Mientras el Gobierno prometía dar hoy en Olivos una conferencia de prensa en la que se volverán a referir al tema y el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, planteaba reunirse en el Congreso, pero sólo con los diputados oficialistas, la diputada de Libres del Sur Victoria Donda anunció que presentará un amparo en el fuero contencioso administrativo para frenar el acuerdo por la deuda del Correo. Se trata del pacto que la fiscal Gabriela Boquin consideró ruinoso para el Estado, dado que implica una quita del 98,87 por ciento sobre el valor actualizado. Aguad, además, le envió una serie de documentos a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que hasta ahora no se pronunció sobre el escándalo (ver recuadro).

Negocios con el Estado

Aunque era una privatización tardía del menemismo –el entonces presidente Carlos Menem la concedió el 26 de agosto de 1997–, comenzó como todas  las otras: con la promesa de un futuro mejor. “Macri se propone transformar una ineficiente compañía estatal”, titulaba por ese entonces el Wall Street Journal. “Llevo 40 años reviviendo empresas”, sostenía el padre del actual presidente. 

  • Pagadios. Para ganar la licitación por 30 años, se había comprometido a pagar un canon de 51 millones de pesos por semestre, una oferta un 40 por ciento superior al resto de los que participaron de la licitación. Una vez que se hizo con el negocio, el Grupo Macri buscó dejar de pagar ese canon. De hecho, sólo llegó a abonar el primer año al Estado. El resto fueron idas y venidas con los distintos gobiernos. El de Menem le condonó aportes patronales por unos 10 millones de pesos-dólares anuales y amagó también con perdonarle el canon. Menem llegó a tener preparado un decreto para condonarles el pago de las obligaciones por los 30 años de la concesión, pero el escándalo que generó finalmente frenó la firma. En 2000, cuando la Alianza le reclamó por las deudas que ya iba a acumulando, Franco Macri amenazó con dejar la concesión y consiguió que postergaran los reclamos. En 2001, Franco Macri llegó a proponer estatizar la deuda privada de todos los empresarios (él incluido) porque “enfrentaron intereses absurdos y situaciones absurdas”.
  • Suba de tarifas. Para conseguir la concesión, el Grupo Macri –del que el actual presidente siguió formando parte hasta 2009– prometió no aumentar las tarifas del Correo. Luego, por supuesto, hizo todo lo contrario: el servicio pasó a estar entre los más caros del mundo. En contrapartida, un informe de la Defensoría del Pueblo nacional indicaba en 2000 la “pérdida de calidad operativa” del Correo, dado que “promociona servicios caros y de dudosa eficacia”. Advirtió, además, sobre el perjuicio a los usuarios que había implicado el cierre de sucursales en distintas provincias.
  • Inversiones y despidos. También prometieron inversiones. En lugar de esto, emprendieron una política de reducción de la planta, que implicó más de cinco mil de despidos y el cierre de más de 100 sucursales. En los dos primeros años, eliminaron el 25 por ciento de toda la planta. El entonces director ejecutivo, Jorge Irigoin, se quejaba de que había un “exceso de delegados sindicales” y promovió políticas de desafiliación entre los empleados. La presión llegó al punto de que algunos sindicatos denunciaron al Grupo Macri por práctica desleal y consiguieron fallos favorables. Hoy Irigoin está de vuelta en el Correo, designado por el presidente. En 1999, la empresa consiguió que el Gobierno menemista le computara como “inversiones” 126 millones de pesos en indemnizaciones a los empleados que aceptaron un “retiro voluntario”. La resolución los libró del plan de inversiones para los primeros cinco años fue firmada por el secretario de Comunicaciones menemista, Germán Kammerath. Habían prometido invertir 25 millones por año en mejorar el equipamiento y la tecnología, pero en lugar de eso “invirtieron” en dejar personas sin trabajo. 

A cambio, la empresa no se volvió más exitosa: la participación de la empresa en el mercado cayó hasta el 33 por ciento. Cuando la recibieron, era del 38 por ciento. Fue deficitaria hasta que se declaró en convocatoria de acreedores en 2001.

La rescisión

Cuando llegó el gobierno de Néstor Kirchner, no estaba en los planes rescindirle el contrato a Franco Macri (que, por otra parte, llegó a mostrarse oficialista del Gobierno kirchnerista, como con todos los anteriores). Pero las incipientes negociaciones que iniciaron con el empresario no llegaron a buen puerto y finalmente el entonces presidente firmó un decreto el 19 de noviembre de 2003 en el que dio por concluida la privatización “por culpa de la concesionaria”. El decreto detalló pormenorizadamente los motivos que llevaron a este resultado:

  • Indicó que el pago del canon solo tuvo “normal cumplimiento respecto del primero y segundo semestres de la concesión” y que “el desarrollo posterior de la relación contractual se vio afectado por constantes reclamos e incumplimientos de diversa índole por parte de la empresa concesionaria”.

“A poco de iniciada su gestión, la concesionaria comenzó sistemáticamente a cuestionar y condicionar su obligación de pagar el canon con diversas argumentaciones y manifestaciones que fueron modificándose y ampliándose en el tiempo”, advirtió. 

  • Señaló que el Grupo Macri pidió “una serie de compensaciones por créditos  derivados de servicios prestados al Estado Nacional; exigencia que luego modificó, condicionando el pago del canon a la satisfacción de dichos créditos”. Advirtió que en 2000 se formó una comisión que estudió el contrato de concesión y rechazó todas las pretensiones del holding de la familia del presidente.
  • “El Estado Nacional se presentó a verificar su crédito, que al año 2001 ascendía a la suma de 296.205.376,49 pesos”, indica el decreto. Se trata de la cifra que el Gobierno actual busca cobrar sin actualización por los 16 años de juicio transcurridos. El decreto además menciona una “deuda postconcursal en concepto de canon” de otros 206 millones de pesos de capital nominal. 
  • Además, destacaron que se comprobaron “incumplimientos vinculados a los precios del Servicio Postal Básico Universal, que implicaron la generación de perjuicios para los usuarios, constituyendo una actitud que conspiró directamente contra los objetivos y finalidades del servicio concesionado”.

En 2002, hubo un aumento de los precios postales internacionales sin aprobación del Estado, lo que derivó en una multa de 100 mil pesos.

  • “Se extrae con certeza la realización de actos orientados al desmantelamiento del patrimonio inmobiliario afectado a la prestación del servicio público, con grave peligro para su continuidad y regularidad”, denunciaron. Por último, el decreto menciona que se le dieron diversas oportunidades para seguir prestando el servicio y que en la última oferta en diciembre de 2002 propusieron cambiar el monto del canon y la cobertura geográfica del Correo Argentino. 

El Grupo Macri argumentó que era inconstitucional el decreto firmado por Kirchner y se presentó ante el Poder Judicial, en una causa que sigue hasta hoy y en la que, según advirtió la fiscal Boquín, ahora reclaman un monto mayor al que arreglaron por la deuda del Estado y con una tasa de interés superior. El resultado podría ser que el Grupo Macri termine pagándole al Estado con su propio dinero e incluso haciendo una nueva ganancia por la privatización menemista, a más de 16 años de concluida.

Al ser eyectado de la concesión, Franco Macri aseguró que le dejó “al Estado una empresa moderna y rentable”, pese a que había terminado con un juez decretando la quiebra. Luego el Grupo Macri apeló y la causa siguió su derrotero –gracias a un oportuno fallo de la Cámara revirtiendo esa decisión– hasta la controversia actual.

Fuente: Página12