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"En Colombia las masacres buscan disciplinar por el terror"

Erika Prieto es integrante del Congreso de los Pueblos de Colombia y una activa defensora de los derechos humanos. Con ella tratamos de buscar una respuesta a la escalada de crímenes contra la población, a través de masacres o de asesinatos individuales de líderes y lideresas sociales o de militantes opositores al gobierno de Ivan Duque.

Por Carlos Aznarez

-¿Cómo estás viendo esta dura situación que se está dando?

-En Colombia se está viviendo una situación muy compleja de recrudecimiento de la violencia en cuento a un ejercicio de reorganización y reconsolidación del paramilitarismo. Esto, viene de la mano del actual Gobierno de Iván Duque y es una realidad que se vive en las comunidades más empobrecidas. Esto, también nos da cuenta de que en Colombia se está perpetrando un genocidio que va a llevar, o pretenden llevar, al exterminio de personas de carácter opositor a las formas del gobierno como tal y de este modelo capitalista.

En esa medida, también vemos como la figura de las masacres va tomando mayor fuerza y se va reconsolidando como una forma de accionar del paramilitarismo, que siempre fue una de sus formas históricas de generar terror en la población. Nosotros vemos que eso tiene como fin generar un estado de terror que le permita a estos grupos entrar a cambiar la situación productiva y el uso económico de los territorios a través de ese ejercicio de la fuerza militar que ellos ostentan. Este accionar no tiene ningún tipo de control o de freno por parte del Gobierno colombiano.

 

-Lo que ocurre es que bajo el barniz de que esto es una democracia, se aprovecha para golpear a los sectores de la población que disienten del modelo. ¿Es inevitable que esto ocurra?

-En la actualidad, hemos tenido ya, desde el concepto que manejamos de masacre, 71 de estos crímenes en el país hasta principios de noviembre. Esto nos da cuenta de una situación muy grave porque son hechos que se repiten en todo el país. Entendemos que masacre es el asesinato colectivo de más de tres personas que serían sujetos de protección por medio del derecho internacional humanitario. Así es que nos encontramos en esta lista 71 masacres, cometidas incluso por la Policía Nacional en el marco de agredir a manifestantes desarmados.

Entonces, hay unas situaciones muy complejas que se vienen dando con el recrudecimiento de la violencia, generada a través de dinámicas de un Estado que actúa desde la oscuridad. Los vínculos y las formas en las que el paramilitarismo se reorganiza están ligadas directamente con la presencia del Ejército en los territorios, porque es precisamente allí, donde se dan esos ejercicios con más fuerza. Por otro lado, las formas de protección que el Estado colombiano le ofrece a los líderes y lideresas sociales, a los defensores y defensoras de Derechos Humanos, no protegen realmente.

O sea que las personas con o sin esquema de protección son asesinadas, y esos asesinatos responden a una sistematicidad. Generalmente son personas que se están oponiendo a intereses de explotación de los recursos, que se están interponiendo al ingreso de las multinacionales, a diferentes formas de explotación del pueblo. Cuando ocurren estos asesinatos, la Fiscalía y los entes del gobierno responden de igual manera en cualquier parte del país, lo que nos da cuenta también de una sistematicidad por parte del Estado en la manera en la que nos enfrentamos a este problema. Entonces, resulta poco creíble tratar de decir que no hay una relación directa del Gobierno colombiano con lo que está pasando actualmente.

-¿El pueblo colombiano tiene conciencia de esto y reacciona ante estos hechos?

-El pueblo colombiano tiene una característica muy compleja y es que acá siempre los Estados Unidos han mantenido una injerencia muy fuerte en la idea de que esto debe parecer una democracia y como esto siempre «ha parecido una democracia”, la gente no comprende las faltas que tiene nuestro sistema en cuanto a acercarse a un modelo de este tipo. La gente no es muy consciente de esto y aunque está muy politizada en muchísimos aspectos, ocurre que la información que transmiten los medios masivos de información muestran estos asesinatos de la población como si fueran unas cifras más. Lo tratan de una manera muy descarnada, en la que pretenden que la gente no se indigne y esto tiene unos efectos en una gran parte de la población colombiana.

-Sin embargo, en los últimos meses se han dado grandes protestas.

-Así es. Venimos viendo un ejercicio también de un estallido social que da cuenta de que la gente se está despertando y está entendiendo que, si bien aquí nos han mantenido bajo la idea de la figura democrática, hemos vivido realmente en unas condiciones de opresión muy complicadas. Estos hechos que se producen a diario pueden dar cuenta perfectamente de que no estamos ante un ejercicio de carácter democrático, y que en esa medida han venido abriéndose campo estas otras verdades. Esas verdades que ha padecido el pueblo durante tanto tiempo, y que antes eran desconocidas completamente. A

ntes. el principal problema del país era la guerrilla y todos los males eran culpa de las FARC, pero ahora la gente ha tenido la posibilidad de cuestionarse, de entrar y mirar que, en la misma página del Gobierno, donde cuentan las víctimas, la mayoría de ellas las generó el paramilitarismo. Eso hace que la gente ahora se inquieta y está la posibilidad de enterarse de mucha información a través de los medios alternativos, que trasmiten a través de las redes sociales y demás, y, entonces, se va rompiendo un poco con ese silencio.

Ahora entendemos que, si bien gran parte de la población sigue alienada en lo que los medios transmiten, también vienen generándose una gran ola de personas que están indignadas por el asesinato, por las masacres. Gentes que se han levantado a protestar, independiente si estamos o no estamos en la pandemia, y que seguimos en un ejercicio de lucha y de movilización para denunciar el genocidio que ocurre en el país, para denunciar las relaciones que tiene el Gobierno colombiano con el narcotráfico y con el paramilitarismo, y para transformar el modelo en el que vivimos.

Aquí la gente está cansada del gobierno de Duque y venimos entonces en un ejercicio en el que todos estos asesinatos, toda esta ola de violencia, la entendemos también como parte de lo que vino a hacer su gobierno y lo rechazamos completamente. Hay un ejercicio de las dos cosas, si bien sigue habiendo mucha indiferencia, no es la misma indiferencia a la que nos enfrentábamos durante el gobierno de Álvaro Uribe. Hay una parte de la población que desconoce lo que ocurre, pero hay un gran número de personas en el país que están dispuestas a denunciarlo, hablarlo y a trabajar para que cambie.

-Recientemente se dio la llegada de la Minga a Bogotá, después de recorrer varias provincias. ¿Qué saldo dejó esta presencia allí? ¿se han logrado resolver alguna de las reivindicaciones que estaba planteando el campo y el movimiento indígena?

-La Minga es una expresión de unidad de construcción colectiva, de reconocimiento de nuestros saberes y de nuestro ser. Entonces, esto parte de que la Minga no es indígena, hace parte del movimiento indígena, pero también hace parte la población negra, la campesina, la urbana y es una suma de saberes y de poderes populares que camina.

Ya la Minga se había vivido en otros momentos y ahora retoma ese caminar, para exigirle al Gobierno que se sentara, para que habláramos del tema de los homicidios, de los acuerdos incumplidos, de las masacres, de la situación tan grave de violencia que se vive actualmente en el territorio nacional. Más precisamente, de donde viene la Minga, que es el Cauca, uno de los departamentos donde hay un mayor número de asesinatos a diario.

Nosotros, desde el movimiento popular, venimos desconociendo la figura del presidente Duque como jefe de Estado o Jefe de Gobierno, no creemos que tengan ninguna gobernabilidad, sin embargo, en el marco de proteger la vida y la apuesta por esta protección, se decide que la Minga quiere hablar con el presidente Duque y se buscan generar unos acuerdos para proteger la vida.

El presidente Duque se niega a esto, primero se le cita en Popayán, que es la capital del departamento del Cauca, posteriormente se le cita en Cali y, nuevamente, se le pide que se reúna en Bogotá. Cada paso que iba dando la Minga se esperaba que el presidente llegara al ejercicio de conversación con los pueblos, con las comunidades, y nunca pasó.

Lo que nos dice claramente este ejercicio es que ante un despliegue como el de la Minga, en el que están sumadas tantas expresiones del poder popular, el presidente no reconoce a ese pueblo y en esa medida nos da más razones para entender que él no es quien nos gobierna actualmente, y que seguimos entonces en un ejercicio de búsqueda de cambio de este gobierno.

Cuando la Minga llega a Bogotá nunca se reúne con el presidente y a causa de que estamos con lo de la pandemia, se decide que se regresen al Cauca y desde ahí se siguen haciendo ejercicios de lucha, de resistencia y de denuncia de lo que está ocurriendo, ya basados en nuestras formas organizativas de protección como son las guardias campesinas, cimarronas e indígenas, y así avanzar en otras dinámicas que vimos que al Gobierno no le interesa.

-Otro tema que también tiene vigencia en Colombia, siempre ha sido así, pero ahora me parece que hay una vuelta de tuerca, es la presencia, no solamente de las bases norteamericanas en el país, sino, también, el envío de tropas que ha hecho Trump hace muy poco. ¿Cómo está repercutiendo eso en las poblaciones donde esos soldados norteamericanos se mueven?

-La realidad que vive el pueblo colombiano es que le toca codearse directamente con las fuerzas militares norteamericanas y ese es un hecho real y muy complejo. Nosotros desde el 2007 venimos denunciando una serie de violaciones a los Derechos Humanos por parte de las personas y de los soldados norteamericano, también de las personas que vienen dentro de esas comitivas que envía el Gobierno estadounidense, y a pesar de ello ha sido imposible encontrar justicia.

Esas personas gozan de una inmunidad diplomática, de un carácter casi absoluto, que no permite ningún tipo de acción penal o de ningún tipo de acción contra ellas. Es como el caso del sargento del Ejército norteamericano, Michael Coen, y el contratista César Ruiz que es una denuncia que venimos trayendo desde el 2007, que no ha tenido posibilidad de justicia.

-Recuerdo el caso, ¿de que los acusan?

-Se trata de una niña que violan siendo menor de edad, teniendo 13 años. Hoy ella es mayor de edad, tiene un montón de traumas y problemas, y no ha sido posible hacer justicia. Estos tipos hacen y deshacen, se creen los dueños del espacio territorial al que llegan, afectan terriblemente la forma de vida de la población, tienen un montón de excesos en fiestas y en consumos que son totalmente invisibilizados y acallados.

También cuentan los efectos que eso tiene en términos militares y estratégicos, porque, además de los efectos que tiene para la población a la que ellos llegan a habitar, también están los efectos que tienen dentro de la guerra que vive actualmente el país. Es entender que todo este resurgimiento, fortalecimiento, de estos grupos paramilitares no podría estar pasando si no fuese con el visto bueno de quienes ostentan, también, tener el poder en el país, que son los Estados Unidos.

A través de la historia hemos visto, como es un ejercicio de la construcción de estas formas paramilitares, de «la contra», como lo hicieron en Nicaragua y en otras partes del mundo, lo repitieron en Colombia y ahora están redirigiendo hacia sus objetivos. Eso, también, da cuenta de las formas que va teniendo el espacio que se supondría es nuestro Ejército Nacional y es que empieza a practicar formas operacionales ligadas a los intereses de los Estados Unidos. No es que empiece, porque ya tenemos una presencia de sus bases hace muchos años, pero que a medida que tiene más presencia, más fuerza y más injerencia, va tornándose en un asunto más visible, más característico, en las personas que conforman las fuerzas armadas.

–Por último, recientemente hubo un ataque del Ejército a un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN), allí asesinaron a un comandante muy conocido, Uriel. ¿Cómo ven ustedes que se puede resolver la situación de una guerrilla que quiere negociar y un gobierno que se tapa los oídos y apela, solamente, a la represión.

Nosotros, desde el movimiento social, lamentamos que el país siga sumido en una guerra, como es la que vivimos. Si bien nosotros no compartimos el método del Ejército de Liberación Nacional, entendemos que las razones que dieron origen al conflicto siguen vigentes y que, en esa medida, no existen en este momento las posibilidades de irse totalmente en contra y de reprocharles su existencia misma como la guerrilla más vieja del mundo actualmente.

ambién, esa violencia sistemática de la que venimos conversando, es un asunto histórico del país, ha sido la forma siempre de abordar aquí los problemas, y esas razones, no solamente las estructurales de carácter social, sino las de la violencia que ejerce el Estado, son las que llevan a que, finalmente, los pueblos se armen.

-¿Qué se plantean como movimiento social ante la situación de estancamiento producida por el gobierno, tanto a las negociaciones con el ELN como al desconocimiento de los acuerdos de paz con las FARC?

-Ya en el marco de lo que ocurre, nosotros tenemos como movimiento social dos preocupaciones. Una, alrededor de la mesa de paz, y es que siempre hemos sido vehementes en manifestar que el conflicto en Colombia no es el silencio de los fusiles. El conflicto en Colombia se resuelve a través de ejercicios en los que se les reconozca al pueblo, por fin, su poder y sus necesidades. Que la oligarquía suelte todo lo que tiene, porque, realmente, las condiciones de miseria y de pobreza son muy hondas y son históricas.

Esa situación no es algo que esté en manos de dos actores armados de sentarse a hablarlo solamente, sino de todos los actores sociales que confluimos en el territorio nacional, esa ha sido una de las grandes barreras que ha tenido el avance en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Nosotros a través de la Mesa Social para la Paz y varios ejercicios, buscamos tener una injerencia directa en este espacio, eso fue bien recibido por la delegación del ELN, sin embargo, por parte del Gobierno siempre hubo muchas trabas y muchos frenos a que pudiésemos participar como sociedad y a desconocer lo que se pacta con nosotros como sociedad que nunca se ha armado y que está disputándose en un ejercicio de legitimidad en los territorios.

Pero, no ha sido posible y eso es uno de los grandes frenos que se dio en el marco del gobierno de Juan Manuel Santos. Pensábamos que íbamos a poder seguir con esa dinámica de al menos tener ciertas injerencias, de poder decir, poder opinar, y nos encontramos con que la Mesa se cierra ante el desconocimiento del gobierno de Duque de lo que ha pactado el Estado colombiano.

Es importante entender que el Estado colombiano pactó unas formas de construir la Mesa, de desarmarla, de garantías para las personas negociadoras, y que, a través de un ejercicio de gobierno, pretenden desconocer esos acuerdos de Estado. Eso es muy complejo porque a la luz del Derecho Internacional es una arbitrariedad, pero, además, bloquea la posibilidad de que otras organizaciones en el mundo tengan confianza en lo que pactan con los Estados, porque ante un cambio de gobierno todo podría variar y eso no es así en el marco del Derecho Internacional.

Ha sido otra de las grandes preocupaciones, porque no solamente en el caso de la Mesa que no avanza y que no quiere retomar el Gobierno colombiano, sino también es en el marco del cumplimiento de los Acuerdos con las FARC que no se implementan, que no avanzan, que siguen asesinando a los excombatientes y que esto es a todas luces un asunto de una política organizada por parte del gobierno.

Desde algunas visiones, se entiende que el asesinato que se da contra Uriel, va en contra del Derecho Internacional Humanitario (DIH). A Uriel lo matan desarmado y con su hija, lo mata un francotirador y un ejercicio de inteligencia muy fuerte del Ejército y la policía del territorio en el que fue asesinado.

En Colombia no existe la pena de muerte, si esa era ya la condición actual frente a ese insurgente lo que tenía que ocurrir era la judicialización, proceder a la captura y avanzar en estás dinámicas, no es el asunto de matar. Esta forma operacional del francotirador es una forma que ya se viene usando de manera permanente por parte del Ejército en el país, y nosotros consideramos que es otra vulneración al Derecho Internacional Humanitario. Nos encontramos que esto ya es una constante y que la Cruz Roja Internacional no se pronuncia frente a esta situación.

Nosotros estuvimos ocupando la sede de la Cruz Roja antes de que la Policía matara a 13 personas una noche en Bogotá por protestar, diciéndole a las personas civiles que en el marco de un conflicto las estaban tratando como objetivo militar, y no le importó. Asimismo, vemos como frente a las insurgencias también hay violaciones al DIH, como lo puede ser la situación operacional del francotirador o como lo puede ser una violación de los DDHH como una agresión a la Naturaleza.

También se da el ejercicio de los bombardeos indiscriminados en lo que muere absolutamente todo lo que hay ahí, los animales, la fauna, la flora, y que es un ejercicio también que uno comprende porque no hay ningún tipo de pronunciamiento, ni ningún tipo de reproche al Estado colombiano por estas formas operacionales. De esta situación en la que muere este insurgente en el Chocó, habíamos encontrado ya denuncias en el pasado, en el que diferentes organizaciones, en el norte antioqueño en el año 2017 habían denunciado, también, que mediante este ejercicio de francotiradores se asesinaba tanto a insurgentes como a población civil, y desde ese año está la denuncia de la organización social y no ocurre nada.

Esas son las dos situaciones que miramos ahí con preocupación y hacemos un llamado tanto al Ejército de Liberación Nacional como al Gobierno colombiano, a que se sienten y se dé de inmediato cese bilateral al fuego y podamos sacar a la población del conflicto.

 

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Fuente: Resumen Latinoamericano

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