(+Entrevista) Rodríguez: Talante antidemocrático de la oposición se evidenciará si no participa en comicios

(+Documental) Hace cuatro años la derecha demostró que su "salida" es la insurrección

El jefe de la delegación designada por el Gobierno de Venezuela para el diálogo con la oposición política, Jorge Rodríguez, señaló que la fecha de las elecciones presidenciales, pautadas para 22 de abril, fue consensuado con voceros de la oposición representantes en el diálogo desarrollado en República Dominicana.

En entrevista ofrecida al programa José Vicente Hoy, que transmitió este domingo Televen, el también ministro para la Comunicación e Información señaló además que la fecha fue propuesta por ese sector, que inicialmente había pedido celebrar los comicios el 10 de junio.

"La noche del 5 de febrero, de la oposición viene la propuesta del domingo 22 de abril para realizar las elecciones", lo cual fue informado ese mismo día al presidente de la República, Nicolás Maduro, por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien le convalida la postura de la oposición de firmar el acuerdo en caso de aceptar esa fecha.
El Gobierno, que había planteado como fecha el 4 de marzo, para evitar el avance de nuevas agresiones, aceptó la proposición para garantizar la firma del documento, titulado Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela, sobre el cual se venía trabajando desde 2017.

Sin embargo, una llamada desde Colombia —país en el que estaba de visita el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y quien sostenía una reunión con el presidente Juan Manuel Santos— fue recibida por Julio Borges, quien se encontraba ya en la Cancillería de República Dominicana, donde estaba todo listo para la suscripción del acuerdo, y recibe la orden de abstenerse de firmar, contó Rodríguez.

Llamadas contra la paz en Venezuela

En la entrevista, el jefe de la delegación designada por el Gobierno de Venezuela para el diálogo con la oposición política también relató los pasos dados hacia la construcción del acuerdo por la paz Venezuela, y las razones que han impedido a la oposición suscribir el mismo.

Relató que los primeros avances se dieron antes de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el 30 de julio. Para el 25 de ese mes se había pautado la firma del texto en el que acordaba la participación de la oposición en el evento electoral y la manifestación de repudio de este sector a las sanciones unilaterales contra el país. Una llamada interna frustró la consolidación del mismo.

El 1º de agosto, dos días de las elecciones de la ANC, la oposición solicitó reiniciar el proceso de discusión. Esta vez el acuerdo se firmaría antes de las elecciones de gobernadores, pautado para el 15 de octubre. Sin embargo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se dispuso a llamar a la oposición y ordenó no firmar el acuerdo en el que rechazaban las sanciones.

Posteriormente, por invitación del presidente dominicano, Danilo Medina, a instancia del Presidente Maduro, se reiniciaron las conversaciones en el país caribeño con seis puntos a discutir: sanciones unilaterales contra Venezuela, respeto a la soberanía nacional, panorama electoral y sus garantías, conformación de las comisiones de la Verdad, Económica y Social, y de Seguimiento del Acuerdo.

Ya en noviembre estaba todo listo, contó Rodríguez, quien además especificó que para el 2 de diciembre el presidente Medina y Rodríguez Zapatero presentaron a las partes la propuesta del acuerdo con los seis puntos, cuyo borrador mostró en el programa, y el 12 de enero de este año se hicieron las observaciones.

Prosiguieron las conversaciones el 31 de enero, se revisó el acuerdo con las observaciones realizadas y sólo faltaba la fecha de las elecciones presidenciales. Se decidió continuar las conversaciones en Caracas para definir el día de los comicios, propuesta la noche del 5 de febrero por la oposición.

El 6 de febrero se pautó la firma del acuerdo con los seis puntos consensuados, incluso la fecha de las elecciones plateada por al oposición, y una nueva llamada desde Colombia a este sector le impidió suscribir el documento.

El Gobierno cumplió con su palabra y sí firmó el Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela en favor del desarrollo nacional y bienestar del pueblo venezolano.

Durante la entrevista, el ministro señaló que la existencia de un mandato, orden y coordinación extranjera, le impide a la oposición venezolana "tomar decisiones con cabeza propia", y también mencionó que lo ocurrido en República Dominicana muestra además la incoherencia que existe en la derecha.

 

Rodríguez: Talante antidemocrático de la oposición se evidenciará si no participa en comicios

El jefe de la delegación designada por el Gobierno de Venezuela para el diálogo con la oposición política, Jorge Rodríguez, señaló que si este sector no participa en las elecciones presidenciales, pautadas para el 22 de abril de este año, se evidenciará su talante antidemocrático.

"Si están pensando en no participar es que están pensando en alternativas al diálogo, a la paz, a la convivencia. Si no participan es porque no creen en elecciones. No puedes ser demócratas y solo participar en elecciones que crees que puedes ganar, y reconocer solamente resultados que te resultan favorecedores", refirió.

En entrevista ofrecida al programa José Vicente Hoy, que transmitió este domingo Televen, el también ministro para la Comunicación e Información señaló que para estos comicios se están garantizando todos los puntos consensuados entre el Gobierno y la oposición sobre el tema durante el diálogo que se llevó a cabo en República Dominicana, y que están contemplados en el Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela.

Mencionó que los puntos establecidos en ese documento —que tras intensas jornadas de discusión realizadas en los últimos meses, la oposición no firmó— propuestos por ese sector como las garantías electorales contemplaba: jornadas especiales de Registro Electoral en Venezuela y en el exterior; el acompañamiento electoral del secretario general de la Organización Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Rodríguez subrayó que la oposición "tendría que demostrar ante el pueblo de Venezuela si realmente tiene la vocación democrática que dice tener".

 

Hace cuatro años la derecha demostró que su "salida" es la insurrección

Este 12 de febrero se cumplen cuatro años de la ejecución del plan sedicioso conocido como "La Salida", que respondía a los lineamientos contemplados en un documento titulado "Llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición", el cual fue suscrito por los dirigentes de extrema derecha Antonio Ledezma, prófugo de la justicia venezolana, María Corina Machado y Leopoldo López, que cumple una sentencia de 13 años por su participación en esos planes.

Los tres alentaron el inicio de un periodo caracterizado por una extrema violencia que duró cuatro meses, entre febrero y junio, que dejó el saldo de 43 fallecidos y más de 800 heridos.

Entre las víctimas están motorizados que resultaron degollados por guayas colocadas en las barricadas que impedían el libre tránsito, como ocurrió con Elvis Rafael Durán, asesinado el 23 de febrero en el este de Caracas; efectivos de seguridad como el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ramzor Ernesto Bracho, quien recibió varios disparos el 12 de marzo de 2014 en el distribuidor Mañongo, estado Carabobo; y transeúntes ajenos a las acciones de calle, como Adriana Urquiola, quien recibió un disparo en Los Teques, estado Miranda, el 23 de marzo.

En los casos donde se determinó la responsabilidad de los cuerpos de seguridad, el Estado venezolano aplicó las sanciones judiciales respectivas y ratificó su compromiso con el pleno apego de los derechos humanos.

El gobierno, ante un panorama signado también por daños a bienes públicos y restricciones al libre tránsito, también decidió apostar al diálogo: el presidente Maduro logró sentar en una misma mesa el 26 de febrero de 2014 al Nuncio Apostólico Aldo Giordano, a la élite empresarial del país, al exgobernador Henry Falcón y a los dirigentes opositores Leopoldo Puchi e Hiram Gaviria.

En abril de ese mismo año, el jefe de Estado nuevamente se sentó a dialogar con los sectores antichavistas en el Palacio de Miraflores y se instaló una mesa de acuerdo entre el Gobierno y la oposición.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) estuvo como mediadora, con la participación de los cancilleres de Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia y Surinam.

No obstante, en mayo de 2014 la oposición se retiró del proceso y se negó a participar en Comisión de la Verdad para investigar la muerte de 11 personas y decenas de heridos, producto de los llamados a la violencia realizados por el dirigente de derecha Henrique Capriles, tras las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013.

Tras la ruptura del diálogo, la oposición más extrema mantuvo su postura beligerante con episodios aislados de violencia, mientras el Ejecutivo insistió en establecer conversaciones a pesar de la negativa de sectores adversos, como ocurrió a fines de 2016.

2017, arrecian los ataques

Tres años después de La Salida, la derecha activó nuevamente un proyecto sedicioso mucho más virulento con cierre de calles, intervención de escuadras de choque y ataque directo a instituciones del Estado entre abril y julio de 2017. En ese periodo, se registraron 121 personas fallecidas, 1.958 heridos y 4.439 acciones de violencia en las principales ciudades del país.

Los ataques dejaron pérdidas al sector público y privado, al producirse 917 agresiones contra comercios y establecimientos privados y 913 contra instituciones públicas.

Este plan insurreccional también tenía entre sus objetivos la afectación de los servicios públicos esenciales, pues fueron destruidas 166 unidades de transporte, resultaron quemados dos centros de acopio de alimentos, 12 estaciones del Metro de Caracas fueron vandalizadas y el Sistema Eléctrico Nacional sufrió 30 sabotajes.

Los grupos de choque pretendieron desafiar el orden institucional, al intentar destruir la capacidad de respuesta de los órganos de seguridad. Como resultado, 829 efectivos fueron heridos, 73 de ellos por arma de fuego.

Para conjurar estas amenazas, el presidente Maduro llamó a instalar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), espacio al que convocó a la participación de sectores opositores, que finalmente se negaron.

Frente a la actuación de esos grupos, el órgano plenipotenciario creó la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, que investiga los hechos de violencia política ocurridos desde 1999 y que ya cuenta con un fondo de reparación de víctimas, que atiende inicialmente a 502 personas.

A la par de la búsqueda de justicia, se inicia en septiembre pasado una nueva etapa del proceso de diálogo entre Gobierno y posición en República Dominicana, donde se celebraron diez encuentros con el propósito de alcanzar la firma de un acuerdo de convivencia política y de estabilidad democrática.

Aunque se había logrado consenso en torno al Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela, que fue firmado por el Gobierno, la oposición optó por desconocer el documento, luego que Julio Borges recibiera una llamada del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, que en ese momento estaba en Colombia.

Al someterse a las decisiones del gobierno norteamericano, el antichavismo reincide en su negativa a buscar acuerdos y, como anunciaron sus voceros, se alista para seguir promoviendo matrices que justifiquen nuevos ataques contra el Estado venezolano.

 

       

Fuente: AVN

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