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La constituyente explicada a incrédulos de buena fe y fabuladores de mala

Un hecho histórico ha ocurrido en Venezuela con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, cuya base legal-constitucional se encuentra en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de 1999. Se trata de un acto profundamente político, pues significa poner en marcha la potencia renovadora e innovadora que emancipa al pueblo.

Sin embargo, presenta esta iniciativa su primer escollo: sectores de izquierda y de derecha señalan que debe ser aprobada por el pueblo mediante un referéndum consultivo, y que de no ser así se violaría la soberanía popular. Este argumento se fundamenta en lo establecido en los artículos 7 y 70 constitucionales, esto es, que la soberanía “reside intransferiblemente en el pueblo” y, que son “medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: La elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente…”.

Intentan bajo el argumento puramente jurídico confundir y que nos salgamos del verdadero debate del fondo: la Constituyente es un acto profundamente POLÍTICO que busca un desahogo constitucional y en paz para resolver la crisis institucional provocada por un sector opositor irracional que llegó al Poder Legislativo con la única finalidad confesada por uno de sus líderes: acabar con este “maldito” gobierno.

Esto ha provocado ataques indiscriminados contra la institucionalidad democrática venezolana, todos perfectamente enmarcado en el plan de cinco pasos, diseñado por George Soros, para tomar el control de países petroleros independientes, controlarlos y ponerlos a disposición de las transnacionales planetarias.

Esto no es casual, ya que el objeto de los indiscriminados ataques a la Constitución no están diseñados solamente contra las normas del derecho constitucional positivo, como ocurre con la reacción frente a la infracción, sino al orden constitucional profundo, a la sustancia política, a la decisión subyacente a la pluralidad de normas constitucionales, en fin, al  núcleo de la Constitución material.

Hasta ahora las instituciones han reaccionado para “proteger al régimen en sus aspectos esenciales, es decir, no las normas jurídicas que le dan una concreta forma, ni tampoco la concreta configuración que tenga en un momento determinado, sino a los fines a los que las normas constitucionales sirven y los valores sobre los que se asientan, la democracia, la libertad, la igualdad; es decir aquello en virtud de lo cual es posible identificar enemigos de la Constitución”. (De Otto, 1973, p: 32).

Estos factores opositores se han convertido en enemigos y no simplemente infractores de la Constitución; por ello han tenido que actuar las instituciones –léase TSJ, Poder Moral, Ejecutivo Nacional– para defenderla. Buscando garantizar el orden constitucional frente a sus enemigos también cuando estos no son delincuentes, ni siquiera infractores del orden constitucional.

La Verfassungsschutz es el nombre con el que se designa la técnica constitucional específicamente moderna que consiste en declarar ilegales, actividades que no suponen infracción de normas constitucionales ni constituyen ilícito penal, pero que tienen por finalidad atacar el orden constitucional. Se trata, dicho de otro modo, de ilegalizar fines cuando los medios en sí mismos son incorrectos.

Toda esta situación de crispación y tensión extrema, tratando de llevarnos a una guerra civil, ha sido conjurada con un llamado al Poder Constituyente Originario, que reside intransferiblemente en el pueblo a decir del 347 constitucional, y desviar así el peligro inminente que estos factores quieren desatar sobre nuestro país.

Como todo proceso revolucionario, desata pasiones y ha surgido una corriente académica y política que trata de confundir la interpretación de los articulo 347, 348 y 349, los cuales no pueden ser interpretados correctamente si no se tiene clara la doctrina sobre lo que es una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE y la forma como la Sala Constitucional interpreta y analiza las normas jurídicas de carácter constitucional.

Según nuestra doctrina patria, el Poder Constituyente es la facultad (poder) que tiene el pueblo para crear, innovar, refundar una Constitución –de allí el término constituyente–; mientras que el Poder Constituido son los órganos del Poder Público previstos en la Constitución. Finalmente y para poder explicar nuestra posición debemos comprender que el Poder Constituyente Originario es la expresión directa del pueblo mediante el sufragio, para designar un cuerpo distinto al constituido y que tiene carácter temporal, denominado Asamblea Nacional Constituyente, cuyo propósito es crear, o modificar por otra, una constitución existente, refundar la República, entre otros fines.

Ha sostenido la nueva doctrina interpretativa de la Sala Constitucional del TSJ, en forma reiterada, que una norma constitucional no puede analizarse en forma aislada e independiente del resto de las normas, debe hacerse de forma sistémica y holística, tomando los principios y valores como parámetros, entre otros aspectos. Cada norma forma parte de un todo correlacionado que conforma el Texto Fundamental, es decir, debe analizarse en forma concatenada con el resto, precisando su ubicación dentro de la estructura y su devenir histórico, incluyendo las discusiones de la propia Asamblea Constituyente de 1999, por eso sus discusiones son fuente de información para el juez constitucional.

Comencemos con lo establecido en la norma del 347 constitucional, donde se establece que el pueblo venezolano es el depositario del poder constituyente originario y que en ejercicio de ese poder puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, aplicando el principio de ejercicio de soberanía, en forma directa.

Sucede entonces que en ejercicio directo de la soberanía, el 348 prevé quiénes pueden convocarla y cómo procede dicha convocatoria –15% de electores, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, la ASAMBLEA Nacional con 2/3 partes de sus integrantes y finalmente los consejos municipales en sus 2/3 partes–. Y el 349 establece los límites del Poder Constituido frente a los actos constitucionales dictados por la Constituyente en funciones.

La Constituyente es un espacio de encuentro, donde a decir de Negri: “La capacidad de instaurar un ordenamiento de libertad e igualdad, convierte ese fundamento profundamente pasional e ideal, en una máquina multitudinaria, esto es, un dispositivo de composición de la multiplicidad, encaminado a la creación de instituciones comunes”.

Este proceso es diferente al del 99, pues en aquel fue necesario realizar un referendo consultivo para preguntarle al pueblo si quería ir o no a un proceso constituyente ORIGINARIO, pues la Constitución del 61 no lo permitía; y solo fue posible a través de una interpretación de la entonces Corte Suprema quien resolvió –inéditamente– que al existir la posibilidad de referendos consultivos por Ley, podía hacerse esa consulta de interés nacional, debido a las condiciones históricas, políticas y sociales que contextualizaban dicha consulta, quedando así superada la diatriba.

Así lo confirma el Diario de Debates de la ANC del 99, cuando reconoce que el Constituyente decidió no incluir el referendo aprobatorio de convocatoria a una Constituyente porque quedaba claro que el pueblo podía convocarlo según lo previsto en el 348 mencionado y comprendiendo que estos actos eran de carácter preparatorio para su instalación, y no definitivos.

Debe ahora el Presidente presentar las bases comiciales al CNE y este preparar el cronograma para elegir a los constituyentes, existiendo la opción para quien se oponga: solicitar a la Sala Constitucional del TSJ que revise su constitucionalidad.

Fuente: 15yÚltimo

Frases


"Nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre generaría tanto odio de una élite que se harta de tirar comida a la basura todos los dias"

Lula Da Silva

Correos del Sur Nº28