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19/06/21
Chile y su nueva etapa (l y ll)
Por Pablo Jofre Leal

Las elecciones para gobernadores (1) alcaldes, concejales y constituyentes efectuadas el pasado 15 y 16 de mayo mostró como resultado: un gobierno derechista presidido por el empresario Sebastián Piñera en agonía, una dura derrota electoral para los partidos políticos tradicionales y la irrupción de voces, nombres y movimientos, representantes de una parte de la sociedad que aspiran a un país radicalmente distinto.

Ese marco anticipa para el país sudamericano, en lo que resta del año 2021, enfrentar decisiones fundamentales, que van a signar a las futuras generaciones, fundamentalmente en lo que refiere a la elaboración de una nueva carta magna, de la cual se espera cumpla las expectativas de ese 80 por ciento de electores que votaron el apruebo a una nueva Constitución el 25 de octubre del año 2020 y que determinó la primera de las derrotas que tendría el gobierno de Piñera y la derecha en Chile a partir de esa fecha.

Una victoria refrendada el 15 y 16 de mayo pasado cuando la gran mayoría de los constituyentes elegidos representan la opción del apruebo y eso marca cierta certeza que los grandes temas que preocupan a los chilenos serán resueltos, precisamente, por los que están por un cambio medular a la manera en que Chile ha sido conducido, administrado y con decisiones que afectan a la gran mayoría de su población.

Esta idea queda expresada, por ejemplo, por el abogado Daniel Stingo quien obtuvo una de las más altas votaciones en la constituyente y quien increpó duramente a representantes de la derecha en un programa televisivo y que expresa esa decisión de no seguir maquillando el modelo político, económico y social que rige Chile hace décadas.

El profesional sostuvo que “aquí no ganó la derecha pues estaba por el rechazo. Entonces, como la derecha estaba por el rechazo, ahora tiene una minoría. Nosotros vamos a poner los grandes temas, porque representamos a la gente. Los que ganamos, representamos a la gente. Los acuerdos se deben hacer con la mayoría de los chilenos y chilenas que ganaron el 25 de octubre y ahora aquí los derechos sociales se desprivatizan, todos, y el agua también. Ustedes (refiriéndose a los representantes de la derecha) no pueden imponer nada, porque perdieron. Así de simple”. (2)

Lo descrito anteriormente es la evidencia de la velocidad con que han avanzado los cambios efectivos y los que se esperan y que resultaban casi una utopía, un escenario difícil de vislumbrar previo al 18 de octubre del año 2019, cuando la sociedad chilena en forma multitudinaria salió a las calles para decir ¡basta! a 30 años de una democracia restringida.

Unos 30 años a los cuales hay que sumar 17 años de dictadura militar cuya herencia fue precisamente esta democracia cautiva. Un país que ha sido regido por la Constitución del año 1980, elaborada entre cuatro paredes bajo la dictadura cívico-militar, con leves maquillajes bajo los gobiernos democráticos pero que mantuvieron, en esencia, la desigualdad social, brechas educativas, económicas, sanitarias y un futuro misérrimo.

A partir de ese 18 de octubre del año 2019 y durante cuatro meses, día a día, las principales ciudades del país vieron a millones de chilenos exigiendo cambios en un país, que sólo favorece a unos pocos, mirado como referente internacional pero que esconde, en su seno, enormes desigualdades. Sólo la pandemia de la Covid 19 detuvo las manifestaciones masivas, que obligaron a la casta política a entrar en una reingeniería, en apoyar en forma oportunista las demandas sociales y sumarse al clamor de cambios medulares, so pena de desaparecer en el ciclón de las reivindicaciones sociales.

Y cuando refiero un país desigual no es una cantinela demagógica. Es la cruda realidad de una democracia débil que durante tres décadas ha mantenido la misma estructura política, económica, de inequidad, de brecha social, cultural y económica absoluta dejada por la dictadura. Un Chile donde el 1 por ciento de la población más rica se lleve el 26,5 por ciento de toda la riqueza del país y gran parte de la población se lleve apenas el 2 por ciento del PIB (3)

Una brecha que se extiende en el ámbito de la educación, en un Chile donde sólo el 23 por ciento de los estudiantes, que este año 2021 accedieron a las universidades tradicionales, provienen de colegios públicos. El otro mayoritario porcentaje realizó su ciclo educativo primario y secundario en colegios pagados, privados, parte de la elite de Chile lo que significa que posteriormente ese grupo es el que ocupará los mejores empleos, ya sea por sus relaciones sociales, vínculos de amistad, la endogamia de la plutocracia, junto a la calidad muy por encima de la educación recibida con relación a quienes asistieron a colegios públicos.

Un Chile donde el salario mínimo apenas supera los 450 dólares, que convierte al país suramericano en uno de los más caros del mundo en materia habitacional, alimenticia, transporte y servicios básicos.

Además y esto ha sido parte esencial de las demandas ciudadanas en estos años es la necesidad de modificar medularmente el sistema de pensiones, que no sólo es indigno y amenaza la vejez de la población a la hora de jubilarse, sino que es injusto para gran parte de los que se pensionan representando, en promedio, un 30 por ciento del último salario obtenido por la personas que llegan a la edad de supuestamente retirarse del campo laboral (y digo supuestamente porque el bajo nivel de pensiones obliga a la personas a retrasar ese o seguir trabajando luego de pensionarse).

Esta realidad acrecienta la indignación cuando se comparan el nivel de jubilación recibida por un civil, con el mundo policial y militar, ya que estos últimos mantienen un sistema previsional al margen del resto de los chilenos y que les significa acceder a cifras cuatro, cinco y hasta nueve veces más alta que la sociedad chilena no adscrita al sistema, que poseen los uniformados. Lo sintomático es que es que el sistema de pensión de capitalización individual, que sustituyo al de reparto fue instalado a sangre y fuego en la dictadura militar dejando fuera precisamente a los militares.

En el plano del acceso a la salud, que es otra de las grandes demandas de cambio de la ciudadanía y que en el seno de la discusión sobre una nueva Constitución estará en el centro del debate, la desigualdad descrita para el tema remuneraciones y pensiones, como también la educación, se expresa con todo su dramatismo en el sector sanitario.

Un sistema que durante la dictadura militar privilegió la salud privada y con ello al sostén político-empresarial el régimen pinochetista en desmedro de la salud pública que fue un ejemplo para múltiples naciones. Durante la etapa de los gobiernos de la Concertación y la nueva mayoría se tendió a aumentar el porcentaje del presupuesto destinado a fortalecer la atención primaria, de especialidades y hospitales públicos pero sigue siendo insuficiente.

Un sistema mixto donde quien posee el dinero suficiente tiene posibilidades de acceder con oportunidad y calidad tecnológica y profesional a la solución de sus necesidades: operarse, curarse, y con lógica, con mayores posibilidades de sobrevivir.

En el plano político la dinámica de cambios sobrepasa a los partidos políticos, desconcierta a las empresas encuestadoras que llevan años sin dar en el clavo, genera análisis errados de los medios de información impresos, radiales, televisivos, que mayoritariamente, pertenecen al campo de la derecha económica y que han tenido que ir modificando lenta y progresivamente su narrativa pues el desprestigio también los alcanza.

Tenemos aún un sistema político restringido, que agoniza y en ese lento morir bien sabemos que las fieras heridas suelen ser peligrosas. Un sistema que ya no da el ancho y al cual la población, al menos en el apruebo de octubre del año 2020, las elecciones del 15 y 16 de mayo y sus resultados ha dicho ¡No más! 

Una población que ha dicho basta y echado a andar, que no está dispuesta a soportar la indignidad de sobrevivir en un país, que ha sido el edén para una minoría y una suerte de tierra de sacrificio, para gran parte de sus 18 millones de habitantes.

(1) En la segunda vuelta de la elección de gobernadores (el pasado 13 de junio) allí donde los candidatos que se presentaron no lograron la mayoría para triunfar en primera vuelta mostró, nuevamente, el desastre electoral del oficialismo que sólo obtuvo una de las 15 gobernaciones.

Y, al mismo tiempo la constatación que no se puede dar por ganada una carrera que no se ha corrido completamente como fue el caso de la disputa por la gobernación de Santiago (la más grande del país) y que tuvo como protagonista l democratacristiano Claudio Orrego y la frenteamplista Karina Oliva, que previo a la segunda vuelta aparecía con cifras superiores al 60 por ciento de aprobación.

La derecha, junto a los sectores de centro y socialdemócratas se movilizaron activamente y lograron revertir la teoría y convertir en práctica un resultado que generó escozor en las filas del novel movimiento conformado por ex militantes de la exconcertación y Nueva Mayoría y militantes de la izquierda que hasta hace pocos años era considerada extraparlamentaria.

Uno de los puntos más notorios de esta segunda vuelta fue la escasísima concurrencia (sólo el 19,61 por ciento de los electores habilitados ejercieron su voto) que alarmó a la casta política que se puso de inmediato a trabajar por reestablecer el voto obligatorio, incluso en aquellos que habían votado años atrás en hacerlo voluntario. Puede más el objetivo de mantener los privilegios que avanzar en fortalecer una democracia que seduzca al ciudadano y no lo obligue.

(2) https://www.24horas.cl/programas/estadonacional/stingo-convencion-constitucional-acuerdos-nosotros—4792442

(3) La Cepal en su Informe Panorama Social 2019 confirma alta concentración de la riqueza en Chile: el 1 por ciento más acaudalado es dueño del 26,5 por ciento del PIB.

“Por casi una década, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha posicionado a la igualdad como fundamento del desarrollo. Hoy constatamos nuevamente la urgencia de avanzar en la construcción de Estados de Bienestar, basados en derechos y en la igualdad, que otorguen a sus ciudadanos acceso a sistemas integrales y universales de protección social y a bienes públicos esenciales, como salud y educación de calidad, vivienda y transporte. El llamado es a construir pactos sociales para la igualdad”, sostuvo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo regional. https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-panorama-social-america-latina-2019

ll.

En la primera parte de este trabajo sostuve, que las elecciones para gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes efectuadas el pasado 15 y 16 de mayo mostró resultados desastrosos para la derecha y los partidos que han administrado Chile en los últimos 30 años y marcó la irrupción de nuevos actores políticos.

Chile y su nueva etapa (Parte II)

Un porcentaje importante de la sociedad chilena, a poco más de un mes de dar comienzo al trabajo de los miembros de la Convención Constituyente y a escasos meses de tener una nueva contienda electoral para elegir al nuevo (a) mandatario (a) no está dispuesto a seguir bajo este marco político, social y económico que se extiende por 48 años.

Una sociedad que exige cambios estructurales, ya no más maquillajes.Y en ese objetivo, encontramos una diferencia fundamental, entre aquella mayoritaria suma de ciudadanos, que no están dispuestos a aceptar una política que ha mostrado su fracaso en temas de justicia social y las administraciones de Gobierno, que se han dedicado más bien a gestionar lo existente, a retocarlo, a darle una pequeña pintura para tratar de ocultar las pifias de esta democracia tutelada aún.

Una democracia representativa, que es una forma de Gobierno débil, sujeta al poder económico, a los poderes fácticos del empresariado, de los grupos de presión, debe tener una modificación medular so pena de generar una fractura social de incalculables consecuencias.

Este Chile, en plena pandemia por la Covid 19, que no ha logrado bajar las cifras de contagios y muertes a pesar de una fuerte campaña de vacunación, unido al referente político marcado por el 18 de octubre del año 2020 y los resultados que muestran a un porcentaje mayoritario de los que acudieron a dicho plebiscito, que exige cambios (1).

Pero, que demanda también atraer a ese porcentaje de ciudadanos, que se inhiben de ejercer su derecho a voto, que en el caso del plebiscito del 25 de octubre del 2020, significó un 50 por ciento y las elecciones del 15 y 16 de mayo pasado implicó un 58 por ciento de ausencia de votantes. Tales cifras, debilitan la exigencia de cambios, como los que pretende esa sociedad chilena, que en el universo electoral de participación votó por el apruebo y que posteriormente castigo a los partidos políticos tradicionales y dio paso a nuevos actores.

Una abstención que demuestra apatía, desesperanza y que sólo la constatación de un cambio verdadero, que dé cuenta de sus derechos y necesidades podría volver a reencantar a una población que no la seducen los cantos de sirena y que seguramente volverá a ser convocado obligatoriamente a ejercer el voto (2).

Consultada por Radio Universidad de Chile, la representante del PNUD Chile, Marcela Ríos señaló que “es bien importante tener claro que la causa de la baja participación no es que el voto sea voluntario, porque la participación venía cayendo antes de cambiar hacia inscripción automática y voto voluntario, pero sí ha agudizado las desigualdades y ha facilitado la baja participación (…) Avanzar hacia un voto obligatorio no resuelve todos los problemas ni los problemas estructurales de base, pero puede contribuir a disminuir la desigualdad en el ejercicio del voto”.

Sólo quedarían exceptuados de votar obligatoriamente las personas mayores de 75 años, aquellos con discapacidad o dependencia, chilenos que habitan en el extranjero y extranjeros residentes en Chile.

La labor constituyente y las próximas elecciones generales: presidencial, senadores, diputados y consejeros regionales se efectuará el día 21 de noviembre y en caso de segunda vuelta esta será el día 16 de diciembre. Una jornada que se avizora, en esta etapa previa, como una dura labor para los hombres y mujeres, sobre todo, aquellos que están en la carrera presidencial.

Una pugna, que en las últimas semanas ha estado signada por un caudal de sorpresas, derivado sobre todo de los resultados electorales, fundamentalmente en el campo constituyente, que baraja un nuevo naipe político donde prima un mundo independiente (en el cual se inscriben también aquellos que presentándose como independientes han tenido tiendas políticas y por tanto su sensibilidad tiene un sello distintivo).

Tal realidad echó por el suelo cualquier posibilidad de concretar, lo que en algún momento se pensó como alternativa opositora: una primaria ampliada entre Unidad Constituyente conformada por el Partido Socialista (PS), Partido Por la democracia (PPD), Democracia Cristiana (DC) Partido radical (PR), Ciudadanos y Partido Progresista (PRO).

Esa Unidad junto al sector más a la izquierda conformado por el Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA) y la Federación Regionalista Verde (FRVS). Y hablo de imposibilidad de llevar adelante una primaria amplia de la oposición, sobre todo porque las listas de izquierda aumentaron su caudal de adhesión y que definieron, a través de los candidatos Daniel Jadue y Gabriel Boric competir en una primaria, entre esos dos nombres.

Así definirán el candidato que competirá en la batalla final. Una decisión, que tuvo una particularidad, expresada en el veto a la entrada en esta competencia, previa a la campaña final a las presidenciales, al Partido Socialista, que se supone había concordado posturas comunes con Jadue y Boric.

Fue el golpe de gracia a la dignidad de un partido, que ha jurado internamente vengar la afrenta y descolocó a su candidata Paula Narváez, ya que al volver atrás en seguir en su alianza de 30 años con la democracia cristiana, este último partido rechazó avanzar en una primaria. Caos total. La exconcertación y posterior Nueva Mayoría está sumergida en una crisis existencial que deberá definir su candidato (a) entre el radical Carlos Maldonado, Paula Narváez del Partido Socialista y la probable candidata (pues aún no decide si participará) la democratacristiana y actual senadora Yasna Provoste cuyo nombre resuena con fuerza.

Sin primaria avalada por el Servicio de Registro Electoral, lo que implica ver la posibilidad de realizar una primaria abandonada a la “buena voluntad” de los partidos. Previo a esta inscripción de candidaturas, frente al nulo apoyo social, se bajaron las candidaturas de Pablo Vidal de Revolución Democrática, Heraldo Muñoz del PPD, Ximena Rincón de la DC y el ex Socialista Marcelo Díaz.

Por el lado de la derecha el panorama está igualmente revuelto, entre candidatos sempiternos como es Joaquín Lavín de la derechista Unión Demócrata independiente (UDI), único abanderado de ese partido tras bajarse de la competencia a la actual alcaldesa de la Municipalidad de Providencia Evelyn Matthei.

Se suma a este bloque, el ultraderechista y cuya familia está vinculada a atropellos a los derechos humanos, cuyo padre fue miembro del régimen nacionalsocialista emigrando posteriormente a Chile y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuyo discurso agresivo, nacionalista y crítico de la debilidad del Gobierno, para enfrentar la crisis social, puede generarle buenos dividendos en la derecha más dura, que tiene necesidad de encontrar un referente como el de Kast, que en la elección presidencial del año 2017 obtuvo un 7, 8 por ciento.

Adicionemos al novel candidato independiente Sebastián Sichel y el exministro de Hacienda Ignacio Briones, con pocas posibilidades de pasar a competir en las etapas finales.

El 18 de octubre del año 2019, que marca el inicio del denominado estallido social. La pandemia de la Covid-19, que ha mostrado la escasa sensibilidad del Gobierno frente a las demandas sociales. Las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes del 15 y 16 de mayo pasado muestran un Chile muy distinto al que conocimos.

Y un Chile que tampoco será el mismo tras el fin del trabajo de los constituyentes y la elección presidencial de fines de este 2021. La irrupción de nuevos actores políticos, llámense lista del pueblo, independientes e incluso conversos. La caída estrepitosa de los partidos políticos tradicionales marca el signo de estos nuevos tiempos.

El proceso de discusión constituyente, que se inicia el próximo mes de julio, será un referente importante para Latinoamérica, tal como lo ha sido el estallido social, que ha encontrado su símil en el levantamiento en Colombia.

Un Chile donde la derecha sintió con fuerza el golpe electoral y que hizo reflexionar al presidente chileno Sebastián Piñera al sostener que “la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al Gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos».

Refrendado por uno de los candidatos presidenciales de la derecha, Mario Desbordes, quien afirmó que «no hay duda que estamos viviendo una derrota transversalmente, una derrota que nos tiene que hacer reflexionar. No hemos sido capaces de interpretar a la mayoría ciudadana que está pidiendo cambios».

Pero ello no es suficiente porque los poderes fácticos, el poder económico, empresarial, los vínculos con los poderes hegemónicos hemisféricos hacen pensar en lo imposible que es un cambio cardinal en la derecha.

Este Chile post octubre del 2019 nos muestra otros elementos importantes: una concreción de la paridad de género expresada en la propia constituyente, donde la implementación de un mecanismo de corrección permitió generar una representación igualitaria: de un total de 155 constituyentes 78 son hombres y 77 son mujeres. Como también la representación de los pueblos originarios, que en un número de 17 cargos estarán presente en la redacción de la nueva Constitución.

A pesar de todos los elementos positivos consignados resulta evidente, que una amenaza se verte sobre todos estos procesos: políticos, electorales, de movilización social, de expectativas. Y me refiero a la bajísima participación de un porcentaje de la sociedad, que en las últimas elecciones ha mostrado una apatía preocupante.

Ello indica que existe una mayoría de la población, que no se siente representada ni por la derecha, el centro, la izquierda, la lista del pueblo, independientes o cualquiera que parezca con un discurso nuevo y la receta de la felicidad. Un país apático está sujeto a los sueños de otros y no el concretar nuestras necesidades y esperanzas.

(1) El 25 de octubre del año 2020 en una jornada plebiscitaria, signada como histórica, los chilenos con derecho a voto debían optar por dos opciones. Aprobar o rechazar la opción de redactar por una nueva Constitución.

El apruebo se impuso con un 78,27 por ciento de los votos en Chile y chilenos en el extranjero (5.886.421 preferencias). La opción rechazo logró el 21,73 por ciento de los votos (634.107 personas).

La segunda pregunta refirió al órgano encargado de redactar la nueva constitución: El 78,99 por ciento de los chilenos (5.646.427 votos) optó por una Convención Constitucional. Mientras que un 21,01 por ciento optó por la Convención Mixta (1.501.793 votos) entre parlamentarios y elegidos por la ciudadanía.

(2) El día 26 de mayo del 2021 la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que restablece el voto obligatorio. 107 votos a favor, 16 rechazos y 23 abstenciones. Una decisión que muestra la escasa sintonía de la casta política con el pensamiento y acción social, toda vez que el año 2019 el voto, que era obligatorio, fue modificado para hacer la inscripción automática y el voto voluntario bajo la primera Presidencia del actual presidente Sebastián Piñera.

La alta abstención y el temor de enfrentar una progresiva apatía ciudadana vuelve a poner en la palestra este deber. Un tema que cobró aún más importancia tras las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo que tuvo una participación de un escaso 42 por ciento del universo electoral.

Existe un interés especial de los sectores de izquierda en Chile de restituir el voto obligatorio, a pesar de haber sido impulsores, años atrás de no obligar a la población a votar. ¿Qué cambió?

La constatación que bajo esta modalidad la población que menos acude a ejercer su voto es la población de los sectores populares, donde se supone, esa izquierda tiene mayores chances de obtener adhesión y en cambio la población de mayores ingresos acudió masivamente a sufragar en las elecciones del 15 y 16 de mayo.

Fuente:
TeleSUR

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