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El texto que sigue es una traducción del capítulo titulado «Venezuela Libre» del libro El cuarto donde sucedió, las controvertidas memorias el ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos trató en vano de impedir su publicación, ahora convertida en un bestseller político que da cuenta las conspiraciones que desde la Casa Blanca traman contra Venezuela y el mundo bajo la actual administración.

El gobierno boliviano, a contrapelo de lo que han sido los últimos tres lustros, ha decidido volcar todas sus fichas, en el marco de su política exterior, en cobijarse bajo las faldas de Estados Unidos y lo que ese país le marque en materia internacional.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos tenían documentos y soportes gráficos y de audio sobre la matanza en noviembre de 1989 de seis sacerdotes jesuitas, entre ellos el fundador de la Teología de la Liberación, Ignacio Ellacuría, y dos empleadas domésticas de Universidad CentroaMericana, en El Salvador, pero se negaron a dar información.

La Corte Penal Internacional fue creada con la aprobación del Estatuto de Roma en el año 1.998. En la actualidad, 123 estados parte son signatarios del mismo. La Corte tiene jurisdicción para la investigación, enjuiciamiento y sanción ante la presencia de cuatro delitos principales: Genocidio (“intención específica de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso matando a sus miembros”); Crímenes de lesa humanidad (“violaciones graves cometidas como parte de un ataque a gran escala contra cualquier población civil”); Crímenes de guerra (“infracciones graves de los convenios de Ginebra en el contexto de un conflicto armado”); y los Crímenes de agresión (“uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad o independencia de otro Estado”). El Estatuto de Roma establece que las actuaciones de la Corte Penal Internacional serán “complementarias a las jurisdicciones nacionales”, pero le otorga facultad para abocarse ante la presencia de crímenes que no han alcanzado el debido proceso ante la justicia local (www.icc-cpi.int/).

La "justicia universal" es un espejismo y un medio para socavar la soberanía nacional de los estados militarmente débiles. No hay alternativa a la instalación de la democracia en cada país y organizar un proceso local de justicia, respaldado por otros pueblos del mundo.

Frases

 

“Tenemos que unirnos porque el mundo lo acelera todo y sino aceleramos nuestra unidad, ese mundo se viene contra nosotros”

Hugo Chávez
 
 

ATLAS HISTÓRICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

 

Correos del Sur Nº125

 

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Xi Jinping: Tres discursos

 

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