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22/07/21
Trece realidades sobre la situación en Nicaragua
Por Mario Eduardo Firmenich

Los grandes medios reproducen desde hace semanas ‎interpretaciones sesgadas, cuando no mentirosas, de las informaciones provenientes de Nicaragua.

Principalmente sobre la detención de varios dirigentes opositores e incluso ex sandinistas sospechosos de haber recibido financiamiento extranjero -proveniente sobre todo de EEUU. El economista argentino Mario Firmenich, ex secretario general de al organización revolucionaria Montoneros, de Argentina, aporta al debate una serie de realidades que los grandes medios callan deliberadamente.

Según los sondeos, Daniel Ortega y el FSLN ganarían las elecciones muy cómodamente con bastante más del 50% de los votos

1. Las leyes electorales que rigen en Nicaragua fueron hechas por el último gobierno de la derecha que gobernó del 2001 al 2006. Como el FSLN ganó las elecciones del 2006, la derecha ya no quiere esas leyes.

Las últimas modificaciones a dichas leyes, con las que se acusa al gobierno de «montar un fraude«, se refieren a que el 50% de los cargos electivos deben ser ocupados por mujeres (¡Parece que la oposición no tiene mujeres suficientes para completar las listas electorales!) y también a la prohibición de que los partidos políticos puedan ser financiados desde el exterior; esto último rige en cualquier país serio y [el presidente de México Andrés Manuel] López Obrador sufre un acoso de EEUU bajo el mismo pretexto.

2. La oposición nicaragüense es una «bolsa de gatos» sin gran representatividad social. Sus partidos políticos no mantienen ninguna existencia orgánica fuera de los períodos electorales.

El único partido que existe con gran organización de modo permanente en todo el territorio nacional es el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional).

Hay 19 partidos políticos reconocidos legalmente. Uno es el FSLN. Otros 16 partidos (incluyendo varios partidos indígenas) son aliados del FSLN. Sólo hay 2 partidos opositores inscriptos legalmente y además se pelean entre sí.

La oposición que participa de las elecciones no pretende ganarle la presidencia a Daniel Ortega porque sabe que es imposible. Se pelean entre sí para ver quién es segundo, para acceder a las ventajas y prerrogativas que la ley electoral, que hizo la derecha, le concede al segundo.

La oposición más violenta intentó derrocar el gobierno por la fuerza en 2018 y luego pretendió que el gobierno negociara con ella «reformas democráticas» sin ser ni siquiera partidos políticos, sino «ONGs«, que se autotitulan «sociedad civil«, financiadas por la CIA y la USAID.

3. Las causas penales contra la Fundación Chamorro y sus miembros no son un invento de «lawfare«. El lavado de dinero existe porque esta fundación, que actuaba como fuerza opositora sin ser un partido político, recibía explícitamente financiación de EEUU.

Al aprobarse la ley que prohíbe financiación extranjera a la actividad política, esa fundación debía registrarse como agente extranjero para quedar legalmente autorizada a seguir recibiendo tales financiaciones. Pero no quiso hacerlo porque eso la descalificaba políticamente y entonces se dedicó a blanquear en su contabilidad el dinero recibido de las agencias estatales de EEUU. Las pruebas documentadas del blanqueo de dinero son claras en los registros contables de la propia Fundación Chamorro.

4. Los ex sandinistas recientemente detenidos no son «la disidencia interna que cuestiona el poder personalista de Daniel Ortega«. ¡Son los que abandonaron el FSLN hace 30 años cuando perdió las elecciones! Están procesados en causas penales por traición a la patria porque conspiran ilegalmente con EEUU para sabotear las elecciones y derrocar el gobierno.

5. La cultura política del pueblo nicaragüense no es ni nunca ha sido demoliberal al estilo europeo. Su cultura tiene raíces campesinas y étnicas indoamericanas, con minorías afrodescendientes. El 40% de la población de Nicaragua es actualmente campesina y vive en las tierras concedidas hace 40 años por la reforma agraria de la Revolución sandinista. Otro 30% de la población es campesina o son hijos de campesinos que se urbanizaron en pequeñas cabeceras de municipios, en ciudades medianas capitales de departamento y en algunos barrios de Managua.

La gran masa de este sector demográfico es sandinista desde la Revolución de 1979 y vive con agradecimiento a las políticas del presidente Ortega, que desde 2007 le permitió mejorar su nivel de ingresos y su calidad de vida (le proporcionó salud, educación, luz eléctrica, caminos pavimentados, alimentación para todos, capitalización de la economía familiar, sostenibilidad medioambiental y equidad de género). A esta población no le importa en lo más mínimo que a la señora Cristiana Chamorro y sus socios los encarcelen.

Hay un pequeño porcentaje de población claramente blanca española, la mayor parte de la cual son restos de la oligarquía somocista y de los antiguos escasos sectores medios que estaban al servicio de aquella oligarquía. Este sector es violentamente hostil al sandinismo; su única posibilidad de recuperar el poder sería una intervención estadounidense para derrocar el gobierno y eso es lo que buscan.

El resto es una reducida clase media urbana surgida gracias al progreso económico y social de la gestión presidida por Daniel Ortega entre 2007 y 2018, cuando el fallido intento de golpe de Estado violento interrumpió el proceso de crecimiento económico. Se ha incorporado a esta clase media una población urbana, de base étnica criollo-mestiza, dedicada al comercio y a otros servicios.

6. La realidad sociopolítica es que Daniel Ortega y el FSLN ganan las elecciones muy cómodamente con bastante más del 50% de los votos.

El encarcelamiento de opositores vinculados a la injerencia estadounidense, autotitulados «precandidatos» (aunque no están inscriptos como tales por ningún partido legalmente habilitado para las elecciones), no es una «represión totalitaria necesaria para ganar las elecciones«. Cristiana Chamorro, en las encuestas más favorables (suponiendo que fuera candidata de la oposición unificada) tiene un 21% de intención de voto y en las encuestas más desfavorables (suponiendo que fuera candidata sólo de «su» partido, por ahora inexistente) tiene apenas un 5%.

Las órdenes de prisión preventiva por el blanqueo del dinero que financia la injerencia electoral estadounidense se ajustan al derecho. Para la cultura política no demoliberal dominante en Nicaragua no tiene ninguna importancia que se los detenga cuando se está iniciando el proceso electoral.

Obviamente para países culturalmente demoliberales como los europeos occidentales (o quasi-demoliberales, como Argentina y México) esto parece un «atropello dictatorial que impide una justa competencia electoral«.

En Argentina «lo normal» habría sido que los «operadores judiciales» (agentes de los servicios de inteligencia del Estado), cumpliendo indicaciones del presidente, ignorasen la división de poderes y determinaran la fecha electoralmente más conveniente para la orden judicial de detención.

En Nicaragua no existe esa hipocresía seudo-demoliberal y por eso los detienen en el momento procesal que toque, al margen de la campaña electoral, porque las elecciones las gana el FSLN de todos modos.

No existe ninguna movilización social reclamando por las detenciones de los Chamorro y sus socios.

7. Los sectores más conservadores de la iglesia católica impulsaron abiertamente el levantamiento golpista de 2018 desde los púlpitos, (de modo muy semejante al golpe contra Perón en 1955, identificado con el «Cristo Vence»). Hoy la iglesia católica tiene una posición «opositora elíptica» en las homilías, pero llamando a la paz.

Todo parece indicar que el papa Francisco intervino, con la habitual discreción vaticana, removiendo a los curas más violentos e induciendo a este cambio de discurso político. La figura y el mensaje del papa Francisco son públicamente difundidos y destacados elogiosamente por el propio gobierno.

8. La Constitución y la legislación electoral nicaragüenses son jurídicamente democráticas y pluralistas; en ese contexto, la realidad sociopolítica muestra un sistema pluralista de partido hegemónico.

Esto no es consecuencia de alguna maniobra proscriptora del sandinismo, sino la manifestación política natural de una sociedad con muy escasa diversidad de clases sociales.

Existe una inmensa mayoría popular campesina pobre, históricamente explotada y postergada tanto por el capitalismo neocolonial del somocismo como por los partidos neoliberales que gobernaron entre 1991 y 2006.

No existen grandes masas de sectores medios que pudieran dar base social a un sistema, por ejemplo, de 3 grandes partidos que podrían alternarse en el poder formando coaliciones.

Existe una minoría social de ricos (algunos muy ricos) que son antisandinistas y una inmensa mayoría pobre que es sandinista porque goza de una sostenida mejora de su calidad de vida. La franja social de «independientes» o «apolíticos» no es políticamente significativa.

El partido hegemónico surge porque el FSLN es el único partido nacional que representa y favorece el progreso socioeconómico y el orgullo nacional de la inmensa mayoría indoamericana y afrodescendiente, siendo capaz de construir alianzas con los partidos regionales e indígenas.

9. La paz social que se observa a simple vista en Nicaragua es muy superior a la que existe en Argentina y en México (ni comparar con lo visto en Colombia, Ecuador o Chile).

No existen piquetes que corten calles o rutas; no hay huelgas sindicales ni hay lock out patronal que paralicen el país.

Tampoco existe violencia social/criminal del tipo de las maras salvadoreñas ni violencia de grandes bandas de crimen organizado. No hay asaltos a bancos, ni secuestros de empresarios, ni mafias violentas de narcotraficantes, como en México o como en la ciudad de Rosario, en Argentina.

Los mercados populares y los shopings y centros comerciales de la clase media y alta exhiben un funcionamiento socioeconómico normal, en paz y sin tensiones visibles.

10. En Nicaragua se ven libremente más de 80 canales de televisión.

Hay varios canales de TV nicaragüenses privados independientes (los canales 10, 12, 14, 23) que expresan diversos grados de agresividad opositora. Gozan de una libertad de expresión que puede considerarse hasta excesiva; el canal 10 es el más violento y es normal escuchar cualquier día que digan que «el dictador Daniel Ortega es un criminal que anda asesinando campesinos» ¡y no pasa nada!

Además, la iglesia católica tiene un canal propio que transmite con total libertad lo que se le ocurra, incluyendo las homilías del cardenal en todas sus misas en directo. Por otra parte, también se ve el canal de televisión del Vaticano en español, que goza de idéntica libertad de expresión.

También se pueden ver libremente la CNN en español e inglés, el canal Euronews, la TVE española, la cadena Caracol de Colombia, varios canales mexicanos, TeleSUR, Russia Today y el canal chino CGTN en español.

Como televisión oficialista existen varios canales, algunos son privados afines al gobierno, y un canal oficial parlamentario.

El único canal de televisión que fue clausurado incurrió en graves delitos instigando explícitamente y dando instrucciones operativas en tiempo real para que las turbas golpistas destruyeran e incendiaran instalaciones públicas y de militantes sandinistas durante el golpe fallido de 2018.

11. La edición en papel del diario [opositor] La Prensa es limitada por la sencilla razón de que no existen los kioscos de diarios y revistas ni los «canillitas» [vendedores ambulantes] que venden a viva voz los diarios en una esquina. El diario se vende por suscripción a la reducida clase media y alta. La inmensa mayoría de la sociedad nicaragüense no lee diarios en papel.

La edición digital del diario La Prensa se publica cotidianamente sin ningún problema.

12. Nicaragua no se parece en nada a un país comunista y su sistema económico está lejos de ser estatista.

No existe un banco comercial del Estado, como el Banco Nación o los Bancos Provincia o Banco Ciudad en la Argentina. La ley no autoriza la constitución de bancos cooperativos. Todos los bancos comerciales son privados y opositores, que se dan el lujo de boicotear las operaciones financieras cotidianas del gobierno, al extremo de que hay empleados públicos que tienen que cobrar sus salarios en el Banco Central.

No existen grandes empresas estatales. Hay libre convertibilidad monetaria entre el córdoba [la moneda nicaragüense] y el dólar, pudiendo pagarse con dólares en cualquier comercio y no hay fijación de precios por el gobierno.

La planificación económica es indicativa y hecha a partir de la demanda; está ejecutada por protagonistas privados de la economía familiar y cooperativa. Las instituciones gubernamentales prestan su ayuda técnica y financiera para que esos actores socioeconómicos populares puedan implementar los planes nacionales del desarrollo económico y social.

La tasa máxima del impuesto a la renta era del 10% hasta 2019 y actualmente es del 15% (en España es del 49%). Es habitual que empresarios obtengan del gobierno exoneraciones fiscales.

La tasa general del IVA es de 15% y los alimentos frescos están exentos (en Argentina la tasa general del IVA es del 21%, del 27% para la electricidad y del 10,5% para alimentos frescos).

Hay grandes empresas extranjeras funcionando sin ningún inconveniente (incluyendo empresas como Cargill o cadenas hoteleras transnacionales). Las principales inversiones extranjeras están dentro del régimen de Zona Franca y por lo tanto no pagan ningún impuesto.

13. ¿Cómo se explica que esta realidad merezca la avasallante y súbita campaña mediática mundial para implantar, como «posverdad«, las fake news de que una dictadura populista-comunista está suprimiendo la libertad de prensa, encarcelando a los candidatos opositores que ganarían las elecciones y persiguiendo a los disidentes sandinistas» que se opondrían dentro del partido oficialista al personalismo dictatorial de Daniel Ortega

Esta campaña de fake news de los multimedia oligopolizados en la globalización neoliberal no es otra cosa que un bombardeo «de nuevo tipo» contra un Estado y un pueblo soberanos en la Tercera Guerra Mundial en curso.

Vivimos una guerra que es simultáneamente una típica disputa geopolítica entre potencias (por ahora sin disparos de misiles estratégicos) y también una guerra civil mundial genocida, declarada por el establishment económico de la globalización contra los pobres del mundo; el objetivo es despojar a los pueblos pobres de su soberanía sobre los recursos naturales cada vez más escasos y reducir la población mundial.

¿Qué otra cosa que defenderse con sus propias leyes pueden hacer los Estados y pueblos soberanos cuando una potencia extranjera intenta promover una guerra civil interna para derrocar sus gobiernos y destruir su sistema social?

Fuente:
Agencia Paco Urondo

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