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El Salvador: la "limpieza" judicial del presidente Bukele refuerza su deriva autoritaria

Por Guido Vassallo

El fin de semana el mandatario destituyó, con el apoyo del Congreso, a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Y no descarta seguir removiendo funcionarios.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició el fin de semana lo que denominó una "limpieza de casa" destituyendo, con el apoyo del Congreso, a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Ante el rechazo unánime de organizaciones civiles, organismos internacionales e incluso el gobierno estadounidense, Bukele adelantó que planea seguir removiendo funcionarios. "Al ser depuestos de sus cargos estamos hablando de que se configuró un golpe de Estado. Esta decisión elimina los últimos controles que quedaban para el ejercicio del control político del presidente y nos deja expuestos a graves violaciones a los derechos humanos", expresó en diálogo con Página/12 Eduardo Escobar, director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana.

La primera medida adoptada el sábado por la nueva Asamblea Legislativa, donde los aliados de Bukele tienen 61 de 84 escaños, fue destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y nombrar inmediatamente a sus reemplazantes, en una clara violación a la legislación nacional. La Sala había rechazado varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia al considerar que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.

"La Sala les hizo saber que los decretos que suprimían y limitaban derechos fundamentales debían ser promulgados por la Asamblea Legislativa, en aquel momento con mayoría de partidos no afines al gobierno de turno. Les ordenó también regular que si iba a haber una reactivación económica debía establecer un plan y hacerlo también en conjunto con el Legislativo, pero no quisieron hacerlo", recordó en ese sentido Xenia Hernández Castro, directora ejecutiva de la Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ). 

El Parlamento destituyó también al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por una supuesta cercanía con el opositor partido de derecha, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Entrada la madrugada del domingo ya habían elegido a su sucesor, Rodolfo Delgado. "Esto simplemente fue una vendetta política. Las causas se pueden resumir en inconformidad con lo resuelto, simplemente es eso", simplificó Eduardo Escobar

Minutos después de la votación para destituir a los magistrados, el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la medida por atentar contra el sistema de gobierno. Pero, obviamente, el gobierno de Bukele no lo cumplió. "Como estamos en una situación de ruptura del orden constitucional, obviamente esto no se va a cumplir, y si se hubiera intentado cumplir recordemos que el presidente tiene los fusiles de su lado", argumentó Escobar.

El secretario general del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, afirmó en su cuenta de Twitter que el presidente salvadoreño "consuma un claro golpe a la democracia y da un paso más en dirección a la dictadura y autoritarismo". En tanto Rubén Zamora, exdiplomático y político, aseguró: "En mi larga vida política, nunca he visto que en 6/8 horas se viole tantas veces la Constitución ni las leyes del país".

El domingo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la "profunda preocupación" de su gobierno "por la democracia de El Salvador". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió a Bukele que garantice "la separación de poderes y el orden democrático". Por su parte el secretario general de la ONU, António Guterres, le exigió al mandatario salvadoreño que respete la Constitución y la división de poderes.

A las reacciones de la comunidad internacional, Bukele les respondió con su habitual sorna: "Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa... y eso no es de su incumbencia".

Tanto los magistrados destituidos como el fiscal Melara habían sido electos por la anterior legislatura dominada por Arena y el FMLN, los partidos que se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019. "Esto no es improvisado. Hay un descontento con respecto a los últimos 30 años de administraciones que no lograron establecer conexiones directas con la población. El proyecto de la familia Bukele calza perfectamente con ese descontento popular", dijo a este diario el historiador Carlos Cañas Dinarte

Cañas Dinarte agregó que los enfrentamientos entre la presidencia y la Corte Suprema son históricos, aunque "desde el reestablecimiento de la democracia en 1982 nunca habíamos tenido una situación como la que se ha vivido el sábado". Las consecuencias que esta tensión entre poderes podría tener sobre la población salvadoreña son preocupantes. "Sin institucionalidad independiente no habrá adónde acudir si hay un acto ilegal dado por cualquier institución pública, o si se comete alguna violación de derechos a la vida", planteó Hernández Castro desde la Fundación DTJ.

"La propaganda oficial puede decir lo que quiera, pero la realidad es que en lugar de una refundación estamos viendo actos de encubrimiento de situaciones que se están viendo en el país: hay muchísimo desempleo y pobreza y las personas siguen tratando de irse fuera del país", aseguró Cañas Dinarte. Pese a todo, el historiador elige ser positivo al recordar que más de 500 personas se manifestaron el domingo en una de las plazas más importantes de San Salvador para protestar contra el gobierno de Bukele, "lo que constituye un caldo de cultivo para un movimiento que se puede potenciar".

 

Nueva legislatura: el peor comienzo

Cuando Nuevas Ideas (NI) obtuvo la súper mayoría legislativa en las elecciones del pasado 28 de febrero, dijimos que ésta podría -en sentido positivo- servir para aprobar las leyes necesarias para resolver los problemas del país o -en negativo- para consolidar el estilo de gobierno autoritario del presidente Nayib Bukele.

Y lo sucedido el sábado, durante la sesión inaugural de la nueva legislatura, confirma el pronóstico desfavorable: el partido gobernante ha decidido utilizar su correlación parlamentaria para tomar el control del resto del aparato estatal, socavar la institucionalidad y desmontar el sistema democrático del país.

En vez de aprobar la Ley General de Agua, reformas tributarias progresivas u otras medidas urgentes, los diputados oficialistas acordaron destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, en forma ilegal, arbitraria y al mejor estilo de los madrugones que solían realizar sus antecesores a quienes tanto criticaron.

El hecho, como han denunciado diversas organizaciones nacionales y actores de la comunidad internacional, constituye un verdadero golpe de la Asamblea Legislativa contra el Órgano Judicial, avalado por el Ejecutivo. Es un ataque mortal a la democracia porque suprime la independencia de poderes.

Las razones de la condenable actuación de la mayoría oficialista podrían ser el deseo de Nayib Bukele de tener el poder total y el revanchismo porque los funcionarios destituidos no se sometieron a sus designios: los magistrados de la Sala declararon inconstitucionales los estados de excepción durante la pandemia y, recientemente, habían admitido una demanda contra el nombramiento del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas; mientras que el fiscal Raúl Melara estaba investigando -junto con la CICIES- casos de corrupción del gobierno y también supuestas negociaciones de la administración Bukele con las pandillas que fue revelada meses atrás por el periódico digital El Faro.

Es probable que en la próxima sesión los diputados de Bukele “culminen la tarea” destituyendo a los magistrados de la Corte de Cuentas, al Procurador de Derechos Humanos y a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Si el golpe contra el Poder Judicial perpetrado el sábado por la mayoría oficialista no es revertido, habrá que dar por muerta la democracia en el país, democracia que era imperfecta e insuficiente en muchos aspectos pero que fue el resultado de las luchas históricas del pueblo salvadoreño que libró una guerra de doce años para desmontar un dictadura militar de cinco décadas.

Previo a la plenaria del sábado, el presidente de NI, Xavier Zablah, declaró que su bancada legislativa iba a aprobar leyes que beneficiarían al país. Mintió. El 1o de mayo, la nueva gestión parlamentaria tuvo el peor comienzo.

 

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Fuente: Página12/Arpas

  

ATLAS HISTÓRICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

 

Correos del Sur Nº150

 

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