El presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, el oficialista Ignacio Soruco, aclaró el martes por la noche que los empresarios privados tienen garantizada la seguridad jurídica en el proyecto de Ley de Empresas sociales que fue aprobada por el pleno camaral la víspera.

“Darles certidumbre y seguridad a los empresarios y mostrarles sobre todo que el Gobierno del presidente Evo Morales sobre todo respeta y busca la seguridad jurídica de las empresas, esta ley está fundamentada en el artículo 54 numeral dos de la nueva Constitución Política del Estado y que solamente aplica a empresas privadas”, precisó en declaraciones a la ABI.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, anunció que ese sector se encuentra en emergencia por la aprobación del proyecto de Ley de Empresas Sociales en la Cámara de Diputados.

Soruco explicó que en el proyecto de Ley establece que solo se activa cuando existan empresas en procesos de quiebra, concurso o disolución, en pleno proceso concluido de quiebra o subrayó, cuando exista el cierre o abandono injustificado de una empresa privada.

“Entonces no es que empresas que están en marcha van a ser sujetas a expropiación o de cambio, además se está modificando el Código de Comercio incluyendo una nueva tipología que es la empresa social”, remarcó.

El diputado insistió que el artículo 54 numeral dos de la CPE señala que: Las trabajadoras y los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales.

También apunta que el Estado podrá coadyuvar a la acción de las trabajadoras y los trabajadores.

En esa línea el legislador oficialista dijo que se constituiría una empresa social sí se presenta los casos de empresas en quiebra, en cierre o abandonadas y que los trabajadores tenían aporte sociales o también sueldos impagos.

“Ellos (los trabajadores) van a formar una empresa para precautelar sus fuentes de trabajo, con esto lo que se busca es que cuando la situación de la empresa llegue a un límite o liquidación o ya haya sido liquidada puedan los trabajadores si así lo desean asumir la administración de la empresa”, puntualizó.

Pidió a los empresarios privados que desechen sus inquietudes porque la norma otorga las garantías para el normal desenvolvimiento de sus empresas que se encuentran en funcionamiento.

Fuente: ABI

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Correos del Sur Nº46