El 15 de febrero de 2017, la ex fiscal Luisa Ortega Díaz visitó Brasil para reunirse con el por entonces Procurador de la República, Rodrigo Janiot, con el fin de "profundizar la investigación de Odebrecht en Venezuela". Unos días antes, el Ministerio Público venezolano había allanado la sede de Odebrecht en la Torre Humbolt de la urbanización Prados del Este, municipio Baruta, además de congelar sus cuentas bancarias y prohibir la enajenación de bienes muebles e inmuebles.

Según The Intercept, "el equipo del Lava Jato había esperado que Ortega Díaz revelara esta información a través del sistema de justicia venezolano, pero con su destitución en agosto de 2017, eso ya no parecía posible, al menos a través de los tribunales".

En todos esos meses se dieron reuniones cada vez más frecuentes de la instancia de Fiscales y Procuradores de Iberoamérica con el claro fin de articular localmente las acciones judiciales contra la red de sobornos de Odebrecht, revelada por la empresa luego de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Así, la asociación extranjera "más existosa" del Departamento de Justicia, según uno de sus funcionarios, intentó que los fiscales del Lava Jato cooptaran a la por entonces Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, a la par que lo hacían con el resto de sus pares latinoamericanos con la excusa de investigar los sobornos de Odebrecht, presentes en, al menos, 12 países del continente.

El expediente por caso logró que se investigaran a más de dos ex presidentes de América Latina, entre ellos Lula Da Silva y Alan García de Perú, quien hace pocos meses se suicidó cuando iba a ser arrestado en su casa en Lima.

El detrás de escena: los fiscales del Lava Jato y Sergio Moro intentan darle un golpe a Maduro

Las conversaciones en Telegram del equipo de fiscales del Lava Jato, articulados por el juez Sergio Moro, demuestran que la intención de los funcionarios judiciales fue filtrar el caso Odebrecht en Venezuela para engordar el expediente contra el presidente Nicolás Maduro y el Gobierno Bolivariano. Las charlas, justamente, comienzan el 5 de agosto de 2017, sólo días antes de que Donald Trump ordenara nuevas sanciones contra Venezuela, luego de que Ortega Díaz fuera destituida por la Asamblea Nacional Constituyente y las guarimbas de ese año fueran derrotadas.

"Hay una justificación para filtrar la información en Venezuela, y no en otros lugares, porque la fiscal general fue destituida y es una dictadura. El próposito es contribuir a la lucha del pueblo contra la justicia, y mostrar que si no hay responsabilidad allí, es porque hay represión", escribió el 6 de agosto de 2017 Deltan Dallagnol, jefe de los fiscales del Lava Jato, después de que el propio Moro pidiera que fuese analizada esta iniciativa por este grupo de fiscales, considerados como promotores de la lucha contra la corrupción por el Departamento de Justicia estadounidense.

Después de escaparse de Venezuela, la ex fiscal Ortega Díaz viajó de nuevo a Brasil, donde volvió a reunirse con Rodrigo Janiot, Procurador General de la República brasileña, para acordar un mecanismo de cooperación "clandestino" sobre el expediente Odebrecht.

"Ustedes quieren filtrar cosas de Venezuela, aquí está su momento. La mujer está en Brasil", escribió Paulo Galvão, uno de los fiscales del Lava Jato, en el grupo de Telegram donde los funcionarios judiciales días antes habían discutido sobre la viabilidad de filtrar información, teniendo en cuenta que el código penal establece dos años de prisión para "quienes utilicen su posición para revelar información que debería permanecer en secreto".

A mediados de septiembre, Ortega Díaz envió dos fiscales del Ministerio Público, en el marco de su función como enlace "de la cooperación clandestina" con funcionarios venezolanos, de acuerdo a Vladimir Aras, para entonces ex secretario general de Cooperación Internacional de la Procuradoría General de Brasil.

Los fiscales del Lava Jato recibieron a estos funcionarios en sus casas, y el jefe del grupo, Dallagnol, le pidió a la ONG Transparencia Internacional que se hiciera cargo de sus gastos del viaje.

Poco tiempo después, en octubre, Ortega Díaz publicó en su cuenta de Twitter dos videos con la confesión de Euzenando Azevedo, director de Odebrecht en Venezuela, donde afirmaba haber pagado sobornos a funcionarios del Gobierno Bolivariano y al opositor Henrique Capriles Radonski. La filtración, criticada por los abogados de Odebrecht en Brasil, fue realizada con el claro objetivo de influir en las elecciones regionales del 15 de octubre, donde el antichavismo perdió la mayoría de las gobernaciones.

Ortega Díaz y el papel de Transparencia Internacional en Venezuela 

Sin embargo, la jugada de Ortega Díaz quedó circunscripta a una condena sin efecto, ni validez jurídica, ordenada en el Congreso de Colombia por el "Tribunal Supremo de Justicia en el exilio". Como era de esperarse, la noticia fue opacada por el hecho de que los jueces, puestos a la carta por la Asamblea Nacional en desacato, plantearon la posibilidad de investigar a Henrique Capriles Radonski.

En el medio, el director de Transparencia Internacional de Brasil, Bruno Brandão, presionó a los fiscales del Lava Jato para que el caso Odebrecht Venezuela fuera investigado en Brasil. Finalmente, Edson Fachin, relator del Tribunal Supremo Federal en el Lava Jato, descartó de plano la propuesta por no estar relacionada con Petrobras.

La frecuencia con que Transparencia Internacional dialoga sobre Venezuela con los fiscales del Lava Jato, además, los expone como un articulador clave de sus operaciones respecto a la lucha contra la corrupción.

Financiada por el Departamento de Estado, esta ONG actúa como promotor encubierto de Estados Unidos en la elaboración de un caso judicial contra Venezuela de la misma forma que lo hizo su directora, Mercedes De Freitas, cuando el año pasado fue a presentar un expediente contra el país en una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU por pedido de la representación de Estados Unidos.

El expediente Odebrecht intentó ser articulado en la instancia de Fiscales y Procuradores de Iberoamérica, una de las primeras en respaldar a Ortega Díaz y calificar a Maduro de "dictador" (Foto: Procuradoría Argentina)
 

Por otro lado, la regionalización del Lava Jato, a través del expediente Odebrecht, fue una oportunidad para que la ex fiscal Ortega Díaz se proyectara como una figura ascendente de la política venezolana. Con su articulación desde enero con las autoridades de Brasil, buscaba erigirse en una funcionaria independiente que investigara al gobierno venezolano para desestabilizar desde dentro las instituciones de Venezuela, de la misma forma que el ex juez Sergio Moro lo hizo en Brasil.

Lo que se deja entrever de estas filtraciones es que la ex fiscal Ortega Díaz iba a aprovechar las filtraciones del caso Odebrecht, realizadas por medios y ONG financiadas por Estados Unidos como Armando Info y Transparencia Internacional, para movilizar un expediente judicial contra figuras del Gobierno Bolivariano y luego contra el presidente Maduro para lograr su destitució. Lo mismo que sucedió en 2016 cuando Dilma Rousseff fue destituida acusada de corrupción en el Congreso de Brasil en el contexto de mayor popularidad del Lava Jato.  

En medio de esto, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un falló que se atribuyó una función de la Asamblea Nacional en desacato, y eso generó la puesta en marcha de un plan insurreccional por parte de la oposición. Esto obligó a la ex fiscal Ortega Díaz a dar un paso adelante, totalmente a destiempo, mostrando todas sus cartas para aprovechar lo que pensó podría desembocar en la salida anticipada del gobierno.

Así fue como su fugaz y repentina aparición en la escena política venezolana quedó reducida a unos pocos meses hasta que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente la dejó sin cargo.

Las filtraciones, además de confirmar la tesis que esta tribuna planteó en caliente por aquellos días, expone con mayor claridad cómo los funcionarios judiciales en América Latina actúan bajo el paraguas de políticas de intervención de largo alcance de Estados Unidos, como el expediente Odebrecht.

Pero sobre todo, de cómo se valen de las ambiciones personales de estos fiscales y jueces, como Ortega Díaz y Moro, para hacerse del poder por la vía judicial, saltándose a los partidos políticos y la validación ciudadana a través del voto.

 

          

Fuente: Misión Verdad

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