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No basta con proclamar la soberanía, se debe ejercer en cada uno de los ámbitos de la política nacional

En el país de “la mejor carne del mundo”, el antiguo granero universal, la mancha de soja se expande hasta a zonas naturalmente no aptas para su producción. ¿Cuáles son las consecuencias de ese modelo? Las desgranan los autores.

La implementación de las actuales prácticas agrícolas impacta negativamente en el grado de soberanía y seguridad alimentaria, base fundamental de la organización de los pueblos de todo el mundo. Para comenzar debemos definir ambos términos; entendemos a la soberanía alimentaria como el derecho que poseen los pueblos, países o Estados a definir su política agraria y alimentaria; y a la seguridad alimentaria como el acceso en todo momento (ya sea físico, social y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades, según las preferencias culturales, para una vida sana y activa.

A contramano de lograr ese objetivo, la expansión progresiva de la mancha de soja en todo el país (proceso denominado sojización), hasta en zonas naturalmente no aptas para su producción, hace que productos tradicionales comiencen a desaparecer lentamente junto con el abasto seguro, diverso y suficiente para el consumo interno.

La Argentina de los alimentos, el “antiguo granero del mundo”, la gran productora de cabezas de ganado, “la mejor carne del mundo”, actualmente tiende hacia el monocultivo. A partir de la implementación de políticas que benefician intereses foráneos, iniciadas en la dictadura militar, continuadas en la década del 80 y profundizadas-consolidadas en los 90, la matriz económica Argentina se convirtió en netamente agroexportadora y dependiente de bienes extranjeros. Como parte fundamental de ese proceso, ingresó al país el nefasto cóctel transnacional, semillas transgénicas + agroquímicos, con el objetivo de efectuar prácticas agrícolas de superexplotación que van dejando en terapia intensiva a gran parte del suelo argentino y, con él, a todo el ecosistema.

La utilización de semillas transgénicas promete, y cumple, una mayor producción y rentabilidad, pero a un precio muy alto. La utilización de los agroquímicos que las acompañan (glifosato) completan un atropello ambiental desmedido, dado que perjudican con su contaminación tanto al suelo como a las poblaciones linderas y hasta a los consumidores mismos. Actualmente, en nuestro país, el 99% de la producción de soja se realiza bajo este método. Y no sólo se trata de un efecto local, sino que es una consecuencia nociva de la globalización capitalista que ha demostrado perseguir el lucro como único parámetro, y estar eximida de toda ética y empatía para con los seres vivos. En el mundo, 5 empresas multinacionales de granos y cultivos son dueñas y responsables del 99% de la producción mundial de semillas transgénicas (Monsanto, Cargill, Dupont, Bunge y Bayer).

En este contexto, la Argentina productora de materias primas, con las cuales se puede producir alimentos para más de 475 millones de personas, exporta el 92% de su producción al exterior dejando muchas bocas hambrientas y un futuro condicionado en su interior. A la luz de estos datos concretos podemos afirmar que la ausencia de trabajo por bajo desarrollo industrial, y la existencia de millones de argentinos desamparados en la pobreza y mala alimentación son nefastas consecuencias provocadas arteramente, como así también lo son la falta de vivienda, precarización de la salud, destrucción de la educación pública, en pos de continuar con un modelo político, económico y social que beneficia a unos pocos mientras que nos perjudica a todos.

Destruir la cultura del trabajo y someter al pueblo a la asistencia social como única salida posible es parte de la estrategia empleada en conservar este injusto orden establecido. Por eso es falso que la Argentina sea un país subdesarrollado o en vías de desarrollo; es una patria oprimida, un pueblo atacado.

Conciencia colectiva, voluntad política y unidad nacional es lo que se requiere para salir de esta situación. Urge realizar cambios estructurales, revolucionarios, en una Patria herida de gravedad. Ya no alcanzará con medidas de maquillaje ni reformas impositivas utilizadas en otros momentos, se precisa un cambio de modelo económico que tuerza el rumbo de la producción y comercialización en nuestro comercio exterior, y oriente a la Nación Argentina a un horizonte de independencia económica y justicia social.

En cuanto a la producción de alimentos, debemos poder combinar, y equilibrar, las virtudes del desarrollo tecnológico de la época con el cuidado de la naturaleza de las prácticas ancestrales que utilizaban nuestros pueblos originarios, como fue la producción y desarrollo de semillas mejoradas. Esto consistía en cruzar ejemplares de alto rendimiento con otros que poseían tolerancia a las bajas, o altas, temperaturas. De esa manera, obtenían ejemplares que podían tener una mayor resistencia sin renunciar a mayor producción. Las virtudes de ese proceso las podemos ver en, por ejemplo, las más de 200 variedades de papa que hoy en día consume el mundo entero.

Teniendo un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), siendo de los más prestigiosos de la región, cuesta creer la falta de voluntad y políticas estructurales en referencia a la producción alimenticia. Con actual presencia en todas las provincias, es necesario que el Inta cuente con la inversión suficiente para la producción de semillas y cultivos autóctonos que suplan a las extranjeras, cumplan con la seguridad requerida y garanticen nuestra soberanía alimentaria.

Igual en importancia, es urgente regular la comercialización en nuestro comercio exterior. Porque mientras sean multinacionales las que emitan las órdenes de compra a los productores locales, son ellas quienes definen producción, precios, cantidad y tecnología aplicada. A fin de cumplir este objetivo, y si se busca efectividad en la regulación, deben volver a estar en manos del Estado nacional todos los puertos del país, privatizados y cedidos a transnacionales durante la década del 90. Asimismo es vital recuperar el monopolio de la compraventa de nuestra producción para poder definir y garantizar el precio, calidad y cantidad para el abastecimiento interno, como así también proteger nuestro mercado frenando la inundación de productos importados que impiden el desarrollo de la industria nacional y la generación de puestos de trabajo genuinos.

La comunión estratégica entre la comercialización nacional y la expansión territorial junto a las ventajas tecnológicas del Inta pueden suplir las necesidades de los medianos y pequeños productores cada vez más sofocados por el avance de la soja, y revertir el desastre ambiental ocasionado. Al mismo tiempo, el Estado nacional contaría con las herramientas necesarias para transitar el camino hacia la soberanía y seguridad alimentaria.

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Fuente: ElCiudadanoWeb

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