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06/07/21
Regiones: Chile
¿Y ahora qué nos queda como pueblos? ¿Sólo esperar? Territorios desde donde desbordar la Convención Constitucional

Sin lugar a dudas, la revuelta popular modificó los ritmos de la política en Chile. Desde su inicio, la coyuntura se ha vuelto frenética, sobre todo después del plebiscito de octubre del 2020 y las elecciones de mayo del 2021. Desde la mirada de los movimientos sociales y las organizaciones populares -que se enfrentan al desafío no menor de sobrevivir a la pandemia y mantener vivo el espíritu de la revuelta- el escenario político-estatal se vuelve vertiginoso por la multiplicidad de escenarios a los que atender, lo que obliga a pasar de una discusión a otra sin poder procesar ninguna en profundidad. Por ejemplo, ¿es importante hacer una lectura más acabada de los “tiempos cortos eleccionarios” que se vienen en noviembre (elecciones presidenciales y parlamentarias)? ¿Debe ser tema de debate los llamados de la derecha a la ex concertación a revivir la CODE para enfrentar unidos la arremetida de Jadue?[4] O, por el contrario, ¿debemos prestar atención a los cambios que se perfilan en el mediano y largo plazo, como la reconfiguración de una política partidista de los tres tercios?

Todas estas preguntas nos han hecho pensar en la necesidad de descentrar el debate de lo eleccionario, y con ello ampliar la mirada que tenemos sobre la Convención Constitucional, comprendiendo su apertura como un proceso donde los movimientos sociales y las organizaciones populares nos estamos enfrentando al desafío mayor -e inédito- de destituir y construir la organización del Estado.

Pese a su intención de procesar e institucionalizar la revuelta de octubre, el Partido del Orden no logra que el “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución” sirva como cerco. El desborde popular se transformó en desborde electoral. El triunfo del Apruebo incluyó un importante crecimiento en el número de votantes, y los resultados del 16 de mayo implicaron una inédita irrupción de los movimientos sociales, destacando los resultados de la coalición La Lista del Pueblo. Todo esto ha hecho crecer las expectativas sociales y populares por la participación, con especial énfasis en el proceso constitucional en tanto sabemos que constituye el último bastión -y quizás principal- del legado de la dictadura civil-militar. ¿El problema? Hasta el momento la Convención Constitucional no contempla ninguna instancia de participación social en todo el proceso, solo un plebiscito de salida. Por tanto, queda todavía la pregunta por cómo serán procesadas o articuladas esas expectativas de participación, teniendo en consideración el riesgo de que este proceso histórico creciente de movilización social y popular -que solo se ha detenido por la pandemia-, se estanque. En este sentido, el desafío desde abajo es doble.

En primer lugar, desde el ámbito de lo formal-institucional, a los movimientos sociales y organizaciones populares nos toca desbordar los estrechos márgenes del acuerdo del 15 de noviembre (15N), puesto que si bien ganamos en lo electoral, queda todavía abierta la pregunta de los quórums de funcionamiento; qué tratados internacionales se reconocerán en su redacción; y la vinculación que este poder constituyente tendrá con los poderes constituidos en base a la Constitución de 1980 -y en particular, qué tanto poder de intervención tendrá la Corte Suprema para resolver las contiendas formales que se den entre constituyentes, es decir, las interpretaciones del reglamento-. Para que los pueblos puedan resolver favorablemente estas cuestiones, se deben proponer nuevas instancias de participación resolutiva más allá del plebiscito de salida e imponerlas desde abajo, transformando este proceso constitucional en un verdadero proceso constituyente.

En segundo lugar, esta coyuntura debe transformarse en un amplio proceso de autoeducación y politización popular, donde se instalen temáticas de discusión desde las bases populares organizadas, se compartan los saberes sobre las temáticas desconocidas, se faciliten procesos de reflexión colectiva y de toma de decisiones desde abajo, no solo con miras a ser parte del debate y deliberación del proceso constitucional en sí mismo, sino para pensar más allá de esta coyuntura e ir reconstruyendo una agenda política de clase -un Programa- para el futuro postconstitucional.

A pesar de los intentos de tecnificar el debate constitucional por parte de los sectores más conservadores y elitistas de la Convención, no podemos perder de vista que las discusiones de los momentos constituyentes definen los marcos de la política misma, y el desafío es (re)construir una alternativa al neoliberalismo, más allá de las normas jurídicas.

Territorios desde donde seguir desbordándonos y tejiendo otros presentes

¿Cómo logramos todo lo anterior? Las claridades que nos entregan los movimientos sociales y organizaciones populares son fundamentales. La primera, y quizás la principal, es que todos estos temas deben ser planteados e impulsados desde abajo. La existencia misma de la Convención es fruto de la revuelta popular y ello debe ser recordado cada vez que el Partido del Orden intente cerrar  las discusiones en base a criterios tecnocráticos.  En esta línea, el cómo se concibe la participación será un conflicto central. Sabemos que en la cabeza de la clase política civil solo existe la representación. La “participación ciudadana” se entiende como un mecanismo de validación formal, no vinculante. Frente a estos espacios meramente consultivos es que los movimientos sociales y organizaciones populares ponen en tensión con sus orgánicas, la manera de concebir el poder político. La democracia directa la hemos entendido desde hace muchos años como una práctica común, bajo el principio de horizontalidad. En ese sentido, es prioritario instalar esta disyuntiva como tema de debate público, sobre todo en estos primeros días de funcionamiento de la Convención.

Junto con ello no puede perderse el foco de la libertad para las y los presos políticos, como garantía democrática mínima para comenzar el primer momento en nuestra historia constitucional, donde el pueblo no es la carne de cañón de ciertos sectores de la burguesía.

No nos olvidamos de la forma en que fue plebiscitada la Constitución de 1980, así como tampoco de las “comisiones de expertos” que han clausurado el debate constitucional para su clase desde hace siglos. En este momento de inicio donde se debate el reglamento, tenemos la posibilidad histórica de quebrar los últimos cerrojos que mantiene el Acuerdo del 15N. Para proyectar este desafío, proponemos reconocer tres territorios desde los cuales hay que levantar la agenda y coordinar la acción desde los movimientos sociales y organizaciones populares.

Territorio 1:

Dentro de la Convención: Desarmar las fronteras de la geografía constituyente

¿Qué capacidad tenemos los movimientos sociales y las organizaciones populares de incidir dentro de la Convención Constitucional? Esto abre un tema de debate fundamental, que es la relación entre las y los convencionales que fueron elegidos desde los movimientos sociales y organizaciones populares con sus bases y sus territorios, incluyendo a las y los convencionales de los pueblos originarios.

En ese sentido, incluso más allá de La Lista del Pueblo -que se constituyó como una plataforma sin unidad programática, sino más bien unidos por la experiencia de la revuelta-, es interesante mirar el fenómeno de articulación que se está dando en la “Vocería de los Pueblos” en tanto acá parecen congregarse los movimientos sociales y populares más fuertes (MODATIMA, MAT, C8M) y casi todas las representaciones de los pueblos originarios. A pesar de ser una coordinación aún en construcción, muestra un poder de convocatoria importante (en su última reunión sumó a más de 80 convencionales, incluyendo a personas que vienen desde Apruebo Dignidad, Independientes No Neutrales y el autodenominado “Colectivo Socialista”). Sin duda, esta es una señal interesante en tanto al parecer el funcionamiento mismo de la Convención no tendrá la rigidez parlamentaria de las “bancadas”, y esta plataforma, que busca erigirse como voz de los movimientos sociales y los pueblos originarios, al ser la plataforma más amplia, puede acumular la fuerza suficiente como para revertir las dinámicas de representación por otras de deliberación.

Creemos que esta idea debe defenderse y profundizarse. Ante la crisis de representatividad de los partidos y  la crisis de legitimidad de este sistema de democracia representativa, los movimientos han abierto la idea de la ‘vocería’, que se sustenta sobre otra forma de comprender la participación política, con menos distancia entre las dirigencias y las bases, con mayores niveles de rotación. Hay que recordar que el voto hacia las y los independientes no fue solo un voto-castigo a la clase política civil, sino también un voto por otra forma de relacionarse, vincularse, organizarse y tomar decisiones. Estas experiencias democráticas que traen consigo las y los constituyentes, que provienen de organizaciones y movimientos sociales, deben ponerse en valor y defenderse. Para ello se hace necesario volver a preguntarnos por cómo entendíamos la Asamblea Constituyente, antes del Acuerdo del 15N, así como también volver a repasar las razones y prácticas políticas por las cuáles los partidos políticos que se manifestaban como la alternativa democrática a comienzos de la transición, terminaron siendo descubiertos como fuerzas profundizadoras del modelo neoliberal y del legado de la dictadura.

¿Cómo entenderán entonces su cargo estas/os representantes de la Vocería de los Pueblos y qué relación definirán con los territorios que los eligieron? Es importante recordar que la representación que tienen, por ejemplo, diputados o senadores, tiene carácter nacional, por mucho que su elección se haya dado por distritos territoriales. En ese sentido, su legitimidad es nacional, no territorial. Esta es la forma en que la Constitución de 1980 comprende la democracia representativa. Por ello, se requiere que exista una redefinición de estas categorías que permita la re-territorialización de esas representaciones, lo que es un tema a debatir desde la misma instalación de la Convención y la definición de sus reglamentos. Sostenemos que estas definiciones pueden, en primer lugar, abrir caminos para pensar mecanismos de participación vinculante con los territorios, los movimientos sociales y las organizaciones populares; en segundo lugar, estas definiciones son un espacio en juego y en disputa, en tanto son otro frente para cuestionar la lógica de representación sin participación vinculante sobre el que fue construida este modelo de democracia “de baja intensidad” que tenemos y, de paso, cuestionar con esto la idea de que los representantes “deben” ser profesionales o técnicos de la política, sujetos que “saben lo que están haciendo”, y que se validan en tanto su cantidad de posgrados extranjeros. Argumento que intenta esconder su clasismo y supremacismo blanco  bajo la idea de la “neutralidad” del conocimiento.

Poner en tensión este ideal tecnocrático de la política tradicional, requiere también preguntarse:¿de qué forma se canalizarán los procesos de discusión y deliberación popular  en temáticas no discutidas en las bases? Es sabido que la correlación de fuerzas al interior de la Convención parece estar del lado de las fuerzas de cambio. Esto sin duda le permitirá a la Vocería de los Pueblos instalar temáticas relevantes, demandas y propuestas históricas “de la calle”, pero también deberán pronunciarse sobre temáticas menos debatidas o no debatidas en las bases. ¿Cómo lo harán? ¿Promoverán procesos autoeducativos populares que permitan una deliberación desde abajo? ¿Buscarán asesores para enfrentarse a las máquinas que vendrán desde la derecha y desde sus Think Thanks? En este punto es evidente que nuestra apuesta va por la primera opción. La experiencia de movimientos sociales anteriores ha demostrado el fracaso de la segunda estrategia, tal como ocurrió el 2011 cuando la discusión sobre educación se tecnificó, lo que facilitó la cooptación de las dirigencias y el aislamiento de las bases movilizadas. Sin embargo, tiene una dificultad no menor, que es el problema de tiempos: los tiempos políticos son breves (la Convención tiene un plazo de funcionamiento de 9 meses), los tiempos sociales (de la construcción popular, del asambleísmo y de la autoeducación popular) son más lentos.

Aún con todo lo anterior, no se puede desaprovechar la posibilidad histórica de generar esta discusión desde las bases, y para ello es fundamental tanto cuestionar las trabas temporales impuestas desde arriba, como saltar el torniquete de los marcos legales que se le impusieron a este proceso. o Ls procesos de escritura constitucional son situados y no universales, lo que implica que si bien en general recogen  elementos de la tradición institucional que los enmarca, también pueden -y deben- ser creación del momento político de los territorios donde se originan, ya que son producto de la coyuntura política que forzó precisamente a este cambio constitucional y que, en nuestro caso -y no nos cansaremos de decirlo- fue producto de una revuelta popular.

Territorio 2

Fuera de la convención: rodeando su lugar de funcionamiento

El segundo territorio que será clave es el que circunda a la Convención misma. Desde muy temprano se ha manifestado un deseo ciudadano de que las sesiones sean abiertas, transmitidas en vivo y con voto público, como forma mínima de resguardo frente a la legítima desconfianza instalada por el parlamento de los 30 años. Sin embargo, no basta con hacer de la Convención un reality transmitido en vivo, con múltiples comentaristas por redes sociales para asegurar participación popular. El espacio público que rodea el ex Congreso Nacional y el Palacio Pereira, en Santiago, y los otros espacios regionales donde esperamos se den las sesiones, deben ser copados por los movimientos sociales y organizaciones populares. Teniendo en consideración el espíritu represivo del gobierno, cuestión que se manifiesta en las primeras horas de instalación de la Convención este domingo, el momento constituyente habilita repensar el derecho a la manifestación y protesta social. En las calles comenzó el mochilazo el 2001, las movilizaciones estudiantiles del 2011, las protestas contra Hidroaysén, las marchas de No + AFP, el mayo feminista de 2018, y una larga lista de momentos que fueron consolidando la revuelta de octubre de 2019.

Este proceso se gestó en las calles, no desde acuerdos de palacio (nunca mejor dicho). Los movimientos sociales no ocupan los espacios públicos solo para demandar, sino también para que esos espacios se vuelvan lugares de encuentro, información, educación, cultura, debate y acuerdo popular. Es decir, la ocupación de los espacios públicos -y la defensa de estos como territorios liberados- ha sido una de las herramientas de formación política desde abajo. Esa estrategia fue la que permitió la revuelta y, en paralelo, el surgimiento y multiplicación de centenares de cabildos y asambleas territoriales que empezaron a escribir esta nueva constitución en papelógrafos,  anunciando la caída de la constitución pinochetista.

Territorio 3

Desde cada territorio organizado, desde cada pueblo

¿Y qué hacemos desde abajo? ¿Qué propondrán, por ejemplo, las organizaciones populares que construyeron el tejido social de resistencia previo a la revuelta popular de octubre, que mantuvieron viva la revuelta por seis meses antes de la llegada del Covid y que soportan la pandemia en sus territorios a punta de ingenio y solidaridad? ¿Qué rol se autoasignarán las asambleas territoriales, las ollas comunes, las organizaciones de abastecimiento popular y comercio justo que pueblan el territorio?

Creemos que, frente a los tres territorios propuestos, en éste está el mayor desafío en tanto de su protagonismo depende la legitimidad de todo el proceso constituyente.   Acá reside toda la fuerza necesaria para abrir los cerrojos del acuerdo del 15N.

Sobre esto, es importante destacar algunos elementos:

En primer lugar, los movimientos sociales y organizaciones populares necesitamos  hacer el ejercicio de sistematizar las demandas y propuestas que levantamos desde hace años, y plasmarlas en documentos que puedan salir al debate público. La idea instalada de una “hoja en blanco” es, en la práctica, un tecnicismo muy alejado de la realidad. En estricto rigor, la élite sabe perfectamente que constitución quiere escribir. La tiene pre-escrita hace mucho tiempo, a través de sus fundaciones y think thanks, y se difunde en sus grandes medios de comunicación. La ex concertación fue más explícita aún y lo transformó en propuesta constitucional el 2016 (en un proceso que convocó a 200.000 personas pero sólo de forma consultiva).

En segundo lugar, la forma en que surjan esos textos constitucionales desde abajo debe resolverse pronto, e implicará un nivel importante de ingenio metodológico y práctico. Sin temor a exagerar, requiere de la puesta en práctica de la campaña de (auto) educación popular más grande de la que hayamos tenido registro en nuestra historia republicana. Y con un pie forzado: debe hacerse ajustado a los calendarios del poder y con una pandemia que se resiste a retroceder (impidiendo con ello el uso extendido del espacio público, lugar fundamental de encuentro y deliberación popular).

En tercer lugar, la resolución del punto anterior es clave para enfrentar aquellas temáticas que han sido menos debatidas desde abajo. En tanto la constitución habilita las preguntas por el mediano y largo plazo, requiere de una lectura más global que se despegue de entenderla como una mera lista de derechos (negados, hasta ahora). Esto va desde preguntas generales -como por ejemplo: ¿Cómo entendemos el tema del poder y la autonomía? o ¿Cómo nos queremos relacionar con el Estado?- hacia otras más específicas, que tienen que ver con la naturaleza de una constitución, como acto de escritura que define. En ese sentido, ¿Cómo queremos ser nombrados o reconocidos por el Estado? ¿Necesitamos, por ejemplo, que la definición reconozca en su nombramiento a los movimientos sociales y las organizaciones populares? Este tema no es accesorio, en tanto todo lo que quede estipulado en el texto final, y según cómo se defina allí, luego será regulado por ley.

Finalmente, los movimientos sociales y las organizaciones populares deberemos enfrentar todos estos desafíos en un escenario donde, a pesar de la inoperancia del gobierno en materias sanitarias y de ayudas sociales, la pandemia tarde o temprano retrocederá. Y ese retroceso será el inicio de un segundo tiempo de la revuelta popular que quedó congelado en marzo del 2020, alimentado ahora por la rabia acumulada en estos meses y la pobreza que se ha ocultado tras las cuarentenas y los retiros de nuestros fondos previsionales para sustentarnos en medio de la crisis.

En ese complejo escenario futuro, desde abajo tendremos que impulsar múltiples procesos de discusión, cada uno con un riesgo no menor: ¿Qué rol le darán los movimientos sociales y las organizaciones populares a lo electoral en esa coyuntura, sobre todo pensando en las presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo? ¿Tendremos movimientos sociales de cara a lo electoral, corriendo el riesgo de la parlamentarización de la revuelta?, ¿se enfocarán en la pelea mayor de lo convencional arriesgando un rearme del Partido del Orden? ¿Se enfocarán en la construcción desde lo territorial para canalizar la rabia destituyente que motivó la revuelta popular de octubre y proyectara más allá?

Sin duda, el camino está abierto y en buena hora. La palabra, como nunca antes, la tenemos los pueblos organizados. Se vuelve fundamental, entonces, volver a darnos los espacios de organización, re-pensar nuestras experiencias de lucha, nuestras formas organizativas, nuestras relaciones comunitarias. No olvidarnos que en el avance de las luchas de nuestra clase, de nuestros territorios están los saberes que necesitamos para pensar una vida digna, una vida donde podamos sanar las heridas de la precarización. Imaginar esa vida colectivamente desde abajo es fundamental para saber como relacionarnos desde, con y/o sin el Estado.

[1] Sobre la columna: Agradecemos al Taller de Análisis de Movimientos Sociales de ECO, Educación y Comunicaciones, por ser un espacio en el cual nos hemos nutrido de reflexiones para esta columna. Para conocer el trabajo de este Taller, ver los números de la revista Cal y Canto (Segunda Época) disponibles en: www.ongeco.cl

[2] Sofía Esther Brito es Escritora y activista feminista. Directora creativa de Proyecto Lucila/tecnologías feministas para la innovación ciudadana.

[3] Daniel Fauré Polloni es Historiador social y educador popular. Académico del Departamento de Historia de la USACH e integrante de la Asamblea Territorial Villas Unidas – Ñuñoa.

[4] La Confederación de la Democracia (CODE) fue una alianza política que se constituyó en 1972 buscando aglutinar a los partidos de centro derecha para frenar el avance de la Unidad Popular de Salvador Allende. Sobre estas declaraciones, ver: https://www.24horas.cl/politica/chahuan-union-chile-vamos-concertacion-tsunami-rojo-izquierda-4815668

Fuente:
Radio U Chile

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