(+) La deriva mercenaria de Washington hacia Venezuela

Los diputados de la oposición están en la tarea de aterrizar la maniobra de decretar la figura de vacío de poder desarrollando las acciones dentro del marco jurídico que delineen los argumentos para anular al gobierno nacional.

Por ello se efectuó la discusión de anteproyecto de Ley de Estatuto de Transición, documento que aún no figura entre las leyes del portal web de la Asamblea Nacional (AN).

¿Cuáles son las principales aspectos que se discuten dentro de la AN? Lo correspondiente a las vías para materializar la toma del poder. Sólo por anuncio no revocan el mando de Nicolás Maduro.

Luego de que en un primer intento Guaidó invocara la "restitución del orden constitucional", se abrió el escenario para concretar la transición.

Una comisión especial fue delegada a evaluar este anteproyecto de ley, días previos a la juramentación del presidente Nicolás Maduro. Juan Miguel Matheus, parlamentario que presentó el texto, se apoya en el artículo 233 de la Constitución sobre un abandono de cargo que no aplica, como punto de partida para crear el estatuto, figura que permita la transición y exponga los ámbitos que se abordarían, incluyendo los pasos a seguir para esa toma del poder.

En este sentido, la ley de transición pone tres ámbitos centrales. El primero (ya en curso) es el desconocimiento de la Asamblea Nacional a las elecciones celebradas el 20 de mayo de 2018 y la representación presidencial vigente, tomándose la atribución de "única autoridad jurídica" en el país.

El respaldo de los organismos internacionales y países de la región es el rasgo esencial de este ámbito en la ruta que lleva a la instalación de un gobierno paralelo.

El Consejo de Seguridad Nacional, en voz de John Bolton, sale a confirmar la autoría intelectual de la Casa Blanca en la maquetación del marco legal que ampare a la AN en búsqueda de su legitimación.

En un comunicado del asesor, confiere respaldo a la AN. Detalla además el soporte logístico vía agresiones financieras afirmando que seguirán "utilizando todo el peso del poder económico y diplomático de los Estados Unidos para presionar a favor de la restauración de una democracia venezolana que revierta la actual crisis constitucional".

Instancias como la OEA y los países más hostiles contra Venezuela ya tienen definido su papel en la legitimación de un gobierno paralelo, pero queda la interrogante de las naciones que se decantan por temperaturas tibias al momento de definir posturas diplomáticas extremistas.

La otra dimensión que contempla el estatuto abarca las acciones para irrumpir en el poder y desplazar al alto mando político nacional que califican de "usurpadores".

Entra allí la conformación de un "Consejo Nacional para la Transición Democrática". Los integrantes, designados por la AN, se encargarán de coordinar las acciones que produzcan el quiebre político.

La AN también pretende dirigir la política económica del Estado venezolano a través de esta ley
La AN también pretende dirigir la política económica del Estado venezolano a través de esta ley Asamblea Nacional

Lo que deja ver el documento sobre estas medidas para cesar la supuesta usurpación es que apuntan a determinar el proceso para asignar a nuevos funcionarios en los Poderes Públicos con el aditivo de conceder "incentivos jurídicos" a los funcionarios que desconozcan al Estado venezolano, haciendo especial énfasis a los que integran la FANB.

Para cerrar la restitución, se relata en la ley que se realizarán elecciones "una vez se recuperen las condiciones de integridad electoral y con ellas, la confianza del ciudadano en el voto".

Esto se lograría al designar a cinco nuevos rectores del Poder Electoral, tal y como versa el artículo 17 del documento que también comprende la designación del Defensor Público y del Contralor General de la República.

Se centralizan, de este modo, esfuerzos aislados anteriores por instalar estructuras simultáneas como el "Tribunal Supremo de Justicia en el exilio". Los magistrados de este paratribunal se reincorporarían al Poder Judicial según el anteproyecto de ley.

Confiscación de los activos nacionales: objetivo fundamental del Estatuto de Transición

Proclamarse como representante del país ante la comunidad internacional, y que sea validado, permitiría seleccionar a miembros de misiones diplomáticas y organismos multilaterales que presionen en la agenda de confiscar activos de la nación venezolana, agudizando el bloqueo financiero que aplica Estados Unidos.

En el artículo 9 del texto legal se enumeran las actuaciones "legítimas" que comprenden la apropiación de cuentas bancarias, el pago de facturas por parte del gobierno y la gestión de la deuda pública externa, permitir la intermediación de factores externos para atender la mediatizada "crisis de refugiados".

La colaboración en la lucha contra la corrupción acompañada del oportuno expediente armado contra Venezuela es la excusa para que los diputados construyan el puente jurídico necesario que canalice esos recursos nacionales incautados en el exterior a las nuevas instituciones paralelas que Estados Unidos avala.

Sobre ello el secretario de Estado, Mike Pompeo, celebró la creación de un Fondo de Recuperación de Activos producto de la corrupción, propuesto desde las filas de Voluntad Popular en la AN.

Pompeo, quien además ha mantenido comunicaciones con Guaidó, se refirió a Venezuela diciendo que era hora de "comenzar la transición ordenada hacia un nuevo gobierno". El Departamento de Estado trabaja diligentemente para consolidar la instauración del gobierno paralelo.

¿Por qué la FANB es (nuevamente) convocada a la agenda golpista?

La ruta ahora se aboca en conseguir un consenso de aprobación por el resto de naciones que garanticen la autoridad en cuestiones de decisiones sensibles soberanas y el deterioro del gobierno venezolano. 

Usando como único modelo de referencia la experiencia en Libia con la instauración del "Consejo Nacional de Transición Libio" y su reconocimiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas, puede que en el intento de materializar esta acción se trate de cuidar las formas, aminorando las reacciones negativas en la comunidad internacional, teniendo en cuenta el rechazo a las políticas intervencionistas que Estados Unidos recibe.

A Estados Unidos le toca atar los cabos sueltos en función de establecer sólidas relaciones con aspectos neurálgicos del Estado para hacer irreversible el derrocamiento del gobierno venezolano. De ahí que el documento redactado por la AN se esfuerce en recalcar el reconcilio con detractores de las instituciones militares que colaboren en el proceso de transición.

Las actuales atenciones de los actores políticos de oposición en convocar a la FANB con mayor ímpetu que nunca ratifican esa urgencia.

La escalada violenta, que hasta ahora se proyecta con el apoyo de Brasil y Colombia, de tener un ejército compuesto por figuras disidentes de la FANB, alentaría el relato de lo nacional en un intento por disimular la marcada intrusión extranjera.

El turbio resultado libio que produjo una inmediata rectificación de las potencias, sobre todo Rusia, en el desarrollo de la guerra siria, no da espacio a errores en los pasos a seguir con respecto a Venezuela. La lección aprendida por parte de los países que conforman el mundo multipolar no permitiría una actuación unilateral propia de una hegemonía que actualmente está debilitada.

 

La deriva mercenaria de Washington hacia Venezuela

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La proclamación y autojuramentación de Juan Guaidó como "Presidente interino y de la transición" en Venezuela, empleando la figura de la Asamblea Nacional en desacato e inhabilitada en sus funciones administrativas, sugiere para Venezuela otra etapa en la trama de desestabilización.

También Guaidó fue "habilitado" para asumir la presidencia de Venezuela por la instancia autodenominada "Tribunal Supremo de Justicia en el exilio”, que meses antes había proclamado a Antonio Ledezma como "Presidente de la transición en Venezuela". Mediante carta firmada en Washington, el llamado tribunal, que fue creado como instancia paralela a las instancias en ejercicio y con legitimidad en Venezuela, autorizó a Guaidó para hacerse del poder.

En un marco de asedio de espectro total como el que sufre Venezuela, la fijación de instancias paralelas, paralegales, como tribunales supremos y presidentes paralelos, prefija condiciones para el desmembramiento de la legitimidad con la que está investida el presidente Nicolás Maduro, al menos ante la comunidad internacional, que en realidad es el espacio donde se demarcan y desarrollan estos eventos.

Se propaga un intento de fragmentación de la institucionalidad venezolana que, en teoría, legitimaría el uso de la fuerza contra el Estado venezolano bajo el supuesto de un "rescate de la democracia".

Ante la autoproclamación de Guaidó, las reacciones no se hicieron esperar desde Washington mediante varios de sus más importantes voceros. Mike Pompeo, secretario de Estado; el senador de Florida, Marco Rubio; y John Bolton, asesor de seguridad de Trump, desde el 10 de enero declararon al presidente venezolano Nicolás Maduro como "usurpador" del cargo, y seguidamente el 11 de enero proclamaron a Juan Guaidó como figura "legítima" que ostenta el cargo de "presidente" de Venezuela.

En contexto, la trama de deslegitimación de las autoridades venezolanas está claramente delineada con la postura de la Casa Blanca, que intenta doblar la institucionalidad venezolana y con ello presionar a Nicolás Maduro para una entrega del poder, en un claro acto de intento de desmantelamiento del Estado-nación venezolano, dada la negación de Washington de las leyes venezolanas y la ausencia, hasta la fecha, de un nuevo acuerdo que coloque al chavismo y a la oposición venezolana en vías de resolver la pugna interna.

Para la oposición venezolana, claramente dirigida y apoyada por Estados Unidos, no hay diálogo posible con el chavismo. Por lo tanto, la agenda venezolana luce cada vez más en vías de choque y convulsión.

El rol de Pompeo, Rubio y Bolton ha sido indispensable para posicionar el tema venezolano como una situación de primer nivel en la ajetreada y compleja mesa de las relaciones internacionales estadounidenses. Con varios frentes de choque en simultáneo, la Casa Blanca dirime y ordena su política para la región amalgamando su apresto político en el Grupo de Lima, condensando un lobby de presión política regional contra Venezuela y promoviendo el cerco diplomático y económico contra la nación petrolera.

John Bolton, Mike Pompeo y Nikki Haley forman parte de una misma trama contra Venezuela
John Bolton, Mike Pompeo y Nikki Haley forman parte de una misma trama contra Venezuela (Foto: Getty Images)

Pero, al mismo tiempo, la agenda, que involucra acciones militares regulares e irregulares contra Venezuela, parece escalar a nuevos niveles cuando estos funcionarios han llamado, en la misma línea narrativa de Guaidó, a las "fuerzas armadas" (FANB), a la comunidad internacional y a los factores civiles de la vida venezolana, a "hacer efectivo" un gobierno de transición presidido por Guaidó. Un abierto señalamiento al empleo de la fuerza.

El desmantelamiento de la "Operación Constitución", señalado por el medio estadounidense Bloomberg a mediados de 2018 y que confirma la planificación de acciones armadas irregulares en Venezuela mediante la cooptación de militares y otros componentes de seguridad en el país, así como la colaboración logística desde Florida (EEUU) y Colombia, con la probable inserción de elementos mercenarios en el terreno, es un elemento relevante e indispensable a reconocer, por tratarse de un aflujo importante de intenciones armadas que no tendrían lugar sin el apoyo de funcionarios norteamericanos.

El ex coronel venezolano Oswaldo García Palomo habló para Bloomberg en diciembre de 2018, explicando la intención de una sublevación militar en Venezuela, al unísono de los continuos pronunciamientos que ha hecho el senador Marco Rubio para el derrocamiento de Maduro por parte de la FANB.

A mediados de diciembre, luego de su visita a Rusia, el presidente Nicolás Maduro presentó serias denuncias que involucran al asesor de seguridad estadounidense John Bolton en fraguar una inserción de fuerzas regulares e irregulares estadounidenses y colombianas en Venezuela, que actuarían bajo la apariencia de ser fuerzas regulares venezolanas, en la acometida de un golpe de Estado.

Esta trama de señalamientos y situaciones que suponen el desarrollo de una fluida colaboración entre funcionarios y países, para otra "Bahía de Cochinos" en Venezuela, contaría sin dudas con el beneplácito u apoyo de Mike Pompeo, quien dirige la política exterior estadounidense con métodos de la CIA, de la que fue su director.

El empleo de las vías irregulares y mercenarizadas contra Venezuela camufladas como "fuerzas armadas nacionales" es sugerida como una seria posibilidad para bypassear la falta de consensos políticos alrededor de los países de la región, buena parte de ellos integrados en el Grupo de Lima, sobre la opción militar contra Venezuela.

La cancillería rusa emitió un comunicado recientemente que explica esa situación, pues de ella se decantaría un conflicto de proporciones regionales que serían técnicamente imposibles de encapsular eficazmente, agudizando fenómenos como la migración desde Venezuela al extranjero y la creación de un foco de inestabilidad a gran escala en la región sudamericana y el Caribe.

 

         

Fuente: Misiion Verdad

Frases

Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad
          Simón Bolívar  

ATLAS HISTÓRICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

 

Correos del Sur Nº91

 

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 Cuadernos para la Emancipación  Número Especial  1. Junio 2018.

 

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