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07/08/23
Temas: Agua
Regiones: Uruguay
Agua en Uruguay: ¿Por qué es saqueo y no solo sequía?

Hay una asociación entre empresas multinacionales y los sucesivos gobiernos que les entregan sistemáticamente los bienes comunes centrales para la vida.

Hace más de dos meses que el gobierno Uruguayo autorizó a OSE (Obras Sanitarias del Estado) a distribuir agua no potable por las canillas, con mayores niveles de sodio y cloruro, y por lo menos un mes que autorizó aumentar los niveles de trihalometanos, aunque ya antes se enviaban por encima de la norma. Esta última sustancia es un derivado del proceso de potabilización, posiblemente cancerígeno en exposiciones duraderas, que se absorbe tanto al beber el agua como al respirar sus vapores al bañarse o en contacto con la piel. Desde Facultad de Medicina (UdelaR) se señaló que es particularmente peligroso para embarazadas por el posible daño a los fetos, pero también riesgoso para niños y bebés que podrían tener problemas en la piel y respiratorios. Esta agua con sustancias dañinas para la salud se distribuye al 60% de la población, residente en el área Metropolitana.

Ante esta grave situación de falta de agua en el Río Santa Lucía, que llevó a tomar estas decisiones, tanto el gobierno como la oposición han centrado su preocupación y discursos en la crisis hídrica como una «sequía» por falta de lluvias, mejor o peor gestionada. Siempre con una mirada cortoplacista que nos permita salir de la «emergencia». Sin embargo, movimientos sociales, ambientales, asambleas autoconvocadas por el agua en los barrios, investigadores, gremios estudiantiles y sindicatos insistimos que esto no es sólo producto de una sequía, sino del profundo y sostenido saqueo del actual modelo de «desarrollo» extractivista.

Intentaré resumir(1) la magnitud y complejidad de los problemas encadenados que hay detrás de esta «sequía», que se hizo visible como agua salada y tóxica en nuestras canillas. Propongo entenderlo como al menos cuatro puntos entrelazados entre sí.

1- Sequía: hace tres años que llueve menos del promedio, en especial el último año apenas se alcanzó el 43% de las lluvias, la falta de agua es innegable. Esto es una realidad dura para los y las productores/as familiares, que dependen directamente del agua para la producción de alimentos. Esta falta de lluvia se relaciona con el fenómeno cíclico natural de la Niña (y otros fenómenos climatológicos combinados) que se asocia con menos lluvias en esta zona, pero también con causas humanas, o mejor dicho, por la profundización del capitalismo depredador: el calentamiento global por las emisiones de gases de efecto invernadero, por el que se prevén sequías e inundaciones cada vez más graves en esta región; y la tala del Amazonia para la expansión ganadera, sojera y minera, que disminuye el agua evapotranspirada por la selva, que luego es arrastrada hacia el sur conformando los «ríos voladores», parte importante de nuestro ciclo hidrológico. Ni gobierno ni oposición parecen preocupados por cómo cuestionar y transformar estos dos factores regionales y globales.

2- Previsión: podríamos estar atravesando esta sequía con otras reservas si se hubiese tenido en cuenta las recomendaciones de organizaciones y académicos que hace más de 20 años alertan por la grave situación de la calidad y cantidad del agua. La planificación del embalse de Casupá comenzó en 1970, sin embargo ningún gobierno ejecutó las obras, y ahora se aprovecha la crítica situación para apurar la ejecución del «Proyecto Neptuno», una iniciativa privada de potabilización del agua del Río de la Plata mucho más cara, con un estudio de impacto ambiental insuficiente y con serios problemas ambientales-sanitarios: floraciones de cianobacterias, salinidad del agua, residuos de agroquímicos de toda la cuenca que alcanza Argentina, Paraguay y Brasil, y los desechos del colector de saneamiento de todo Buenos Aires. Además, una vez en funcionamiento este proyecto ni siquiera abastecería al 25% de la población del Área Metropolitana.

Centrar la previsión solamente en la construcción de embalses implica reducir el problema del agua a la que se logra acumular, olvidando la fragilidad de tener un sistema único de potabilización en Aguas Corrientes, y en especial, olvidar los problemas de calidad del agua, vinculados directamente a las formas de producción y uso del suelo en las cuencas, en particular la contaminación por plaguicidas y fertilizantes químicos. Esto implicaría cuestionar los intereses y modos de acumulación de las mega-empresas extractivas, por ello, ni gobierno ni oposición han centrado su atención en esta forma de abordar el tema a mediano plazo.

3- Gestión: aproximadamente el 50% del agua potabilizada hace décadas que se pierde, por la rotura de caños, el envejecimiento de los mismos y los robos. Desde 2018 la empresa pública OSE ha perdido más de 1000 funcionarios (cerca del 25% de la planilla), en una política sostenida de vaciamiento y tercerizaciones del actual y anterior gobierno. Sistemáticamente el sindicato (FFOSE) lo ha denunciado sin tener respuestas. Tampoco ha tenido inversiones desde rentas generales para mejorar la infraestructura. Estos dos factores hacen imposible reducir las pérdidas.

Por otro lado, la respuesta al desabastecimiento de agua potable a las personas excluidas-expulsadas que no pueden pagar el agua embotellada, ha sido casi insignificante, aunque sí objeto de propaganda para las pre-campañas electorales. La medida de consenso entre gobierno y oposición, exonerar el IVA a las embotelladoras, ha aumentado aún más la venta (y ganancia) de estas empresas y sus distribuidoras, acostumbrando a la población a comprar el bien común mercantilizado, a la vez que disminuyendo los ingresos del Estado en un momento en el que cada peso sería central para enfrentar la crítica situación. Las ollas populares a través de la Coordinadora Popular y Solidaria han encarnado esta denuncia en las últimas semanas, sin respuesta alguna.

4- Saqueo: es imprescindible que centremos la atención en todos los usos del agua en nuestro territorio, y no solo en el uso para consumo humano directo, entonces, podremos dimensionar de manera diferencial las responsabilidades frente a este inmenso problema ecológico que vivimos.

El total del agua utilizada (huella hídrica) por las empresas forestales-celulósicas es 20 veces mayor que la potabilizada para consumo humano, la ganadería 20 veces (2), la soja 17 veces y el arroz 4 veces, según el estudio de Santos, Sosa y Sanguinetti(3). En otras palabras, teniendo en cuenta que la mitad del agua potabilizada se pierde, estos cuatro rubros productivos, centrales para el modelo productivo agro-extractivista uruguayo, utilizan 122 veces el agua potable efectivamente consumida por las personas en Uruguay.

Algunos ejemplos concretos que ya hemos desarrollado antes son: UPM tiene una huella hídrica estimada equivalente al consumo de 96 millones de personas, Montes del Plata equivalente a 38 millones de personas, UAG (sojera) 23 millones de personas y SAMAN 14 millones de personas. Estas empresas utilizan agua para el crecimiento de sus cultivos y para diluir sus agroquímicos y residuos químicos industriales.

Además, las principales embotelladoras de agua, las principales en manos extranjeras, se apropian de millones de litros de agua diarios: Salus (y Matutina), de la francesa Danone, tiene permitido extraer 3.8 millones de litros de agua subterránea diarios, Nativa, de la chilena CCU, tiene permitido extraer 2 millones de litros de agua subterránea diarios, y Coca-Cola utiliza aproximadamente 1 millón de litros de agua potable de OSE por día.

Excepto por esta última que toma el agua de la red de OSE con una tarifa comercial, ninguna de todas estas empresas forestal-celulósicas, arroceras, sojeras y embotelladoras paga por el agua utilizada, aunque existe un canon definido en el código de aguas de 1978 que permitiría su cobro. Toda agua superficial (ríos, arroyos y lagunas) y subterránea (pozos y manantiales) es pública, como lo define la constitución, sin embargo, el Estado ha optado por regalarle el agua a estas empresas para su acumulación de ganancias. Incluso a partir de la Ley de Riego de 2017 se permite a privados embalsar el agua superficial y venderla a otros, un mecanismo más de la mercantilización del agua y la vida. Solo en la cuenca del Santa Lucía existen más de 480 embalses privados de diferentes tamaños que no permiten la libre circulación del agua hacia el cauce del río.

La situación del agua en Uruguay expresa un auténtico SAQUEO «legal», «por las buenas del mercado». Una asociación entre empresas multinacionales y los sucesivos gobiernos que entregan sistemáticamente los bienes comunes centrales para la vida (agua, tierra, biodiversidad, etc.). En su mayoría bajo contratos a puertas cerradas y con facilidades como Zonas Francas y/o infraestructuras «a medida», a base de aumento de la deuda externa.

El acaparamiento del agua de estas empresas extractivistas daña la cantidad y la calidad del agua: un conjunto de investigaciones de las Facultades de Ciencias, Ingeniería y Agronomía (Udelar) demuestran que las cuencas forestadas reducen entre 20 y 50% el agua disponible en comparación con las cuencas que tienen pasturas naturales, hecho que viene siendo denunciado por pescadores artesanales y productores familiares hace años, quienes ven secarse pozos, manantiales, y cañadas en todo el interior profundo. Pero además, estas empresas producen un intenso daño ecosistémico que se refleja en la calidad del agua: escurrimiento de toneladas de agroquímicos (y residuos industriales) en campos sojeros, forestales y arroceros, muerte de fauna autóctona (especialmente peces) por la presencia de estos venenos, destrucción de montes nativos y humedales, fractura de los ecosistemas, contaminación de aguas subterráneas, floraciones de cianobacterias por excesos de fósforo (de los fertilizantes químicos), etc. Estos daños son mucho menos visibles que la falta de agua en cantidad, y de hecho, la información pública sobre presencia de agroquímicos en aguas de todo el país es escasa y de muy difícil acceso. Sin embargo, es un problema tanto o más grave que la escasez de agua, pues la intoxicación está siendo lenta y silenciosa, pero comienzan a surgir investigaciones regionales que demuestran la presencia de estos químicos en nuestros cuerpos.

Frente a este saqueo ni gobierno ni oposición parecen estar interesados en cuestionar el modelo productivo, sino que el consenso productivista-extractivista ha impulsado un nuevo escalón depredatorio, con una serie de nuevos megaemprendimientos ávidos del bien común agua: al menos tres proyectos de Hidrógeno Verde tomarán grandes volúmenes de agua subterránea en Tambores (posiblemente del acuífero guaraní), Centenario y Fray Bentos para romper su molécula y producir hidrógeno y metanol. En el primer caso a cargo de la alemana Belasay para exportar a su país, en los otros dos para mover camiones de la logística forestal (seguramente para UPM). Un megaproyecto de combustible sintético o e-gasolina se anunció para Paysandú, a cargo de la chilena HIF Global, que tomaría al menos 8.6 millones de litros por día del Río Uruguay, para combinarlos con biomasa (cereales y forestación) y crear combustible sintético para exportar a Europa. Un proyecto de «Biorefinería» con grasas animales, aceites domésticos argentinos, e hidrógeno gris (a base de quema de gas), de la empresa Essential Energy, pretende instalarse en el Polo Logístico Ruta 5 (con exoneraciones impositivas por ser polo industrial), tomando agua subterránea para su producción (4).

En paralelo, avanzan las negociaciones del DataCenter de Google, quien según su proyecto de Viabilidad Ambiental de Localización pretende utilizar 7.6 millones de litros de agua potable de OSE para ser evaporada enfriando sus 30 manzanas de computadoras almacenando datos, alojada en una Zona Franca al lado de Colonia Nicolich (Canelones). El Ministerio de Ambiente categorizó el proyecto como «B» (moderadamente riesgoso) por lo que la empresa tiene hasta el 28 de octubre para entregar un Estudio de Impacto Ambiental que le permita conseguir la autorización ambiental y comenzar sus obras. Aunque aún no hay comunicaciones claras, la empresa podría elegir tomar el agua del subsuelo y no de la OSE, de manera que evite pagar por ella, y no tenga problemas con la calidad de la misma frente a futuras crisis como la actual. Además, desde 2021 el gobierno también mantiene negociaciones con Microsoft, Meta, Amazon y Apple, de hecho hace pocas semanas se inauguró un Laboratorio de Inteligencia Artificial de Microsoft en el LATU.

Aunque la constitución reformada por voluntad popular define en su Artículo Nª47 el derecho humano al acceso al agua potable, y el uso prioritario de consumo humano, y hasta la ONU ha señalado la «privatización de facto» que estamos viviendo, así como la sobreexplotación del agua de las grandes industrias, los problemas del agua parecen no movilizar a los partidos, ni a las mayorías de las grandes organizaciones del país. Al parecer, es más importante sostener los acuerdos comerciales-predatorios que priorizar el acceso de la población al agua sin sustancias dañinas para la salud.

Urge cuestionar a fondo qué está pasando en las cuencas, generar medidas de protección estrictas basadas en modelos productivos agroecológicos, con participación directa de la producción familiar y las organizaciones sociales rurales. Urge generar información de calidad, de acceso libre y comprensible sobre la presencia de diferentes sustancias tóxicas en el agua distribuida por las canillas y la embotellada. Urge frenar el extractivismo para poder generar acuerdos de corto y mediano plazo que cuiden el agua en cantidad y calidad, así como su control ciudadano directo. Urge retirar las zonas francas y otras modalidades de exoneración de impuestos para grandes empresas, así como el pago del canon por el agua al valor como mínimo de los usuarios domésticos de OSE, y con esos ingresos invertir en la empresa pública, la infraestructura, y planes de transición agroecológica en todo el territorio nacional. Urge juntarnos para seguirnos movilizando y para debatir exigencias comunes.

Estamos frente a una clara señal de haber llegado a un límite ecológico. ¿Nos vamos a quedar quietos/as?


Notas

(1) Aclaro que estas líneas no son en representación de ninguna organización ni institución, sino un intento de sintetizar cientos de conversaciones, debates, ideas y afectos que me ha tocado compartir con compañeras y compañeros en diferentes ámbitos. Pido disculpas si alguna línea de problematización queda por fuera, o poco desarrollada, todo resumen corre el riesgo de dejar mundos de detalles fuera.

(2) La discusión sobre la ganadería está matizada por el hecho de ser un rubro que sin sobrepastoreo permite mantener los pastizales naturales (ecosistema mayoritario en nuestro bioma pampa) y por ser refugio de gran parte de la producción familiar expulsada, desplazada y acorralada por el extractivismo forestal, sojero y arrocero.

(3) El valor de la huella hídrica de la forestación-celulosa fue actualizada a 20 veces teniendo en cuenta la inauguración de UPM2 en 2023.

(4) Los volúmenes de agua a utilizar no son claros en el proyecto, si se suman las partes de la planta industrial que demandan agua, será aproximadamente 3.6 millones de litros diarios, sin embargo, en la sección del informe de los insumos solo plantea utilizar 360.000 litros diarios.

zur.uy

Fuente:
La Haine

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