01/06/21
Temas: Comercio
Regiones: Argentina
Administrar el comercio exterior es un imperativo, pero requiere voluntad, decisión y planificación
Por Rodolfo Pablo Treber y Esteban Guida

Las restricciones a las exportaciones de carne reeditaron el debate en torno a la administración de comercio exterior. Para este caso, el gobierno aplica una restricción coyuntural con un propósito redistributivo que puede ser válido, pero lo hace sin una propuesta de desarrollo para el sector.

Las restricciones a las exportaciones de carne reeditaron el debate en torno a la administración de comercio exterior. Esto refiere a todas las regulaciones que se aplican con el propósito de orientar las relaciones de intercambio con el resto del mundo en términos de los objetivos políticos del país.

El gobierno utilizó esta medida con un fin estrictamente redistributivo; por su parte, un sector empresario se defiende argumentando el derecho a definir su tasa de ganancia. Pero la cuestión de fondo sigue pendiente: nuestro país carece de una política comercial consistente con los objetivos políticos que sigue reclamando nuestro pueblo. En este vacío, propio de un modelo librecambista, la puja distributiva no tiene visos de solución armónica y beneficiosa para el país.

Todos los países industrializados, llegaron a serlo gracias a la implementación acertada de una política comercial orientada a tal fin. Puede ser que esos países hayan predicado con éxito la no intervención (o sea, el librecambio), a tal punto que otros lo adoptaron como modelo teórico de crecimiento. Pero los antecedentes históricos muestran que para llegar a ser industrializados, esos países definieron una política comercial proteccionista, en la cual la administración del comercio exterior, en sus diversas formas, era aplicada con rigor.

En Argentina, la falta de política comercial está estrechamente vinculada con una dirigencia que se niega a discutir y desarrollar una política industrial integral como medio para resolver los problemas socioeconómicos del país. Porque tener un aparato industrial desarrollado no es un capricho ideológico; más bien es la única alternativa posible para alcanzar un grado de desarrollo sostenible para garantizar bienestar material a toda la población viva y por nacer. A pesar del embate de los grupos financieros trasnacionales, los países desarrollados se resisten a abandonar su derecho a administrar el comercio, porque quieren defender los sectores productivos que consideran estratégicos para generar riqueza y mantener niveles aceptables de ocupación.

¿Cuántos años hace que en Argentina no se discute ni se expone una política comercial que nos permita generar trabajo y terminar con la pobreza? Los sucesivos gobiernos se han negado deliberadamente a encarar este asunto, sabiendo que se trata de una atribución específica del gobierno nacional y uno de los principales resortes para afectar el desarrollo del mercado interno, ineludible para generar trabajo genuino y terminar con la pobreza y la degradación del asistencialismo crónico que genera más injusticia social.

A pesar de ello, los gobiernos utilizan el instrumental de medidas y regulaciones sobre el comercio exterior. Generalmente lo hacen con fines redistributivos (como puede ser el caso actual de la carne), o para bajar los precios (como ocurrió con la apertura económica); también existen medidas de protección puntuales para sectores específicos que logran demostrar maniobras de dumping en productos importados (venta por debajo del costo para desplazar la competencia y ganar mercado). Pero estas medidas no integran un programa más vasto orientado al desarrollo nacional. Sin un proyecto explícito, abarcador del conjunto de los actores, que contenga una política comercial coherente con sus objetivos, el uso de este tipo de medidas, genera un efecto negativo para la economía en general.

Para el caso de la carne, el gobierno aplica una restricción coyuntural con un propósito redistributivo que puede ser válido, pero lo hace sin una propuesta de desarrollo para el sector, que le permita a las empresas y los trabajadores planificar sus operaciones en dirección a una economía previsible, pero con justicia social. Esto es, abastecer el mercado interno en calidad y precio, y exportar los excedentes incrementales al mejor postor.

Es cierto que cuando el Estado interviene para mejorar las condiciones de trabajo, aumentar la cantidad de empresas y expandir la producción, los sectores concentrados, generalmente vinculados a intereses foráneos y con una posición dominante, se resisten al cambio, procurando erosionar el poder político del gobierno para impedir cualquier cambio. Ejemplo claro de ello fue el golpe militar contra el segundo gobierno de Juan Perón, en el año 1955, que nada tuvo que ver con la situación económica del país, que estaba saliendo airosa de una aguda crisis, con una base industrial sólida, sin pobreza y sin desocupación.

Pero el caso en cuestión es totalmente diferente. Ahora no hay proyecto nacional, no hay propuesta de desarrollo ni política comercial. En este contexto le será muy complejo al gobierno sostener sus medidas redistributivas; el subsector más combativo ya está organizando el boicot a la oferta de carne (tradicional maniobra utilizada por los grupos de poder económico para torcer el brazo a los gobiernos intervencionistas), restringiendo la oferta interna y presionando a una suba del precio doméstico, cargando la culpa (con malas intenciones, pero con una parte de razón) a las políticas erráticas de un gobierno que no genera condiciones mínimas para invertir y trabajar.

El gobierno de Alberto Fernández ha decidido no explicitar un plan de desarrollo nacional que pueda ser compartido y apoyado por el conjunto de los argentinos. De ahí que no tenga una política comercial consistente con la necesidad de promover la industrialización para generar trabajo y desarrollo socioeconómico. En este marco, las decisiones en materia económica son parches de una economía rota, que sin cambios estructurales no tiene solución.

Un gobierno que realmente quiera promover la actividad privada para que se genere trabajo digno que permita terminar con la injusticia social que reina en el país, seguramente definirá una política comercial de administración del comercio exterior que promueva la industria manufacturera local y el desarrollo tecnológico necesario para que ésta alcance niveles de competitividad aceptables en el mediano y largo plazo. Un gobierno que esté a la altura de este objetivo supremo, tiene que poder y saber explicitar un proyecto consistente y sólidamente fundamentado, junto con las medidas e instrumentos para su ejecución.

Con el fin de cumplir ese objetivo, y tal como lo muestra la propia historia, es importante remarcar que es necesaria la aparición del Estado como actor principal en el comercio exterior y ya no como mero “contralor policial” a través de su Aduana y fuerzas de seguridad o medidas normativas e impositivas, sino con la presencia física necesaria para asegurar el cumplimiento eficaz de los objetivos.

Por otro lado, resulta vital que el Estado articule la participación de todo el entramado productivo para la toma de decisiones (empresarios, trabajadores, cooperativas y comunidad en general) a fin de planificar la administración del comercio y disponer de metas de corto, mediano y largo plazo en la industrialización por sustitución de la excesiva cantidad de productos importados existentes.

Un ejemplo claro es la industria textil e indumentaria, donde actualmente se importan manufacturas por 2.510 millones de dólares anuales que impiden el desarrollo y la creación de trabajo genuino dentro del país. En este caso sólo habría que sentar en una gran mesa a todos los actores del sector y planificar, teniendo en cuenta la capacidad instalada existente, un plan de desarrollo particular para generar empleo y ahorrar divisas.

Finalmente, es esencial explicitar y hacer público ese plan con el objetivo de que el pueblo argentino lo pueda conocer y comprender. Con fundamentos claros para que el conjunto de la sociedad conozca los verdaderos problemas de la Argentina y a los actores responsables. Sólo así se podrá aumentar el nivel de conciencia política y obtener el apoyo popular necesario para hacer efectivos y sostenibles los cambios profundos que se requieren.

Esto no es un invento. Hace 75 años, el 28 de mayo de 1946, a instancias del presidente electo democráticamente, Juan Perón, se creó el Instituto para la Promoción del Intercambio (Iapi), organismo que desempeñó un rol estratégico en la administración del comercio exterior argentino, en un momento en el que los países productores de materias primas hacían también lo propio. En aquel entonces, los objetivos eran claros; el proyecto político y la posición comercial del país era conocida y transmitida abiertamente; el diálogo con los empresarios era directo y los contenía en una solución armónica y articulada con los trabajadores, porque la propuesta era clara y contundente: había que “poner la manguera a chorrear para adentro”.

Fuente:
Social 21, La Tendencia

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