Se cumplieron ayer los primeros 100 días del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Si el ejercicio de realizar un balance de tal etapa de arranque resulta prematuro y arriesgado en cualquier periodo sexenal, en éste la tarea es doblemente difícil porque no tiene precedente en la historia reciente del país: en la memoria de los mexicanos ningún otro mandatario llegó al cargo con una legitimidad democrática tan incuestionable, en décadas recientes ningún otro dispuso de un respaldo legislativo tan sólido y ninguno de ellos, desde los tiempos posteriores a la Revolución Mexicana, se había propuesto un programa tan amplio de transformaciones políticas, económicas y sociales como con el actual jefe de Estado.

En consecuencia, los puntos más relevantes que han de señalarse del ejercicio gubernamental iniciado el primero de diciembre del año pasado son el deslinde de arraigadas tradiciones políticas, la vertiginosa demolición de instituciones que parecían inamovibles, como el Estado Mayor Presidencial y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y la anulación de símbolos tan representativos de la Presidencia como la antigua residencia oficial de Los Pinos, los transportes aéreos y los retratos oficiales.

En estos poco más de tres meses han ocurrido, además, cambios de enorme relevancia, como la reorientación del gasto público hacia una política de bienestar, el inicio de un combate frontal a la corrupción en las oficinas públicas, la instauración de prácticas efectivas de austeridad, el fin del desmantelamiento del sector público que imperó en los pasados 36 años y el comienzo del rescate de las empresas energéticas del Estado, la reversión de las estrategias educativas privatizadoras y tecnocráticas, el cambio de paradigmas en seguridad púbica y migración, así como la recuperación de los principios tradicionales de la política exterior mexicana, entre otras rupturas destacables con el pasado reciente.

De tanta o mayor relevancia son los propósitos aún no concretados de la llamada Cuarta Transformación y que obviamente llevarán más tiempo, como la reactivación real del campo, la reconfiguración del sistema de salud pública, el establecimiento de una democracia participativa, la recuperación de las soberanías energética y alimentaria y la pacificación nacional. El programa sexenal lopezobradorista apenas está empezando.

En lo inmediato, el inicio de este sexenio está caracterizado por claroscuros insoslayables, en la ejecución de varios de sus propósitos han proliferado los aciertos y los errores y en ocasiones la puesta en práctica de lineamientos que gozan de gran respaldo social se han traducido en pifias que, a su vez, han dado alimento a la crítica. De no haber sido por los yerros de la nueva administración, las oposiciones seguirían rumiando las mismas objeciones de principio que se inventaron en contra del tres veces candidato presidencial que hoy se encuentra en la jefatura del Estado mexicano.

Entre los señalamientos adversos más comunes destaca el de los destellos autoritarios de una Presidencia que tiende a descalificar en automático toda divergencia a su ruta y a rebatir a sus críticos con una enjundia que resultaría aceptable en cualquier ciudadano, pero no cuando proviene de la máxima autoridad del país. El manejo económico, correcto y digno de respaldo en sus objetivos supremos –abatir la pobreza, la marginación y el desempleo y construir un estado de bienestar–, parece ignorar o minimizar a actores que, por desgracia, tienen un peso real en las finanzas mundiales y nacionales, como los organismos financieros internacionales y las firmas calificadoras; con el propósito legítimo de restituir al gobierno federal la facultad de diseñar y ejecutar políticas públicas se ha incurrido en confrontaciones infructuosas con el tejido de comisiones, institutos y organismos autónomos legado por el modelo neoliberal; la determinación de asumir las responsabilidades constitucionales del Estado de cara a los derechos a la educación, la salud y la seguridad ha producido lamentables malentendidos, especialmente en los casos de las estancias infantiles y los refugios para mujeres víctimas de la violencia.

Por otra parte, varios integrantes del equipo gubernamental han incurrido en lamentables colisiones declarativas, un fenómeno que denota el problemático desempeño del nuevo gobierno en materia de comunicación. En este ámbito, la gran paradoja es que si bien el Presidente realiza un esfuerzo diario de transparencia y exhaustividad al comparecer todas las mañanas ante los medios de comunicación –con lo cual coloca los asuntos nacionales ante el examen de la sociedad–, ello no necesariamente se traduce en una mayor nitidez y certidumbre en la exposición de los motivos y de las acciones gubernamentales.

El presidente López Obrador se ha propuesto informar trimestralmente de sus acciones de gobierno. Ello significa que en junio próximo, cuando haya transcurrido la doceava parte del sexenio, habrá una nueva oportunidad para los balances. Cabe esperar que para entonces el panorama sea más claro y resulte menos arduo el ejercicio.

 

          

Fuente: La Jornada

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