Un diputado chileno de origen croata, pero cuyo apellido en inglés es el nombre de un ácido que se usa como antiséptico hizo una declaración que pone de relieve su amargo carácter reflejo de su acidez, aunque su punto de vista no alude a la condición antiséptica que le permitiría evitar la infección; al contrario, extendiendo la putrefacción que le caracteriza cuando a temas internacionales se refiere y haciendo gala de la ignorancia que pasea con aires de grandeza, el tal parlamentario puso sobre el tapete la discusión la universalidad de los derechos humanos. 

Alrededor de las dos y media de la tarde del martes, y luego de una tensa –e intensa– reunión de la comisión ejecutiva del Partido de los Trabajadores, se decidió anunciar que, por unanimidad, el candidato a presidente será Fernando Haddad (foto) y a vice, Manuela D’Ávila. 

Decenas de panfletos, llamadas telefónicas y versiones de pobladores, indican que hay una o varias estructuras que se hacen llamar Águilas Negras en el país. Sin embargo, ni un capturado, ni un campamento, ni siquiera una foto de un mando se encuentra en los últimos años. Parecen, literalmente, fantasmas que van y vienen de acuerdo a contextos sociales y políticos en varias regiones.

La guerra jurídica, o lawfare, es la nueva modalidad adoptada por algunos gobiernos para desmoralizar y destruir a sus oponentes políticos, potenciales o declarados. Esto implica, obviamente, un uso indebido de los diferentes instrumentos de carácter legal a su disposición. Todo con la intención de afectar, obstruir y destruir su trayectoria e imagen pública, hasta lograr, al final, su inhabilitación política y posible encarcelamiento. Algo que ya ocurre en Argentina y Brasil con Cristina Fernández y Luis Inácio Lula Da Silva, a quienes se les han imputado delitos de corrupción administrativa, supuestamente cometidos bajo sus respectivos mandatos presidenciales, a fin de impedir que ambos lleguen, en unas próximas elecciones, a recuperar el poder.

En la tarde de ayer el juez de primera instancia Sergio Moro sentenció al ex presidente Luis Inacio Lula da Silva a nueve años y seis meses de cárcel. De paso, lo inhabilitó para ocupar cualquier puesto en la administración pública por los próximos 19 años. La culpa: haber recibido, como soborno, un departamento de tres plantas y poco más de 200 metros cuadrados en Guarujá, un decadente balneario a unos 70 kilómetros de San Pablo, por valor de poco más de 700 mil dólares.

Frases

"Cuando un pueblo despierta, se llena de coraje y decide ser libre, jamás podrá ser derrocado"

Hugo Chávez Frias

Correos del Sur Nº76

 

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 Cuadernos para la Emancipación

Número Especial  1. Junio 2018.

 

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