sino que aumenta las fracturas internas en la coalición opositora.

Para el Gobierno venezolano el diálogo es una oportunidad de retornar a ciertos puntos de equilibrio político e institucional que se traduzcan en acciones positivas en beneficio de la economía interna, la estabilidad política, la regresión de las amenazas de confrontación social y la construcción de gobernabilidad. Para la oposición representa una encrucijada: un acuerdo mínimo de diálogo tiene graves afectaciones políticas y electorales, tanto para su base de seguidores como para otros actores que disputan el liderazgo de partidos políticos tradicionales en la opinión pública; producir su estancamiento por la incapacidad de levantar sanciones, en cambio, generaría una situación de aislamiento que sería poco rentable y sobre todo, peligroso. 

 

       

Fuente: Misión Verdad

Frases

"Cuando un pueblo despierta, se llena de coraje y decide ser libre, jamás podrá ser derrocado"

Hugo Chávez Frias

Correos del Sur Nº80

 

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