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17/09/21
El papel de las editoriales científicas: Big Pharma se une a la guerra blanda contra Venezuela
Por Eder Peña

El 25 de agosto pasado la revista Nature, propiedad del megaentramado editorial Springer, publicó una nota titulada «Los trabajadores de la salud venezolanos que recopilan en secreto estadísticas de covid» en la que señala que el personal médico es reprimido para que no dé «datos fiables». No es la primera vez que un sector antichavista de la comunidad científica venezolana busca hacer propaganda de guerra blanda utilizando la plataforma del oligopolio editorial que metaboliza la actividad académica mundial en función de la ganancia corporativa.

Se trata de una continuación anémica del «informe» que la Academia de Ciencias emitió el año pasado pronosticando un devenir desastroso en Venezuela respecto al nuevo coronavirus. Curiosamente el autor de la nota publicada en Nature lo refiere solo para acusar falsamente al diputado Diosdado Cabello de instigar al allanamiento de la Academia y el arresto de científicos «por liberar modelos que predijeron un aumento en las infecciones y muertes por coronavirus».

Los modelos «liberados» no lograron predecir nada; lo ocurrido meses después de la publicación del mencionado informe se debió a otras causas, no a la tragedia profetizada. Solo quedó otra capa del lodo con la que intentan desprestigiar a Venezuela los mismos académicos que ponen su militancia política y su fidelidad a las imposiciones imperiales por encima de la probidad que debería acompañar al talento.

¿Cómo criticar la «falta de datos fiables» sin datos fiables?

Un vistazo a la mencionada nota que firma Luke Taylor, periodista británico instalado en Bogotá, deja ver que mucho de su contenido está basado en nombres ficticios y aproximaciones subjetivas, la ausencia de datos y la poca rigurosidad de los que se comparten es su marca.

Llama la atención que una revista científica de gran renombre permita que un autor acuda a ese tipo de recursos de propaganda, pero si ella misma se irrespeta, ¿quién es uno para detenerla? ¿Es fiable para la misión científica buscar la verdad basándose en anónimos?

Refiriéndose a las estadísticas de covid-19 supuestamente recopiladas en secreto, el trabajo de Taylor recurre a un personaje anónimo (o mítico) llamado Gabriel Romero, quien «coordina una red clandestina que recolecta estos datos». La profesora María E. Grillet, ecóloga de genética y poblaciones, dice que las cifras de Venezuela «son imposibles» mientras que Julio Castro, presidente de la Comisión de Expertos de la Salud del gobierno fake de Juan Guaidó, dice que las cifras son entre 5 ó 7 veces más altas de lo que informa el gobierno. Eso sí, ninguno de los dos expertos usa el término «subregistro» que es tan común en el área epidemiológica.

El subregistro sigue siendo una de las discusiones «top» en el medio científico relativo a la pandemia global, existe desde que existe la epidemiología pero la velocidad de la transmisión actual del virus está superando a los sistemas de vigilancia genómica. Estos aumentan las posibilidades de realizar pruebas y diagnósticos para informar con precisión de las muertes relacionadas con el brote. No solo en Venezuela, sino en muchos lugares del mundo como Asia (continente más poblado) y el Pacífico, donde solo dos de cada siete muertes son registradas con su causa de ocurrencia.

Todas (pero todas) las razones que aluden los expertos ya nombrados para el supuesto ocultamiento de cifras tienen que ver con la situación crítica que dificulta el acceso a bienes y servicios básicos como combustible, también las dificultades para comprar insumos como pruebas rápidas. Ninguno de estos expertos habla de «sanciones» ni bloqueo, y esto no es casualidad.

El artículo publicado en ‘Nature’ sobre la fiabilidad de las cifras venezolanas de la covid-19 no toma en cuenta las limitaciones para el acceso a bienes y servicios como el combustible causadas por las «sanciones» de Estados Unidos y la Unión Europea (Foto: Archivo)

Taylor y «Romero» continúan en su narrativa: un grupo trata de «controlar la situación en Venezuela» desde fuera de las fronteras mediante una llamada Red de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores en Venezuela. Se trata de un interinato pero epidemiológico, que publicó una investigación llamada «SARS-CoV-2 en tránsito: Caracterización de los genomas del SARS-CoV-2 de los migrantes venezolanos en Colombia» en la revista International Journal of Infectious Diseases (IJID).

Esta revista pertenece a Elsevier, la mayor editorial de literatura científica del mundo con más de 2 mil 500 revistas, incluidas Cell y The Lancet, dos de las más potentes en biología o medicina.

Esa red consiguió seis variantes del SARS-CoV-2 en migrantes venezolanos, datos que el gobierno no ha publicado, según ellos. Se podría pensar que no lo ha hecho para que no se haga lo que Taylor, Romero, Grillet y Castro están haciendo: especular y crear alarma.

En particular porque Taylor intenta hacer conjeturas a partir de muestras tomadas a 30 individuos. Sin abundar sobre la representatividad o no de los datos, el artículo en IJID no da evidencias ciertas respecto a si los individuos fueron infectados por transmisión comunitaria en territorio colombiano o por la migración transnacional. Cosa extraña esa de criticar la falta de datos fiables sin datos fiables.

La difícil situación económica causada por el asedio total desatado por el Norte Global y la oligarquía que lo representa en Venezuela no le permite al país contar con los suficientes recursos e insumos para hacer una adecuada vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) han procesado muestras de diversas regiones del país y confirmado la circulación de la variante Delta, especialmente en las zonas limítrofes con Colombia.

El gobierno nacional ha reportado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), y se están preparando las publicaciones en revistas especializadas, según lo ha reportado la respuesta elaborada por científicos venezolanos. Además, un aspecto que no dice Taylor ni la respuesta es que no existe sospecha de chavismo en científicos que han declarado libremente a la prensa sobre aspectos de la vigilancia genómica.

Respuesta colectiva: ¿Lucha contra la pandemia o censura?

La defensa de la soberanía, como única riqueza que garantiza la vida de nuestro pueblo y la existencia de la nación, fue la razón por la que unos 170 científicos venezolanos solicitamos un derecho a réplica a réplica a la revista Nature, apelamos al derecho que tiene el mundo a obtener un panorama más completo y preciso de la realidad que nuestro país está sufriendo desde 2015, bajo la cruel imposición de una serie de medidas coercitivas unilaterales (MCU) por parte del gobierno de Estados Unidos.

En el texto se detallan las decisiones de la élite gringa en contra de nuestro país, las violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cometidas por el Norte Global en pleno y confirmadas por la relatora de la ONU, Alena Douhan, en febrero pasado. El artículo firmado por Taylor omite que las MCU han impactado los derechos humanos de la población en general, afectando en particular a las mujeres y los niños, entre otros grupos, quienes sufren directamente las consecuencias de la denegación del acceso a insumos y medicamentos.

Se explica detalladamente cómo en Venezuela se respetan tanto las garantías constitucionales como los pasos para atender la pandemia de manera integral, desde la contención epidemiológica hasta la atención hospitalaria.

El texto colectivo se refiere a la acusación que hace Taylor sobre el «esfuerzo deliberado del gobierno para restarle importancia a la situación de la pandemia», especificando cómo se tomaron medidas tempranas que ayudaron a enfrentar la crisis mientras en países vecinos moría la gente en las calles y, en nombre de la economía, se dejaba a la población trabajadora a su suerte.

Las medidas tomadas en Venezuela van desde la denominada cuarentena social colectiva hasta la estrategia comunicacional, señalando en particular un dato que omiten los expertos participantes del escrito de Taylor: según el repositorio del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI), entre enero-2020/junio-2021, se han identificado 309 documentos escritos por venezolanos, de los cuales hay un 71% recogidos en revistas arbitradas a nivel nacional e internacional, en seis grandes áreas de conocimiento y relacionadas con la covid-19, precisando que el 61% de estos textos aporta nuevos conocimientos para la comunidad científica, mediante descubrimientos, recomendaciones y revisión documental.

Sectores académicos han respondido a la demanda nacional de conocer al virus SARS-CoV-2 para poder combatirlo (Foto: Ministerio de Ciencia y Tecnología)

Esto habla de la producción científica nacional en tiempos de pandemia, lo que acerca al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) a una demanda que se ha realizado desde hace tiempo: resolver los problemas nacionales con visión global y socializar el conocimiento científico.

Esa producción científica, que pudiera preocupar a los compatriotas que exigen datos fiables, no ha parado. Las cifras demuestran que la misma comunidad científica se ha abocado a conocer el virus para poder combatirlo en medio de las dificultades que han representado tanto las «sanciones» como una élite científica a la que le ha costado establecer actividades científicas en función de una agenda nacional y no de intereses foráneos.

Por otra parte, en algunos países del norte se ha entablado una discusión respecto a los «excesos de muertes» de donde los periodistas se han anclado para hacer aproximaciones y hasta conjeturas sobre el número de muertes por covid; se trata de la mortandad total por encima del promedio para un periodo específico.

Sus medios señalan con el dedo acusador a países africanos, asiáticos o latinoamericanos por el subregistro mientras en Estados Unidos las autoridades han dicho desde el principio que una subestimación de la mortalidad era muy probable, por esto último no ha habido aspavientos.

Precisamente, un connotado epidemiólogo británico, y colaborador del Oxford COVID-19 Evidence Service, llamado Carl Heneghan, dijo que los periodistas deberían tener cuidado al asumir que el exceso de muertes durante un periodo de muchos meses en 2020 están definitivamente relacionadas con covid-19, pues, por ejemplo, Inglaterra y Gales también tuvieron aumento en exceso de muertes durante el invierno de 2017/2018, que no estuvo relacionado con ninguna pandemia.

Gobiernos, investigadores y periodistas se han inventado múltiples mecanismos para atacar el subregistro y todos han sido insuficientes por las distintas circunstancias que rodean al diagnóstico, atención y monitoreo de la enfermedad, así como los distintos criterios que han asumido los países.

Cabe decir que si en Venezuela hubiera ocultamiento de cifras y no un subregistro, que es usual en lides epidemiológicas, no habrían publicaciones como las contabilizadas ni declaraciones de prensa como las mencionadas.

Se caen las máscaras de la neutralidad

Volviendo a la respuesta desde Venezuela, se analiza la posición de los expertos respecto a la propagación limitada de la pandemia en el país debido a que por un lado afirman que existe pero por otro lado dudan de las cifras e insinúan una situación extremadamente grave. Es muy parecida a la mezquindad, la negativa a reconocer el efecto de las medidas sociales drásticas, acompañadas de un espectro de medidas económicas que protegieron a la ciudadanía. Es mucha la semejanza con los ataques cínicos de propaganda necrófila ejecutados por Julio Borges, quien desde el exterior ha buscado crear dudas a partir de proyecciones que no han sido medianamente validadas en el territorio.

Como en el caso del «informe» de la Academia de Ciencias los catedráticos tienen derecho a sospechar, pero no pueden convertir en fuente de información sus sospechas y conjeturas, mucho menos utilizando fuentes que se contradicen entre ellos, como ACNUR y la OIM. Estas agencias multilaterales han nutrido sus bases con datos de gobiernos como el de Colombia que han mostrado intencionalidad partidista y hasta económica en el tema «humanitario» venezolano. Así lo demuestran escándalos de corrupción como el llamado «Cucutazo», del cual la administración Duque no ha podido desmarcarse con todo el cartel mediático global a su favor.

Aún sigue pareciendo increíble que haya que demostrar que la mayor causa de la crisis venezolana es la agresión multifactorial desatada por la corporatocracia global y sus gobiernos gestores, sin embargo la respuesta colectiva cita las fuentes que lo demuestran.

Quizás el saldo positivo de la publicación de Taylor es la nueva oportunidad de desmitificar al clero académico y al entramado editorial representado por Nature, que en pocos días lanzó dos dispositivos mediáticos repletos de inconsistencias y carentes de datos firmes. No es casual que sean esos mismos sectores los que se han atrincherado en sus cátedras para impedir cualquier asomo de transdisciplinariedad en el abordaje de los problemas complejos de nuestro tiempo.

Se trata de los mismos que estudian efectos de la exclusión social como muertes por diarreas o inundaciones, pero no se atreven (o se niegan por intereses de clase) a cuestionar las causas estructurales, aun cuando la razón instrumental no admite efecto sin causa.

Se trata del mismo discurso tecnocrático y neoliberal que nos presenta, a los países periféricos y a las culturas no occidentales, el modelo del desarrollo científico y tecnológico de Occidente como destino inevitable y como fuente de futuro bienestar.

Ya algunos han opinado sobre el peso que ejercen los intereses económicos de las poderosas corporaciones que dirigen revistas como Nature sobre los parámetros científicos, sus condiciones de acceso y participación están hechas a la medida de unos pocos. Son la cima de un sistema que se nutre de los fondos públicos, no solo en infraestructura y fondos sino en talento humano.

En Venezuela la formación de un científico es financiada casi en su totalidad por el Estado, el mismo que sostiene casi todas las instituciones científicas y paga entre 3 y 5 mil dólares para publicar sus descubrimientos en revistas como Science, Cell o Nature. Dice Pablo Esteban en un reportaje en Página/12:

«Si sus trabajos responden a los requisitos del mercado –más allá de la calidad de sus intervenciones–, luego acuerdan un contrato que los compromete a ceder sus derechos y les impide compartir el contenido por intermedio de cualquier otro canal».

La Big Pharma, como parte de esa corporatocracia, dirige esa ciencia que presume de neutral, está detrás de estos ataques que no son casuales ni se divorcian de la presión total que se quiere ejercer contra Venezuela para lograr un cambio de régimen. Es una mancha más para el desprestigio que atraviesa una élite que se ha tenido que quitar todas las máscaras para acelerar el estado de excepción global con el que estructuran el saqueo y la acumulación continuada.

Fuente:
Misión Verdad
Etiquetas: Revista Nature

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