El gobierno argentino, junto al de Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, ha firmado la partida de defunción de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), llevada a cabo por nuestra cancillería. Esta decisión marca una línea política internacional respecto de la región,totalmente contrapuesta a la tradicional que en el siglo pasado, impulsaron Yrigoyen y Perón.

Fuera de nuestro contexto actual, esta decisión parecería desopilante, pero desde la perspectiva de una administración que desde sus primeros actos –y a costa de descalabrar la economía nacional–, no cesa de transferir riqueza a los más ricos, resulta claramente coherente.

Pero no se trata de una coherencia ideológica, como podía ser la de la oligarquía de los años treinta del siglo pasado. Tampoco se agota en un simple alineamiento, como el de las dictaduras de seguridad nacional, sino que su coherencia es mucho más sustancial con la realidad. La clave de la íntima coherencia con la acción de gobierno la expuso sin tapujos el ministro Faurie, tratando de justificar ese lamentable voto que, por cierto, nos debe doler a todos los argentinos.

En efecto : el ministro explicó que lo hicieron porque la Unasur era una « tribuna de discusión ideológica y política ». Lamentó que la Unasur se haya convertido « en un escenario de discusión de posiciones políticas e ideológicas ». Es decir que, si un foro regional discute políticas e ideologías, merece ser descalificado por el ministro, como vocero del gobierno que integra. En otras palabras : el gobierno confiesa, por medio de su ministro, que no tolera discusiones ideológicas y políticas en un foro regional.

Podría pensarse que esa desvaloración de la « ideología » y de la « política » responde a la famosa « muerte de las ideologías » (que también es una « ideología ») y a la « antipolítica » propiciada por el corporativismo financiero, que va ocupando el lugar de la política, con su consabido método « lawfare » [Guerra Jurídica] de mostrar a ésta como corrupta y a los chief executive officerscomo vírgenes morales.

Pero la coincidencia del ministro con su gobierno no se eleva ni siquiera hasta esos bajísimos niveles de abstracción, sino que vuela aún mucho más bajo, quedándose en el puro terreno pragmático y empírico que caracteriza toda la acción de la actual administración en su inexorable y desorganizado avance catastrófico.

En ese nivel de baja y casi nula intensidad de ideas, responde a la realidad de una acción gubernamental que carece de toda política, pero sobre todo de política económica, puesto que no responde a la mínima coherencia de ideas y fines que, necesariamente, requiere una política, salvo que se presuma que persigue como objetivo la falencia o quiebra, lo que no es bueno, porque no es recomendable la presunción de dolo.

Este fenómeno de incoherencia extrema sólo podemos entenderlo si también nosotros nos damos cuenta de que, al caracterizar al actual gobierno como representante vernáculo del capitalismo financiero más despiadado, pasamos por alto que no se trata de un frente unido, sino de un conjunto de intereses sectoriales dispares, que sólo se coaligaron coyunturalmente para desplazar a la política y transferir riqueza.

Conforme a los dispares intereses que les llevaron a coaligarse, cada uno sigue tirando para su lado y le cobra al gobierno por su participación en la empresa de alcanzar el poder y de no quitarle apoyo, que éste paga religiosamente y, por ende, el resultado es el caos en que va sumergiendo a la sociedad.

No se trata de una situación que pueda caracterizarse metafóricamente como la imagen de la orquesta sin director, sino que debe apelarse a imaginar el ruido infernal de una orquesta en que cada músico ejecuta una partitura diferente, eligiendo del repertorio la que más le interesa.

Esta es la verdadera razón del rechazo a las ideologías y a la política que el ministro expresa en la justificación de su lamentable papel regional. Es absolutamente sincero al rechazar las ideologías, porque éstas imponen una coherencia política de la que el gobierno es por completo incapaz, en razón de la disparidad de intereses que lo llevaron al poder y que ahora lo jaquean con sus incompatibles exigencias.

Esto explica que no haya cuestión ideológica alguna a la hora de valorar esta triste realidad presente, porque aún colocándonos ideológicamente en posición por completo dispar con el llamado « neoliberalismo » económico, debemos reconocer que, de aceptarse sus premisas, éste llega a consecuencias al menos coherentes con ellas. Pero nuestra realidad ni siquiera tiene nada que ver con Adam Smith, pues si estuviese vivo, el pobre escocés se horrorizaría viendo que se usa su nombre para explicar el caos de los intereses sectoriales satisfechos desorganizadamente.

La incoherencia no admite explicación ideológica y, por eso, no puede explicarse por « ortodoxos » ni por « heterodoxos », sino sólo por la crisis de intereses contrapuestos y descontrolados.

No es necesario ser economista, teorizar por lo alto sobre los ciclos económicos, hacer cálculos actuariales y hablar el dialecto propio de los técnicos, para caer en la cuenta de que, en cualquier caso, quien se endeuda y, al mismo tiempo, renuncia a su trabajo remunerado y los otros ingresos que obtiene los regala, es un anormal, un irresponsable o un pródigo que, irremisiblemente, caerá en cesación de pagos y luego en quiebra o en concurso civil.

En estas condiciones, las ideologías y la política no pueden menos que causarle pánico y repulsa al gobierno –como lo expresa su ministro–, porque en el terreno de esas discusiones quedaría al descubierto el escándalo de su carencia de ideas que armonizar en ideologías y, por ende, de su incapacidad para formular políticas.

En la discusión ideológica que proporciona base coherente a las políticas, es claro que no faltan algunas ideologías irracionales, pero la valoración de su racionalidad corresponde a la crítica de las ideologías, o sea, a la discusión ideológica, que es propia de la democracia e imprescindible para ella.

Las ideologías, entendidas como sistemas de ideas con cierto grado de coherencia para aproximarse a la comprensión de la realidad, deben discutirse en toda democracia, pero esta premisa no puede ser compartida por quienes toman medidas sin coherencia ideológica y, por ende, carecen de política, pues no merece ese nombre el conjunto de retribuciones al apoyo de intereses dispares.

Precisamente por eso,la actual administración no puede tolerar la discusión ideológica y política, tal como lo expresó claramente el ministro comisionado para la triste tarea de comunicar la decisión de acabar con la Unasur.

Cabría preguntarle al canciller qué encuentra de malo en que haya « un escenario de discusión de posiciones políticas e ideológicas » y, si fuese sincero, debería responder que no es bueno un foro donde le resultaría imposible ocultar o disimular la carencia de ideología y de política de su gobierno.

Lo cierto es que la Unasur ha dejado de ser ese foro. No existe un lugar donde discutir lo que el ministro y su gobierno consideran que no debe discutirse. Pero la discusión sigue siendo indispensable para las democracias y éstas deban avanzar, continuar y fortalecerse, a pesar de las decisiones de nuestro gobierno. Por ende, ahora que ya no se dispone de la Unasur, es necesario otro foro o espacio donde hacerlo.

Los partidos y movimientos políticos populares latinoamericanos deben pensar en eso. En medio de la peligrosa regresión que sufren los Derechos Humanos en el mundo y en nuestra región, las fuerzas políticas populares no pueden eludir la responsabilidad de discutir ideologías y políticas, para salvar y fortalecer los sistemas democráticos.

Se trata de un ineludible imperativo de la hora. El costo que están pagando los presos políticos en nuestro país, comenzando por el escándalo de la discriminación múltiple de Milagro Sala y siguiendo por todos los otros, como el que pagan nuestras clases humildes en necesidades no atendidas, en servicios públicos desvirtuados con tarifas al « costo », en jubilaciones y salarios, en violencia de la pobreza, tiene como contrapartida positiva el reforzamiento de la conciencia popular de Patria Grande.

Esa ventaja,producto del sufrimiento, no la pueden ignorar nuestros movimientos populares, para que el dolor y el sacrificio de las injusticias actuales no sea en vano. Llega la hora de discutir en grande las ideologías y las políticas, lo que obviamente no quiere nuestro gobierno, como lo expresa claramente por boca de su ministro. El interrogante, una vez extinguido la Unasur, es cómo y dónde hacerlo.

Sin descartar otros caminos, creemos que se debería comenzar a pensar en posibilidades tales como una Internacional Popular Latinamericana, abierta y generosa, con un amplio abanico de ideologías y políticas consecuentes, sin exclusiones, que abarque a todas las fuerzas políticas de la región que se ubican del lado de la soberanía, de la independencia económica y de la justicia social en convivencia democrática.

Nuestros Pueblos reclaman coherencia, frente a juegos de puro poder, sólo movidos por el cobro de sus aportes a la obtención del poder. Existe hoy una clara línea de división de aguas, que no llega gratuitamente, sino a costa de conciudadanos que sufren injusticias y cárcel. Los movimientos populares no pueden actuar al margen del contexto regional y sin una coherencia de esa misma naturaleza. A diferencia de otros momentos, hoy nuestros Pueblos lo saben por efecto de vivencia pura, adquieren plena y creciente consciencia de esa necesidad.

Nuestros dirigentes populares deben estar alertas para ponerse a la altura de esos reclamos y responder a ellos, pues de lo contrario corren el riesgo de perder el tren de la historia, en momentos en que la confesión abierta de un ministro, al borde del andén, hace sonar el silbato que anuncia la partida del convoy que sigue y carga la dinámica siempre inquieta de los Pueblos.

Eugenio Raúl Zaffaroni es abogado y escribano argentino graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1962, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral (1964), y ministro de la Corte Suprema de Justicia de su país desde 2003, hasta el 2014 cuando presentó su renuncia por haber llegado a la edad límite que fija la Constitución. Actual Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

       

Fuente: Aporrea

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