La continuidad democrática en Brasil se rompió con  el golpe del 2016, que sacó del gobierno, de forma espuria, sin ningún argumento jurídico, una presidenta recién reelegida por el voto popular, bajo la mirada complaciente y cómplice del Judiciario. En ese momento empezaba a imponerse un régimen de excepción en Brasil, bajo el argumento de que pasaba a combatir el mal mas grande del país, la corrupción, protagonizada por personajes tan poderosos, que era necesario utilizar métodos de excepción, para tener éxito en ese combate. Es lo que ha hecho la operación Lava Jato, cometiendo todo tipo de arbitrariedades, ya naturalizadas como forma sistemática de persecución política en contra de la izquierda, por la judicialización de la política o lawfare, por las acciones arbitrarias de la policía y del ministerio público, por la condena y prisión sin pruebas ni fundamento jurídico.