El Ministerio de Trabajo presentó un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura contra los camaristas del fuero laboral Enrique Arias Gibert y Graciela Marino por haberle dado la razón al gremio de los bancarios durante su reciente discusión salarial, que los enfrentó en simultáneo con el Gobierno y la banca extranjera. En su fallo, Gibert y Marino le exigieron al Ejecutivo que se abstuviera de interferir en la paritaria, porque entendieron que no existían razones legales para que lo hiciera. Fue uno de los factores que inclinaron la balanza en favor de los bancarios –junto al anuncio de un paro de 72 horas–, y que le permitieron perforar el techo del 18 por ciento de aumento que intenta imponer el Gobierno. Tras firmar el acuerdo a regañadientes, el Ministerio de Trabajo redobló la apuesta y pidió la destitución de Gibert y Marino, bajo los cargos de “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución nacional”. En diálogo con PáginaI12, Gibert replicó que los funcionarios que lo denunciaron “parecen nenes caprichosos que desconocen la legalidad” y que su fallo “respetó la ley y protegió un derecho colectivo”. “En Argentina, como sabemos, hubo abogados y funcionarios judiciales entre los desaparecidos, hubo y hay amenazas contra jueces, pero desde que yo empecé a ejercer, en 1989, nunca había visto algo así: que el Poder Ejecutivo intente sancionar a un juez por el contenido de un fallo”, le dijo a este diario. “Es como una policía de pensamiento”, remarcó.