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Haider al Abadi, el primer ministro iraquí, fue el día 26 de junio a Faluja: quería izar la bandera iraquí en la ciudad mártir. Faluja, a sesenta kilómetros de Bagdad, ha visto, desde la invasión norteamericana de 2003, cómo la muerte se adueñaba de sus calles. En 2004, las tropas norteamericanas bombardearon con fósforo blanco la ciudad, pese a las convenciones internacionales, sin temor a la comisión de crímenes de guerra. Eran los años en que, tras el inicio de la guerra, la partición práctica del país entre territorios kurdos, sunnitas y chiítas (cuando, antes, la población vivía mezclada sin problema), y el derrocamiento de Sadam Hussein, instauraron el caos, el pillaje, los asesinatos cotidianos, y, también, la insurgencia de grupos iraquíes que luchaban contra la ocupación militar norteamericana. Muchos de los militares de Sadam Hussein se incorporaron a la resistencia de inspiración laica; otros, pasaron a engrosar grupos islamistas, y la ceguera y la feroz represión indiscriminada del ejército norteamericano contra la población civil del país hicieron el resto: a la presencia de al-Qaeda, creada por Estados Unidos, y de grupos armados al servicio de los múltiples servicios secretos que intervienen en el país, se unió la aparición de Daesh, creado en los mismos campamentos y centros de reclusión controlados por las fuerzas norteamericanas en Iraq, y que, después, recibieron apoyo logístico y armas desde países como Turquía, Israel, Arabia, Qatar y Pakistán, y que fueron tratados con benevolencia por Estados Unidos cuando creyó que Daesh podría ser útil para sus intereses, en uno de sus múltiples errores de esa disparatada política que ha llevado a la destrucción de Iraq y de buena parte de Oriente Medio.

El brutal asesinato de Alton Sterling reabre el debate sobre la violencia institucional contra los ciudadanos negros en los Estados Unidos. El video es elocuente, y escandaliza por las evidencias: el disparo en el pecho se produce cuando la víctima está inmovilizada en el piso, sin ofrecer resistencia alguna. “Sus manos estaban vacías” tituló el Daily News, dando por tierra la hipótesis de “defensa” de los policias involucrados.

Después de un largo juicio a todas luces amañado, está llegando a su fase de definición el conocido como “Caso Curuguaty”. Si bien es cierto  que  la historia de la administración de justicia en el Paraguay, está plagada de atropellos de todo tipo a derechos básicos de los ciudadanos, probablemente este sea el más grotesco y aberrante en términos de procedimiento para un caso penal.

Se cumplen siete años del primer golpe de Estado triunfante del siglo en América Latina. Con el crimen de Berta Cáceres aún fresco en el inconsciente colectivo, se consolida en Honduras el modelo excluyente y represivo impuesto con el derrocamiento de Zelaya.

El informe técnico del Senado concluyó que la denuncia contra Rousseff no se ajusta a derecho, lo que puede complicar la tarea de destituir a la suspendida mandataria. Y se alzaron las voces que hablan de golpe institucional.Fue divulgado el resultado del peritaje realizado por técnicos del Senado brasileño sobre los crímenes de responsabilidad que, según la acusación, fueron cometidos por Dilma Rousseff. Y el resultado significó un vuelco en el proceso que tramitan los senadores y que podrá llevar al alejamiento definitivo de la mandataria electa en 2014: los peritos llegaron a la conclusión de que la denuncia no se ajusta al derecho.