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17/04/23
Regiones: Argentina
Ejerciendo la soberanía tecnológica: el caso del trigo HB4
Por Javier Preciado Patiño

A principios de marzo de 2023 el gobierno de Brasil autorizó la siembra, producción y comercialización del trigo con la tecnología HB4, lo que puso punto final –o mejor dicho, punto inicial– a una gesta del desarrollo biotecnológico vegetal argentino. Para quienes no son especialistas en la materia, sintéticamente contada, la historia comienza en 2004 cuando un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) identifica un gen del girasol que confiere resistencia a la sequía. Por medio de la biotecnología es transferido a otros cultivos, como la soja y el trigo, con el objeto de tener mejor adaptación al cambio climático. El Conicet y la UNL patentaron la construcción genética y –junto con una empresa conformada por productores agrícolas, Bioceres– comenzaron el desarrollo comercial, que significa ni más ni menos la desregulación en los distintos países relacionados con el comercio del trigo y la soja, empezando por la Argentina.

Nuestro país tiene un importante historial en materia de biotecnología que comienza en los 90, cuando el exsecretario de Agricultura Felipe Solá liberó la soja RR y el maíz BT, cultivos transgénicos que otorgaban resistencia a herbicidas e insectos, respectivamente. Pero de ahí hasta el presente, la Argentina había liberado esencialmente biotecnologías desarrolladas en el exterior para los grandes cultivos extensivos, como el maíz, el algodón y la soja. El desarrollo de HB4 implicaba el camino inverso: lograr la liberación de una biotecnología argentina en los países centrales, no por medio de las grandes multinacionales semilleras, sino desde una empresa de capitales argentinos.

Durante la gestión de Cambiemos la decisión política fue no liberar la tecnología. A pesar de que los informes técnicos indicaban su seguridad para el ambiente y la salud humana, ese gobierno prefirió cajonearla, argumentando razones de índole comercial. Efectivamente, desde los sectores más conservadores de la economía agraria –algunos muy cercanos al gobierno de Cambiemos– se ejerció una presión muy fuerte para su no liberación, argumentando que se le iba a causar un daño económico al país. Como sucede en otras ocasiones, estos sectores retardatarios convergieron con las posiciones ambientalistas más extremas –sin un fundamento científico– para atacar el desarrollo tecnológico nacional.

La situación cambió a partir de la llegada del Frente de Todos al gobierno. Las gestiones de los exministros de Agricultura Luis Basterra y Julián Domínguez pusieron a tope de agenda la cuestión del trigo HB4. Por empezar, se valoraron los informes de la Conabia, reconocida por la FAO como organismo de referencia para la biotecnología, y el Senasa, en cuanto a la seguridad de la tecnología para la salud y el ambiente.

En segundo lugar, y ya sin una mirada sesgada por los intereses comerciales, se observó que distintos países del mundo tenían –con mayor o menor grado de avance– desarrollos de trigo genéticamente modificados, mediante transgénesis o incluso con edición génica. La Argentina no estaba sola, sino que era parte de una silenciosa carrera con los mismos objetivos: llevar a los productores desarrollos tecnológicos que permitan mejorar la productividad de los cultivos, en un entorno de cambio climático, y contribuir de esa manera a la seguridad alimentaria global. Más temprano que tarde la biotecnología iba a llegar al cultivo del trigo.

La primera decisión fue tomada por el exministro Basterra, mediante resolución 41 en octubre de 2020. Se trataba de una señal muy fuerte para el resto de los países. La Argentina confiaba en su sistema científico tecnológico e iba a avanzar con la liberación del primer trigo transgénico en el mundo. Se dejaba la liberación completa también a la aprobación por parte de la República Federativa de Brasil, el principal importador de trigo argentino.

La segunda gran decisión fue tomada por el exministro Domínguez, en mayo de 2022. Dado que Brasil autorizaba el consumo de la harina y productos derivados del trigo HB4, se daba por satisfecha la condición de la Resolución 41/2020 y se declaraba la liberación total de la tecnología para su producción a campo. La medida fue cuestionada y judicializada por los mismos sectores ya mencionados. Pero las autorizaciones a los derivados del HB4 por parte de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos –además de Brasil– debilitaba su posición. Nuestros competidores comprendían la relevancia de la tecnología y comenzaban a transitar la desregulación. Finalmente, la decisión de Brasil de liberar, ya no solo los derivados, sino la semilla de trigo en sí misma, terminó de legitimar en los hechos la decisión tomada por el gobierno argentino del Frente de Todos.

¿Cuál es la implicancia soberana de todo esto? Nuestro país es uno de los pocos en el mundo con capacidades para mejorar los cultivos por medio de la biotecnología moderna. En este sentido, somos parte de un club muy pequeño, como lo es el de los que pueden poner satélites en órbita. Esto es gracias al tejido científico tecnológico que abarca a las universidades públicas, el Conicet, el INTA e institutos en el sector público, así como la constelación de emprendimientos de base científica y empresas nacionales de genética vegetal. Un relevamiento hecho en 2020 por el Ministerio de Agricultura reveló que existían más de 30 desarrollos de biotecnología vegetal, con diferentes grados de avance, provenientes del sistema ciencia y tecnología local, sea público, privado o mixto. De manera que lo relevante de la liberación de HB4 fue la señal a todos estos grupos de investigación –y a los que vendrán– respecto que el Estado argentino en manos de un gobierno nacional y popular está decidido a hacer llegar estas innovaciones a los productores rurales y a los consumidores –hay muchas innovaciones en materia de calidad nutricional de los cultivos– en tanto y en cuanto se asegure su inocuidad sanitaria y ambiental. No es un tema para nada menor. ¿Cómo puede ser que el Estado financie investigación básica en biotecnología, pero que cuando esa investigación avanza hacia la fase comercial se eche atrás y no la libere? Este verdadero sinsentido era una usina de desánimo para las y los jóvenes investigadores argentinos, que, como es lógico, sueñan con ver sus desarrollos llegando al final de la cadena agroalimentaria.

La otra cuestión tiene que ver con el posicionamiento de la Argentina en el concierto agrícola global. Estamos invirtiendo el sentido de circulación. Ahora un desarrollo argentino va desde la periferia –no me gusta la metáfora, pero es clara– hacia el centro, lo que implica ser parte del liderazgo científico innovador. La aceptación global de esta tecnología valoriza al investigador o la investigadora argentina, al emprendedor o la emprendedora argentina, a las empresas argentinas y al mismo Estado argentino. Es importante recordar que en tiempos del gobierno de la Alianza (1999-2001) se implementó en materia de biotecnología un esquema de absoluta dependencia, denominada “política espejo”: solo se aprobaba acá lo que aprobaba la Unión Europea, que, como tenía una clara política contraria a la biotecnología, no aprobaba prácticamente nada. Fue a partir de la llegada de Néstor Kirchner que se salió de esa nefasta posición y el país retomó la senda de la adopción de tecnología para el campo.

Pero esta vez se ha dado un paso más, al hacer punta en la liberación y la adopción de una tecnología acorde a los tiempos que corren, ya que estamos transitando una de las peores sequías históricas, en las cuales, precisamente, las parcelas de trigo HB4 mostraron rendimientos superiores al resto.

Javier Preciado Patiño es ingeniero agrónomo (UBA), exsubsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (2019-2022).

Fuente:
Revista Movimiento

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