Se ha desatado en todo el continente la criminalización y persecución de los gobiernos y frentes políticos progresistas y populares. Se llama ‘lawfare’ e implica usar el sistema judicial contra el enemigo en una especie de guerra judicial. No hay casualidades, esto es parte de la política de dominación para América Latina impulsada por los EEUU y sus agencias. Desde hace algunos años las embajadas norteamericanas de la región vienen trabajando muy cerca con actores de nuestros poderes judiciales a través de financiamiento, invitaciones a EEUU o a celebraciones en la residencia del embajador. Los resultados están a la vista: los que siempre viajan, reciben financiamiento y visitan la casa del embajador son los mismos que con simultaneidad inusitada están privando de derechos básicos a Lula Da Silva, a Cristina Kirchner y a Rafael Correa.