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18/04/22
Regiones: Martinica
La presencia colonial de Francia en Martinica
Por Roberto Sae

En un contexto mundial marcado por el riesgo de una guerra generalizada, en el que las turbulencias políticas y económicas afectarán cada vez más a todas las naciones, un país y una región parecen pasar desapercibidas: Martinica y el Caribe.

Aunque su superficie es tan de sólo de 1100 km2 y apenas tiene 360.000 habitantes, Martinica es una base esencial sobre la cual se apoya la política de los imperialistas europeos en la región de América Latina y el Caribe.

Presentado como un “Departamento Francés de Ultramar”, el país es utilizado por Francia y la Unión Europea como plataforma para la defensa de sus intereses geoestratégicos en la gran región caribeña.

Martinica es una base de apoyo de gran importancia para la inteligencia, la propaganda y las intervenciones militares en la región. Hay que recordar que Guadalupe y Martinica sirvieron de puente durante la guerra de las Malvinas en 1982 y durante la invasión de Granada en 1983. Francia y los Estados Unidos organizan periódicamente maniobras militares conjuntas desde estos territorios.

La penetración comercial de los productos europeos puede hacerse a través del aeropuerto internacional y del puerto pivote de Martinica. El Estado francés y los inversores europeos, cobijados con la pretendida voluntad de cooperación regional y a través de empresas que tienen de martiniqués solo el nombre, extienden su control del mercado caribeño. El país es un verdadero caballo de Troya para Francia que, alardeando de ser un país caribeño, puede ocupar escaños en las instituciones regionales y defender allí sus intereses de potencia imperialista. De hecho, la metrópolis siembra divisiones entre los pueblos caribeños. La política actual europea, cada vez más xenófoba, se ve exacerbada bajo la égida de las autoridades francesas. Los pretendientes que buscan migrar a Francia sufren discriminación y humillaciones. Los martiniqueses, incluso cuando son económicamente solventes y desean hacer estadías limitadas para, por ejemplo, participar en acontecimientos culturales o deportivos, sufren las peores dificultades para obtener visas de entrada.

Por estas razones, el acceso a la soberanía del pueblo de Martinica es una de las condiciones necesarias para el derrocamiento de la dominación imperialista en toda la región.

“francia ha logrado ocultar la dominación colonial que sigue ejerciendo sobre nuestro país, desde que pretendió haber logrado su descolonización, imponiéndole el estatuto departamental en 1946.”

Con la complicidad de sus aliados en las instituciones internacionales, Francia ha logrado ocultar la dominación colonial que sigue ejerciendo sobre nuestro país, desde que pretendió haber logrado su descolonización, imponiéndole el estatuto departamental en 1946. Al calificarlo como “Departamento Francés de Ultramar”, el Estado metropolitano niega el derecho del pueblo martiniqués a la autodeterminación y pretende hacer prevalecer la tesis de que todo lo que allí ocurre hace parte de sus asuntos internos.

Francia siempre ha dado muestras de su doble moral en materia de descolonización, como lo comprueba la toma de control ilegal del archipiélago índico de Mayotte después del referéndum de autodeterminación en las Comoras, o las maniobras realizadas para viciar el resultado de las consultas en Kanaky-Nueva Caledonia. Francia tiene la intención de mantener a toda costa su dominio sobre sus colonias, que la sitúan en el segundo puesto mundial en cuanto a superficies marítimas controladas.

La continuidad de las relaciones coloniales entre Martinica y Francia

Esta relación colonial se manifiesta en el hecho de que, en Martinica, Francia impone una economía abierta al servicio de la metrópoli colonial, así como el control de la administración por los ciudadanos metropolitanos.

Martinica está sometida a una “economía de mostrador” (estructura comercial bajo control colonial) que la mantiene en la necesidad de importar masivamente productos de consumo, así como en el monocultivo de productos agrícolas exportables en función de las necesidades de Francia. Los descendientes de los colonos esclavistas, constituidos en una casta heredera del sistema de plantación, controlan la economía local y siguen las prácticas monopólicas de las empresas francesas.

El saldo de la balanza comercial entre Martinica y Francia refleja la realidad del intercambio desigual que prevalece entre los dos países: en 2018, el déficit en detrimento de Martinica era de 2.350 millones de euros.

Decidido a impedir todo desarrollo endógeno de nuestro territorio, el poder colonial organiza el estrangulamiento de las cooperativas, debilita a las pequeñas empresas locales sometiéndolas a leyes y normas europeas inadecuadas e imponiéndoles impuestos y cargas sociales abusivas. Con el pretexto de luchar contra el “trabajo en negro” (no declarado), ataca todas las actividades de las que sus instituciones no sacan provecho, pero que permiten a los ciudadanos privados de ingresos decentes sobrevivir con su familia, como sucede en todas partes donde los pueblos están confinados a la política del mal-desarrollo. En Martinica, el coste de la vida es exorbitante debido a los márgenes de ganancias escandalosos que se conceden los importadores, los bancos, las agencias de telefonía y otros agentes económicos de Francia.

La dominación colonial francesa siempre se ha apoyado en sus fuerzas armadas; odiosos crímenes jalonan la historia. La revolución de mayo de 1848, que puso fin al régimen bárbaro de la esclavitud, no puso fin a los abusos. En septiembre de 1870, cientos de compatriotas cayeron bajo sus balas. La población vio en esa ocasión sus chozas quemadas, sus jardines destruidos y su ganado sacrificado. Cada vez que los trabajadores se han declarado en huelga para exigir un aumento de su magro salario, las fuerzas del orden son enviadas acudiendo al llamado de los propietarios de las haciendas, con el fin de aplastar toda voluntad reivindicatoria. Ha sido también mediante el asesinato que el poder colonial y los amos de la casta béké (los descendientes de los colonos esclavistas) han intentado poner fin a las protestas políticas y sociales que no han cesado nunca en el país.

Aunque desde 1974 no se ha registrado ninguna muerte en los conflictos sociales, la represión no ha sido menos brutal desde entonces. Mientras los medios de comunicación franceses se movilizan para interpelar a la opinión mundial sobre el no respeto de las libertades en otros países del mundo, ocultan toda información relativa a las violencias policiales y judiciales que son frecuentes en Martinica.

Desde hace dos años, existe una persecución sistemática contra los militantes que se han atrevido a manifestar en algunos centros comerciales exigiendo que sean juzgados los responsables del envenenamiento de nuestro pueblo. Esta cuestión del envenenamiento ilustra perfectamente lo que es la política colonial en nuestro país.

Efectivamente, entre los años 70 y 90, los grandes plantadores obligaron a los trabajadores a sembrar a mano, y a menudo sin protección alguna, utilizando productos tóxicos prohibidos en Europa. Como consecuencia de eso, todavía hoy miles de trabajadores y sus hijos son diezmados por graves patologías. Así, con la complicidad activa del Estado francés, los plantadores envenenaron al 92% de la población, arruinando gran parte de los suelos y aguas del país. Las demandas judiciales iniciadas por las víctimas están bloqueadas y se les niega el derecho a la reparación.

El personal de enfermería que lucha actualmente contra las medidas liberticidas impuestas con el pretexto de la crisis sanitaria es también víctima de violencias policiales y judiciales.

Martinica para los martiniqueses

A lo largo de nuestra historia, el aparato judicial francés ha sido un instrumento para silenciar toda voz anticolonialista. Los magistrados, algunos de los cuales no dudan en manifestar su racismo, no han dejado de aplicar una justicia a dos velocidades en detrimento de la población de Martinica. Muchos juicios fueron orquestados para aniquilar a quienes resistían a la opresión. El más emblemático de ellos es el que afectó a la Organización de la Juventud Anticolonialista de Martinica (OJAM) en 1963. Dieciocho militantes fueron capturados, deportados a las cárceles francesas y juzgados por atentar contra la seguridad del Estado: las víctimas colgaron entonces un cartel denunciando la situación colonial cuyo texto terminaba con la consigna «Martinica para los martiniqueses».

Además, el Estado colonial, basándose en una orden emitida el 15 de octubre de 1960, podía expulsar hacia Francia a los funcionarios martiniqueses que se oponían a su política. Cinco de ellos fueron expulsados por negarse a aceptar el traslado. Los martiniqueses tenían también prohibido ingresar a su país por las mismas razones. Entre ellos, Marcel Manville y Edouard Glissant. Igualmente, el vicerrector francés, Alain Plénel, vio su carrera destruida por haber pronunciado un discurso denunciando la represión de la que fueron víctimas tres jóvenes en diciembre de 1959.

“francia ejerce una política de «genocidio por sustitución», como la calificó el reputado alcalde martiniqués aimé césaire.”

Como en el caso de las directivas dadas por el entonces ministro francés Pierre Messmer, en la circular del 19 de julio de 1972 destinada a hacer del pueblo kanak una minoría en su país, el poder colonial ha planificado una política de «genocidio por sustitución» como la calificó el reputado alcalde martiniqués Aimé Césaire. Los jóvenes, diplomados o no, son empujados al exilio, mientras que los llamados “expatriados” franceses son incitados a instalarse en Martinica, lo que hacen, cada vez en mayor número, cargados de la cultura supremacista y paternalista en la que fueron criados. El fenómeno del genocidio por sustitución corre el riesgo de amplificarse trágicamente con los reveses que el imperialismo francés experimenta hoy en África, pero sus efectos son ya desastrosos.

Mientras que en 2008 el grupo etario mayor de 75 años más contaba con 26.277 personas en una población de 397.693 habitantes, en 2018 cuenta con 35.445 de los 368.783 habitantes. En 2018, según las cifras del INSEE, la población ha disminuido en 17.000 habitantes personas respecto al último lustro.

Para justificar el mantenimiento de su dominio sobre el país, Francia se enorgullece de haberlo dotado de infraestructuras dignas de los grandes países desarrollados y de dispensar ayudas sociales que habrían de envidiar los vecinos caribeños.

Todas estas infraestructuras son plataformas concebidas para posicionarse estratégicamente, presumir en los países vecinos de la «grandeza de Francia», vender su ingeniería y sus tecnologías y constituir la base logística de conquista del mercado regional. En cuanto a la protección y a las ayudas sociales que se aplican en Martinica, es fácil comprobar que todas las “generosidades” que el poder colonial se jacta de concedern han sido arrancadas con las luchas llevadas a cabo, a costa de la sangre derramada por el pueblo martiniqués. Hoy, por otra parte, son puestas sistemáticamente en tela de juicio por las políticas ultraliberales implementadas por los sucesivos gobiernos franceses.

Detrás de la hermosa vitrina, se esconden profundas desigualdades

Las consecuencias de la dominación francesa son desastrosas para la mayoría de la población de Martinica, tanto en el plano económico y social como en el plano psíquico. Algunas cifras son significativas: el 20% de la población vive por debajo del límite de pobreza. El 32% de la población activa está desempleada (la cifra es del 62% entre los menores de 25 años). La asociación SOS KRIZ ha revelado que hay 2 o 3 intentos de suicidio al día en Martinica.

Para justificar el mantenimiento de su dominio, el otro argumento utilizado por los colonialistas franceses es «la voluntad democráticamente expresada por la mayoría de la población de seguir siendo francesa». Este argumento también es inadmisible en la medida en que la población está sometida a una opresión cultural aplastante. El sistema educativo proscribe el conocimiento de la historia de su propio pueblo. En los medios de comunicación, la desinformación es masiva. En todas las elecciones, el chantaje de la supresión de los logros sociales está en el centro de la propaganda. Además, las consultas generales excluyen a un tercio de la población de Martinica, la que se ha visto obligada a emigrar a Francia, mientras que sí pueden participar en ellas los franceses de paso, incluidos los miembros del ejército y otras fuerzas del orden.

Es verificable, en todo caso, que desde mediados de los años 60, cuando los movimientos anticolonialistas comenzaron a manifestarse, no ha cesado de afirmarse la voluntad de los martiniqueses de hacer respetar su identidad y de disponer de los medios políticos para defender sus propios intereses. Así lo demuestran los resultados electorales de los partidos independentistas que fueron ampliamente mayoritarios en el Consejo Regional de 2006 a 2010. Es esta dinámica la que ha obligado al Gobierno francés a proceder a los ajustes institucionales que condujeron a transformar el Consejo Regional en Entidad Territorial de Martinica (CTM). La mayoría actual es autonomista. Pero esta Colectividad, imperativamente mantenida “en el marco de la República Francesa” está desprovista de todo poder político consecuente.

Hoy, el pueblo de Martinica manifiesta cada vez más claramente la voluntad de que se tengan en cuenta sus reivindicaciones identitarias. En los últimos años, se ha visto a jóvenes, muchos de ellos graduados, movilizarse para liberar playas ilegalmente privatizadas, para exigir que los responsables del delito de envenenamiento sean juzgados y que sus víctimas sean indemnizadas, y para derribar estatuas que glorifican el pasado colonial de Francia. En 2009, una fuerte movilización contra el alto costo de la vida paralizó al país durante 38 días. En noviembre de 2021, con motivo de una revuelta social, se levantaron barricadas en prácticamente todos los municipios de la isla para protestar contra las medidas liberticidas impuestas por el Gobierno francés.

El estado colonial francés es consciente del giro que se está dando y se ha comprometido a oponerse brutalmente a toda “veleidad” emancipatoria. A la intensificación de la represión, que hemos indicado anteriormente, se añade una verdadera ofensiva para desestructurar la economía local, rasgar el tejido social y acelerar el «genocidio por sustitución». El pretexto de la lucha contra la pandemia de COVID le dio la oportunidad.

Mientras que la población estaba autorizada a frecuentar los grandes supermercados, las agencias de telefonía, los centros de venta de automóviles y los mostradores de la Française des Jeux (empresa pública de lotería, apuestas deportivas y juegos de azar), el Prefecto francés imponía restricciones drásticas a todas las pequeñas empresas locales. Mientras que la población local estaba sometida a estrictos confinamientos y las relaciones familiares fuertemente obstaculizadas, el Prefecto francés toleraba la entrada de cientos de miles de turistas en el país. Más grave aún es el hecho de que el 70% de la población se niega a someterse a la obligación de vacunarse decretada por el Gobierno francés, porque desde el comienzo de la pandemia se gestionó la crisis de manera caótica, multiplicando las medidas contradictorias y privilegiando la represión sobre la indispensable pedagogía. Constatando sobre todo que dado que el Estado francés, cuya responsabilidad es evidente en el envenenamiento consciente de la población de Martinica con los plaguicidas, la inmensa mayoría de nuestro pueblo se niega a servir de conejillo de indias y no acepta la inyección de productos que aún están en fase experimental y cuyos efectos nocivos ya han afectado a muchos de los nuestros.

Pero a pesar de todas las maniobras del poder colonial, la voluntad de emancipación se expresa cada vez más ampliamente en el país. Hay motivos para pensar que los imperialistas franceses, implicados en las actividades belicistas de la OTAN y que, encontrándose en dificultades en el continente africano, se opondrán con mayor fuerza a la descolonización de Martinica. Por ello es necesario y urgente alertar a la comunidad internacional sobre la situación del país.

Fuente:
ALAI

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