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El gobierno de Puerto Rico entró en una situación de impago al  no cumplir con el primer desembolso de 57,9 millones que debía cancelar este lunes a acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP), lo que pone en duda su capacidad para saldar los compromisos con los tenedores de los bonos de su deuda pública, que se ubica en 73 mil millones de dólares.

La nación boricua se encuentra sumida en un cinturón de deudas, empobrecimiento y recortes sociales que ahogan cada vez más al pueblo mientras las empresas millonarias se enriquecen sin pagar tributos. La isla sigue sujeta a las prácticas neoliberales estadounidenses que no le permiten independizarse económicamente ni emerger de la crisis; presa de la plusvalía de su colonización.

A pesar de que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla reconoció que la deuda pública de 73 mil millones de dólares de la isla es impagable, la nación caribeña, al ser un "Estado libre asociado" de Estados Unidos no puede declararse en bancarrota, de acuerdo con lo establecido en la legislación federal estadounidense.

Mientras por primera vez García Padilla parece dar un paso en una dirección que se ha resistido, la renegociación de la deuda, los acreedores insisten en que el gobierno boricua está en capacidad de pagar, imponiendo mayores sacrificios a la población.

Crece el rechazo en Puerto Rico al plan de medidas de ajuste y austeridad que impulsan exdirectivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en calidad de asesores gubernamentales.