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Las acciones de la derecha fascista en esta nueva arremetida de violencia recuerdan claramente al pasado reciente de la “descarga de arrechera” o “La Salida” violenta. El metabolismo de esta clase política no tolera más frustraciones (ulceras y cefaleas incluidas) causadas por la imposibilidad de alcanzar el poder por vías legales, democráticas y pacíficas. Sus amos del norte están cansados de las fallas y errores. Les han exigido a sus lacayos proceder de inmediato con la “Solución Final”, con la sangre derramada que sea necesaria.

En 2016, el 17 de abril fue un domingo. Y en aquel domingo hubo sesión extraordinaria en el pleno de la Cámara de Diputados. Los diputados votaron, por amplia mayoría (367 votos favorables contra 137), la apertura del juicio contra la entonces presidenta Dilma Rousseff, del PT, que luego el Senado se encargó de destituir el 31 de agosto.    

Buscar el quiebre se tradujo en seis movilizaciones en dos semanas. Algunas con mayor concurrencia -unas ocho mil personas- como el 6 de abril, otras con apenas pocos miles de personas, o menos.

El chavismo ha denunciado que el parlamento en manos de la MUD ha elevado exponencialmente los enfrentamientos políticos nacionales. Han evolucionado ahora a la categoría de enfrentamiento y choque de poderes. Se ha producido una escalada sin precedentes que para el chavismo y el Gobierno venezolano se traducen en "intentos de paralización del Estado y del país", mediante el uso pragmático del parlamento como fórmula para el asalto de Miraflores.

Dos pasos en contra de naciones progresistas de América Latina –Cuba y Venezuela– acaba de dar el Senado chileno como muestra de su apego a la guerra mediática contra estas naciones y su posicionamiento a favor de los planes hegemonistas de EEUU en la región, manipulando el controvertido tema de los DDHH y la democracia. El primero fue la resolución adoptada en marzo mediante la cual acordó solicitar al gobierno de Michelle Bachelet que apoye la iniciativa del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de suspender a Venezuela del organismo, “si no se convocan elecciones democráticas en un corto plazo”. El segundo acaba de ocurrir ayer cuando dieron aprobación a un proyecto –presentado por los senadores Adriana Muñoz, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, José García Ruminot, Alejandro García-Huidobro, Antonio Horvath, Hernán Larraín, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez Varela, Jorge Pizarro, Baldo Prokurica, Rabindranath Quinteros, Patricio Walker y Andrés Zaldívar– mediante el cual solicitan a la presidenta y a su canciller “promover en todos los foros internacionales el derecho inalienable del pueblo cubano a elegir su futuro y apoyar la realización de un plebiscito vinculante con este fin en Cuba”. Dicho acuerdo fue respaldado por 21 votos a favor y una abstención.