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18/07/23
Temas: Agua
Regiones: Uruguay
Uruguay: no es sequia es saqueo

En medio de la crisis hidrica continua la privatización del agua: ¿Cuál es la apuesta del gobierno? El multimillonario plan Neptuno, donde convergen grandes empresas privadas…

El Gobierno uruguayo declaró, el 19 de junio, la «emergencia hídrica» para Montevideo y el área metropolitana, donde vive más de la mitad de la población del país sudamericano, y la exoneración de impuestos al agua embotellada.

La sequía que afronta Uruguay desde hace tres años no tiene precedentes y es la peor desde que existen registros en el país a principios del siglo XX, dijo en mayo el Instituto Uruguayo de Meteorología.

Uruguay fue el primer país del mundo en reconocer el acceso al agua potable como un derecho fundamental. Y como sabemos, en este momento, el 60% de los uruguayos no tiene agua potable. Igualmente sabido es que bajo nuestro suelo yace el acuífero Guaraní, nada menos que el tercero más grande del mundo. Con un tratamiento adecuado, ese enorme reservorio podría abastecer de agua potable a unas 720 millones de personas, esto es, 1,7 veces la población total de América del Sur1.

La sequía extrema, que ya lleva tres años en toda la región, se ha agravado en estos últimos meses. La represa de Paso Severino, principal toma de abastecimiento para la zona metropolitana, hoy sin agua potable, tiene una capacidad de 67 millones de metros cúbicos de agua; el consumo diario ronda los 600.000 metros cúbicos, esto es, 600 millones de litros. Las reservas de esta represa, como es público y notorio, se están agotando en estos días.

El agua actualmente suministrada por OSE tiene niveles excepcionales de sodio, de cloruros y de trihalometanos. El valor actual de sodio presente en el agua de la canilla es de 400 mg por litro, lo que representa el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y todo indica que seguirá aumentando. Esa agua, supuestamente “bebible”, no es apta para personas hipertensas o con problemas de corazón o con insuficiencia renal, ni tampoco para embarazadas. La oposición lleva meses reclamando al gobierno que haga algo más, además de esperar que llueva; también es cierto que se le reprocha a los gobiernos precedentes –de declarada sensibilidad social– una pasividad incomprensible ante luces rojas de alarma que ya tienen años.

El gobierno decretó la emergencia hídrica, exoneró de impuestos al agua embotellada y se dispone a construir un nuevo embalse provisorio. Entretanto, las grandes embotelladoras siguen extrayendo agua a voluntad y sin que nadie les ponga límites. Entre las cuatro grandes empresas que incrementan tanto sus ganancias como sus extracciones, se encuentran el grupo Danone, dueño de Salus, y Coca-Cola, que explota la marca Vitale. El negocio es redondo. No hay ninguna chance de que este gobierno neoliberal comandado por señoritos de alcurnia y ultraderechistas consumados se meta con los intereses de estas empresas; para ellos, el lucro es sagrado y el bien público es una variable de ajuste. Por si esto fuera poco, OSE ha sufrido una reducción de funcionarios e importantes recortes que le impiden abordar la inversión que requeriría la reparación de tuberías y caños por los que se pierde a diario muchísima agua. Actualmente, hay unos 3.500 funcionarios, lo que supone 900 menos que en 2018. Esto, porque se jubilan unos 120 por año, no ingresa personal nuevo y el gobierno decretó la eliminación de los dos tercios de las vacantes que se generen.

¿Cuál es la apuesta del gobierno? El multimillonario plan Neptuno, donde convergen grandes empresas privadas: Fast Construcciones, Ciemsa, Saceem, Berkes. El proyecto se propone potabilizar agua tomada del Río de la Plata. Mientras tanto, sigue el gran robo a los ciudadanos, sin el que no se explicaría la actual situación: tenemos una industria de celulosa firmemente instalada, enormes plantaciones de soja y de arroz, ganadería para exportación, todos ellos grandes consumidores de agua potable que –en los papeles– nos pertenece a todos. Y el gran ausente: un debate abierto sobre el uso del agua.

El Estado está obligado por ley a cobrar un canon a las empresas consumidoras de agua, pero no ha sido implementado por este gobierno ni por los precedentes. La segunda planta de UPM tomará, de forma totalmente gratuita, 136 millones de litros por día durante los próximos 50 años; al mismo tiempo, devolverá al río 107 millones de litros de agua contaminada. Se ha calificado esta nueva construcción como una catástrofe ambiental y social.

Pero eso no es todo. Otros proyectos demandarán enormes cantidades de agua para operar. Así, por ejemplo, el emprendimiento de Google que se instalaría en un predio ya adquirido por el gigante tecnológico, situado en Canelones en régimen de zona franca. Se anunció que el emprendimiento requerirá 7.600 metros cúbicos de agua para refrigeración de su Data Center, o sea, una cantidad de agua suficiente para abastecer a una ciudad de 55.000 habitantes. Después Google rectificó ese dato en respuesta a un pedido de informes y anunció la mitad de esa cifra3. Su construcción llevaría unos dos años y emplearía de 500 a 600 trabajadores, luego de lo cual funcionará con un puñado de técnicos. Este proyecto tiene muy pocas chances de no concretarse: todo indica que gobierno y oposición se dan la mano en su aprobación. Los frenteamplistas Yamandú Orsi y Carolina Cosse, intendentes de Canelones y Montevideo respectivamente, aplaudieron la noticia con entusiasmo4. Tirios y troyanos comulgan en una idéntica visión del “progreso” y el “desarrollo”.

Uruguay fue el primer país del mundo en reconocer el acceso al agua potable como un derecho fundamental. Y como sabemos, en este momento, el 60% de los uruguayos no tiene agua potable.

Otro proyecto en ciernes es el de la compañía alemana Enertrag, que se asoció a la uruguaya SEG Ingeniería para constituir la empresa Belasay SA. En mayo del año pasado, Belasay presentó su proyecto denominado Tambor para producir hidrógeno verde mediante electrólisis de agua en la localidad de Tambores. El hidrógeno así obtenido tendrá como destino final la producción de metanol para exportación5. Los trabajos de instalación insumirán dos años y emplearán unos 1.900 operarios. La empresa y las autoridades han convencido a muchos pobladores de que habrá trabajo y de que “el progreso” llegará a Tambores, este poblado de 1.500 habitantes sin saneamiento ni farmacia ni estación de servicio… Una vez en marcha, el proceso consumirá de 700 a 800 metros cúbicos de agua diarios extraídos del acuífero Guaraní, y de 300 a 500 megavatios de energía eléctrica producida por un parque solar de 500 hectáreas de placas fotovoltaicas y 33 molinos de energía eólica, también ubicados en la zona. La napa del acuífero es pequeña en ese lugar y se teme que la extracción proyectada conduzca a su agotamiento.

El acuífero no es un único reservorio, sino una red de acuíferos diferentes y comunicados entre sí. Desde 2019, los cursos de agua más importantes asociados al acuífero Guaraní han mermado su caudal a niveles nunca vistos. Los ríos dependen de los acuíferos y de las lluvias, si el agua subterránea baja su nivel, el río se va a secar, independientemente de la lluvia que caiga. La recarga de los acuíferos es sumamente lenta. Cuando la extracción de agua rompe el equilibrio natural entre llegada y salida de agua, la recuperación puede tardar muchísimos años, y pueden pasar décadas antes de volver a las reservas originales. Dadas estas circunstancias, el agua debería catalogarse más bien como un recurso no renovable, considerando los dilatados plazos de recuperación de los equilibrios ecológicos frente a la voracidad inmediatista del extractivismo7.

En estos meses, habitantes de Tambores, Valle Edén y Piedra Sola se han organizado para presentar un recurso de inconstitucionalidad con la expectativa de poner freno al proyecto. Esta demanda se asienta en el artículo 47 de la Constitución, que vincula el agua con el derecho a la vida, evoca “la solidaridad con las generaciones futuras”, define de interés general la protección del medioambiente y establece la necesaria intervención del Estado en pro de la regulación, control y sanciones a todo menoscabo del medioambiente. El reclamo argumenta que las aguas superficiales y subterráneas pertenecen al dominio público estatal y, por tanto, están subordinadas al interés general. Asimismo, señala que el parque eólico que cubrirá una superficie de 4.000 hectáreas puede alterar hábitos y conducta de la fauna local, y que el transporte de toneladas de metanol desde el norte del país hasta el puerto más cercano puede generar derrames y, paradójicamente, muchas más emisiones de carbono de las que se pretende ahorrar.

Pero se ve que los representantes políticos locales piensan otra cosa. A fines del año pasado, la Junta Departamental de Tacuarembó decidió por mayoría la recategorización del uso del suelo para el área de 100 hectáreas donde se instalará Belasay. Así, el área en cuestión queda definida como “suburbana industrial” en lugar de rural, sin lo cual la empresa no podría llevar a cabo su emprendimiento. Por sí y ante sí, la mayoría de ediles tacuaremboenses da por seguro y por adecuado el proyecto en ciernes. ¿Una consultita a los electores…? No, eso sólo se hace una vez cada cinco años.

Una última perla para este collar. Ha trascendido que el proyecto es experimental: en ningún lugar del planeta se está produciendo hidrógeno verde, ya que su tecnología todavía se encuentra a estudio. Más aún: en España ha recibido cuestionamientos que le valieron la suspensión de las pruebas. ¿A quién favorece este emprendimiento? Obviamente a sus titulares, amén de un cambio chico para los estancieros de la zona que abren sus alambradas a la instalación de molinos eólicos. Para los lugareños y para nosotros todos, ciudadanos de este país, significará más contaminación y más depredación de recursos imprescindibles a la vida humana y a la vida en general.

El “Uruguay natural” se esfuma, invisibilizado por las cortinas de humo publicitarias con que gobierno y empresarios se empeñan en imbecilizarnos.

Fuente:
La Haine

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