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México, el país de las fosas clandestinas

Quiero un país donde no haya asesinatos, donde toda la gente tenga las mismas oportunidades. No podemos seguir así, sentados sobre los huesos, sobre las fosas (Elena Poniatovska, escritora, activista y periodista mexicana).

Ya pasó más de tres semanas desde que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinaga desaparecieron en Iguala, Estado de Guerrero sin que el gobierno de Enrique Peña Nieto los haya localizado o por lo menos ofrecido una explicación creíble al mundo sobre lo sucedido con los normalistas.

Se sabe, según los testimonios de los jóvenes que lograron salvar su vida, que unos 120 estudiantes de unos 25 años en promedio viajaron a Iguala para protestar contra las aspiraciones políticas de la esposa del alcalde María de los Ángeles Pineda quien como presidenta del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal se preparaba para lanzar su candidatura para la alcaldía. A la vez, los estudiantes estaban planificando recaudar fondos para su centro de estudios.

Para realizar este viaje los jóvenes tomaron temporalmente varios autobuses y camiones -una práctica común de los normalistas carentes de recursos suficientes para viajar a Iguala. Actualmente existen en México 16 Escuelas Rurales que constituyen la primera opción para los hijos de campesinos que no tienen posibilidades de pagar su licenciatura. Todos estos centros de estudios están bajo permanente acoso oficial debido a su tradición de lucha social y por tener como principal misión “enseñar a la gente cuáles son sus derechos y sus deberes”.

De acuerdo al Vice News Channel, al llegar al centro de la ciudad, los dos primeros autobuses de la caravana fueron recibidos por una lluvia de balas que provenían desde unas 10 patrullas de la policía municipal. Los estudiantes de los siguientes buses fueron esposados y subidos a las patrullas de la policía municipal que hicieron más de tres viajes para llevarse a los normalistas a donde nadie sabe. Posteriormente, hubo un segundo ataque contra los heridos que provenía de camionetas no identificadas. En total, de lo que informó el Vice News Channel hubo unos 25 heridos de bala aquella noche, seis muertos y 43 estudiantes desaparecidos.

Según las declaraciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero, “se habla de que a la esposa del ahora prófugo alcalde de Iguala, José Luis Abarca le causó malestar la presencia de un grupo de jóvenes en la central de autobuses. Posiblemente ella o su esposo ordenaron a la policía acudir sin protocolo a atacar a los normalistas”. En Iguala todos saben de los antecedentes penales del alcalde Abarca que en mayo de 2013 fue implicado en el asesinato de tres dirigentes de la Unión Popular. También se presume que la familia de la esposa del alcalde ha tenido relación con el Cártel de los Hermanos Leyva.

Iguala de 118,000 habitantes no es una ciudad cualquiera, es un punto clave de tránsito de droga donde actúan dos organizaciones delictivas: “Los Rojos” y  los “Guerreros Unidos” que antes estaban al servicio del cártel de los Hermanos Leyva. En mayo de este año, allí fue desmantelado un laboratorio de metanfetaminas. Todos saben que también en los alrededores de la ciudad abundan fosas comunes. Hace apenas cuatro meses fueron encontradas varias de ellas con 28 cadáveres. El crimen organizado y la violencia en realidad han sido parte de la vida cotidiana de los moradores de esta ciudad cuyos órganos administrativos y su policía han estado bajo el control de las mafias.

Según informes de la prensa local, los policías de Iguala habrían entregado a los normalistas a los policías de la cercana ciudad de Cocula y los últimos los han pasado a los estudiantes a “Guerreros Unidos” que finalmente acabaron con sus vidas. El fiscal general de Guerrero, Iñaky Blanco, responsabilizó a esta organización delictiva por el crimen contra los 43 normalistas. Sin embargo, en la madrugada de 16 de octubre pasado apareció en Iguala una narcomanta (el periódico mural de los narcos) en el que uno de los líderes de "Guerreros Unidos”, “El Choky” solicitaba  justicia al presidente y denunciaba con nombres, seudónimos a los responsables del asesinato y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Al final del texto afirmaba que “no toda la culpa la tengo yo”.

Mientras el gobierno y todos sus cuerpos de seguridad e inteligencia apoyados por el FBI y la DEA norteamericanos que pasean por México como “Pedro por su casa” no son “capaces” aparentemente a dar con el paradero de los normalistas secuestrados. El sacerdote Alejandro Solalinde, laureado con el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2012 se presentó el pasado 20 de octubre en la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) para entregar la información de cinco testigos que afirman que los 43 normalistas desaparecidos fueron quemados, algunos de ellos en vida. Dijo que “lo más triste de todo esto es que ya no les puede asegurar a sus familiares que van a tener sus cuerpos. Esos muchachos permanecerán siempre como desaparecidos tal cual porque no dejaron rastros”.

En el momento cuando se escribía este artículo el procurador todavía no ha recibido al padre José Solalinde, como igual está pasando con muchos otros casos diariamente. No hay que olvidar que desde 2007 la violencia ha cobrado la vida a más de 70.000 personas en México y las “autoridades” como lo señala Solalinde, “no tienen un desempeño ético. Se han corrompido muchísimo y sólo van tras el poder y el dinero”. A la vez, el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete reconoció hace poco que hay un pacto tácito de impunidad entre los políticos sin que exista un documento firmado. Todo esto explica por qué México, donde según el Consejo Regulador de la Industria y Servicios de Seguridad de la República Mexicana (CRISSRM) se producen 10 ejecuciones al día, se convirtió en el país de fosas clandestinas.

Hace poco desapareció el periodista Jesús Antonio Gamboa quien denunciaba casos de corrupción en Sinaloa. Tampoco se salvan los blogueros y tuiteros. En los últimos tres años 27 de ellos fueron asesinados. La doctora María del Rosario Fuentes Rubio @Miut3 que desde años combatía el crimen organizado fue secuestrada y ejecutada la semana pasada. En su último tuit  donde publicaron su foto antes y después de la ejecución, había un texto que decía: “encontré la muerte a cambio de nada, están más cerca de nosotros de lo que creen”. En Tamaulipas, los narcos dieron el precio de 45,000 dólares por los activistas de las redes sociales que informan sobre los problemas de seguridad pública y también amenazaron a todos sus usuarios.

Y todo esto está sucediendo en el país cuyo presidente fue declarado en setiembre pasado en las Naciones Unidas como el Estadista Mundial 2014. Este nombramiento a Enrique Peña Nieto se hace después que  entregó  al Gran Patrón la última riqueza que le quedaba a México: el petróleo. Sus reformas, llamadas por Noam Chomsky como el “suicidio” de la soberanía nacional, fueron aclamadas por el poder global a pesar del rechazo de su pueblo que no supo defender sus riquezas nacionales por el miedo que induce al olvido y la indiferencia.

En este México conviven unos 40 millones de hambrientos con 16 barones cuya riqueza supera 142 mil millones de dólares. Y esto es nada porque según los pronósticos de Credit Suisse, el número de millonarios en México aumentará para el 2019 en 57 por ciento. Lo que no dice esta unidad financiera es lo que pasará con el número de los pobres.

Alguna vez el pueblo de México se despertará de su miedo, que como decía Mario Benedetti, “no se atreve a atravesar el río” y construirá un puente hacia su futuro justo y soberano.

Fuente: Ria Novosti

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