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23/06/21
Colombia: lo común como alternativa al neoliberalismo
Por Joahann Sebastian Reyes Bejarano

La resistencia y la movilización social sostenida han posibilitado la emergencia de relaciones de solidaridad y cuidado colectivo que reconstruyen el tejido social y forjan desde las calles nuevas expresiones de radicalidad popular organizada.

Las protestas iniciadas el pasado 28 de abril en Colombia han alcanzado una extensión sin precedentes en la historia del país. Si bien un sector de las personas movilizadas se identifica en los sindicatos y organizaciones agrupadas en el Comité Nacional de Paro, existe un sector importante de quienes resisten en las calles que no reconoce esta figura y que sostiene reivindicaciones que van desde el acceso a derechos básicos hasta la convocatoria a una asamblea constituyente. 

La característica sui géneris de este movimiento abre no pocas preguntas sobre su carácter y alcance. En lo que sigue procuraremos mostrar cómo la movilización prolongada posibilita el surgimiento de subjetividades que rescatan lo común como alternativa al neoliberalismo y la violencia institucionalizada, constituyendo lo que podrían ser las bases para una nueva radicalidad política capaz de provocar un giro en la historia de Colombia.

El estado de guerra como acuerdo institucional para la acumulación de capital

En las periferias globales y las fronteras de las mercancías, la acumulación capitalista se impone transformando las relaciones sociales y de producción que se han mantenido fuera de la esfera del capital. La expansión de la acumulación se posibilita gracias a la destrucción de los comunes, aquellos sistemas de relaciones sociales basados en la cooperación mediante los cuales se sostienen los medios de vida y las labores de cuidado que compartimos. La transformación de estas relaciones lleva a la imposición de una idea de individualidad que nos separa de los otros y la naturaleza, condenándonos a un tipo de solidaridad mediada por el intercambio mercantil. Todo esto para garantizar la apropiación privada de los bienes naturales y otros derechos para convertirles en mercancías o servicios. 

En Colombia, la acumulación de capital ha tomado formas particularmente violentas. La existencia de guerras civiles desde los inicios de la república ha sido una constante. El estado de conflictos armados latentes ha servido para garantizar el dominio de las élites oligárquicas, cuyo poder proviene del régimen de hacienda que se estableció en el último periodo de la colonia. La prolongación del conflicto armado interno se ha convertido en parte del acuerdo institucional de las élites para garantizar la acumulación de capital, conservar sus privilegios y brindar las condiciones políticas y sociales para la expansión del capital transnacional en el territorio.

La guerra constituye el capital político de los sectores más retardatarios de las élites que, basándose en la doctrina de seguridad nacional, promulgan la existencia de un enemigo interno para justificar la militarización y el autoritarismo, así como para estigmatizar las expresiones de oposición, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos y darle un trato de guerra a la protesta. 

En lo social, la guerra prolongada naturaliza la violencia, profundizando rasgos culturales como la desconfianza, el individualismo, el machismo y la desvalorización de la vida, atacando el tejido social y las estrategias de cooperación comunitarias. En lo económico, la guerra garantiza el despojo violento de tierras y el crecimiento del latifundio, que permiten el avance de los monocultivos agroindustriales, los proyectos minero–energéticos y la producción de drogas ilícitas. 

El estado de guerra ligado a la acumulación violenta en el marco del neoliberalismo ha llevado a que Colombia registre desde los años 80 el mayor número de víctimas de desplazamiento forzoso en todo el mundo. Una parte de los millones de despojados en la ruralidad huyen hacía las principales ciudades, agrupándose en las periferias de las urbes para conformar lo que se denominan «barrios de invasión». Esta «invasión» de los despojados nutre día a día los barrios populares. A su vez, el desempleo, la precarización del trabajo y la falta de derechos básicos, sumados al racismo estructural, condenan a estas poblaciones al abandono absoluto, provocando un vació que muchas veces es llenado por la criminalidad que abunda en las esquinas de la informalidad.

La profundización de la desigualdad alimenta los ciclos de violencia a través de la reproducción de lo que Marx denominó «población sobrante». En Colombia, así como en otras partes del Sur Global, esta población corresponde a las personas despojadas de sus medios de vida que no logran acceder a empleos formales y se ven obligadas a sobrevivir en medio de la precariedad y la informalidad absolutas. Así las cosas, las barriadas populares donde se concentran los pobres son convertidas en fábricas que producen las cifras de la violencia: asesinatos, desapariciones y detenciones. En un país donde el 42,5% de la población vive en la pobreza, la institucionalidad de la guerra cuenta con mucho combustible. 

A más de un año de comenzada la pandemia, la brecha social no ha hecho más que profundizarse. Y el descontento estalló. La movilización del último mes en Colombia es algo sin precedentes en la historia del país: son precisamente esos jóvenes sin rostro de las barriadas populares quienes se convierten en los protagonistas de la resistencia. 

La pandemia dejó en evidencia el fracaso del neoliberalismo. Los ya desesperados habitantes de los barrios populares perdieron los ingresos ínfimos que lograban obtener en la informalidad, viéndose condenados al hambre y la muerte por una política de Estado donde no caben programas sociales o de prevención. En el encierro, la población empobrecida se vio privada incluso de la solidaridad. Debido a la dificultad de encontrarse, el estallido social devino no solo en una manifestación de rabia y descontento, sino también en la única instancia para generar estrategias de cooperación y cuidado colectivo en medio de la crisis.

La resistencia de la juventud de los barrios populares, que durante más de un mes ha soportado los ataques brutales del Ejército, la Policía y el paramilitarismo urbano, viene caracterizada por simbolismos que reflejan una ruptura con el orden que les condena a ser la carne de cañón de la guerra institucionalizada. Estos símbolos son el reflejo de un proceso social de recuperación de lo común que puede dotar de principios la construcción de una alternativa al neoliberalismo y la violencia sistémicos.

Lo común como expresión de una nueva radicalidad popular antineoliberal

La «primera línea» se ha convertido en el símbolo del paro nacional. Se trata de grupos de jóvenes de los barrios populares que, munidos de cascos y escudos caseros, contienen los ataques de la Policía para proteger a los demás manifestantes. Además, se encargan de la protección comunitaria y el sostenimiento de los bloqueos en las calles, garantizando la continuidad de la movilización y con ello la reapropiación de espacios urbanos, los que se convierten en puntos de confluencia para el desarrollo de jornadas culturales, políticas y de cuidado común basadas en la cooperación. 

Cada avance de la primera línea sobre las calles es seguido por procesos de reapropiación colectiva del espacio. Este ha sido el caso de algunas estaciones de Policía que, tras ser incineradas en el marco de las protestas, han sido readecuadas por la población movilizada para convertirlas en bibliotecas y centros culturales autogestionados. En días pasados, la guardia indígena otorgó mediante una ceremonia el título de «guardia comunitaria» a los miembros de la primera línea en Bogotá. Con esto se ponen en evidencia los puntos de confluencia que emergen entre las expresiones de resistencia y organización rurales y urbanas, orientadas a la reconstrucción de lo común como alternativa a la violencia capitalista.. 

Detrás de la primera línea hay otros grupos de manifestantes que apoyan la contención de la Policía. Entre ellos están quienes socorren a los heridos para llevarlos a centros de salud autogestionados por profesionales de la salud y otros voluntarios. En ciudades como Cali estos centros de salud han atendido personas que acuden por hechos ajenos a la protesta pero que no cuentan con ningún tipo de seguro médico, convirtiéndose en la única oportunidad para recibir atención medica básica.

Para sostener la protesta existen puntos de recolección de alimentos y víveres donados por otros sectores de la ciudadanía. Estos alimentos son usados para cocinar en ollas comunitarias administradas colectivamente por personas de los barrios aledaños a los puntos de resistencia. Ellas se encargan de cocinar grandes cantidades de comida para alimentar a quienes participan en las protestas y las jornadas culturales, permitiendo incluso que las familias de los jóvenes de la primera línea (como ocurre en algunos barrios de Cali y Bogotá) puedan acudir a los centros de acopio comunitario para abastecerse diariamente.

Estas son solo algunas imágenes que muestran cómo la resistencia y la movilización social sostenida han conducido a la emergencia de relaciones de solidaridad, cuidado colectivo y cooperación que reconstruyen el tejido social deteriorado por la guerra a través de la apropiación del espacio urbano como un bien común. Los espacios de resistencia se han convertido tanto en centros de cuidado colectivo, donde las personas acceden a necesidades básicas como la alimentación, como en escenarios donde se reconstruyen relaciones sociales que forjan nuevas subjetividades políticas que rescatan lo comunitario en contraposición a la individualización y la competencia promovidas por el neoliberalismo.

Lejos de ser solo una anécdota, estos escenarios son resultado de la lucha social de los despojados contra el desastre del neoliberalismo. Allí emerge lo común como alternativa a la crisis,   y se abre una ventana de oportunidad para la trasformación de las instituciones que perpetúan la guerra en favor de la  acumulación capitalista en Colombia.. La movilización sostenida ha contribuido a socavar el discurso del enemigo interno promovido por la derecha guerrerista, abriendo paso a una revalorización de la vida a través de la solidaridad y la resistencia, facilitando el encuentro con los otros para forjar una cultura de lo común centrada en la cooperación y favoreciendo la construcción de redes de solidaridad urbano–rurales para enfrentar el despojo. 

El paro nacional en Colombia es uno de los hechos políticos más importantes de las últimas décadas no solo por su significación política, sino también por la capacidad que muestra para poner en pie experiencias culturales alternativas. Los movimientos sociales tradicionales y las organizaciones de izquierda deben reconocer en toda su magnitud y potencialidad estos espacios de resistencia y lucha colectiva, pues es en el marco de estos espacios que emergen nuevas expresiones de radicalidad popular centradas en lo comunitario.

Estas expresiones, si bien pueden alcanzar mayores niveles de organización, deberán ser integradas en la disputa política general. Son un ejemplo de que los espacios comunes amenazados por la acumulación capitalista pueden recuperarse en la movilización y la lucha sostenida, y de que las alternativas radicales al neoliberalismo pueden ser la base de la construcción de un proyecto de país que tenga como centro una política de la vida.    

Fuente:
Jacovin América latina

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