Como esta columna sostiene desde hace meses, la soberanía sobre el río Paraná y los puertos y dragados, y todo lo que se relaciona con la actividad fluvial, no son problemas técnicos. Son cuestiones políticas y económicas. Por eso hay infinitas razones para que se tome la mejor decisión, que no es otra que acabar con la privatización fluvial de hecho que nos zampó el menemismo en 1995. Y esto podría decidirse incluso antes de los 90 días de prórroga que ya están corriendo.