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La pandemia causada por el Covid-19 ha acentuado las diligencias del Presidente de la República. Desde el comienzo de la peste, el Poder Ejecutivo ha lanzado decenas de decretos por razones de necesidad y urgencia. Deben adicionarse a eso los decretos delegados, que al igual que los DNU participan del rango legislativo.

La decisión de Supremo Tribunal Federal de 9 votos a 2 a favor de Lula que confirma la falta de competencia de Sergio Moro para juzgarlo, aleja cada vez más cualquier intento de reimposición del Lawfare.

La gran contradicción de nuestros tiempos es cómo, a pesar de la globalización, el acceso a la información y a los sistemas de comunicación eficientes y accesibles, los pueblos se encierran en la protección de su entorno cotidiano y, de manera progresiva y con profundo escepticismo, van perdiendo la capacidad de reflexión y análisis. Quizá esta es una de las consecuencias de la degradación ética y moral de las organizaciones políticas, pero sobre todo es resultado de las estrategias de inteligencia impuestas desde el extranjero, cuyo objetivo es entorpecer la participación popular en decisiones que le competen y centralizar estas en función de otros intereses.

La pandemia de COVID-19 exige una respuesta colectiva y global que pocas veces se requirió en la historia de la humanidad. Es probable que los 132 millones de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo y las 3 millones de muertes sean cifras subestimadas y que la cantidad real de casos y muertes sea mucho mayor. También han surgido variantes más contagiosas, lo que ha provocado un aumento alarmante de los casos. Los virus no respetan las fronteras y, en un planeta cada vez más interconectado, la necesidad de un enfoque cooperativo para enfrentar esta emergencia de salud pública es imperativa. Estados Unidos, la nación más rica del mundo, tiene la responsabilidad moral de facilitar la disponibilidad de vacunas y tratamientos contra la COVID-19 en todo el mundo. En cambio, el Gobierno de Biden eligió el camino de lo que se denomina "nacionalismo de las vacunas", almacenando y acaparando dosis y bloqueando los intentos para suspender, aunque sea de forma temporal, los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19, que están en poder de compañías farmacéuticas con fines de lucro. Mientras tanto, todo sigue como de costumbre en la industria armamentista de Estados Unidos, que vende anualmente más de 160.000 millones de dólares en armas y municiones en todo el mundo.

Otra semicolonia estadounidense en el continente americano, Honduras, donde por décadas han primado la corrupción oficial, las represiones militares, la desatención social con las secuelas de hambre y miseria entre sus pobladores, acaba de ser presentado en los tribunales de Nueva York como un narco Estado.

  

ATLAS HISTÓRICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

 

Correos del Sur Nº150

 

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Resumen Latinoamericano: Abril

 

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Premio Aquiles Nazoa Periodismo Digital 2015

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