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08/06/21
Regiones: Mundo
El ‘apartheid’ vacunal es un espejo del capitalismo
Por Joan Benach

La pandemia no sólo está generando un gran impacto mundial en pobreza, enfermedad y muerte sino también una gran desigualdad en la vacunación. A mediados de abril, se habían aplicado más de 900 millones de dosis de vacunas, pero los países ricos recibieron el 85% por sólo el 0,2% en los más pobres. En mayo, se estima que más de tres cuartas partes de las vacunas han sido administradas en apenas 10 países. Mientras tanto, el continente africano apenas ha recibido el 1% de las vacunas, aunque tiene el 15% de la población mundial. Al tiempo que en muchos países ricos entre una tercera y dos terceras partes de la población ya han recibido al menos una dosis, en países como Siria o Congo apenas una o dos de cada 10.000 personas la han recibido. De hecho, mientras en algunos países ricos ya se está vacunando a jóvenes y grupos de bajo riesgo, en países como Chad, Tanzania o Burkina Faso ni tan siquiera ha sido posible vacunar al personal sanitario. Si se hubieran repartido de forma equitativa los 1.670 millones de dosis de vacunas distribuidas en el mundo, ya se habría inmunizado a los profesionales sanitarios y personas mayores del planeta. El propio director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha denunciado que existe una desigualdad escandalosa, señalando que “un pequeño número de países que fabrican y compran la mayoría de las vacunas controlan el destino del resto del mundo”.

Si las vacunas fueran realmente un bien común de toda la humanidad, se podría atenuar (y probablemente controlar) el impacto global de la pandemia, pero, lamentablemente, ese deseo se contrapone a la realidad de un sistema neoliberal de producción y distribución de vacunas en el que grandes laboratorios farmacéuticos compiten por ganar cuotas de mercado y obtener beneficios enormes. La vacunación incluye su financiación y distribución, un proceso básicamente público, así como su control, producción y comercialización, de carácter privado. Y es que el enorme poder del complejo farmacéutico-industrial global (Big Pharma) influye decisivamente en el poder político (parlamentos, partidos e instituciones) para cambiar leyes, controlar precios y patentes, tener ganancias y con ello aumentar su poder global aún más. Por ejemplo, aunque países como India, Sudáfrica y otras decenas más trataron de suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las patentes durante la pandemia, la Unión Europea, los EE.UU. y otros países ricos lo han impedido tras ser presionados por el lobby farmacéutico.

En el caso concreto de la UE, la vacunación muestra a las claras las prioridades de una entidad dirigida por una elite parásita (cuando no corrupta), sujeta en gran medida al poder financiero-empresarial. No es por casualidad que en la UE la vacunación haya sido un proceso desigual y lento (tres o cuatro veces peor que en el Reino Unido o EE.UU.), lo que ha generado un elevado sufrimiento y mortalidad que en buena medida podía haberse evitado. Primero, por la opacidad de las negociaciones de los contratos con las farmacéuticas, donde la información ha sido sistemáticamente ocultada, así como por la ineficacia en las decisiones y recomendaciones tomadas por una burocracia ineficiente que han generado confusión, escepticismo o incluso perplejidad entre la ciudadanía. Ejemplos de ello son la necesidad de mantener el equilibrio de poder interno franco-alemán con un pedido inicial de 300 millones de vacunas a BioNTech (alemana) y otros tantos a Sanofi (francesa), desdeñando y posponiendo durante meses los pedidos a AstraZeneca, o la lentitud de actuación y retrasos en los trabajos realizados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) que regula la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos (por ejemplo demorando la aprobación de la vacuna rusa Sputnik V). Y segundo, por la sumisión de la Comisión Europea a los lobbies al servicio de las grandes corporaciones (en la UE hay 15.000 lobistas a tiempo completo). Big Pharma gasta muchos millones de euros anuales para presionar a la UE permitiendo que las farmacéuticas reciban mucho dinero por adelantado, renegocien al alza los precios e incluso incumplan contratos firmados sin cláusulas que les obliguen a cumplir los plazos acordados o ser sancionados.

Detrás de repetidas apelaciones para lograr “salud para todos”, que “nadie quede atrás”, o que las vacunas son “un bien público universal”, el modelo neoliberal de vacunación representa un enorme negocio económico y un modelo geopolítico insolidario en el que los gobiernos de los países ricos han acaparado masivamente vacunas practicando el “yo voy primero”. Por ejemplo, tras aprobarse las tres primeras vacunas, el 85% quedó en manos de Canadá, EE.UU. y otros países ricos que reservaron muchas más vacunas de las necesarias para proteger a su población. Entretanto, la distribución caritativa de un pequeño porcentaje mediante el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX) de la OMS no ha servido más que para encubrir cómo funciona un sistema mercantil y neocolonial que en las actuales condiciones sólo permitiría vacunar a toda la población mundial como muy pronto a finales de 2022. El actual “apartheid” vacunal es especialmente macabro porque parece probable que el coronavirus permanezca con nosotros mucho tiempo y que sigan surgiendo nuevas variantes que alarguen, compliquen o incluso empeoren la evolución de la pandemia. De hecho, la propia OMS reconoce que en apenas cinco meses de 2021 se han registrado más casos y muertes por covid-19 que en todo el año 2020. El capitalismo neoliberal no sólo es un sistema incompatible con el bienestar y salud de la población mundial, sino que, preso de su lógica mercantil y de obtener ganancias inmediatas, es incapaz de prevenir a medio y largo plazo la crisis pandémica o la emergencia climática. Ante una pandemia, las vacunas deben ser un bien común de la humanidad que no puede estar sujeto a patentes y al control privado. Como nos enseña la historia, sólo una gran movilización de ciudadanos, movimientos sociales y partidos políticos del Norte y del Sur Globalpuede permitir democratizar integralmente la investigación, desarrollo y distribución de vacunas y lograr así una “vacuna solidaria” que proteja a toda la humanidad.

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